Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128558
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por Mariela Sinigaglia y, en consecuencia, condenó -en forma solidaria- a Opencom S.A. y Telefónica Móviles Argentina S.A. a abonar la suma que especificó en concepto de multa contemplada en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345). Por el contrario, la desestimó en cuanto perseguía el cobro de diferencias salariales e indemnizatorias (v. pronunciamiento de fecha 27-II-2019 y su aclaratoria de 7-III-2019).
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 5-III-2019), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 5-VI-2020).
II.1. En lo esencial, peticiona que se revoque la sentencia impugnada y se declare la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 de la ley 25.561, y se imponga la obligación de actualizar los montos de condena, conforme lo establece el art. 276 de la Ley de Contrato de Trabajo.
A tal efecto, sostiene que la situación que motivó el dictado de las leyes citadas y de la doctrina elaborada por esta Corte en la que el juzgador sustentó su decisión no se encuentra presente en la actualidad, en tanto se ha verificado una continua depreciación de la moneda que hacen que la demora en el pago del crédito laboral del actor le ocasione un perjuicio que no es suplido por la aplicación de una tasa de interés moratorio.
II.2. Por otro lado, se disconforma respecto a que el sentenciante limitó la responsabilidad por las costas -impuestas a la demandada- en los términos de los arts. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, con apoyo -aduce el compareciente- en la remisión al precedente de esta Corte registrado como L. 117.701, "Titos" (sent. de 20-V-1015).
Alega que el fallo arriba a un resultado disvalioso en tanto se atribuye a la actora, vencedera en el litigio, la carga de asumir el pago del saldo sobre los honorarios regulados a su abogado y peritos intervinientes. Ello, en desmedro del patrimonio y de los principios de indemnidad e integridad de las remuneraciones e indemnizaciones del trabajador.
III. El recurso no ha de prosperar.
III.1. Liminarmente, corresponde observar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, por lo que, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020; L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
En consecuencia, la función revisora de esta Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.416, "Tévez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020).
III.2. En el contexto indicado, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida respecto del primer agravio enunciado, pues el impugnante no acredita la violación de doctrina legal alguna por parte del órgano judicial de la instancia. Para más, lo resuelto por el sentenciante guarda armonía con el criterio plasmado en reiterados pronunciamientos de esta Corte en los que se ha declarado la validez constitucional de aquellas normas que prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011; L. 107.840, "Cimadoro", sent. de 18-IV-2012; L. 124.725, "Casas", resol. de 21-IX-2020; L. 124.504, "Dam", resol. de 28-IV-2021; L. 127.202, "Navone" resol. de 29-XI-2021), sin que el impugnante aporte nuevos argumentos aptos para desvirtuar la aplicación de la doctrina citada.
Luego, se impone recordar que carece de aptitud la denuncia de jurisprudencia que deriva de los fallos de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde que este Tribunal ha dicho, reiteradamente, que no constituyen doctrina legal (causas L. 114.434, "López", resol. de 29-VI-2011; L. 124.120, "Barrera", resol. de 18-VIII-2020 y L. 124.237, "Cejas", resol. de 13-X-2020).
III.3. Finalmente, en cuanto al restante planteo traído, conviene recordar que el ejercicio de una vía recursiva, como toda acción en justicia, no se reconoce sino a aquéllos que justifican un interés que legitime el acceso a la sede judicial de carácter extraordinaria, pues a falta del mismo no hay petición audible ante dicha instancia (causas L. 125.073, "Varela", resol. de 13-XI-2020 y L. 125.063, "Paniagua", resol. de 4-III-2021); como así también que la ausencia de agravio y el consecuente interés para recurrir determinan la insuficiencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 121.648, "Aguirre", resol. de 11-VII-2018 y L. 125.366, "Casas", resol. de 6-XI-2020); pues resulta impropio de la judicatura el dictado de pronunciamientos abstractos (causas L. 122.153, "Caparrós", resol. de 10-IV-2019 y L. 124.364, "Benavidez", resol. de 29-VI-2020).
Sentado ello, se exhibe nítida la ausencia de interés de la parte actora para cuestionar la limitación de la responsabilidad por las costas impuestas únicamente a la accionada por los rubros que han prosperado, lo que sella la suerte adversa de la crítica.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/04/2023 09:37:34 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/05/2023 09:04:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/05/2023 13:23:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2023 13:04:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/05/2023 14:20:13 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 08/05/2023 16:49:41 hs. bajo el número RR-484-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia