Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124640
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por no presentada -por extemporánea- la contestación del recurso federal, reputándose inoficiosa la actuación respectiva (arts. 257, segundo párrafo, CPCCN y 11, segundo párrafo, Ac. 4/2007, CSJN) y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 124.640 "CATAFFO PAOLA ANABEL Y OTRO/A C/ GUIDA EDUARDO CAMILO S/ COBRO EJECUTIVO"
I. El demandado deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que rechazó el de inaplicabilidad de ley, en virtud de su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812; 279 y 289, CPCC; v. resol. de 10-III-2021, escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 11-IV-2021 y su archivo adjunto identificado como "RecursoExtraordinarioFederal.pdf").
En el caso, en lo que interesa destacar y en el marco de un cobro ejecutivo, la Cámara interviniente confirmó el fallo de primera instancia que, a su turno, había hecho lugar al pedido de inconstitucionalidad de la ley 14.432 (v. sents. de fechas 19-IX-2019 y 27-II-2020).
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en las doctrinas de la arbitrariedad de sentencia y de la gravedad institucional, así como en la violación de las garantías constitucionales de vivienda digna, igualdad ante la ley, defensa en juicio y debido proceso (arts. 14 bis, 16, 17, 18, 31 y 75 incs. 12 y 22, Const. nac.; v. págs. 8/11, 13, 15/16 y 19/21, adjunto cit.).
II.2. Sostiene que la sentencia en crisis resulta arbitraria y debe ser descalificada como acto judicial válido. Ello, por cuanto esta Corte, apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas, de la normativa que rige al caso y mediante una fórmula estereotipada, rechazó el remedio local al ponderar -dogmáticamente y con excesivo rigor formal- que había sido insuficientemente fundado. Afirma que se vulneran -de esta manera- las garantías constitucionales mencionadas y cita -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 310:302; 315:1939; 316:70; 324:2200; 308:490; 311:2478; 310:324; entre muchos; v. págs. 8/21, adjunto cit.).
En tal sentido, aduce que la decisión en crisis omitió tratar debidamente los planteos esgrimidos en la vía local -que ahora reproduce- lo cuales resultaban suficientes para refutar las razones dadas por el a quo . Y alega que, contrariamente a lo expuesto, denunció que la declaración de la inconstitucionalidad de una ley general es ejercicio de competencia negativa y un acto de excepción que no crea "doctrina legal", en tanto debe ser hecha en cada caso en particular, con relación a las circunstancias comprobadas de la causa.
Concluye que este Tribunal no puede legislar más que para el caso concreto y por ello insiste en que no hay doctrina legal, ni pilar jurídico alguno que permita dejar firme el fallo de Cámara (v. págs. 12/16, adjunto cit.).
II.3. Asevera, también, que en oposición a lo ponderado en el pronunciamiento atacado, en el caso se verifica la existencia de cuestión federal. En tal sentido, asevera que se encuentra controvertida la tutela de la vivienda única, consagrada en el art. 244 del Código Civil y Comercial de la Nación, en la ley provincial 14.432 y en el art. 14 bis de la Constitución nacional. Y afirma que lo aquí decidido resulta contrario a todo ese bloque normativo (v. pág. 16/19, adjunto cit.).
II.4. Finalmente, manifiesta que el presente caso configura un supuesto de gravedad institucional. Y aduce que colocar la técnica recursiva o la suficiencia que porta el recurso por sobre tal condición, contradice el mandato constitucional de prestar un adecuado servicio de justicia (v. págs. 13 y 21, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 23-IV-2021) el mismo fue contestado por la actora (v. escrito electrónico de fecha 12-V-2021, a las 10:41:55 hs.).
En relación a dicha presentación, corresponde señalar que el plazo para la contestación del traslado del recurso extraordinario federal se cumple a los diez días de notificado -personalmente o por cédula- debiéndose computar el mismo conforme las normas establecidas por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (art. 257, segundo párrafo, CPCCN; CSJN, Fallos: 160:78; 307:2061; 308:2423; 311:1242; 316:2497 y 317:1354; entre otros).
En ese sentido, el propio Superior Tribunal de la Nación resaltó que dicho término es fatal y perentorio (art. 156, CPCCN; CSJN, Fallos: 114:209; 160:78; 307:2061; y 330:1094; entre muchos) y que resulta de aplicación lo atinente al "plazo de gracia" que contempla el Código Procesal nacional referido (conf. CSJN causa "S. D. c/ R. L. M. s/ reintegro de hijo y alimentos", sent. de 2-VII-2013).
Así, a tenor de la fecha de notificación del traslado conferido (v. "PROVEÍDO" de fecha 23-IV-2021, datos del trámite, "notificación electrónica") y la constancia de ingreso del mentado escrito electrónico (v. escrito cit.), cabe concluir que la contestación resulta extemporánea, debiendo ser tenida por no presentada, reputándosela inoficiosa (doctr. art. 11, Acordada 4/2007; causas C. 120.937, "Vitale", resol. de 8-III-2017 y C. 120.622, "Municipalidad de Berazategui", resol. de 5-IV-2017, e.o.).
IV.1. Respecto del remedio intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que los planteos referidos a las cuestiones de hecho y prueba, así como también las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el caso, la constitucionalidad de la ley provincial 14.432 a la luz de los precedentes emanados de esta Corte, así como la suficiencia del remedio extraordinario local) no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530; 295:54; 329:5424; 330:133:4770; entre otros).
En el presente, no se advierte que en el recurso intentado se satisfagan tales extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, reiterando las denuncias referidas a la naturaleza del inmueble en cuestión (vivienda única y familiar) y su protección constitucional (art. 14 bis, Const. nacional), insuficientes -como tales- para acceder a la instancia federal (doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de dogmatismo, exceso ritual, falta de fundamentación suficiente, omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes y apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan argumentos que - prima facie ponderados- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el recurrente se limita -en rigor- a denunciar la arbitrariedad del fallo en crisis -y de la instancia anterior en grado- y a disentir con la postura de este Tribunal para descartar el recurso intentado, insistiendo el agraviante con cuestionamientos que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 8/21, adjunto cit. y resol. en crisis).
IV.3. Por otro lado, cabe apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (derechos de vivienda digna, igualdad ante la ley, defensa en juicio y debido proceso; arts. 14 bis, 16, 17, 18, 31 y 75 incs. 12 y 22, Const. nac.; v. págs. 8/11, 15/16 y 19/21, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 122.022, "Szabady", resol. de 13-III-2019; C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.979, "Sismail", resol. de 23-XII-2020; C. 124.060, "Fisco Nacional A.F.I.P.-d.G.I.", resol. de 31-III-2021; entre otros).
IV.4. Resta agregar que tampoco se observa la exposición de motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida con base en la doctrina de la gravedad institucional, por cuanto la misma constituye un supuesto excepcional, que no se avizora configurado en el caso, pues sólo se discuten derechos patrimoniales que no exceden el ámbito de las partes, sin que se advierta la afectación -de modo directo- de intereses comunitarios (CSJN Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799; v. pág. 13 y 21, adjunto cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por no presentada -por extemporánea- la contestación del recurso federal, reputándose inoficiosa la actuación respectiva (arts. 257, segundo párrafo, CPCCN y 11, segundo párrafo, Ac. 4/2007, CSJN) y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/08/2021 14:22:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/08/2021 16:57:11 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/08/2021 09:14:16 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/08/2021 11:12:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/09/2021 13:53:47 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia