Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 126429
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente para continuar interviniendo en estos obrados al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°13 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
C. 126.429 "AUTOMOTO SUR S.A. C/ TEJERINA ROLDÁN PAULA GABRIELA Y OTROS S/ COBRO EJECUTIVO"
I. La firma Automoto Sur SA -actuando por medio de apoderado- demandó el 14 de septiembre de 1995, ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°13 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora a la señora Paula Gabriela Tejerina Roldán y al señor Carlos Alberto Lunardi por cobro ejecutivo de seis pagarés, en los que se estableció como lugar de pago la localidad de Banfield. Asimismo, denunció -en esa oportunidad- que la ejecutada se domiciliaba en Lanús y el coejecutado en Capital Federal (v. Sist. Augusta, trámite: "Vista fiscalía/se provee", de fecha 31-VIII-2022 y "Automoro.pdf").
La magistrada ordenó la citación requerida, arrojando resultado positivo con respecto de Tejerina Roldán, solicitando nuevo mandamiento con relación a Lunardi, como así también la traba de embargo en el Registro de la Propiedad Inmueble, conforme el título que se acompañó (v. trámite: "Copia de escrito en papel...", de fecha 25-IV-2023 y PDF adjs.).
Luego, la accionante presentó convenio de pago suscripto con la ejecutada y el señor Ángel José Román -domiciliado en Valentín Alsina, partido de Lanús- y solicitó su homologación (v. trámites: "Vista fiscalía/se provee", de fecha 31-VIII-2022, "Automoro.pdf", págs. 35/36 y "Proveído", de fecha 15-V-2017).
A continuación, se presentó el señor Román, desconoció la firma del convenio y, en forma subsidiaria, interpuso excepción de prescripción. Corrido y contestado el traslado de dicha presentación, se abrió a prueba la incidencia (v. trámites: "Vista fiscalía/se provee", de fecha 31-VIII-2022 y "Autonotores.pdf", "Despacho simple" de fecha 2-XI-2018, "Escrito electrónico", de fecha 7-XI-2018, "Despacho simple", de fecha 9-XI-2018, "Escrito electrónico", de fecha 13-XII-2018, "Auto de apertura a prueba excepciones", de fecha 27-XII-2018).
El magistrado, advirtiendo que el señor Román no fue demandado en autos, requirió que se aclare el carácter del mismo. La actora señaló que firmó como garante del acuerdo presentado (v. trámites: "Audiencia se fija", de fecha 19-IX-2019, "Copia de escrito en papel...", de fecha 28-IX-2019). Conforme a lo expuesto, el órgano ordenó a la parte ejecutante que opte por homologar el convenio de mención o proseguir la ejecución contra Tejerina y Lunardi (v. trámites: "Proveído", de fecha 8-X-2019).
Seguidamente la accionante expresó que continuaba con la homologación pretendida, desistiendo de la acción respecto al señor Lunardi, renunciando a continuar en su contra, una vez homologado el acuerdo (v. trámites: "Copia de escrito en papel....", de fecha 2-XI-2019; "Téngase presente", de fecha 12-XI-2019; "Copia de escrito en papel...", de fecha 30-XI-2019; "Téngase presente", de fecha 4-XII-2019; "Escrito presentado", de fecha 11-XII-2019 y "Previo a proveer cúmplase", de fecha 18-XII-2019).
Transcurrido un lapso prolongado de tiempo, la parte actora solicitó que se tenga al señor Román por desistido con relación al desconocimiento de planteado y, en consecuencia, que se homologue el convenio anexado (v. trámite: "Manifestación formula", de fecha 2-III-2021). Asimismo, con respecto al señor Lunardi se ordenó cédula bajo responsabilidad de parte a fin de notificar el traslado del desistimiento efectuado (v. trámites: "Vista traslado se confiere", de fecha 4-III-2021, "Cédula solicita se libre nueva", de fecha 14-IX-2021 y "Cédula solicita se provee", de fecha 17-IX-2021)
A continuación, el titular se declaró incompetente para seguir actuando, en la inteligencia de que la relación habida entre las partes es de consumo y se encuentra regulada por la ley 24.240. En tal virtud, surgiendo de los registros informáticos del RENAPER -que en PDF acompañó- que los domicilios de los accionados Tejerina Roldán y Lunardi se encuentran ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el del señor Román en Ramos Mejía, partido de La Matanza, consideró que correspondía -por imperio del art. 36 de la citada ley- la intervención del juez del domicilio real de este último. Y citó -en apoyo de su postura- el precedente de esta Corte "Cuevas" (C. 109.305, resol. de 1-IX-2010). En consecuencia, remitió los presentes a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de La Matanza, a fin del sorteo del juzgado que deberá intervenir (v. trámites "Competencia se resuelve", de fecha 29-VI-2022 y PDF adjs. y "Receptoría oficio solicitando", de fecha 11-VIII-2022).
Recibidos, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°4, con asiento en San Justo, de dicho departamento judicial, que resultó sorteado (v. trámite: "Receptoría oficio de respuesta", de fecha 16-VIII-2022) -previo a proveer lo requerido por el ejecutante, que acompaño cédula debidamente diligenciada a Lunardi y reiteró el pedido de tener por desistido a Román del desconocimiento de firma (v. trámite: "Cédula diligenciada acompaña", de fecha 26-VIII-2022 y "tejerina+cedula+diligenciada.pdf")- dio vista al agente fiscal ("Vista contesta", de fecha 26-X-2022) y no aceptó la atribución endilgada. Ello, con fundamento en que -sin desconocer la doctrina legal elaborada por este Tribunal- no se dan en este caso, los supuestos que permitan desplazar la competencia ya atribuida al preventor. Manifestó que en los presentes obrados se encuentra precluida la oportunidad para decretar la incompetencia y que, si bien no quedaban dudas que se trataba de una operación de crédito para el consumo, recién en el año 2022 el magistrado advirtió que correspondía la aplicación de las normas consumeriles. Y agregó que, el señor Román se presentó en autos y no efectuó cuestionamiento con relación a la competencia atribuida y que la señora Tejerina Roldán no tendría su domicilio dentro de su jurisdicción. Así, entendiendo que no existen elementos serios que permitan justificar su competencia, devolvió los autos al remitente (v. trámite: "Competencia se resuelve", de fecha 11-XI-2022).
Girados, el órgano preventor mantuvo su postura y, atento al conflicto negativo de competencia suscitado, los elevó a esta Corte (v. trámite: "Competencia se resuelve", de fecha 21-XII-2022 y PDF adjs. y "Pase a", de fecha 22-III-2023).
Tal el conflicto a dirimir (art. 161, inc. 2, Const. prov.).
II. Este Tribunal resolvió, en el mencionado precedente "Cuevas", que los jueces se encuentran autorizados a declarar de oficio la incompetencia territorial a partir de la constatación (mediante elementos serios y adecuadamente justificados) de la existencia de una relación de consumo a las que se refiere el art. 36 de la ley 24.240 modif. por ley 26.361 (conf. causa C. 118.111, "U.O.L.E. S.A", resol. de 29-IV-2015). Y que la doctrina que fluye de este precedente no se cristaliza en una solución establecida por esta Corte para fijar en forma previa el organismo que deberá conocer en la causa. Diversamente, emplaza al juez en la situación de analizar, en cada proceso en particular, la eventual existencia de una relación sustancial de consumo. De allí que la respectiva competencia territorial queda sujeta, en principio, al resultado de tal evaluación (causas C. 121.094, "Asociación Mutual 4 de marzo de Empleados Públicos", resol. de 26-X-2016; C. 121.514, "Banco de la Ciudad de Buenos Aires", resol. de 23-V-2017 y C. 121.989, "Radio Sapienza S.A.C.I.I.", resol. de 22-XI-2017).
III. Sin embargo, en el presente caso, la ejecutada Tejerina Roldán ha suscripto el convenio que se pretende homologar y el señor Román -denunciado como garante del citado acuerdo- se ha presentado en autos, desconociendo su firma y oponiendo excepción de prescripción, es decir, ambos pudieron presentarse y ejercer su derecho de defensa. Asimismo, la accionante ha desistido de la acción con relación al codemandado Lunardi. De allí que, más allá de la relación de consumo invocada por el juez que previno y el orden público de las normas en la que funda su inhibitoria, la protección derivada del art. 36 de la ley 24.240 no encuentra suficiente sustento en este estadio procesal (v. Sist. Augusta, trámites: "Vista fiscalía/se provee", de fecha 31-VIII-2022, Automoro.pdf, págs. 35/36, autonotores.pdf; "Copia de escrito en papel...", de fecha 30-XI-2019 y "Manifestación formula", de fecha 2-III-2021).
En línea con lo expuesto y dadas las circunstancias referidas, la inhibitoria del órgano que previno deviene inviable por preclusión (C. 118.917, "Rodríguez", resol. de 17-VI-2015; C. 119.519, "Rodríguez", resol. de 9-IX-2015; C. 118.943, "Rodríguez", resol. de 9-IX-2015 y C. 119.462, "Rodríguez", resol. de 9-IX-2015), correspondiendo -en consecuencia- devolver las actuaciones al juzgado de Lomas de Zamora para que continúe con su tramitación.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente para continuar interviniendo en estos obrados al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°13 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
Regístrese y hágase saber por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y remítase por la vía correspondiente.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/10/2023 14:00:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/10/2023 14:37:01 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/10/2023 08:30:52 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/11/2023 20:46:33 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/11/2023 14:13:20 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/11/2023 13:59:39 hs. bajo el número RR-704-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia