Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124140
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 3, inc. "d" cit.).
C. 124.140 "BANCO SANTANDER RIO S.A. C / FERREYRO MARIA FLORENCIA S/ COBRO EJECUTIVO"
I. La demandada deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que, por un lado y con sustento en que los planteos traídos no eran propios de la vía incoada, declaró mal concedido el de nulidad articulado, y por el otro, desestimó la queja por denegatoria del de inaplicabilidad de ley, dada la insuficiencia del valor del agravio (v. resol. de 10-III-2021, escrito electrónico titulado "RECURSO EXRORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 6-IV-2021 y su archivo adjunto identificado como "recurso firmado.pdf").
En el caso, la Cámara interviniente, por un lado, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 1406 del Código Civil y Comercial de la Nación y, por el otro, desestimó el cuestionamiento referido a la aplicación de las normas de consumo por no haber sido propuesto en la primera instancia. En consecuencia, confirmó el fallo del magistrado de origen que, a su turno, había rechazado la excepción de inhabilidad de título opuesta y mandó llevar adelante la ejecución iniciada por el Banco Santander Río S.A. contra la señora María Florencia Ferreyro por la suma que detalló, con más los intereses que fijó (v. sents. de fechas 15-IV-2019 y 5-III-2020).
II. En la vía ahora intentada, la impugnante funda la cuestión federal en las doctrinas de la arbitrariedad de sentencia y de la gravedad institucional, así como en la violación de las garantías Constitucionales de debido proceso, defensa en juicio, congruencia, igualdad y tutela judicial y el derecho a ser oído (arts. 17, 18, 19, 33 y 75 inc. 22, de la Const. nac.; 8.1, CADH; 10, DUDH; 14, PIDCyP; XXXIV, DADDH; v. págs. 3, 9, 11/14, 16/17, 19/20 y 22/25, adjunto cit.).
Sostiene que el pronunciamiento en crisis no constituye una derivación razonada del derecho aplicable y debe ser dejado sin efecto, en tanto -según su modo de ver- se basan en meras afirmaciones dogmáticas. Ello, por cuanto esta Corte -con excesivo rigor formal- omitió analizar las circunstancias objetivas de la causa y se apartó de la normativa que rige al caso. En consecuencia, declaró mal concedido el de nulidad y desestimó la queja por denegatoria del de inaplicabilidad de ley, con la consiguiente afectación de los derechos constitucionales mencionados. Y cita -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 248:189; 311:1762; 319:371; 324:533 y 1225; 319:2307; 237:74; 326:4547; 343:2184; 311:148; 312:426; 316:3191; entre muchos; v. págs. 12/25, adjunto cit.).
Alega, por fin, que la decisión atacada descartó -sin dar fundamentos suficientes- los agravios federales que asegura haber planteado, vulnerando -de esa manera- la garantía constitucional de debido proceso (v. pág. 24, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de 23-IV-2021), el mismo no fue contestado.
IV.1. Respecto de la vía federal incoada, cabe señalar, por un lado, que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48) y, por el otro, que la Acordada 4/2007 de la Corte nacional establece la carga de refutar todos y cada uno de los fundamentos independientes que dan sustento a la resolución apelada (art. 3, inc. "d").
En el caso, se advierte que la recurrente no ha cumplido con la mentada exigencia. En efecto, los planteos ensayados se limitan -en rigor- a denunciar la arbitrariedad del fallo en crisis -al igual que los de las instancias anteriores en grado- y a discrepar con el criterio fijado por este Tribunal para descartar los remedios intentados, alegando que se ha incurrido en dogmatismo y excesivo formalismo. Insiste -además- la agraviante con cuestionamientos que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 12/25, adjunto cit., escrito electrónico de fecha 7-V-2020 -a las 12:00:35hs.-, archivo adjunto identificado como "QUEJA FIRMADA.pdf" del escrito electrónico de fecha 11 de octubre de 2020 y resol. en crisis).
Y en dicha tarea soslaya rebatir -debidamente- las razones brindadas en el fallo objetado que destacan, respecto del recurso de nulidad, que los planteos deducidos eran impropios de dicho remedio. Y en lo que atañe a la vía de hecho local, la insuficiencia del valor del agravio -representado para la recurrente por el monto de la condena de la sentencia de trance y remate- y la inexistencia de un agravio federal que suscite la apertura de la instancia (v. resol. cit.).
En razón de lo expuesto, no habiéndose cumplido debidamente con el deber impuesto por el inc. "d" del art. 3 de la citada reglamentación, la vía intentada deviene inadmisible.
IV.2. A ello, cabe agregar que la denuncia de la doctrina de la arbitrariedad, así como la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (derechos de debido proceso, a ser oído, de defensa en juicio, congruencia, igualdad y tutela judicial; arts. 17, 18, 19, 33 y 75 inc. 22, de la Const. nac.; 8.1, CADH; 10, DUDH; 14, PIDCyP; XXXIV, DADDH; v. págs. 3, 9, 11/14, 16/17, 19/20 y 22/24, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el remedio deducido, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 122.682, "Terminales Y Servicios S.A.", resol. de 18-IX-2019; C. 123.121, "Ribero Ravera", resol. de 26-II-2020; C. 123.818, "Metalurgica Wolodarsky S.A.", resol. de 23-IX-2020; C. 123.213, "Cutzarida Srl", resol. de 2-III-2021; C. 123.158, "Armonia Azul S.A.", resol. de 31-III-2021; entre otros).
IV.3. Finalmente, tampoco se observa la exposición de motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida con base en la doctrina de la gravedad institucional, por cuanto la misma constituye un supuesto excepcional, que no se avizora configurado en el caso, pues sólo se discuten derechos que no exceden el ámbito patrimonial de las partes, sin que se advierta la afectación -de modo directo- de intereses comunitarios (CSJN Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799, v. págs. 3 y 25, adjunto cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 3, inc. "d" cit.).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/08/2021 14:22:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/08/2021 16:57:10 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/08/2021 09:14:15 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/08/2021 11:12:13 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/09/2021 13:53:29 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia