Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 126057
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente para intervenir en las presentes actuaciones al Juzgado en lo Civil y Comercial n° 4 del Departamento Judicial de San Isidro.
C. 126.057 "SIRELLO MATÍAS EMMANUEL C/ ROBLES DANIELA DE LOS MILAGROS S/ COBRO EJECUTIVO"
I. El señor Matías Emmanuel Sirello promovió ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 11 del Departamento Judicial de General San Martín demanda ejecutiva contra la señora Daniela de los Milagros Robles. En el contrato de mutuo acompañado, se fijó el domicilio de la deudora en calle El Salvador n° 377 de El Talar, partido de Tigre; como lugar de pago, el domicilio del ejecutante en calle Zubiría n° 4245 de la localidad de José C. Paz, partido del mismo nombre y las partes acordaron someterse a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de General San Martín. Asimismo, por desconocer si el domicilio de la deudora denunciado seguía vigente, el accionante solicitó libramiento de oficio al RENAPER, la preparación de la vía ejecutiva y el dictado de una medida cautelar -embargo- (v. Sist. Augusta, trámite: "Demanda se presenta", de fecha 17-III-2022, demanda+contratopdf).
A continuación, previa vista al agente fiscal, el magistrado se inhibió de entender en estos obrados, en la inteligencia de que la relación habida entre las partes es de consumo. Especificó que surge de la consulta de la Mesa de Entradas Virtual que el ejecutante tiene iniciados por ante el fuero Civil y Comercial de General San Martín numerosos procesos ejecutivos, lo cual permite inferir que ejerce una actividad dedicada al financiamiento u otorgamiento de créditos para consumo, en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor. En tal virtud, y dado que surge de la demanda y del contrato de mutuo que el domicilio de la accionada se ubica en la localidad de El Talar, San Isidro -extremo corroborado por la consulta efectuada al RENAPER-, esto es, fuera de su jurisdicción, consideró que corresponde -por imperio del art. 36 de la citada ley- la intervención del juez del domicilio real de la ejecutada. Citó -entre otros y en apoyo de su postura- el precedente de esta Corte "Cuevas" (C. 109.305, resol. de 1-IX-2010). En consecuencia, remitió los presentes a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de San Isidro (v. trámites: "Previo a proveer/cúmplase", de fecha 23-III-2022; "Agente fiscal presenta dictamen", de fecha 30-III-2022 y "Competencia-se resuelve", de fecha 1-IV-2022).
A su turno, su par n° 4 de ese lugar, repelió la atribución conferida, al ponderar que no se evidencian elementos serios que ameriten la existencia de una relación de consumo entre las partes, ya que se trata de un contrato de mutuo entre particulares. Agregó que, para considerar que una persona física o jurídica es un consumidor hay que estarse al destino final que le otorga al bien o servicio adquirido, no surgiendo dicha circunstancia de las constancias de los presentes. Finalmente, devolvió los autos al preventor (v. trámite: "Competencia-se resuelve", de fecha 30-V-2022), quien mantuvo su criterio y elevó las actuaciones a esta Corte (v. trámite: "Competencia se resuelve", de fecha 27-IX-2022).
Tal el conflicto a dirimir (art. 161, inc. 2, Const. prov.).
II. Este Tribunal resolvió, en el citado precedente "Cuevas", que los jueces se encuentran autorizados a declarar de oficio la incompetencia territorial a partir de la constatación (mediante elementos serios y adecuadamente justificados) de la existencia de una relación de consumo a las que se refiere el art. 36 de la ley 24.240 modif. por ley 26.361 (conf. causa C. 118.111, "U.O.L.E.S.A.", resol. de 29-IV-2015). Y que la doctrina que fluye de este precedente no se cristaliza en una solución establecida por esta Corte para fijar en forma previa el organismo que deberá conocer en la causa. Diversamente, emplaza al juez en la situación de analizar, en cada proceso en particular, la eventual existencia de una relación sustancial de consumo. De allí que la respectiva competencia territorial queda sujeta, en principio, al resultado de tal evaluación (causas C. 119.353, "Bazar Avenida S.A.", resol. de 11-XI-2015; C. 120.613, "Asociación Mutual Amarilla de Trabajadores", resol. de 30-III-2016; C. 121.094, "Asociación Mutual 4 de Marzo de Empleados Públicos", resol. de 26-X-2016; C. 121.514, "Banco de la ciudad de Buenos Aires", resol. de 23-V-2017; C. 121.989, "Radio Sapienza S.A.C.I.I.", resol. de 22-XI-2017; C. 122.374, "HSBC Bank Argentina S.A.", resol. de 18-IV-2018; C. 122.995, "Fideicomiso Financiero Privado Yatasto", resol. de 7-III-2019).
En línea con lo expuesto, cabe señalar que la inhibición oficiosa del órgano que previno, fundada en el art. 36 de la ley 24.240, hizo alusión a la presunta actividad de la ejecutante, tuvo para ello en consideración la multiplicidad de procesos de idéntico tenor que inició el ejecutante -conforme surge de la MEV- pudiendo presumir que la actividad desarrollada lo es de manera profesional e incluye el otorgamiento de préstamos- y que el demandado es una persona física destinataria final del crédito, elementos que enmarcan en los principios que concurren en la construcción de la doctrina de la causa C. 109.305 "Cuevas", resol. de 1 de septiembre de 2010 (causas C. 121.020, "Amorese International Corp.", resol. de 26-X-2016; C. 121.840 "Banco de la Ciudad de Buenos Aires", resol. de 13-IX-2017, C. 123.888, "Finvert SRL", resol. de 27-V-2020; e.o.).
Con apoyo en tales circunstancias, ponderando que el citado art. 36 impide la prórroga de jurisdicción en perjuicio del usuario e impone que las controversias respectivas tramiten ante los tribunales más próximos a éste, y considerando el domicilio denunciado en la demanda, coincidente con el consignado en el contrato base del presente proceso y con lo que surge de las constancias informáticas del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), conforme la consulta efectuada por este Tribunal, en los términos de la Resolución 975/2021 (v. trámite: "Observación", de fecha 22-XII-2022, adj. "C 126057 INFORME RENAPER.pdf", aplicativo "MI PORTAL" de la SCBA), debe declararse hábil para conocer en estos obrados al magistrado con competencia territorial en el Departamento Judicial de San Isidro.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente para intervenir en las presentes actuaciones al Juzgado en lo Civil y Comercial n° 4 del Departamento Judicial de San Isidro.
Regístrese y hágase saber por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y remítase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/02/2023 16:39:13 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2023 14:13:42 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2023 15:33:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/02/2023 09:03:50 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2023 11:58:01 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/02/2023 12:54:05 hs. bajo el número RR-42-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia