Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 124046
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y, en consecuencia, se revoca el pronunciamiento apelado, desestimándose la demanda. Las costas de todas las instancias se imponen a la actora, en su condición de vencida (arts. 68, arg. 274 y 289, CPCC).
El depósito previo efectuado (v. escritos electrónicos de fecha 8-VI-2020 y 2-XI-2020) deberá restituirse al interesado (art. 293, Cód. cit.).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 124.046, "Dahl, Cesar José contra Dahl, Estela Rita. Cobro ejecutivo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud .
La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Azul revocó la sentencia de origen que había rechazado la demanda y, en consecuencia, estimó procedente la acción, condenando a las demandadas Estela Rita Dahl y Liliana Irene Dahl a pagar al actor la suma de USD 86.666,65 cada una, con más intereses (v. fs. 241/260 vta.).
Las accionadas interpusieron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 20-V-2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. César José Dahl inició el presente cobro ejecutivo contra Estela Rita Dahl y Lilian Irene Dahl por la suma de USD 173.333,33 con más intereses, costos y costas hasta su efectivo pago (v. fs. 55/59).
El ejecutante acompañó como título base de la acción un "Acuerdo de pago cancelatorio de multa, subrogación de derechos" con firmas certificadas, de fecha 19 de diciembre de 2012 (v. fs. 27/29) y agregó copias de los siguientes documentos: un contrato de comodato (v. fs. 30/32), un acta de restitución del inmueble dado en comodato (v. fs. 34/35) y una exposición notarial efectuada por Eduardo Cafaro (v. fs. 38/40 vta.).
Del contrato de comodato surge que por escrituras de fechas 16 y 23 de febrero de 2012 -pasadas ante la notaria Irma Alicia Daguzan del Registro n° 6 de la ciudad de Tandil- Estela Rita Dahl, César José Dahl y Lilian Irene Dahl transfirieron el dominio pleno de sus inmuebles rurales a Eduardo Cafaro; que en virtud de dichas transferencias este último resulta ser el único titular de dominio y detenta la posesión pacífica desde el momento mismo en que se firmaron las referidas escrituras; que dado que los señores Dahl no pudieron desocupar los inmuebles, el 23 de marzo de 2012 acordaron suscribir un comodato a los fines de liberar los predios del personal y de bienes muebles y demás pertenencias (v. fs. 30/31).
En la cláusula quinta del referido instrumento se estipuló que "Los comodatarios como condición esencial del presente, toman a su cargo las siguientes obligaciones: 1) Podrán hacer uso de los inmuebles con fecha límite hasta el 30 de junio de 2012, fecha en la cual deberán restituir los mismos indefectiblemente [...] 7) Los semovientes que hoy se encuentran en el predio dado en comodato serán retirados por los 'comodatarios' antes del 30/6/2012 [...] Las partes establecen que en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los 'comodatarios' dentro de los plazos estipulados, estos abonaran al 'comodante' una multa de Dólares Billetes Estadounidenses Dos mil (U$S 2.000) por cada día de demora en el cumplimiento de la obligación".
El actor relató que ante el incumplimiento de las obligaciones pactadas por parte de la comodataria, el 19 de diciembre de 2012 firmó con Eduardo Cafaro el "Acuerdo de pago cancelatorio de multa, subrogación de derechos" en el cual se asentó que "CESAR JOSE DAHL abona a EDUARDO CAFARO la suma única, total y definitiva de DOLARES BILLETES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS SESENTA MIL (U$S 260.000), en este acto, sirviendo el presente de eficaz recibo y carta de pago" (conf. cláusula primera); que "El Sr. CESAR JOSE DAHL, se subroga en el pago en los términos del art. 768 inc. 2 del Código Civil, por lo que a partir de este momento nace un crédito a su favor por la suma de DOLARES BILLETES ESTADOUNIDENSES CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON TREINTA Y TRES CTVOS (U$S 173.333,33), conforme lo establece el art. 771 inc. 3 del Código Civil" (conf. cláusula segunda); que "Asimismo y sin perjuicio que la subrogación ejercida es de carácter legal en los términos indicados en la cláusula segunda del presente convenio, el Sr. EDUARDO CAFARO, acepta el pago por subrogación efectuado en el día de la fecha por el Sr. CESAR JOSE DAHL, y le traspasa todos los derechos, acciones y garantías, a los efectos de que este último pueda reclamar el crédito a las Sras. Estela Rita Dahl y Lilian Irene Dahl" (conf. cláusula tercera). A la par, expresó que en dicha oportunidad se dejó constancia de que "...el crédito que naciera en este acto en cabeza del Sr. Cesar José Dahl [...] podrá ser reclamado por la vía ejecutiva en los términos del art. 521 inc. 2 del CPCC" (cláusula cuarta; el destacado figura en el original).
Por fin, explicó que pese a los requerimientos extrajudiciales efectuados por medio de cartas documento, las demandadas continuaron sin cumplir con la obligación asumida, circunstancia que motivó el inicio de la presente acción (v. fs. 50).
El magistrado de origen rechazó in limine la demanda (v. fs. 60/61).
Para así decidir, sostuvo que el contrato de comodato no traía aparejada la ejecución de la multa según lo pactado en la cláusula quinta -punto 7- ni se había acreditado el incumplimiento mencionado mediante las piezas allegadas. Asimismo, apreció que las demandadas no habían participado en el acuerdo de pago donde se reconocía la ocupación indebida y el pago de la multa por tal concepto, por lo que no les era oponible, resultándoles ajena la convención celebrada (conf. fs. cit.).
Apelado dicho fallo por el actor, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Azul lo confirmó (v. fs. 79/81 vta.).
A fs. 92/97 el actor reformuló la demanda, se recaratularon las actuaciones como "cobro sumario de sumas de dinero" (v. fs. 98 y vta.) y se imprimieron al juicio las reglas del proceso sumario (v. fs. 104).
A fs. 130/140 vta. Lilian Irene Dahl y Estela Rita Dahl contestaron el traslado conferido, negando expresamente que la obligación cuyo cumplimiento se reclamaba surgiera del acuerdo de pago cancelatorio de multa presentado por el actor, así como también su autenticidad formal y material, los motivos por el cual se realizó, los montos que indica y el pago manifestado por el actor (v. fs. 131 vta. y 132).
Por otra parte, si bien reconocieron la transmisión del dominio de sus campos al señor Cafaro y la suscripción del contrato de comodato, alegaron que al 30 de junio de 2012 no existían obligaciones de cumplimiento pendientes de su parte y que los animales existentes en el predio eran de propiedad de César Dahl -tal como surgía de la exposición notarial acompañada en el escrito de inicio- siendo una obligación exclusiva a su cargo el retiro de los mismos (v. fs. 131 vta./139).
El juez de primera instancia rechazó la acción (v. fs. 195/204).
Para fallar como lo hizo, consideró necesario dilucidar la naturaleza jurídica de la obligación que el actor alegó como incumplida por parte de las demandadas. Y juzgó que en el caso en análisis resultaba aplicable el régimen de las obligaciones divisibles.
Destacó que las demandadas no habían incurrido en mora, ya que en las obligaciones simplemente mancomunadas la mora de uno de los deudores y los factores de atribución de responsabilidad no perjudican a los demás. A ello, adunó que en el caso se encontraba acreditado que la obligación de retirar las cabezas de ganado del campo de Cafaro le correspondía al comodatario propietario César José Dahl, pues de la exposición de la actuación notarial n° 360 de fecha 7 de septiembre de 2012 (v. fs. 38/41) surgía "Que presente en este acto el Sr. FABIO SANTIAGO LARSEN, DNI 21.509.025 exhibe fotos [...] de aproximadamente unos 50 ejemplares de ganado vacuno de Raza Aberdeen Angus Color negro con marcas identificatorias visibles, las cuales manifiesta son de propiedad del Sr. CESAR JOSE DAHL y que conforme declara bajo juramento por haberlo así visto y constatado permanecen aún en los campos de propiedad del Sr. Eduardo Cafaro desde el 30 de junio de 2012 (fecha de vencimiento de comodato y entrada en mora del comodatario de los animales) hasta el día de la fecha inclusive ya que el propietario de los semovientes (el mencionado Sr. Cesar Dahl) NO procedió a retirar los mismos...".
Por los motivos expuestos, desestimó la pretensión, con costas al accionante vencido.
II. Apelado dicho pronunciamiento por este último, la Sala I de la Cámara de Apelación departamental revocó lo allí resuelto y estimó procedente la demanda, condenando a Estela Rita Dahl y Liliana Irene Dahl a pagar al actor la suma de USD 86.666,65 cada una, con más intereses (v. fs. 241/260 vta.).
Comenzó por puntualizar -contrariamente a lo sostenido por el magistrado de origen- que conforme lo dispone el art. 2.281 del Código Civil "cuando muchas personas han tomado prestado conjuntamente las mismas cosas, responden solidariamente por la restitución o daños sufridos en ella". De tal modo resaltó que, cuando hay pluralidad de comodatarios conjuntos, estos son solidariamente responsables (v. fs. 247).
En cuanto a los vínculos internos entre los comodatarios señaló que las partes se limitaron a precisar en el negocio que "los semovientes que hoy se encuentran en el predio dado en comodato serán retirados por los 'comodatarios' antes del 30.6.2012" (fs. 31 vta.), o bien como se explicitó en el acta de fecha 18 de junio de 2012, que los comodatarios "reiteran su compromiso de retiro de las 200 cabezas de ganado de su propiedad que aún se encuentran en el inmueble" (fs. 34/35; v. fs. 248 vta.).
Así las cosas, advirtió que si bien de la actuación notarial n° 360 surgía que los cincuenta ejemplares de ganado vacuno que se encontraban en el predio al momento de labrarse el acta tenían marcas identificatorias de propiedad de César José Dahl, dicha prueba -por sí sola- no resultaba eficaz para constituir una presunción a favor de las demandadas (v. fs. 248 vta./255).
A lo dicho, agregó que las interesadas no habían aportado ningún elemento que permitiese caracterizar la mentada divisibilidad de la obligación para contrarrestar con ello la indivisibilidad propuesta en la demanda; señaló también que se infería de la documentación acompañada, específicamente cuando se aludía al "ganado propiedad de los comodatarios", que no habían acreditado la existencia de una marca o señal de ganado registrada a su favor en el Registro Ganadero de la Provincia diferenciada de la de su hermano o de la sociedad que mantenían con este (v. fs. 253/255).
Ante la falta de probanzas sobre los elementos que dieran apoyatura a la divisibilidad propuesta por las accionadas, concluyó que quedaba huérfano de sustento el hecho extintivo alegado de que "nada se debía", siendo que tal actividad probatoria resultaba esencial para admitir su defensa (v. fs. 255 vta.).
Aclarado ello, afirmó que el pago hecho por César Dahl -en el marco de la representación recíproca que cabía suponer existente entre los deudores solidarios para liquidar una deuda común- permitía al actor dirigirse contra sus hermanas para reclamar a cada una la "parte y porción" que le correspondía (v. fs. 256).
Delineado así el marco conceptual, estableció que el accionante no podía pretender de cada codeudor sino el importe de la cuota que le correspondía en el total. En el caso, debía ser en partes iguales pues en la especie nada diferente habían reglado al respecto (v. fs. 255 vta./256 vta.).
Finalmente, desestimó el planteo subsidiario de morigeración y reducción de la multa formulado por las accionadas y fijó los intereses a adicionar al capital de condena (v. fs. 257 vta./259).
III. Frente a ello, las accionadas interpusieron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por medio del cual aducen la violación y errónea aplicación de los arts. 661 del Código Civil; 894 del Código Civil y Comercial de la Nación; 34 inc. 4, 121, 163 inc. 6, 272, 374, 384 y 415 del Código Procesal Civil y Comercial; 14, 17 y 18 de la Constitución nacional, así como de la doctrina legal que citan. Asimismo, alegan la violación del principio de congruencia y el vicio de absurdo en la valoración de la prueba (v. escrito electrónico de fecha 20-V-2020).
Centralmente, cuestionan la decisión de la Cámara que estimó procedente la acción de regreso entablada, sin haber cumplido el actor con la carga legal de acreditar el pago, hecho constitutivo de la demanda (v. pág. 10).
En tal sentido, afirman que en autos existe una simple manifestación de haber realizado un desembolso de una hipotética multa penal por una cifra inmensurable, sin existir un solo elemento que permita inferir la existencia de dicho pago (v. pág. cit.).
A la par, argumentan que el Tribunal de Alzada ha infringido el principio de congruencia, con afectación a sus derechos de defensa y de propiedad (v. pág. 11).
De otro lado, arguyen que el fallo aplicó erróneamente el art. 2.281 del Código Civil, al otorgarle el carácter de solidaria a la obligación contraída en el contrato de comodato y, por ende, a la cláusula penal aquí ejecutada (v. pág. 12).
Al respecto, sostienen que se encuentra acreditado en autos que los semovientes eran propiedad del señor Dahl, destacando que de la exposición notarial realizada el 7 de septiembre de 2012 surge que el ganado vacuno existente en el campo del señor Cafaro tenía marcas identificatorias visibles pertenecientes a César José Dahl y que el propio actor al absolver posiciones reconoció que había animales suyos exclusivamente en el predio (v. págs. 17/19).
IV. El recurso debe prosperar.
IV.1. En efecto, la pieza recursiva bajo estudio contiene una crítica certera sobre una circunstancia relevante a los fines de conmover el fallo en crisis; a saber, el hecho de que la Cámara estimó procedente la acción deducida en autos sin que estuviese debidamente demostrado el pago en el que el actor sustentó su pretensión. Denuncia eficazmente a esos efectos el vicio lógico de absurdo en la apreciación de las pruebas del pago -que reputa inexistentes en relación a dicho extremo- e infracción a las reglas que rigen el onus probandi y la consecuente violación de lo dispuesto en el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial.
IV.2. En tal inteligencia, cabe destacar que el accionante incorporó a la causa a los fines de acreditar dicho extremo el mentado "Acuerdo de pago cancelatorio de multa, subrogación de derechos" con firmas certificadas, de fecha 19 de diciembre de 2012, obrante a fs. 27/29; documento que fue expresamente desconocido tanto en su aspecto formal como material por las accionadas.
Ningún otro elemento de convicción fue arrimado a la causa. Más aún, a fs. 183 el actor desistió de la prueba testimonial (testigos Cafaro y Larsen).
Frente a tal orfandad probatoria, entiendo que el documento presentado por el actor -suscrito por él y el señor Cafaro- resulta insuficiente para acreditar el extremo invocado. Ello por diferentes razones.
En primer lugar, porque a diferencia de los instrumentos públicos el documento privado no goza de presunción de autenticidad (art. 993 y concs., Cód. Civ.) y, por tanto, como las demandadas no participaron en dicho acto el mismo les es inoponible.
Luego, pues la certificación de las firmas puestas al pie del documento no modifica la naturaleza jurídica del instrumento y no eleva a la categoría de instrumento público al privado.
En suma, si bien dicho acuerdo constituye un indicio o presunción acerca del hecho invocado, el actor debió acompañar otros elementos de prueba para formar la convicción de los jueces sobre el punto.
En tal sentido, resulta llamativo el desistimiento de la prueba testimonial ofrecida por el accionante, toda vez que la declaración del señor Cafaro en las presentes actuaciones hubiera sido de vital importancia para dar cuenta del pago alegado.
Asimismo, y en atención a la importante suma de dinero que se denuncia abonada en concepto de multa –USD 260.000- y por los efectos que dicho pago tenía en relación a terceros, el actor debió extremar los recaudos al momento de cumplir con dicha obligación (v.gr. efectuar el pago ante escribano público; contar con constancias bancarias; pago de impuestos; etc.) a los fines de poder acreditar luego el desembolso de dicha suma de dinero frente a las accionadas.
Nada de ello ocurrió.
IV.3. Sabido es que el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial dispone que cada parte tiene el deber de probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como basamento de su pretensión, defensa o excepción.
Con ello, podemos definir que, si el actor pretendía demostrar el hecho constitutivo de la acción, debía acompañar los instrumentos respaldatorios tendientes a acreditar tal extremo (conf. doctrina causas C. 94.347, "Escudo de armas SRL", sent. de 23-IV-2008; C. 103.653, "Fassina", sent. de 7-X-2009; mi voto en C. 102.648, "Giunta", sent. de 18-V-2011; e.o.).
Sin embargo, la atenta lectura del expediente deja ver que el accionante no ha dado cumplimiento a dicha carga.
Si bien se encargó de aportar un documento que refiere ser el acuerdo de pago celebrado entre el comodante y el actor, lo cierto es que frente al desconocimiento efectuado por la parte demandada aquel no ejerció actividad útil tendiente a comprobar su veracidad.
En suma, como acertadamente lo pone de manifiesto la pieza recursiva en tratamiento, tal modo de resolver importó una absurda valoración de la prueba producida en el expediente, debiéndose hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto (art. 289, CPCC).
Los fundamentos hasta aquí expuestos abastecen la solución que propicio, sin que sea necesario abordar otros argumentos que se pudieron desarrollar en el recurso que dejo examinado.
V. Por tales motivos, habiéndose demostrado el vicio del razonamiento en la actividad del sentenciante, corresponde hacer lugar al recurso traído y, en consecuencia, rechazar la acción incoada.
Costas de todas las instancias a la actora, en su condición de vencida (arts. 68, arg. 274 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctor Torres, Soria y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y, en consecuencia, se revoca el pronunciamiento apelado, desestimándose la demanda. Las costas de todas las instancias se imponen a la actora, en su condición de vencida (arts. 68, arg. 274 y 289, CPCC).
El depósito previo efectuado (v. escritos electrónicos de fecha 8-VI-2020 y 2-XI-2020) deberá restituirse al interesado (art. 293, Cód. cit.).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/09/2022 17:06:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/09/2022 10:50:55 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/09/2022 11:57:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/09/2022 20:07:55 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/09/2022 11:55:59 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 30/09/2022 12:15:18 hs. bajo el número RS-16-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia