Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por . a fin de reducir el capital de condena a la suma de PESOS DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($16.418.324,92), con más los intereses establecidos en la sentencia recurrida.
2Modificar la imposición de costas de primera instancia, distribuyéndolas en un 95% a cargo de la demandada y un 5% a cargo de la actora, y confirmar la sentencia en todo lo demás que ha sido materia de agravios.
3Imponer las costas de alzada en un 95% a cargo de la demandada y un 5% a cargo de la actora (art. 57 de la Ley XIV N° 1).
4Regular, por las tareas cumplidas en esta instancia, los honorarios del Dr. en el 5,48% y los de los Dres. y , en conjunto, en el 2,91%, en ambos casos calculados sobre el monto del proceso y con más el IVA de corresponder.
En la ciudad de Trelew, a los 16 días de noviembre del año dos mil veintiséis, se reúne la “Sala 3” de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia de la Dra. Natalia Isabel Spoturno y la presencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Sergio Rubén Lucero, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ . s/ Cobro de haberes e indem. de ley”
(Expte. Nro. 621 - Año 2026 CAT), venidos en apelación y expedirse en orden al sorteo practicado. La Magistrada y el Magistrado resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
I. A LA PRIMERA CUESTIÓN, la Dra. Natalia Isabel Spoturno dijo:
1. Mediante sentencia definitiva nº 271/2026, de fecha 20 de agosto de 2026, el juez de refuerzo del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Rural y de Minería de Rawson hizo lugar a la demanda promovida por contra . y condenó a esta última a abonar la suma de $17.923.574,86 con más intereses y costas. Para así decidir, tuvo por acreditado que la relación laboral se inició el 16 de noviembre de 2017, conforme surgía de la información remitida por ARCA y de las declaraciones testimoniales. Consideró que los períodos de inactividad propios del trabajo de temporada no interrumpían la continuidad del vínculo, por tratarse de un contrato por tiempo indeterminado de prestación discontinua. En consecuencia, reconoció una antigüedad de seis años, cuatro meses y cuatro días, equivalente a siete períodos indemnizatorios.
Seguidamente, examinó las dos conductas invocadas por la empleadora para justificar el despido dispuesto el 19 de marzo de 2024 y concluyó que ninguna revestía entidad suficiente para configurar una injuria en los términos del art. 242 de la LCT. En cuanto al retiro de dos kilogramos de langostinos, señaló que, si bien la trabajadora había reconocido el hecho, la prueba testimonial acreditaba que existía una práctica histórica de retiro de pequeñas cantidades de productos para consumo personal, tolerada por la empresa. Aunque dicha práctica había sido posteriormente restringida, consideró que no se había demostrado que la prohibición hubiera sido comunicada efectivamente a la actora. Ponderó, además, su antigüedad, la ausencia de antecedentes disciplinarios y la escasa entidad económica de la mercadería retirada.
Respecto del procesamiento y sellado de calamar, valoró las declaraciones testimoniales, particularmente las del jefe de planta y de la responsable de control de calidad, de las que extrajo que el establecimiento utilizaba una misma máquina selladora para distintas especies y que el procedimiento no implicaba contacto directo con el producto. Entendió que el riesgo de contaminación cruzada alegado por la demandada no <PER_1> <TEXTO_1> había sido suficientemente acreditado, destacando la inexistencia de consecuencias sanitarias concretas o intervenciones sancionatorias del SENASA.
Sobre esa base, juzgó que las conductas atribuidas a la trabajadora podían, a lo sumo, justificar una sanción disciplinaria menor, pero no la extinción del vínculo. Consideró, por ello, que el despido había resultado desproporcionado y contrario a los principios de buena fe y conservación del contrato de trabajo.
En relación con los recargos indemnizatorios reclamados, declaró la inconstitucionalidad de las derogaciones dispuestas por el DNU 70/2023, por entender que no se encontraban reunidos los presupuestos excepcionales exigidos por el art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional. Asimismo, descartó la aplicación temporal de la Ley 27.742, por haber entrado en vigencia con posterioridad al distracto, y rechazó la aplicación retroactiva de la ley más benigna invocada por la demandada.
En consecuencia, admitió el incremento previsto en el art. 2 de la Ley 25.323, al considerar acreditada la intimación de pago y la necesidad de promover el juicio para obtener las indemnizaciones. También hizo lugar a la indemnización del art. 80 de la LCT, por entender que la documentación puesta a disposición de la trabajadora contenía datos incorrectos sobre su antigüedad y que no se había acreditado su entrega efectiva. A los fines de la liquidación, fijó como mejor remuneración mensual, normal y habitual la suma de $1.003.499,96, correspondiente a enero de 2024, incluyendo los conceptos liquidados como no remunerativos. Excluyó el SAC sobre la indemnización por antigüedad y descontó los pagos acreditados por la demandada, por un total de $446.422.
Finalmente, dispuso aplicar al capital de condena los intereses previstos en el art. 55 de la Ley 27.802, con capitalización desde la notificación de la demanda conforme al art. 770 inc. b del CCyC, e impuso las costas a la demandada vencida.
2. Contra dicho pronunciamiento, la demandada interpuso recurso de apelación mediante presentación ID 2486249 y expresó agravios mediante escrito ID 2493856 solicitando la revocación de la sentencia y el rechazo de la demanda, con costas. Corrido el correspondiente traslado, la parte actora contestó agravios mediante ID 2510602.
3. En su primer agravio, cuestiona la valoración de la prueba y la conclusión que consideró injustificado el despido. Sostiene que la trabajadora reconoció haber procesado, acondicionado y retirado mercadería perteneciente a la empresa sin autorización, circunstancia que, a su entender, constituía una injuria suficiente para extinguir el vínculo laboral.
Afirma que la sentencia efectuó una valoración parcial de las declaraciones testimoniales, pues omitió considerar que la práctica anteriormente tolerada de retirar productos había sido restringida durante la gestión de y que, en cualquier caso, <PER> aquella autorización no comprendía mercadería destinada a la comercialización. Cuestiona que se exigiera acreditar una comunicación individual de la prohibición, cuando el deber de no retirar bienes de la empleadora surge de las obligaciones generales de buena fe y fidelidad previstas en los arts. 62 y 63 de la LCT.
Destaca, además, que la actora se desempeñaba como encargada del sector de frío, circunstancia que agravaba la conducta y justificaba la pérdida de confianza. Sostiene que la escasa cantidad de mercadería retirada, la antigüedad y la ausencia de antecedentes disciplinarios no impedían considerar configurada una injuria grave, ni imponían la aplicación previa de sanciones menores.
En cuanto a la utilización de instalaciones y equipamiento para procesar y sellar calamar, objeta que se haya descartado su gravedad por no haberse acreditado sanciones o consecuencias concretas derivadas de la intervención del SENASA. Argumenta que el riesgo sanitario generado era suficiente para justificar la medida, sin necesidad de que se materializara un daño.
Finalmente, reprocha que ambas conductas fueran valoradas separadamente, cuando su consideración conjunta demostraba, según afirma, un incumplimiento incompatible con la continuidad de la relación laboral. Solicita, en consecuencia, que se declare justificado el despido y se rechacen las indemnizaciones derivadas de los arts. 232, 233 y 245 de la LCT y los rubros accesorios correspondientes.
En segundo término, cuestiona el cómputo de la antigüedad. Señala que, pese a haberse reconocido que la relación se desarrolló bajo la modalidad de trabajo de temporada, la sentencia computó íntegramente el período comprendido entre el 16 de noviembre de 2017 y el 19 de marzo de 2024.
Sostiene que se confundió la continuidad jurídica del contrato con el tiempo de servicios efectivamente prestados. Invoca el art. 18 de la LCT y argumenta que los períodos de receso propios de la actividad pesquera no pueden equipararse a períodos trabajados a los fines de determinar la indemnización por antigüedad.
Solicita que se revoque el cómputo de siete períodos indemnizatorios y se determine la antigüedad mediante la acumulación de los períodos de prestación efectiva, conforme a los registros de ARCA y demás documentación incorporada. Subsidiariamente, propone diferir ese cálculo a la etapa de liquidación.
El tercer agravio se dirige contra la determinación de la mejor remuneración mensual, normal y habitual en la suma de $1.003.499,96, correspondiente a enero de 2024. Cuestiona que se hayan incorporado conceptos identificados como no remunerativos sin examinar individualmente su naturaleza, fuente normativa o convencional, periodicidad, normalidad y habitualidad. Sostiene que la sentencia se limitó a invocar el precedente Pérez c/ Disco S.A., sin justificar la inclusión de cada rubro en la base indemnizatoria.
Agrega que no se consideraron las particularidades del sistema remuneratorio de la actividad pesquera ni se explicó por qué correspondía tomar enero de 2024, mes de elevada producción estacional. Solicita que se determine nuevamente la base del art. 245 de la LCT, incluyendo exclusivamente los conceptos que reúnan los requisitos legales. En su cuarto agravio, la demandada cuestiona la aplicación de los incrementos previstos en el art. 2 de la Ley 25.323 y en el anterior texto del art. 80 de la LCT, por considerar que ambas disposiciones habían sido derogadas por la Ley 27.742 antes del dictado de la sentencia.
Sostiene que, al encontrarse controvertida la procedencia de esos créditos, no existían situaciones jurídicas agotadas y correspondía aplicar inmediatamente la nueva legislación, conforme al art. 7 del CCyC. Invoca también la posterior sanción de la Ley 27.802 como expresión del cambio legislativo y solicita que se dejen sin efecto ambas condenas. El quinto agravio se refiere al régimen de intereses. La recurrente cuestiona la aplicación conjunta del art. 55 de la Ley 27.802 y la capitalización prevista en el art. 770 inc. b del CCyC. Sostiene que la nueva legislación estableció un sistema especial e integral para los créditos laborales judicializados, con una tasa de interés y límites máximos y mínimos, que resultaría incompatible con una capitalización adicional. Afirma que la acumulación de ambos mecanismos podría alterar los límites legales y que la sentencia no precisó cómo debía practicarse el cálculo ni en qué momento correspondía verificar tales límites. Solicita, por ello, que se deje sin efecto la capitalización y se aplique exclusivamente el mecanismo establecido por el art. 55 de la Ley 27.802.
Finalmente, cuestiona de manera subsidiaria la imposición íntegra de las costas a su cargo. Sostiene que la sentencia rechazó el SAC sobre la indemnización por antigüedad, reconoció pagos efectuados por la empleadora y admitió un capital inferior al reclamado. Agrega que la controversia involucró cuestiones fácticas y jurídicas que justificaban razonablemente su posición procesal.
Solicita que, en caso de revocarse la condena, las costas sean impuestas a la actora o, subsidiariamente, se distribuyan por su orden o en proporción al éxito obtenido por cada parte.
4. La expresión de agravios fue contestada por la actora solicitando su íntegro rechazo y la confirmación de la sentencia, con costas de alzada. Sostuvo, en lo sustancial, que la recurrente no logró demostrar errores de hecho o de derecho que justificaran modificar el pronunciamiento y defendió los fundamentos de la decisión respecto de cada una de las cuestiones impugnadas.
5. Tratamiento del recurso.
5.1. La causa del despido.
La empleadora comunicó el despido mediante carta documento , del 19 de marzo de 2024, en la que expresó:
“(…) Como bien le fuera informado verbalmente el día 14/03/2024 a raíz del reporte efectuado por el Sr. (Director Industrial de la planta) la Empresa ha iniciado una investigación interna para convalidar los acontecimientos ocurridos el día 8 de marzo de 2024. A raíz del resultado de la referida investigación, le notificamos que queda Ud. despedida por su exclusiva culpa (art. 242 LCT). Ello basado en que los graves hechos que a continuación se narran, de los cuales Ud. es responsable, generan una grave pérdida de confianza en su persona lo que impide la continuación de la relación laboral.
En efecto, el día 8 de marzo de 2024 en horario de la mañana (entre las 6 y las 8 AM) las cámaras de seguridad del establecimiento sito en S/N-Puerto Rawson, Chubut, (cámaras de las cuales usted tenía perfecto conocimiento de su existencia) han constatado que Ud. procesó calamar en la línea de sellado habilitada únicamente para procesar langostino. En su carácter de encargada del giro freezer Ud. no puede desconocer que dicha mercadería no está habilitada para el procesamiento en la línea de sellado que Ud. utilizó, y que como consecuencia de su reprochable accionar la Empresa podría ser sancionada por el ente regulador, existiendo la posibilidad de perder la certificación de calidad BRC y la habilitación de procesamiento emitida por el SENASA en la línea de producción.
Acto seguido, en el mismo lugar las cámaras de seguridad constataron que procedió a envasar y sellar langostino en una bolsa de 2 kilos y luego escondió ambos productos (el calamar y el langostino envasado) en una bolsa negra en el comedor de encargados. Al finalizar la jornada laboral, las cámaras han constatado que se retiró del establecimiento con la referida bolsa negra con los productos de propiedad de la Empresa sin autorización alguna.
Su accionar implica una falta de extrema gravedad violatoria de los deberes que le asisten en su carácter de empleada y la consecuente pérdida de confianza en su persona que hace imposible la continuación del vínculo laboral. El comportamiento descripto implica una falta de extrema gravedad que justifica la extinción del vínculo laboral. En consecuencia, le comunicamos que queda despedida con justa causa (art. 242 LCT) en razón de los gravísimos hechos más reseñados que resultaron en pérdida de confianza en su persona. Su liquidación final y certificaciones de servicio a su disposición en el término de ley. (…)”
<ANONIMIZAR_2>
La demandada cuestiona la decisión que consideró injustificado el despido. Sostiene que el juez efectuó una valoración parcial de la prueba testimonial y restó gravedad a dos conductas que, apreciadas conjuntamente, configuraban una violación de los deberes de buena fe y fidelidad incompatible con la continuidad de la relación laboral. El agravio no habrá de prosperar.
Cuando la empleadora dispone el despido invocando pérdida de confianza, no basta con acreditar la existencia de una irregularidad o incumplimiento. Es necesario, además, que ese comportamiento revista una gravedad suficiente para justificar objetivamente la desconfianza alegada y tornar imposible la continuidad de la relación laboral. En este sentido, esta Cámara ha señalado que la pérdida de confianza constituye un estado subjetivo de la empleadora que debe encontrar sustento en un hecho objetivo, de entidad suficiente para afectar las expectativas de lealtad, buena fe y fidelidad propias del vínculo laboral. Por ello, corresponde acreditar los hechos invocados en la comunicación extintiva y, una vez establecidos, determinar si resultan idóneos para justificar la pérdida de confianza y la decisión de despedir (CAT, Sala A, SDL 27/2025, entre otras). La valoración de esa gravedad corresponde al órgano judicial, conforme a las circunstancias particulares de la relación laboral y las exigencias del art. 242 de la LCT. Además, como también ha sostenido esta Cámara, la existencia de una conducta reprochable no determina necesariamente la justificación del despido, pues debe examinarse su proporcionalidad a la luz del principio de conservación del contrato consagrado en el art. 10 de la LCT (CAT, Sala A, SDL 66/2023, entre otras). Por lo expuesto, corresponde examinar las dos conductas atribuidas a , teniendo presente que la empleadora debe acreditar no solo su materialidad, sino también las circunstancias que permitirían atribuirles la gravedad necesaria para sustentar la pérdida de confianza invocada.
a) Retiro de mercadería.
La recurrente sostiene que el retiro de mercadería sin autorización, reconocido por la actora, justificaba la pérdida de confianza, especialmente por su condición de encargada del sector de giro freezer.
El retiro de los productos no se encuentra controvertido. La cuestión radica en determinar si las circunstancias en que se produjo revestían gravedad suficiente para justificar el despido. En ese marco, adquiere relevancia la existencia de una práctica anterior de retiro de mercadería en el establecimiento, que negó expresamente al contestar la demanda, pero que fue corroborada por la prueba testimonial, incluida la ofrecida por la propia demandada.
, jefe de planta de Iberpesca desde el año 2001 y superior jerárquico de la actora, explicó que históricamente se permitía retirar pequeñas cantidades de productos, especialmente los provenientes de la denominada fauna acompañante. También señaló que esa práctica fue modificándose con los cambios de gerencia y que impartió verbalmente una instrucción restrictiva. No obstante, manifestó desconocer si había recibido esa directiva.
, responsable del área de control de calidad, reconoció que anteriormente se concedían autorizaciones para retirar productos y que las restricciones se habían intensificado con los cambios de gerencia. Aunque afirmó haber recibido personalmente la prohibición, aclaró que no le constaba que hubiera sido comunicada a la actora.
también confirmó la existencia de una práctica anterior y su posterior restricción por decisión de . Precisó que el retiro de langostinos requería autorización, a diferencia de lo que ocurría anteriormente con determinados productos provenientes de la fauna acompañante. Tampoco pudo afirmar que hubiera recibido personalmente la nueva instrucción.
Por su parte, , quien trabajó durante varios años bajo la supervisión de la actora, recordó que se permitía al personal retirar productos, incluidos langostinos, y que incluso los superiores entregaban pequeñas bolsas de mercadería a quienes deseaban llevarlas.
La recurrente cuestiona que se haya otorgado relevancia a esa práctica anterior, pues sostiene que había sido restringida durante la gestión de y que, en cualquier caso, no comprendía mercadería destinada a la comercialización. Ahora bien, el juez tuvo en cuenta esas restricciones, pero destacó que no se había acreditado que la actora hubiera tomado conocimiento de ellas. La apelante no identifica prueba que permita superar esa insuficiencia y se limita a sostener que la prohibición no requería una comunicación formal.
En definitiva, los matices que presentan las declaraciones respecto de las especies que podían retirarse, la necesidad de autorización y los cambios introducidos por las distintas gerencias no desvirtúan su coincidencia sobre un aspecto central: el retiro de productos había sido una práctica admitida en el establecimiento bajo determinadas condiciones. Por otra parte, la actora sostuvo desde su demanda que retiró los productos de manera abierta, sin intentar ocultar su conducta ni eludir los controles internos, pues consideraba que se trataba de una práctica habitual en el establecimiento. Destacó, además, que conocía la existencia de cámaras de seguridad en distintos sectores de la planta. En este punto adquiere relevancia que las grabaciones invocadas en la comunicación extintiva no fueron incorporadas al proceso y que la demandada desistió de la pericia técnica en audio y video ofrecida, conforme surge del acta de audiencia preliminar del 25 de junio de 2025.
<PER> <PER_1> <PER_6> <PER> <PER>
En consecuencia, aunque el retiro de mercadería se encuentra reconocido, no sucede lo mismo con las circunstancias adicionales invocadas para atribuirle especial gravedad, particularmente su supuesto ocultamiento deliberado. La empleadora, que se encontraba en condiciones de aportar las grabaciones, no produjo esa prueba, cuya ausencia debe ponderarse al examinar si el comportamiento acreditado justificaba objetivamente la pérdida de confianza alegada.
En este contexto, considero razonable la valoración efectuada por el juez de la instancia anterior. La existencia de una práctica anteriormente tolerada, las diferencias acerca de su alcance y la falta de prueba suficiente sobre el conocimiento de las restricciones posteriores constituyen circunstancias relevantes para apreciar la gravedad del incumplimiento atribuido a la trabajadora.
La condición de encargada de la actora, destacada por la recurrente, integra esa valoración, pero no exime a la empleadora de acreditar los presupuestos fácticos de la injuria ni determina, por sí sola, la justificación del despido.
b) Procesamiento de calamar y utilización de la selladora.
Como señaló el juez de primera instancia, la empleadora no acreditó las circunstancias invocadas en la comunicación de despido del 19 de marzo de 2024. En efecto, pese a recaer sobre ella la carga de probar los hechos que justificaban la extinción del vínculo, no aportó documentación que demostrara que la línea de sellado estuviera habilitada exclusivamente para langostinos ni elementos técnicos que permitieran establecer que su utilización para procesar calamar infringiera las normas sanitarias del SENASA o generara el riesgo de contaminación cruzada alegado.
A ello se suma que la prueba testimonial valorada en la sentencia dio cuenta de que la misma selladora se utilizaba para distintas especies y que el procedimiento se realizaba sobre productos previamente embolsados, sin contacto directo con la mercadería. La recurrente insiste en que no era necesario que se hubiera producido una sanción del SENASA o la pérdida efectiva de las certificaciones para considerar configurada la injuria. Sin embargo, ese argumento no modifica lo decidido, pues el fundamento del rechazo no reside en la ausencia de consecuencias sancionatorias, sino en la falta de acreditación de los hechos sobre los cuales la empleadora sustentó la gravedad de la conducta imputada.
En consecuencia, el agravio no puede prosperar.
c) Valoración conjunta de las conductas y proporcionalidad del despido.
Finalmente, la demandada sostiene que el juez examinó aisladamente los hechos imputados, cuando la pérdida de confianza se habría configurado por su concurrencia. También cuestiona que se haya otorgado relevancia a la antigüedad y a la ausencia de antecedentes disciplinarios de la actora, pues entiende que una sola conducta grave puede justificar el despido directo.
La observación relativa a la necesidad de valorar conjuntamente los hechos resulta atendible como criterio de análisis, pero no conduce a modificar la solución. La consideración conjunta de las conductas no permite prescindir de las circunstancias acreditadas ni subsanar las insuficiencias probatorias señaladas. En el caso, el retiro de mercadería debe valorarse en el contexto de las prácticas anteriormente admitidas en el establecimiento, mientras que la alegada infracción sanitaria vinculada con la utilización de la selladora carece de respaldo probatorio suficiente.
Resta considerar la proporcionalidad de la decisión extintiva. Como señalé en mi voto en la SDL 33/2020 y reiteré en la SDL 66/2023, la justificación del despido exige que la gravedad del incumplimiento guarde proporción con la decisión de extinguir el vínculo, teniendo presente el principio de conservación del contrato de trabajo consagrado en el art. 10 de la LCT.
Es cierto que una conducta aislada puede revestir gravedad suficiente para justificar el despido inmediato, aun en ausencia de antecedentes disciplinarios. Sin embargo, ello no exime de examinar si, en las circunstancias concretas del caso, el incumplimiento acreditado tenía entidad suficiente para impedir la continuidad de la relación laboral, conforme lo exige el art. 242 de la LCT.
En este aspecto, adquieren relevancia la antigüedad de , su desempeño favorable y la ausencia de antecedentes disciplinarios, circunstancias que fueron corroboradas por las declaraciones testimoniales. La condición de encargada que revestía, si bien imponía una mayor responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones, no altera la valoración de los hechos ni permite atribuirles una gravedad que no ha sido suficientemente demostrada.
En definitiva, aun cuando el retiro de mercadería sin autorización expresa pudiera constituir un incumplimiento reprochable, las circunstancias en que se produjo, consideradas junto con la falta de acreditación de la infracción sanitaria atribuida a la actora, no permiten concluir que los hechos invocados revistieran gravedad suficiente para justificar la pérdida de confianza y la extinción del vínculo laboral.
Por ello, comparto la conclusión del juez de grado en cuanto consideró desproporcionado el despido directo. En consecuencia, propongo rechazar el primer agravio y confirmar la sentencia en cuanto declaró injustificado el despido dispuesto por .
5.2. Cómputo de la antigüedad.
La demandada cuestiona la antigüedad indemnizable reconocida en la sentencia. Sostiene que, tratándose de un contrato de trabajo de temporada, debieron computarse <TEXTO_1> exclusivamente los períodos de efectiva prestación de servicios, conforme al art. 18 de la LCT, y no la totalidad del tiempo transcurrido desde el inicio de la relación laboral. El agravio prospera parcialmente.
Antes de ingresar en su tratamiento, corresponde efectuar una precisión acerca de la modalidad contractual atribuida a la relación laboral.
El art. 96 de la LCT caracteriza al contrato de temporada por la existencia de prestaciones que, en razón de la naturaleza de la actividad, se cumplen únicamente en determinadas épocas del año y están sujetas a repetirse en cada ciclo. Como explica Fernández Madrid, esta modalidad responde a necesidades permanentes de la empresa que requieren prestaciones discontinuas, cuya reiteración periódica obedece a circunstancias objetivas de la explotación. Se distingue, por ello, del trabajo eventual, destinado a satisfacer necesidades extraordinarias o transitorias (Fernández Madrid, Juan Carlos, Ley de Contrato de Trabajo Comentada, 1.ª ed., t. II, Erreius, Buenos Aires, 2018, págs. 1073/1076).
En el caso, la calificación del vínculo como trabajo de temporada presenta dificultades, pues durante una relación de más de seis años la sentencia identificó únicamente cuatro meses sin remuneración declarada. Esa circunstancia no permite advertir con claridad la existencia de ciclos de actividad y receso determinados por la naturaleza de la explotación, exigencia que tampoco queda satisfecha por la sola registración del contrato bajo esa modalidad.
La propia actora sostuvo en su demanda que había prestado servicios desde 2017 sin interrupciones significativas, aunque reconoció la existencia de períodos en los que no trabajó debido a una menor demanda de actividad. Sin embargo, no cuestionó específicamente la procedencia de la modalidad contractual de temporada, que fue expresamente receptada por el juez de la instancia anterior.
En estas condiciones, y aun cuando las características de la prestación suscitan dudas acerca de su adecuación a los presupuestos del art. 96 de la LCT, considero que no corresponde revisar esa calificación en esta instancia. La controversia recursiva debe resolverse, por lo tanto, a partir del régimen jurídico del trabajo de temporada aplicado en la sentencia.
Sentado ello, cabe examinar el alcance del planteo recursivo.
Al contestar la demanda, negó que la relación laboral se hubiera desarrollado ininterrumpidamente desde noviembre de 2017 y sostuvo que la fecha de ingreso consignada en sus registros era el 1 de septiembre de 2021. Sin embargo, no descartó la existencia de prestaciones anteriores, sino que señaló que podían haber correspondido a una contratación eventual o temporaria, cuya determinación remitió a la prueba pericial contable. No precisó los períodos trabajados ni identificó claramente la modalidad contractual que invocaba, pese a las diferencias jurídicas existentes entre el trabajo eventual y el de temporada.
La sentencia examinó esa controversia a partir del informe remitido por ARCA el 23 de febrero de 2026 y de las declaraciones testimoniales, y tuvo por acreditado que la actora había ingresado el 16 de noviembre de 2017. También consideró que se trataba de un contrato de temporada, conforme a la modalidad registrada ante el organismo recaudador.
En esta instancia, la demandada ya no cuestiona concretamente la fecha de ingreso establecida. Su crítica se concentra en el cómputo de la antigüedad indemnizable, a partir de la modalidad contractual reconocida en la sentencia. Sostiene que debieron acumularse los períodos de efectiva prestación de servicios y solicita que se reduzcan los siete períodos indemnizatorios reconocidos o, subsidiariamente, que su determinación se difiera a la etapa de liquidación.
En este aspecto, el planteo resulta parcialmente atendible.
El art. 18 de la LCT establece que, cuando los derechos del trabajador dependen de su antigüedad, debe computarse el tiempo de servicio efectivamente trabajado desde el comienzo de la vinculación. En los contratos de temporada, ello exige acumular los períodos de prestación efectiva, sin incluir los intervalos de receso. Así lo explica al señalar que, a los fines indemnizatorios, deben sumarse los servicios efectivamente prestados durante los distintos ciclos, sin equiparar cada temporada a un año completo de antigüedad (ob. cit., p. 1085).
El juez advirtió que el informe de ARCA registraba cuatro meses con remuneración declarada en cero (abril y mayo de 2018, mayo de 2019 y abril de 2020). Sin embargo, consideró que esos períodos no interrumpían la continuidad del vínculo laboral y computó la totalidad del tiempo transcurrido entre el 16 de noviembre de 2017 y el 19 de marzo de 2024. Así, estableció una antigüedad de seis años, cuatro meses y cuatro días, equivalente a siete períodos indemnizatorios.
Ese razonamiento confunde la continuidad jurídica del vínculo con el tiempo de servicios computable a los fines indemnizatorios. En efecto, durante los recesos propios del trabajo de temporada el contrato subsiste, pero se suspenden las prestaciones principales de las partes, circunstancia que impide equiparar esos intervalos a períodos efectivamente trabajados.
Ahora bien, el descuento debe limitarse a los cuatro meses sin remuneración declarada que surgen del informe de ARCA. La demandada no individualizó ni acreditó otros períodos de inactividad. La pericia contable ofrecida tampoco llegó a realizarse, conforme surge del informe de la actuaria del 9 de abril de 2026. En estas condiciones, no corresponde diferir la determinación de la antigüedad a la etapa de ejecución, pues ello supondría trasladar a esa instancia una cuestión que debía ser alegada y acreditada durante el proceso de conocimiento.
Por lo tanto, de los seis años, cuatro meses y cuatro días reconocidos en la instancia anterior deben descontarse cuatro meses, lo que arroja una antigüedad computable de seis años y cuatro días. Dado que la fracción excedente no supera los tres meses exigidos por el art. 245 de la LCT para computar un período adicional, corresponde reconocer seis períodos indemnizatorios, en lugar de los siete establecidos en la sentencia recurrida. En consecuencia, propongo hacer lugar parcialmente al segundo agravio y modificar la sentencia exclusivamente en cuanto reconoció siete períodos indemnizatorios, que deberán reducirse a seis.
5.3. Mejor remuneración mensual, normal y habitual.
La demandada cuestiona la base remuneratoria de $1.003.499,96 correspondiente a enero de 2024, adoptada en la sentencia. Sostiene que el juez incorporó conceptos no remunerativos sin examinar su naturaleza, periodicidad y habitualidad, y que tampoco consideró las variaciones salariales propias de la actividad pesquera.
Considero que el agravio no satisface las exigencias de crítica concreta y razonada previstas por el art. 60 de la Ley XIV nº 1.
El juez ad ptó la remuneración denunciada en la demanda, correspondiente a enero de 2024, y consideró que debían incluirse los conceptos identificados como no remunerativos que integraban habitualmente la contraprestación de la trabajadora, conforme al criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente Pérez, Aníbal Raúl c/ Disco S.A.
La recurrente cuestiona la brevedad de esa fundamentación y enumera diversos aspectos que, a su entender, debieron examinarse antes de determinar la base indemnizatoria. Sin embargo, no identifica concretamente los conceptos cuya inclusión considera incorrecta ni explica por qué carecerían de naturaleza salarial o de los requisitos de normalidad y habitualidad exigidos por el art. 245 de la LCT.
Tampoco precisa cuáles serían las disposiciones convencionales o los acuerdos salariales que justificarían una solución diferente. Se limita a mencionar las particularidades del régimen remuneratorio de la actividad pesquera, sin relacionarlas con los conceptos efectivamente liquidados a la actora.
La misma insuficiencia presenta el cuestionamiento referido a la elección de enero de 2024. La recurrente sostiene que pudo tratarse de un mes excepcional por la mayor actividad productiva, pero no identifica elementos probatorios que permitan establecer esa circunstancia ni explica por qué las remuneraciones percibidas durante ese período deberían quedar excluidas del cálculo.
Cabe señalar que la suma de $1.003.499,96 había sido expresamente denunciada en la demanda como mejor remuneración mensual, normal y habitual, con sustento en el recibo correspondiente a enero de 2024. La empleadora conocía, por lo tanto, el importe y el período considerados, y contó con oportunidad de formular una impugnación concreta y aportar los elementos necesarios para sostenerla.
En definitiva, el recurso expresa una discrepancia con la metodología empleada en la sentencia, pero no desarrolla una crítica concreta de los conceptos incluidos ni demuestra la improcedencia de la base adoptada. En tales condiciones, el planteo no supera el umbral mínimo de suficiencia recursiva exigido por el art. 60 de la Ley XIV nº 1, por lo que corresponde declararlo desierto y mantener la base remuneratoria establecida en la sentencia.
5.4. Aplicación temporal de la Ley 27.742.
La demandada cuestiona la procedencia del incremento indemnizatorio previsto en el art. 2 de la Ley 25.323 y de la indemnización contemplada en el último párrafo del art. 80 de la LCT, por considerar que ambas disposiciones habían sido derogadas por la Ley 27.742 al momento de dictarse la sentencia.
Sostiene que los créditos no se encontraban consolidados antes de la derogación, pues su existencia y alcance estaban controvertidos y fueron determinados recién mediante el pronunciamiento recurrido. Entiende que la aplicación de la nueva ley no tendría efectos retroactivos, sino que alcanzaría consecuencias jurídicas pendientes de resolución, conforme al art. 7 del CCyC. Invoca también la naturaleza sancionatoria de los institutos y la orientación legislativa reafirmada por la Ley 27.802.
El agravio no puede prosperar.
Preliminarmente, cabe señalar que, si bien la recurrente menciona la declaración de inconstitucionalidad del DNU 70/2023, no desarrolla una crítica autónoma contra sus fundamentos. Su cuestionamiento se dirige a la aplicación temporal de la Ley 27.742, por lo que a esa cuestión circunscribiré el análisis.
La Ley 27.742 dispuso, en sus arts. 99 y 100, la derogación de las normas que sustentaban los conceptos indemnizatorios discutidos. Sin embargo, no estableció su aplicación retroactiva y, en su art. 237, fijó como regla general su entrada en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. Por consiguiente, corresponde determinar sus efectos conforme al art. 7 del CCyC, distinguiendo las consecuencias jurídicas ya configuradas de aquellas que permanecían pendientes al entrar en vigor la nueva legislación.
Esta Cámara ha rechazado la aplicación retroactiva de esas derogaciones respecto de créditos laborales originados bajo el régimen anterior (Sala A, SDL 22/2025 y 35/2025; Sala 1, SDL 4/2026 y 29/2026; Sala 2, SDL 29/2026; Sala 3, SDL 58/2026).
Ahora bien, para determinar si un crédito se encontraba configurado antes de la derogación, no basta necesariamente con atender a la fecha del despido. Es preciso establecer cuándo se cumplieron los presupuestos específicos exigidos para su procedencia. Así lo señaló esta Sala en la SDL 48/2026, al distinguir el derecho a las indemnizaciones por despido del incremento previsto en el art. 2 de la Ley 25.323. En aquel caso, la intimación necesaria para su configuración había sido cursada después de la entrada en vigencia de la Ley 27.742, razón por la cual se consideró aplicable la derogación.
La situación de autos es diferente.
El despido de se produjo el 19 de marzo de 2024. Mediante telegrama del 12 de abril siguiente, la trabajadora intimó el pago de las indemnizaciones legales, que la empleadora no satisfizo, lo que determinó la promoción de estas actuaciones. En consecuencia, los presupuestos del incremento previsto en el art. 2 de la Ley 25.323 se habían cumplido antes de la derogación.
Lo mismo ocurre con la indemnización del art. 80 de la LCT. La trabajadora intimó la entrega de los certificados mediante telegrama del 14 de mayo de 2024, cuya recepción fue reconocida por la demandada en su respuesta del 17 de mayo. En esa oportunidad, manifestó que la documentación se encontraba a disposición de la actora.
Sin embargo, la sentencia consideró insuficiente esa puesta a disposición, al establecer que los certificados no reflejaban correctamente la antigüedad de la trabajadora, y valoró además la constancia de la Secretaría de Trabajo relativa a la falta de entrega y consignación de la documentación. Estos fundamentos no fueron objeto de una crítica autónoma en el agravio, limitado a cuestionar la subsistencia de la indemnización frente a la derogación legislativa. Por consiguiente, también los presupuestos de este crédito se habían configurado durante la vigencia de la norma que lo reconocía.
La circunstancia de que ambas obligaciones estuvieran controvertidas y fueran reconocidas mediante una sentencia posterior no modifica esa conclusión. El argumento de la recurrente confunde el nacimiento del derecho con su declaración judicial. La sentencia que reconoce un crédito no lo constituye, sino que declara su existencia a partir de los presupuestos legales que le dieron origen. Este criterio ha sido expresamente sostenido por esta Cámara en numerosas causas (Sala A, SDL 47/2025, 35/2025, 31/2025, 26/2025, 24/2025, 22/2025, 18/2025, entre otras).
Tampoco altera esta solución la referencia a la Ley 27.802, cuya orientación legislativa no constituye una disposición de aplicación retroactiva ni permite desconocer las consecuencias jurídicas ya producidas.
En definitiva, los presupuestos de las indemnizaciones reconocidas por el art. 2 de la Ley 25.323 y el último párrafo del art. 80 de la LCT se cumplieron antes de la entrada en vigencia de la Ley 27.742. Su posterior reconocimiento judicial no autoriza a aplicarles las derogaciones introducidas por esta última.
Por lo expuesto, propongo rechazar el cuarto agravio y confirmar la sentencia en cuanto reconoció la procedencia de ambos conceptos indemnizatorios.
5.5. Intereses y capitalización.
La demandada cuestiona la aplicación conjunta del régimen de intereses previsto en el art. 55 de la Ley 27.802 y la capitalización contemplada en el art. 770 inc. b del CCyC. El agravio no puede prosperar.
La cuestión ha sido expresamente examinada por esta Sala en la SDL 48/2026, en la que se sostuvo que el régimen de intereses previsto en el art. 55 de la Ley 27.802 resulta compatible con la capitalización contemplada en el art. 770 inc. b del CCyC, por tratarse de disposiciones que regulan aspectos diferentes. Mientras la primera establece el régimen de intereses aplicable a los créditos laborales comprendidos en su ámbito de vigencia, la segunda contempla una excepción legal a la prohibición general del anatocismo, que opera desde la notificación de la demanda cuando la obligación es reclamada judicialmente.
Este criterio resulta concordante con lo sostenido por la Sala A de este tribunal en la SDL 47/2025, respecto de la autonomía de la capitalización legal prevista en el art. 770 inc. b del CCyC.
Tampoco resulta atendible el cuestionamiento referido a la incertidumbre del cálculo pues la sentencia es clara al respecto. En consecuencia, propongo rechazar el quinto agravio y confirmar la sentencia también en este aspecto.
5.6. Imposición de costas.
Finalmente, la demandada cuestiona, de manera subsidiaria, la imposición íntegra de las costas de primera instancia a su cargo. Invoca el rechazo de algunos conceptos reclamados, la deducción de pagos a cuenta y la diferencia entre el monto pretendido y el reconocido.
A fin de dar respuesta al agravio cabe destacar que la distribución de las costas no depende de una comparación meramente aritmética entre los importes reclamados y los admitidos, sino del resultado sustancial del litigio (esta Sala, SDL 48/2026). En el caso, si bien la demandada resultó vencida en las cuestiones centrales de la controversia, la modificación parcial de la sentencia que aquí se propone determina una reducción del capital de condena que corresponde ponderar al distribuir las costas.
Por ello, considero razonable modificar su imposición y establecer que las costas de primera instancia sean soportadas en un 95% por la demandada y en un 5% por la actora, proporción que refleja adecuadamente el resultado sustancial del proceso (art. 57 de la Ley XIV Nº 1 y art. 72 y 282 del CPCC).
6. Conclusión:
Por todo lo expuesto, propongo hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por . y modificar la sentencia recurrida en cuanto al cómputo de la antigüedad indemnizable, reduciendo de siete a seis los períodos reconocidos. Esta modificación tiene una incidencia concreta en la liquidación practicada en la sentencia. Sobre la base de la mejor remuneración mensual, normal y habitual de $1.003.499,96, la indemnización por antigüedad, originalmente fijada en $7.024.499,72 por siete períodos, se reduce a $6.020.999,76 por seis períodos, lo que representa una diferencia de $1.003.499,96. A su vez, el incremento previsto en el art. 2 de la Ley 25.323, calculado sobre las indemnizaciones por antigüedad, preaviso e integración del mes de despido, disminuye de $4.709.975,62 a $4.208.225,64, con una diferencia de $501.749,98.
En consecuencia, corresponde descontar del capital histórico de condena un total de $1.505.249,94, reduciéndolo de $17.923.574,86 a $16.418.324,92, con más los intereses establecidos en la sentencia recurrida, que se confirma en todo lo demás que ha sido materia de agravios.
Asimismo, propongo modificar la imposición de costas de primera instancia y distribuirlas en un 95% a cargo de la demandada y un 5% a cargo de la actora. Las costas de alzada deberán imponerse en idéntica proporción, de acuerdo con el resultado sustancial del recurso (art. 57 de la Ley XIV N° 1).
No corresponde modificar la regulación de honorarios efectuada en la instancia anterior pues, al haber sido establecidos en términos porcentuales sobre el monto de condena, se ajustarán al nuevo resultado.
Respecto de los honorarios por los trabajos realizados en esta instancia, teniendo en cuenta el resultado, el mérito y la extensión de las tareas realizadas, encuentro adecuado regular los correspondientes al letrado apoderado de la actora, Dr. , en el 5,48%, y los de los letrados apoderados de la demandada, Dres. y , en conjunto, en el 2,91%, en ambos casos calculados sobre el monto del proceso y con más el IVA de corresponder (conf. arts. 5, 6, 8, 9, 13, 18 y 46 de la Ley XIII N° 4).
Me expido aquí entonces a la primera cuestión PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
Así lo voto.
I. A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. Sergio Rubén Lucero dijo:
1. Dada la claridad de la reseña efectuada por la magistrada que me precedió en el voto, tanto de la sentencia recurrida como de los agravios expresados y su contestación, y <TEXTO_1> <PER_12> <PER_13> a fin de evitar reiteraciones innecesarias, ingresaré directamente al análisis de las cuestiones sometidas a revisión.
Comparto los fundamentos y conclusiones desarrollados por la Dra. Spoturno en los considerandos 5.1 a 5.6 de su voto. Sin perjuicio de ello, efectuaré algunas precisiones respecto de los aspectos centrales del recurso.
2. Justificación del despido.
Coincido con la magistrada preopinante en que las conductas atribuidas a la trabajadora no revisten, en las circunstancias acreditadas, entidad suficiente para justificar la extinción del vínculo laboral.
En particular, comparto la valoración de la prueba testimonial relativa a la existencia de una práctica anterior de retiro de mercadería en el establecimiento y a la falta de acreditación de que las restricciones posteriormente introducidas hubieran sido comunicadas a . Añado a lo dicho en el voto precedente que la comunicación de la restricción debió ser comunicada al menos mediante carteles visibles para todos los dependientes dados los antecedentes permisivos o tolerantes de anteriores gerencias, lo cual no se hizo por parte de la patronal, por lo que, no acreditado que fuera puntualmente comunicada dicha restricción, de manera verbal, a la actora, obsta a que el retiro de mercadería que fuera invocado como uno de los hechos que habría generado la pérdida de confianza sea idóneo para justificar dicha causal.
También considero relevante que la demandada no incorporara las grabaciones de las cámaras de seguridad invocadas en la comunicación extintiva, pese a que podían contribuir al esclarecimiento de las circunstancias en que se produjo el retiro de los productos.
En cuanto al procesamiento de calamar, concuerdo en que no se acreditó suficientemente la infracción sanitaria atribuida a la trabajadora ni la gravedad del riesgo invocado por la empleadora.
La valoración conjunta de ambas conductas tampoco permite arribar a una conclusión diferente. La pérdida de confianza debe encontrar sustento en circunstancias objetivas de gravedad suficiente para impedir la continuidad de la relación laboral, extremo que no se verifica en el caso (art. 242 LCT).
Por ello, acompaño la propuesta de rechazar el primer agravio y confirmar la sentencia en cuanto declaró injustificado el despido.
3. Cómputo de la antigüedad.
Comparto la solución propuesta en el considerando 5.2 del voto precedente. La continuidad jurídica del contrato de temporada no implica que todos los períodos transcurridos desde el inicio de la relación deban computarse como tiempo de servicios efectivamente prestados a los fines indemnizatorios.
En ese marco, y dado que la calificación contractual efectuada en la sentencia no fue objeto de una impugnación que habilite su revisión, corresponde aplicar el criterio previsto en el art. 18 de la LCT. Coincido, por ello, en que deben excluirse los cuatro meses sin remuneración declarada que surgen del informe de ARCA, reduciendo de siete a seis los períodos indemnizatorios reconocidos.
También comparto que no corresponde efectuar descuentos adicionales ni diferir el cálculo para la etapa de ejecución, ante la falta de individualización y acreditación de otros períodos de inactividad.
En consecuencia, acompaño la propuesta de admitir parcialmente el segundo agravio, con la consiguiente modificación de la indemnización por antigüedad y del incremento previsto en el art. 2 de la Ley 25.323.
4. Base remuneratoria.
Coincido con los fundamentos desarrollados en el considerando 5.3. del voto precedente.
La recurrente no identifica concretamente los conceptos salariales cuya inclusión cuestiona ni proporciona elementos que permitan demostrar la improcedencia de la remuneración adoptada como base indemnizatoria. Tampoco acredita que enero de 2024 hubiera constituido un período excepcional que justificara excluirlo del cálculo. En tales condiciones, comparto que el agravio no satisface las exigencias de crítica concreta y razonada previstas por el art. 60 de la Ley XIV N° 1 y que corresponde declararlo desierto (arts. 268 y 269 del CPCC de aplicación supletoria).
5. Aplicación temporal de la Ley 27.742.
También coincido con los fundamentos y la solución propuesta en el considerando 5.4. del voto anterior.
En el caso, tanto el despido como la intimación de pago y el incumplimiento de la empleadora se produjeron antes del 9 de julio de 2024. Por consiguiente, comparto que el crédito se encontraba configurado bajo la vigencia del régimen anterior.
La misma conclusión corresponde respecto de la indemnización prevista en el último párrafo del art. 80 de la LCT, cuyos presupuestos fueron examinados en la sentencia sin que la recurrente formulara una crítica autónoma sobre su cumplimiento.
La circunstancia de que ambos créditos fueran reconocidos judicialmente con posterioridad no autoriza a aplicar retroactivamente las derogaciones legislativas, pues la sentencia tiene carácter declarativo respecto de derechos originados en hechos anteriores. En consecuencia, acompaño la propuesta de rechazar el cuarto agravio.
6. Intereses, capitalización y costas.
Comparto los fundamentos expuestos en el considerando 5.5 respecto de la compatibilidad entre el régimen de intereses previsto en el art. 55 de la Ley 27.802 y la capitalización establecida por el art. 770 inc. b del CCyC, conforme al criterio sostenido por esta Sala en la SDL 48/2026.
También coincido con la modificación de las costas propuesta en el considerando 5.6, atendiendo al resultado sustancial del litigio y a la admisión parcial del recurso de la demandada.
7. Conclusión.
Por las razones expuestas, y compartiendo los fundamentos desarrollados en el voto precedente, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por ., reduciendo de siete a seis los períodos indemnizatorios y estableciendo el capital de condena en la suma de $16.418.324,92, con más los intereses determinados en la sentencia recurrida, que deberá confirmarse en todo lo demás que ha sido materia de agravios.
También comparto la distribución de las costas de ambas instancias y la regulación de honorarios profesionales propuestas por la Dra. Spoturno.
En consecuencia, a esta primera cuestión también me expido PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
Así lo voto.
II. A LA SEGUNDA CUESTIÓN, la Dra. Natalia Spoturno expuso:
Visto el acuerdo alcanzado al tratar la cuestión precedente, corresponde:
1. HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación interpuesto por . a fin de REDUCIR el capital de condena a la suma de PESOS DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($16.418.324,92), con más los intereses establecidos en la sentencia recurrida.
2. MODIFICAR la imposición de costas de primera instancia, distribuyéndolas en un 95% a cargo de la demandada y un 5% a cargo de la actora, y CONFIRMAR la sentencia en todo lo demás que ha sido materia de agravios.
3. IMPONER las costas de alzada en un 95% a cargo de la demandada y un 5% a cargo de la actora (art. 57 de la Ley XIV N° 1).
4. REGULAR, por las tareas cumplidas en esta instancia, los honorarios del Dr. en el 5,48% y los de los Dres. y , en conjunto, en el 2,91%, en ambos casos calculados sobre el monto del proceso y con más el IVA de corresponder.
5. Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Tal mi voto.
II. A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Sergio Rubén Lucero dijo:
En virtud del acuerdo alcanzado al tratar la cuestión precedente, corresponde:
<TEXTO_1> <TEXTO_1> <PER_11> <PER_12>
1. HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación interpuesto por . y REDUCIR el capital de condena a la suma de PESOS DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($16.418.324,92), con más los intereses establecidos en la sentencia recurrida.
2. MODIFICAR la imposición de costas de primera instancia, distribuyéndolas en un 95% a cargo de la demandada y un 5% a cargo de la actora, y CONFIRMAR la sentencia en todo lo demás que ha sido materia de agravios.
3. IMPONER las costas de alzada en un 95% a cargo de la demandada y un 5% a cargo de la actora (art. 57 de la Ley XIV N° 1).
4. REGULAR, por las tareas cumplidas en esta instancia, los honorarios del Dr. en el 5,48% y los de los Dres. y , en conjunto, en el 2,91%, en ambos casos calculados sobre el monto del proceso y con más el IVA de corresponder.
5. Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Así lo voto.
Con lo que se dio por terminado el Acuerdo (art. 274 del C.P.C.C.), pasándose a dictar:
Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la “Sala 3” de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; RESUELVE:
1. HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación interpuesto por . a fin de REDUCIR el capital de condena a la suma de PESOS DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($16.418.324,92), con más los intereses establecidos en la sentencia recurrida.
2. MODIFICAR la imposición de costas de primera instancia, distribuyéndolas en un 95% a cargo de la demandada y un 5% a cargo de la actora, y CONFIRMAR la sentencia en todo lo demás que ha sido materia de agravios.
3. IMPONER las costas de alzada en un 95% a cargo de la demandada y un 5% a cargo de la actora (art. 57 de la Ley XIV N° 1).
4. REGULAR, por las tareas cumplidas en esta instancia, los honorarios del Dr. en el 5,48% y los de los Dres. y , en conjunto, en el 2,91%, en ambos casos calculados sobre el monto del proceso y con más el IVA de corresponder.
5. Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripta digitalmente por:
<TEXTO_1> <PER_11> <PER_12> <TEXTO_1> <PER_11> <PER_12>
Natalia SPOTURNO Sergio LUCERO Registrada como sentencia definitiva N° 61/2026 SDL María MEDINA (Secretaria de Refuerzo)
Fin de la sentencia