Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 127654
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar prematura la elevación de la causa, correspondiendo -en este estadio- la remisión al Juzgado en lo Civil y Comercial n°11 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, para que continúe su intervención.
C. 127.654 "ÁLVAREZ GUSTAVO ALBERTO C/ PALACIOS BERNARDO HORACIO Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO"
I. El señor Gustavo Alberto Álvarez demandó, ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°5 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús -con asiento en Lanús- al señor Bernardo Horacio Palacios, domiciliado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al señor Jorge Horacio Paz, con domicilio en la localidad de Escobar, por cobro ejecutivo, con base en siete pagarés y un contrato de mutuo (v. Sist. Augusta, trámites: "Documentación-acompaña", de fecha 5-X-2021, PDF adjs. y "Deja nota", de fecha 25-XI-2021 y PDF adj.).
A continuación, la jueza se declaró incompetente para intervenir. Argumentó para ello que en el contrato de mutuo acompañado -base de la presente ejecución- se advierte que las partes pactaron en la cláusula décimo primera someterse a la jurisdicción de los tribunales ordinarios en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, con renuncia expresa a todo otro fuero o jurisdicción. Así, con base en lo establecido por los arts. 958, 962 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, remitió los presentes a la Receptoría General de Expedientes de dicho departamento judicial, a fin del sorteo de rigor. Acto seguido, el accionante prestó conformidad con lo así decidido (v. trámites: "Competencia-se resuelve", de fecha 2-XII-2022 y "Escrito presentado", de fecha 11-IV-2022).
El Juzgado del mismo fuero y grado n°11 de Lomas de Zamora que resultó desinsaculado (v. trámite: "Oficio recibido", de fecha 7-VI-2022), en consonancia con lo dictaminado con el señor agente fiscal, no aceptó la atribución conferida. Ello, con sustento en que la relación que une a las partes es de consumo, en los términos de los arts. 1, 2, 3 y 36 de la ley 24.240, resultando aplicable -a su modo de ver- lo dispuesto por esta Corte en el precedente "Cuevas" (C. 109.305, resol. de 1-IX-2010). En ese sentido explicó que, por ser una norma de orden público, debe prevalecer frente a cualquier acuerdo o convención realizada por particulares. De allí que, considerando que el domicilio de uno de los accionados se encuentra en el partido de Escobar, concluyó que debe intervenir el juez de ese lugar. En consecuencia, giró los presentes a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de Zárate-Campana (v. trámites: "Agente Fiscal/presenta dictamen", de fecha 14-IX-2022 y "Competencia-se resuelve", de fecha 27-IX-2022).
Recibidos, la titular del Juzgado n°1 de Zárate-Campana -con asiento en Campana- consideró que, dado el domicilio denunciado del señor Paz, debe entender el Jugado de Paz Letrado de Escobar, órgano al cual remitió los actuados (v. trámite: "Competencia-se resuelve", de fecha 15-XII-2022).
La magistrada del Juzgado de Paz requerida -sin perjuicio de lo dictaminado por la señora agente fiscal (v. trámite: "Vista-contesta", de fecha 19-X-2023)- repelió la competencia atribuida. En efecto, señaló que no se encuentra acreditada la relación de consumo entre las partes y devolvió los autos al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°11 de Lomas de Zamora, que mantuvo su postura y -atento a la contienda negativa de competencia- los elevó a esta Corte (v. trámites: "Competencia-se resuelve", de fecha 27-IX-2022 "Competencia-se resuelve", de fecha 7-XII-2023 y "Pase a", de fecha 6-II-2024).
Tal el conflicto a dirimir (art. 161, inc. 2, Const. prov.).
II. Al respecto es de señalarse que la aplicación del precedente "Cuevas" de esta Corte a los conflictos suscitados entre órganos jurisdiccionales del ámbito de la Provincia de Buenos Aires, en modo alguno libera al magistrado de primera instancia de fundar adecuadamente su decisión, subsumiendo las circunstancias de la causa en la doctrina legal a aplicar. Y así, recién entonces, en la hipótesis de constatar -en base a la ponderación de extremos serios y justificados- la existencia de una relación sustancial de consumo subyacente en la ejecución, deben los jueces resolver -aún de oficio- en concordancia con la solución establecida en el art. 36 de la mencionada Ley de Defensa de Usuarios y Consumidores. Caso contrario, corresponderá remitirse a los restantes preceptos generales o especiales concernientes a la materia (conf. C. 109.305 "Cuevas", resol. de 1-IX-2010; y C. 119.166, "Rodríguez", resol. de 11-II-2016, entre muchos otros).
En pocas palabras, la doctrina que fluye del citado precedente "Cuevas" no se cristaliza en una solución establecida por esta Corte para fijar en forma previa el organismo que deberá conocer en la causa. Diversamente, emplaza al juez en la situación de analizar, en cada proceso en particular, la eventual existencia de una relación sustancial de consumo. De allí que la respectiva competencia territorial queda sujeta, en principio, al resultado de tal evaluación (conf. C. 119.166, cit.; C. 120.591, "Valle", resol. de 30-III-2016; C. 122.778, "Atenko S.A.", resol. de 26-IX-2018; C. 122.674, "Vassaro", resol. de 28-XI-2018 y C. 123.636, "Banco Santander Rio SA", resol de 26-II-2020).
Lejos de dicha labor y del análisis concreto del caso, la invocación del referido precedente y del art. 36 de la ley 24.240, en que sustentara la inhibitoria decretada (v. Sist. Augusta, trámite: "Competencia-se resuelve", de fecha 27-IX-2022), luce meramente dogmática e inidónea para desprenderse oficiosamente de la competencia -en este estadio de la causa- sin aguardar la incorporación de un mayor detalle de la magnitud y calidad de las operaciones celebradas entre ambas partes, con virtualidad para ilustrar más certeramente la naturaleza jurídica del vínculo establecido entre las mismas (doctr. causas C. 121.018, "Dirassar", resol. de 26-X-2016; C. 122.427, "Fideicomiso", resol. de 4-VII-2018 y C. 123.527, "Lemhofer", resol. de 6-XI-2019).
Ahora bien, en las particulares circunstancias de autos y en esta etapa del proceso, dado el carácter prorrogable de la competencia territorial en asuntos exclusivamente patrimoniales y valorando el consentimiento expreso del accionante frente a la inhibitoria de la jueza de Lanús que previno, decisión que no ha sido cuestionada por las magistradas intervinientes en la presente contienda (v. trámites: "Competencia-se resuelve", de fecha 2-XII-2022; "Escrito presentado", de fecha 11-IV-2022; "Competencia-se resuelve", de fecha 27-IX-2022 y "Competencia-se resuelve" de 7-XII-2023), corresponde la devolución de la causa -para continuar su abordaje en los términos señalados- al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°11 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar prematura la elevación de la causa, correspondiendo -en este estadio- la remisión al Juzgado en lo Civil y Comercial n°11 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, para que continúe su intervención.
Regístrese y hágase saber por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y remítase por la vía correspondiente.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/05/2024 11:42:24 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2024 13:02:39 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/05/2024 11:59:05 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/06/2024 11:42:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/06/2024 11:57:41 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 26/06/2024 11:25:41 hs. bajo el número RR-397-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia