Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122908
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 278 y 292 cits. y Acordada 1.790) y 2) en virtud de lo resuelto por este Superior Tribunal en otros casos sustancialmente análogos, acogerlo, revocándose el pronunciamiento de fecha 23-VIII-2018. Los autos deberán ser remitidos a la instancia de origen para la prosecución del trámite según su estado (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas por su orden (art. 68, segundo párrafo, CPCC).
C. 122.908 "PUCHETA MARTIN JUAN JOSE C/ SCHENA JAVIER NICOLAS S/ COBRO EJECUTIVO"
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 5 del Departamento Judicial de La Plata, en el marco de un juicio ejecutivo iniciado por el señor Martín Juan José Pucheta contra el señor Javier Nicolás Schena, dispuso que, pudiéndose presumir que la documentación base de la presente acción instrumenta una relación de crédito o financiación para el consumo, la actora debía acompañar los elementos que estén a su disposición a los fines de completar el título traído en los términos del art. 36 de la ley 24.240 o que permitan concluir que la obligación no constituyó una operación de consumo (v. resolución de 7-V-2018; fs. 8 y vta.).
Apelada tal decisión por la actora, la Sala III de la Cámara Primera de Apelación del fuero departamental, a su turno, la revocó. Fundó su decisión en que, por un lado, las enunciaciones de un contrato causal subyacente no pueden ser debatidas dentro del estrecho marco de conocimiento que proporciona el juicio ejecutivo y, como lógica consecuencia, no pueden dar sustento a la declaración de inhabilidad de título y, por el otro, la garantía de defensa en juicio queda plenamente resguardada con la vía prevista en el art. 551 del Código Procesal Civil y Comercial (v. sentencia de 23-VIII-2018; fs. 24/25 vta.).
Frente a tal pronunciamiento, el Fiscal de Cámaras departamental dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 17-IX-2018; fs. 28/46 vta.), el que fue denegado con sustento en la falta de definitividad y la insuficiencia del valor del agravio (v. resol. de 25-IX-2018; fs. 48). Ello motivó la articulación de la presente queja ante esta sede (v. escrito de fecha 12-X-2018 y presentación electrónica de 16-X-2018; art. 292, CPCC).
II. Al respecto, en el sub lite , en que el Ministerio Público alega que se cierra la posibilidad de exigir en el marco de este proceso judicial el cumplimiento de las disposiciones protectorias que establece la ley 24.240 a los títulos de créditos expedidos en virtud de una relación de consumo, invocando la violación de los derechos de defensa en juicio, tutela judicial efectiva y debido proceso y denunciando en tal sentido la infracción a los arts. 18, 42 de la Constitución nacional y 15 de su par provincial, cabe considerar que el fallo impugnado resulta equiparable a una sentencia definitiva, pues podría generar un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior (conf. doctr. causa C. 123.375, "Luis Blanco S.A.", resol. de 29-VI-2020).
Por otra parte, si bien el valor del agravio resulta insuficiente a los fines de lo establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (según ley 14.141 y Acordada 3.903/2018), lo cierto es que en atención a la facultad prevista en el art. 31 bis último párrafo de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- y teniendo en consideración los planteos traídos y los derechos aquí involucrados, corresponde declarar admisible la vía extraordinaria articulada (arg. doctr. art. 31 bis, cit.; conf. causa C. 121.684, "Asociación Mutual Asís", sent. de 14-VIII-2019).
En consecuencia, corresponde hacer lugar a la queja traída y conceder la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley deducida (art. 292 cit.).
III. Ingresando al estudio de la vía concedida por medio de la cual se aduce infracción a los arts. 1, 3, 4, 36, 37, 65 y concs. de la ley 24.240; 1090, 1100 y concs. del Código Civil y Comercial; 42, 43 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional y 38 de su par local; solicitando que se mantenga lo decidido por la jueza de primer grado, se anticipa que ésta debe prosperar, en atención a lo resuelto por esta Suprema Corte en casos sustancialmente análogos (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
En efecto, en la causa C. 121.684, "Asociación Mutual Asís" (sent. de 14-VIII-2019) este Superior Tribunal ha dicho que, en un plano de congruencia sistemática, que nace a partir de las disposiciones de la normativa constitucional, procedimental, cambiaria y consumeril, la aplicabilidad de la Ley de Defensa al Consumidor flexibiliza el andamiaje por el que discurre la pretensión ejecutiva respetando los principios de bilateralidad y defensa en juicio (arts. 18, Const. nac.; 15, Const. prov.; 34 inc. 5 apdo. "c" y 36 inc. 2 y concs., CPCC). En tal sendero, la indagación que pueda hacer el magistrado acerca de los aspectos sustanciales (es decir, sobre el negocio jurídico extracambiario que contiene un título ejecutivo), se corresponde con la armonización jurídica planteada y pone a resguardo los derechos informativos que amparan al consumidor (art. 42, Const. nac.). Por ello, es que en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el ordenamiento ritual (arg. arts. 34 inc. 5 apdo. "c" y 36 inc. 2 y concs., CPCC), el juez puede encuadrar el asunto como una relación de consumo a fin de subsumirlo en el art. 36 de la ley 24.240.
Posteriormente, en la causa C. 122.124, "Recupero On Line S.A." (resol. de 18-IX-2019), se expresó que los jueces se encuentran habilitados para examinar si los papeles cambiarios abastecen los recaudos exigidos por el mentado art. 36, pudiendo valorar aquellos instrumentos complementarios que se hubieran acompañado en la demanda y/u ordenar su acompañamiento en el supuesto que se hubiesen omitido, a través de la vía procesal pertinente (arts. 34 inc. 5, apdo. "b", 36 inc. 2 y 523, CPCC). De ahí que, si los títulos en cuestión, en forma autónoma o integrada, satisfacen las exigencias legales prescriptas en el estatuto consumeril, los magistrados podrán dar curso a la ejecución. Lo dicho, claro está, sin desmedro del derecho del ejecutado de articular defensas, incluso centradas en el art. 36 de la ley 24.240, tendientes a neutralizar la procedencia de la acción (conf. doctr. causas C. 121.684, "Asociación Mutual Asís"; C. 122.124, "Recupero On Line S.A.", ambas cit. y C. 122.155, "Banco Columbia", resol. de 16-X-2019).
Por tales motivos, guardando la solución de origen correspondencia con lo resuelto por esta Corte en los precedentes referidos, cabe acoger el conducto bajo análisis y revocar el pronunciamiento en crisis (conf. arts. 31 bis y 289, cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 278 y 292 cits. y Acordada 1.790) y 2) en virtud de lo resuelto por este Superior Tribunal en otros casos sustancialmente análogos, acogerlo, revocándose el pronunciamiento de fecha 23-VIII-2018. Los autos deberán ser remitidos a la instancia de origen para la prosecución del trámite según su estado (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas por su orden (art. 68, segundo párrafo, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/05/2021 14:29:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/05/2021 18:23:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2021 10:14:01 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2021 17:03:51 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/06/2021 13:31:53 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia