Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 125252
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente para continuar interviniendo en estos obrados al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
C. 125.252 "CARTASUR CARDS S.A. C/ PEREZ GRACIELA BEATRIZ S/ COBRO EJECUTIVO"
I. La firma Cartasur Cards SA -actuando por medio de apoderado- demandó, ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 17 del Departamento Judicial de La Plata, a la señora Graciela Beatriz Pérez por cobro ejecutivo de un pagaré, en el que se estableció el lugar de pago en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, denunció -en esa oportunidad- que la ejecutada se domiciliaba en Barrio Coop. 1 n° 38 de la localidad de Jeppener, partido de Brandsen y solicitó la traba de embargo sobre sus haberes (v. Sist. Augusta, trámites: "Copia de escrito en papel Ac. 3886/18 art. 3", Obs.: "Actuaciones digitalizadas-Se agregan", de fecha 19-X-2021, págs. 1/5).
La magistrada ordenó el libramiento del pertinente mandamiento de intimación de pago y, atento lo dispuesto por el art. 1 del dec. ley 6.754/43, ratificado por la ley 13.894 y dec. ley 9.472/43, no hizo lugar al embargo de haberes peticionado (v. trámite: "Despacho simple", de fecha 8-VII-2010).
A continuación, se libró mandamiento que arrojó resultado positivo (v. trámite: "Copia de escrito..." cit., de fecha 19-X-2021, págs. 6/8), se dictó sentencia mandando llevar adelante la ejecución y se le tuvo a la ejecutada por constituido el domicilio en los estrados del juzgado (v. trámite: "Sentencia definitiva", de fecha 26-III-2012).
Con posterioridad, el apoderado de la accionante se presentó en autos y denunció el incumplimiento por parte de la accionada del convenio de pago acordado y solicitó embargo de haberes (v. trámite: "Oficio solicita", de fecha 1-II-2020).
Seguidamente, y previa vista al señor agente fiscal (v. trámite: "Agente fiscal-presenta dictamen", de fecha 13-VIII-2020), a fin de corroborar el actual domicilio de la ejecutada, la magistrada ordenó oficio a la Cámara Nacional Electoral (v. trámite: "Se presenta-se provee", de fecha 18-VIII-2020). Dicha entidad informó que la demandada se domicilia en calle Rio Turbio n° 1444 de Lomas de Zamora (v. trámite: "Oficio recibido", de fecha 19-VIII-2020 y pdf adj.).
En base al nuevo domicilio obrante en autos, situado en Lomas de Zamora, la titular se inhibió de continuar interviniendo. Sin perjuicio del estado de la causa, valorando la multiplicidad de causas iniciadas por el aquí actor, entendió pertinente remitir las actuaciones al Juzgado en lo Civil y Comercial que por turno corresponda a ese departamento judicial. Así, conforme al art. 36 de la ley 24.240, norma de orden público- de protección a los derechos de los consumidores, entendió que no resulta aplicable la previsión del art. 1° del Código Procesal Civil y Comercial. Todo ello, con cita de distintos precedentes de esta Corte ("Cuevas", C. 109.305, resol. de 1-IX-2010 y "Crédito Para Todos", C. 117.245, sent. de 3-IX-2014; v. trámite: "Interlocutoria" de fecha 24-VIII-2020).
A su turno, su par n° 6 de Lomas de Zamora que resultó desinsaculado manifestó que, sin perjuicio de compartir la interpretación de la jueza de La Plata en torno a la existencia de una relación de consumo, y de propiciar la aplicación del régimen tuitivo y el carácter de orden público de la normativa específica relativa a las relaciones de consumo, en los presentes obrados se encuentra precluida la oportunidad para decretar la incompetencia. Detalló que la doctrina legal que emana de la causa "Cuevas", no resulta aplicable al caso en análisis, toda vez que de las constancias de la causa surge que estuvieron tramitando por un período mayor a 10 años por ante el Juzgado preventor, habiéndose dictado diversas resoluciones y ordenado distintas diligencias hasta el dictado de la sentencia, los que implicaron el ejercicio pleno de su jurisdicción. En consecuencia, atento a la cuestión de competencia suscitada, elevó los autos a este Tribunal (v. trámite "Competencia - se resuelve", de fecha 29-IX-2021)
Tal el conflicto a dirimir (art. 161, inc. 2, Const. prov.).
II. Este Tribunal resolvió, en el citado precedente "Cuevas", que los jueces se encuentran autorizados a declarar de oficio la incompetencia territorial a partir de la constatación (mediante elementos serios y adecuadamente justificados) de la existencia de una relación de consumo a la que se refiere el art. 36 de la ley 24.240.
Según se aprecia, no obstante la prohibición legal de debatir aspectos ajenos al título en los procesos ejecutivos (conf. art. 542 inc. 4°, CPCC), la obligatoriedad dimanada de la mencionada doctrina legal vino a imponer a los jueces el deber de indagar la faz causal del reclamo, en orden a determinar la competencia por razón del territorio.
En la hipótesis de constatar -en base a la ponderación de extremos serios y justificados- la existencia de una relación sustancial de consumo subyacente en la ejecución, deben los mismos resolver -aún de oficio- en concordancia con la solución establecida en el art. 36 de la referida Ley de Defensa de Usuarios y Consumidores. Caso contrario, corresponderá remitirse a los restantes preceptos generales o especiales concernientes a la materia.
En pocas palabras, la doctrina que fluye del citado precedente no se cristaliza en una solución establecida por esta Corte para fijar a priori el organismo que deberá conocer en la causa. Diversamente, emplaza al juez en la situación de analizar, en cada proceso en particular, la eventual existencia de una relación sustancial de consumo. De allí que la respectiva competencia territorial queda sujeta, en principio, al resultado de tal evaluación.
En línea con lo expuesto, cabe señalar que la circunstancia de haber emitido el órgano jurisdiccional los actos procesales que dictó (despacho disponiendo la intimación de pago y la citación para oponer excepciones, ordenando a tal efecto el libramiento del correspondiente mandamiento, sentencia mandando llevar adelante la ejecución), no impiden su ulterior declaración de incompetencia ex officio , en tanto la misma viene fundada en el art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor y se practica invocando la habilitación que emerge de la doctrina de la causa C. 109.305 "Cuevas", resol. de 1-IX-2010 (conf. C. 119.166, "Rodríguez", resol. de 11-II-2016; C. 121.020, "Amorese International Corp", resol. de 26-X-2016; C. 121.285, "Crédito Para Todos S.A.", resol. de 28-XII-2016; C. 121.422, "Colmi S.A.", resol. de 5-IV-2017; C.122.765, "Total Support S.A.", resol. de 17-X-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente para continuar interviniendo en estos obrados al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
Regístrese y hágase saber por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y remítase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/11/2021 14:12:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/11/2021 16:54:01 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/11/2021 09:49:47 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/02/2022 12:30:07 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/02/2022 14:50:03 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/02/2022 14:05:46 hs. bajo el número RR-31-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia