Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123669
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 278 y 292 cits. y Acordada 1.790) y 2) en virtud de lo resuelto por este Superior Tribunal en otros casos sustancialmente análogos, acogerlo, revocándose el pronunciamiento de fecha 29 de agosto de 2019. Los autos deberán ser remitidos a la instancia de origen para la prosecución del trámite según su estado (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas por su orden (art. 68, segundo párrafo, CPCC).
C. 123.669 "D'ANGELICA, STELLA MARIS C/ ALVAREZ, OSCAR GUILLERMO Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO"
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 23 del Departamento Judicial de La Plata, en el marco de un juicio ejecutivo iniciado por Stella Maris D’Angelica contra el señor Oscar Guillermo Álvarez, intimó a la actora a que complemente el título base de la ejecución y acompañe los elementos de prueba que obren en su poder conforme las características del bien o servicio de que se trate, bajo apercibimiento de ley; para así decidir consideró -luego de dictaminar el Ministerio Público Fiscal- prima facie aplicable al caso de autos lo normado por la Ley de Defensa del Consumidor (v. pronunciamiento de 8-IV-2019).
A su turno, la Sala III de la Cámara Primera de Apelación del fuero departamental -por mayoría- revocó dicha decisión. Fundó su decisión el voto mayoritario en que el citado art. 36 no dispone la prohibición de la suscripción de pagarés en operaciones financieras o de créditos para consumo, sino que establece una serie de obligaciones de contenido contractual que están relacionadas con el cumplimiento de deberes de información inherentes sólo al negocio jurídico generador de la emisión de aquellos instrumentos, pero no con éstos en sí mismos. Por tal motivo esas enunciaciones propias del contrato causal subyacente no pueden ser debatidas dentro del estrecho marco de conocimiento que proporciona el juicio ejecutivo, ni dar sustento a la declaración de inhabilidad del título. Asimismo, sostuvo que la garantía de defensa en juicio queda plenamente resguardada con la vía prevista en el art. 551 del Código Procesal Civil y Comercial (v. sentencia de 29-VIII-2019).
Frente a ello, el Fiscal General departamental dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 26-IX-2019), el que fue denegado con sustento en la falta de definitividad de la decisión impugnada (v. resol. de 1-X-2019). Ello motivó la articulación de la presente queja ante esta sede (v. escr. de 23-X-2019 en arch. adj. a escr. electr. de 24-X-2019; art. 292, CPCC).
II. Recibidos los autos principales requeridos, en relación al carril de hecho se impone señalar que, en el sub lite , en que el Ministerio Público alega que se cierra la posibilidad de exigir en el marco de este proceso judicial el cumplimiento de las disposiciones protectorias que establece la ley 24.240 a los títulos de crédito expedidos en virtud de una relación de consumo, invocando la violación de los derechos de defensa en juicio, tutela judicial efectiva y debido proceso y denunciando en tal sentido la infracción a los arts. 18 y 42 de la Constitución nacional y 15 de su par provincial, cabe considerar que el fallo impugnado resulta equiparable a una sentencia definitiva, pues podría generar un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior (conf. doctr. causas C. 123.375, "Luis Blanco S.A.", resol. de 29-VI-2020; C. 122.908, "Pucheta", resol. de 8-VI-2021; C. 122.877, "Mejor Crédito S.R.L.", resol. de 29-VI-2021; C. 123.691, "Orange 1923 S.A.", resol. de 24-VIII-2021; C. 123.635, "Lucse Inversiones S.A.", resol. de 9-XI-2021).
Abordando ahora el recaudo contemplado en el art. 278 del Código de forma local, se advierte que, si bien el valor del agravio resulta insuficiente a los fines de lo establecido en la citada norma (según ley 14.141 y Acordada 3.947/2019), lo cierto es que en atención a la facultad prevista en el art. 31 bis último párrafo de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- y teniendo en consideración los planteos traídos y los derechos aquí involucrados, corresponde declarar admisible la vía extraordinaria articulada (arg. doctr. art. 31 bis, cit.; conf. causas C. 121.684, "Asociación Mutual Asís", sent. de 14-VIII-2019; C. 122.908, C. 122.877, C. 123.691 y C. 123.635, cits.).
En consecuencia, corresponde hacer lugar a la queja incoada y conceder la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley deducida (art. 292 cit.).
III. Ingresando al estudio de la vía concedida por medio de la cual se aduce violación de doctrina legal e infracción a los arts. 1, 3, 4, 36, 37, 52, 65 y concs. de la ley 24.240; 1, 2, 1092, 1100 y concs. del Código Civil y Comercial; 18, 42 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional y 15 y 38 de su par local; se anticipa que ésta debe prosperar, en atención a lo resuelto por esta Suprema Corte en casos sustancialmente análogos (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
En efecto, en la causa C. 121.684, "Asociación Mutual Asís" (sent. de 14-VIII-2019) este Superior Tribunal ha dicho que, en un plano de congruencia sistemática, que nace a partir de las disposiciones de la normativa constitucional, procedimental, cambiaria y consumeril, la aplicabilidad de la Ley de Defensa al Consumidor flexibiliza el andamiaje por el que discurre la pretensión ejecutiva respetando los principios de bilateralidad y defensa en juicio (arts. 18, Const. nac.; 15, Const. prov.; 34 inc. 5 apdo. "c" y 36 inc. 2 y concs., CPCC). En tal sendero, la indagación que pueda hacer el magistrado acerca de los aspectos sustanciales (es decir, sobre el negocio jurídico extracambiario que contiene un título ejecutivo), se corresponde con la armonización jurídica planteada y pone a resguardo los derechos informativos que amparan al consumidor (art. 42, Const. nac.). Por ello, es que en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el ordenamiento ritual (arg. arts. 34 inc. 5 apdo. "c" y 36 inc. 2 y concs., CPCC), el juez puede encuadrar el asunto como una relación de consumo a fin de subsumirlo en el art. 36 de la ley 24.240.
Posteriormente, en la causa C. 122.124, "Recupero On Line S.A." (resol. de 18-IX-2019), se expresó que los jueces se encuentran habilitados para examinar si los papeles cambiarios abastecen los recaudos exigidos por el mentado art. 36, pudiendo valorar aquellos instrumentos complementarios que se hubieran acompañado en la demanda y/u ordenar su acompañamiento en el supuesto que se hubiesen omitido, a través de la vía procesal pertinente (arts. 34 inc. 5, apdo. "b", 36 inc. 2 y 523, CPCC). De ahí que, si los títulos en cuestión, en forma autónoma o integrada, satisfacen las exigencias legales prescriptas en el estatuto consumeril, los magistrados podrán dar curso a la ejecución. Lo dicho, claro está, sin desmedro del derecho del ejecutado de articular defensas, incluso centradas en el art. 36 de la ley 24.240, tendientes a neutralizar la procedencia de la acción (conf. doctr. causas C. 121.684, "Asociación Mutual Asís"; C. 122.124, "Recupero On Line S.A.", ambas cit. y C. 122.155, "Banco Columbia", resol. de 16-X-2019).
Por tales motivos, guardando la solución de origen correspondencia con lo resuelto por esta Corte en los precedentes referidos, cabe acoger el conducto bajo análisis y revocar el pronunciamiento en crisis (conf. arts. 31 bis y 289, cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 278 y 292 cits. y Acordada 1.790) y 2) en virtud de lo resuelto por este Superior Tribunal en otros casos sustancialmente análogos, acogerlo, revocándose el pronunciamiento de fecha 29 de agosto de 2019. Los autos deberán ser remitidos a la instancia de origen para la prosecución del trámite según su estado (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas por su orden (art. 68, segundo párrafo, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/12/2021 14:00:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/12/2021 10:25:55 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/12/2021 12:42:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/12/2021 17:39:07 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/12/2021 14:07:58 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/12/2021 11:10:54 hs. bajo el número RR-932-2021 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia