Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 126127
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente para continuar interviniendo en estos obrados al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza, con asiento en San Justo.
C. 126.127 "DARMAS S.A. C/ MONJE LORENA VANESA S/ COBRO EJECUTIVO"
I. La firma Darmas S.A. -actuando por medio de apoderado- demandó ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 3 del Departamento Judicial de General San Martín a la señora Lorena Vanesa Monje por cobro ejecutivo de un pagaré, en el que se estableció el lugar de pago en calle Liniers n° 1994 de General San Martín. Asimismo, denunció -en esa oportunidad- que la ejecutada se domiciliaba en calle Mariano Moreno n° 1998 de la localidad de San Andrés y solicitó la traba de embargo sobre sus haberes (v. Sist. Augusta, trámite: "Acompaña escrito se provee", de fecha 10-XII-2018 y sus pdf adjs.).
El magistrado ordenó el libramiento del pertinente mandamiento de intimación de pago y, además, decretó la medida cautelar peticionada (v. trámite: "Primer despacho/se provee", de fecha 6-XII-2018).
La primera de dichas diligencias fracasó en varias oportunidades y en distintos domicilios que denunció el accionante (v. trámites: "Mandamiento solicita", de fecha 5-IV-2019; "Mandamiento solicita", de fecha 31-V-2019; "Agréguese, líbrese nuevo mandamiento", de fecha 21-VI-2019; "Mandamiento nuevo solicita", de fecha 20-XII-2019, y su adj. "065429.pdf"). Luego, el actor acompañó informe de la Cámara Nacional Electoral, del que surge que la ejecutada reside en la calle Luis María Drago n° 469 PB, de la localidad de Rafael Castillo, partido de La Matanza (v. trámite: "Mandamiento nuevo solicita", de fecha 20-XII-2019, adj. "065433.pdf"). Finalmente, el nuevo mandamiento fue efectivamente diligenciado con habilitación de días y horas en dicha locación (v. trámites: "Agréguese líbrese nuevo mandamiento", de fecha 3-II-2020; "Informe por mandamiento y/o notificaciones", de fecha 11-VIII-2021 pdf adj.; "Mandamiento nuevo solicita", de fecha 11-VIII-2021; "Mandamiento nuevo solicitado se provee", de fecha 13-VIII-2021; "Mandamiento electrónico", de fecha 25-X-2021, pdf adj.).
A continuación, atento al estado de autos, el ejecutante requirió el dictado de sentencia (v. trámite: "Sentencia solicita", de fecha 24-VIII-2022) y, previa vista al señor agente fiscal (v. trámite: "Agente fiscal presenta dictamen", de fecha 2-IX-2022), el magistrado se inhibió de continuar interviniendo. En efecto, valorando el domicilio de la deudora en la localidad de Rafael Castillo, entendió pertinente remitir las actuaciones al Juzgado en lo Civil y Comercial que por turno corresponda del Departamento Judicial de La Matanza, conforme lo normado por el art. 36 de la ley 24.240. Citó, en apoyo a su postura, el precedente de esta Corte "Cuevas" (C. 109.305, resol. de 1-IX-2010; v. trámite: "Competencia se resuelve" de fecha 6-IX-2022).
A su turno, su par n° 5 de esa jurisdicción -que fue desinsaculado- rehusó la atribución conferida (v. trámite: "Receptoría - oficio respuesta" de 21-IX-2022). Ello, con sustento en que la declinatoria resultó manifiestamente extemporánea. Agregó que, del análisis de las actuaciones, surge que se han dictado medidas que implicaron el ejercicio pleno de su jurisdicción, por lo que -a su entender-, no es oportuno que, después de casi cuatro años, declare su incompetencia, cuando ha sido el juez natural en estos obrados. En tal virtud, devolvió los autos al remitente (v. trámite: "Competencia se resuelve", de fecha 5-X-2022), quien mantuvo sus fundamentos y, finalmente, los elevó a este Tribunal (v. trámites: "Interlocutoria registrable", de fecha 18-X-2022 y "Pase a", de fecha 26-X-2022).
Tal el conflicto a dirimir (art. 161, inc. 2, Const. prov.).
II. Este Tribunal resolvió, en el citado precedente "Cuevas", que los jueces se encuentran autorizados a declarar de oficio la incompetencia territorial a partir de la constatación (mediante elementos serios y adecuadamente justificados) de la existencia de una relación de consumo a la que se refiere el art. 36 de la ley 24.240.
Según se aprecia, no obstante, la prohibición legal de debatir aspectos ajenos al título en los procesos ejecutivos (conf. art. 542 inc. 4°, CPCC), la obligatoriedad dimanada de la mencionada doctrina legal vino a imponer a los jueces el deber de indagar la faz causal del reclamo, en orden a determinar la competencia por razón del territorio.
En la hipótesis de constatar -en base a la ponderación de extremos serios y justificados- la existencia de una relación sustancial de consumo subyacente en la ejecución, deben los mismos resolver -aún de oficio- en concordancia con lo establecido en el art. 36 de la referida Ley de Defensa de Usuarios y Consumidores. Caso contrario, corresponderá remitirse a los restantes preceptos generales o especiales concernientes a la materia.
En pocas palabras, la doctrina que fluye del citado precedente no se cristaliza en una solución establecida por esta Corte para fijar al inicio el organismo que deberá conocer en la causa. Diversamente, emplaza al juez en la situación de analizar, en cada proceso en particular, la eventual existencia de una relación sustancial de consumo. De allí que la respectiva competencia territorial queda sujeta, en principio, al resultado de tal evaluación.
En línea con lo expuesto, en los términos en que se ha trabado el presente conflicto de competencia, cabe señalar que la circunstancia de haber emitido el órgano jurisdiccional los actos procesales que dictó (despacho disponiendo la intimación de pago, traba de embargo, la citación para oponer excepciones, ordenando a tal efecto el libramiento del correspondiente mandamiento, diligencia que se cumplió debidamente), no impiden su ulterior declaración de incompetencia -aún de oficio- en tanto la misma viene fundada en el art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor y se practica invocando la habilitación que emerge de la doctrina de la causa C. 109.305 "Cuevas", resol. de 1 de septiembre de 2010 (conf. C. 119.166, "Rodríguez", resol. de 11-II-2016; C. 121.020, "Amorese International Corp.", resol. de 26-X-2016; C. 121.285, "Crédito Para Todos S.A.", resol. de 28-XII-2016; C. 121.422, "Colmi S.A.", resol. de 5-IV-2017; C.122.765, "Total Support S.A.", resol. de 17-X-2018; C. 125.007, "Pilman S.A.", resol. de 24-VIII-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente para continuar interviniendo en estos obrados al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza, con asiento en San Justo.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y remítase por la vía correspondiente.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/03/2023 10:16:41 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2023 14:15:13 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2023 16:08:52 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/03/2023 13:00:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/03/2023 12:48:12 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/03/2023 13:33:10 hs. bajo el número RR-67-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia