Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123660
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 278 y 292 cits. y Acordada 1.790) y 2) en virtud de lo resuelto por este Superior Tribunal en otros casos sustancialmente análogos acogerlo, revocándose el pronunciamiento de fecha 27 de agosto de 2019. Los autos deberán ser remitidos a la instancia de origen para la prosecución del trámite según su estado (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas por su orden (art. 68, segundo párrafo, CPCC).
C. 123.660 "CREDIL S.R.L C/ RODRIGUEZ, GISELA SOLEDAD S/ COBRO EJECUTIVO"
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 22 del Departamento Judicial de La Plata, en el marco de un juicio ejecutivo iniciado por Credil SRL contra la señora Gisela Soledad Rodríguez, intimó a la parte actora a acreditar que la causa que subyace al título que se ejecuta no es una relación de consumo o, en caso contrario, a que adjunte la documentación que lo complemente en los términos del art. 36 de la ley 24.240, bajo apercibimiento de lo previsto en dicha norma (v. proveído de fecha 25-IX- 2018).
Apelada tal decisión por la firma ejecutante, la Sala III de la Cámara Primera de Apelación del fuero departamental, por mayoría, la revocó. Fundó su decisión el voto mayoritario en que el citado art. 36 no establece la prohibición de la suscripción de pagarés en operaciones financieras o de créditos para consumo, sino que dispone una serie de obligaciones de contenido contractual vinculadas con el cumplimiento de deberes de información inherentes únicamente al negocio jurídico que motivó la emisión de tales instrumentos, pero no con éstos en sí mismos. Por ello, esas enunciaciones propias del contrato causal no pueden debatirse dentro del estrecho marco de conocimiento que permite el juicio ejecutivo, ni -por ende- sustentar la declaración de inhabilidad del título. Asimismo, sostuvo que la garantía de defensa en juicio queda resguardada con la vía prevista en el art. 551 del Código Procesal Civil y Comercial (v. sentencia de 27-VIII-2019).
Frente a tal pronunciamiento, el Fiscal de Cámaras departamental interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 26-IX-2019, en arch. adj.), el que fue denegado con sustento en la falta de definitividad de la decisión impugnada (v. resol. de 1-X-2019). Ello motivó la articulación de la presente queja ante esta sede (v. escrito de fecha 23-X-2019; fs. 32/40; art. 292, CPCC).
II. Recibidos los autos principales requeridos, en relación a la queja traída se impone señalar que, en el sub lite , en que el Ministerio Público alega que se cierra la posibilidad de exigir en el marco de este proceso judicial el cumplimiento de las disposiciones protectorias que establece la ley 24.240 a los títulos de crédito expedidos en virtud de una relación de consumo, invocando la violación de los derechos de defensa en juicio, tutela judicial efectiva y debido proceso y denunciando en tal sentido la infracción a los arts. 18 y 42 de la Constitución nacional y 15 de su par provincial, cabe considerar que el fallo impugnado resulta equiparable a una sentencia definitiva, pues podría generar un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior (conf. doctr. causas C. 123.375, "Luis Blanco S.A.", resol. de 29-VI-2020; C. 122.908, "Pucheta", resol. de 8-VI-2021; C. 122.877, "Mejor Crédito S.R.L.", resol. de 29-VI-2021 y C. 123.691, "Orange 1923 S.A.", resol. de 24-VIII-2021).
Abordando ahora el recaudo contemplado en el art. 278 del Código de forma local, se advierte que, si bien el valor del agravio resulta insuficiente a los fines de lo establecido en la citada norma (según ley 14.141 y Acordada 3.947/2019), lo cierto es que en atención a la facultad prevista en el art. 31 bis último párrafo de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- y teniendo en consideración los planteos traídos y los derechos aquí involucrados, corresponde declarar admisible la vía extraordinaria articulada (arg. doctr. art. 31 bis, cit.; conf. causas C. 121.684, "Asociación Mutual Asís", sent. de 14-VIII-2019; C. 122.908, y C. 122.877, cits.).
En consecuencia, corresponde hacer lugar a la queja traída y conceder la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley deducida (art. 292 cit.).
III. Ingresando al estudio de la vía concedida por medio de la cual se aduce violación de doctrina legal e infracción a los arts. 1, 2, 4, 36, 37, 52, 65 y concs. de la ley 24.240; 1092, 1100 y concs. del Código Civil y Comercial; 18, 42, y 75 inc. 22 de la Constitución nacional y 15 y 38 de su par local; se anticipa que ésta debe prosperar, en atención a lo resuelto por esta Suprema Corte en casos sustancialmente análogos (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
En efecto, en la causa C. 121.684, "Asociación Mutual Asís" (sent. de 14-VIII-2019) este Superior Tribunal ha dicho que, en un plano de congruencia sistemática, que nace a partir de las disposiciones de la normativa constitucional, procedimental, cambiaria y consumeril, la aplicabilidad de la Ley de Defensa al Consumidor flexibiliza el andamiaje por el que discurre la pretensión ejecutiva respetando los principios de bilateralidad y defensa en juicio (arts. 18, Const. nac.; 15, Const. prov.; 34 inc. 5 apdo. "c" y 36 inc. 2 y concs., CPCC). En tal sendero, la indagación que pueda hacer el magistrado acerca de los aspectos sustanciales (es decir, sobre el negocio jurídico extracambiario que contiene un título ejecutivo), se corresponde con la armonización jurídica planteada y pone a resguardo los derechos informativos que amparan al consumidor (art. 42, Const. nac.). Por ello, es que en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el ordenamiento ritual (arg. arts. 34 inc. 5 apdo. "c" y 36 inc. 2 y concs., CPCC), el juez puede encuadrar el asunto como una relación de consumo a fin de subsumirlo en el art. 36 de la ley 24.240.
Posteriormente, en la causa C. 122.124, "Recupero On Line S.A." (resol. de 18-IX-2019), se expresó que los jueces se encuentran habilitados para examinar si los papeles cambiarios abastecen los recaudos exigidos por el mentado art. 36, pudiendo valorar aquellos instrumentos complementarios que se hubieran acompañado en la demanda y/u ordenar su acompañamiento en el supuesto que se hubiesen omitido, a través de la vía procesal pertinente (arts. 34 inc. 5, apdo. "b", 36 inc. 2 y 523, CPCC). De ahí que, si los títulos en cuestión, en forma autónoma o integrada, satisfacen las exigencias legales prescriptas en el estatuto consumeril, los magistrados podrán dar curso a la ejecución. Lo dicho, claro está, sin desmedro del derecho del ejecutado de articular defensas, incluso centradas en el art. 36 de la ley 24.240, tendientes a neutralizar la procedencia de la acción (conf. doctr. causas C. 121.684, "Asociación Mutual Asís"; C. 122.124, "Recupero On Line S.A.", ambas cit. y C. 122.155, "Banco Columbia", resol. de 16-X-2019).
Por tales motivos, guardando la solución de origen correspondencia con lo resuelto por esta Corte en los precedentes referidos, cabe acoger el conducto bajo análisis y revocar el pronunciamiento en crisis (conf. arts. 31 bis y 289, cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 278 y 292 cits. y Acordada 1.790) y 2) en virtud de lo resuelto por este Superior Tribunal en otros casos sustancialmente análogos acogerlo, revocándose el pronunciamiento de fecha 27 de agosto de 2019. Los autos deberán ser remitidos a la instancia de origen para la prosecución del trámite según su estado (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas por su orden (art. 68, segundo párrafo, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1, acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/10/2021 17:11:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/10/2021 13:48:37 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/10/2021 10:22:52 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/10/2021 14:52:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/10/2021 09:52:40 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/11/2021 14:21:24 hs. bajo el número RR-730-2021 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia