Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128557
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda iniciada por Rocío Lujan Vidal, y, en consecuencia, condenó a Kowsef S.A. a pagar la suma que estableció en concepto de la indemnización prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto conf. ley 25.345). En cambio, la rechazó en cuanto procuraba el cobro de diferencias salariales e indemnizatorias, adicionales, horas extras, multas de los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y la sanción prevista en el art. 132 bis de referida Ley de Contrato de Trabajo (según reforma de la ley citada), con costas del modo que especificó (v. pronunciamiento de fecha 27-XII-2018).
Para así decidir, en lo que interesa destacar, juzgó acreditado, con la prueba de informes producida en la causa, que los importes retenidos a la trabajadora fueron ingresados correctamente al sistema de la seguridad social.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 25-II-2019), el que fue concedido por el órgano de grado (v. resolución del 25-X-2019).
En su presentación denuncia la transgresión de las normas y de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer lugar, se agravia la recurrente del rechazo de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345). Alega que la decisión a la que arribó el tribunal de origen resulta inválida, puesto que incurrió en error en la apreciación de los antecedentes del caso y en la aplicación de las reglas vinculadas a la carga de la prueba.
En este sentido, afirma que el a quo transgredió la doctrina legal de esta Suprema Corte relativa al art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, porque exigió a la parte actora la demostración del incumplimiento de la obligación de ingresar las sumas retenidas por la empleadora, extremo que correspondía acreditar a la contraria.
Puntualiza que la accionada no produjo prueba alguna tendiente a acreditar la entrega de las constancias de pago de la condición de afiliada de la trabajadora a las asociaciones profesionales de trabajadores o de miembros de sociedades mutuales o cooperativas o por servicios y demás prestaciones que otorguen dichas entidades.
En base a tales consideraciones, solicita la revocación parcial de la sentencia recurrida, y -asimismo- que se ordene el pago de la sanción que motiva el agravio.
II.2. En otro orden, sucintamente cuestiona que el a quo limitara la responsabilidad de las costas a cargo de la demandada por aplicación de los arts. 730 del Código Civil y Comercial y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, peticionando se declare la inconstitucionalidad de las citadas normas.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Esta Corte ha señalado, en reiteradas ocasiones, que la impugnación referida a la sanción conminatoria establecida en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según art. 43, ley 25.345) es de monto indeterminado (causas L. 95.990, "Rodríguez", sent. de 2-VII-2010; L. 103.396, "Barragán", sent. de 27-XI-2013; L. 117.450, "Echegaray", sent. de 8-IV-2015; L. 119.148, "Ferreira", sent. de 20-XII-2017 y L. 127.917, "Rueda", resol. de 7-IV-2022).
III.1.b. Aclarado ello, es sabido que establecer -con arreglo a la prueba producida- si se verifican -o no- los requisitos a los que la norma subordina la aplicación de la penalidad bajo examen, constituye una potestad privativa de los jueces de grado. Por ello, las conclusiones que se formulen al respecto en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, no son susceptibles de revisión en casación, salvo que se acredite el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 120.003, "Peralta", 24-IV-2019, L. 122.784, "Eguren", resol. de 18-IX-2019 y L. 123.851, "Irazoqui", resol. de 27-V-2020).
La impugnante no alega que el razonamiento seguido por el juzgador provenga de una absurda valoración de los elementos de juicio analizados en la sentencia. Antes bien, su crítica se enfoca en una indebida atribución del onus probandi , por violación del art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial.
Desde la perspectiva propuesta, la impugnación no puede tener cabida.
Desde la atenta lectura de la sentencia puede observase con claridad que, en la especie, el tribunal de origen no atribuyó a ninguna de las partes la carga de acreditar el extremo en disputa. Por el contrario, dirimió la cuestión litigiosa con arreglo a los elementos de juicio arrimados a la causa.
Lo aquí señalado deja en evidencia la ineficacia del intento revisor, puesto que basándose en una afirmación carente de sustento, la interesada no despliega argumentación alguna que permita evidenciar -ante un extremo de índole fáctica- que la conclusión alcanzada sobre el tópico sea absurda.
III.2. Finalmente, se impone señalar que no puede adjudicarse entidad de agravio atendible a la simple manifestación que formula la compareciente en el objeto de la vía recursiva (v. pág. 1 del recurso), en torno a la limitación en materia de costas, en tanto no surge del escrito impugnativo desarrollo argumental alguno destinado a respaldar tal reproche.
No obstante ello, cabe recordar que esta Corte se ha expedido reiteradamente sobre la validez del límite previsto por la ley 24.432, receptado en iguales términos en el Código Civil y Comercial de la Nación (causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002; L. 89.979, "Saucedo", sent. de 16-IV-2008; L. 93.064, "Vas da Silva", sent. de 2-III-2011; L. 98.065, "Cejas", sent. de 3-V-2012 y L. 124.724, "Ibarra", sent. de 8-II-2021; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/07/2022 14:05:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2022 15:48:14 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/07/2022 20:17:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2022 09:16:16 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2022 09:31:31 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/07/2022 10:52:36 hs. bajo el número RR-968-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia