Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa c 126078
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 126.078, "Gancedo, Luciano y otra contra Cavallaro, Ángela Susana. Cobro hipotecario", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Quilmes revocó la sentencia de primera instancia, aplicó al crédito hipotecario adeudado la solución del fallo "Longobardi" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 330:5345, sent. de 18-XII-2007) y dispuso que el valor de la divisa extranjera se calculara según la cotización del dólar MEP. Impuso las costas de esa instancia en el orden causado (v. sent. electrónica de fecha 16-VI-2022).
La parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 23-VI-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. El señor Luciano Gancedo y la señora Rosa Ester Barni (quienes hoy cuentan con 80 y 78 años respectivamente; v. resol. de 23-VI-2017) iniciaron la ejecución de su crédito con garantía hipotecaria contra la señora Ángela Susana Cavallaro, en relación con el inmueble integrado por dos lotes -identificados con las matrículas 24.679 y 24.678- del partido de Lomas de Zamora, el que se encentraba inscripto como bien de familia (v. resol. de 23-VI-2017). El mutuo hipotecario se había firmado por la suma de treinta mil dólares estadounidenses (USD 30.000) y el crédito reclamado en la ejecución lo fue por veinticinco mil setecientos noventa y cuatro dólares estadounidenses (USD 25.794).
Tramitada la ejecución se llegó a la etapa en que la Cámara condenó a la demandada a abonar la suma de USD 19.243,45, en concepto de capital con más los intereses compensatorios y punitorios pactados en el contrato de mutuo, estableciéndose que no podían superar en su conjunto en un 20% la tasa que percibía el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a treinta días en dólares estadounidenses.
Durante el trámite del juicio se dispuso la aplicación al crédito reclamado de la ley 25.561 y del decreto 214/02 (v. resol. de 16-IV-2002).
Luego de una profusa actividad procesal en la cual la demandada intentó suspender las distintas subastas ordenadas, ya fuera depositando una suma de dinero o solicitando la aplicación de la ley 14.825 (suspensión de las ejecuciones hipotecarias en la Provincia) y de cierta inactividad procesal por parte de los actores, el día 12 de octubre de 2021 estos se allanaron al capital e intereses contenidos en la liquidación presentada por la accionada, de fecha 14 de junio de 2021, al tener en cuenta lo resuelto por la Cámara el día 7 de octubre de 2021 de que los accesorios debían aplicarse a la deuda pesificada como se había fallado a fs. 177 (refiriéndose a la ley 25.561 y dec. 240/02; v. resol. de 16-IV-2002), por lo que no correspondían los establecidos en el mutuo hipotecario.
La magistrada de primera instancia sostuvo que estando en juego la aplicación de las normas que habían ordenado la pesificación de las obligaciones entre particulares, pactadas originariamente en moneda extranjera (citó leyes 25.561 y 25.820; decs. 214/02 y 320/02 y normas reglamentarias), teniendo en cuenta que en el caso el mutuo estaba garantizado con derecho real de hipoteca y que se encontraba comprometida la vivienda única y familiar de la deudora, correspondía acudir a la solución dada para estos supuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Rinaldi" (sent. de 15-III-2007), donde se había dispuesto aplicar la doctrina del esfuerzo compartido y convertir a pesos el capital reclamado en moneda extranjera, a razón de un peso por dólar estadounidense, más el 30% de la brecha existente entre un peso y la cotización de la mencionada divisa extranjera en el mercado libre de cambio -tipo vendedor- a la fecha en que se practicara la liquidación, con más una tasa de interés del 2,5% anual, por todo concepto, desde la fecha en que se produjo la mora y hasta la del efectivo pago (v. resol. de 14-III-2022).
Este pronunciamiento fue apelado por los actores, quienes presentaron el correspondiente memorial de agravios (v. escritos electrónicos de fechas 22-III-2022 y 3-IV-2022). La demandada, que también había apelado, desistió de su recurso (v. escritos electrónicos de 22-III-2022 y 3-IV-2022) y repelió el de la contraria (v. escrito electrónico de fecha 21-IV-2022).
I.2. La Cámara revocó la sentencia de primera instancia y dispuso que la liquidación debía realizarse de conformidad con el caso "Longobardi", fallado por la Corte nacional. Para decidir como lo hizo, recordó que el Máximo Tribunal del país había dispuesto en el fallo "Souto de Adler, Mercedes c/ Martorano, Marta Teresa" (sent. de 14-VIII-2007) que las causas que estaban en curso de ejecución y habían quedado pendientes de pago en plena crisis económica quedaban sujetas a las normas de emergencia.
También indicó que el día 7 de octubre de 2021 esa Sala ya se había expedido respecto del carácter de vivienda única que la ejecutada había pretendido asignar al bien, rechazándolo, cuestión que por ese motivo se encontraba precluida.
En consecuencia, decidió que la resolución en crisis que había tomado en consideración el recaudo de vivienda única y familiar no se ajustaba a derecho, deviniendo inaplicable al caso de autos el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Rinaldi", que había sido el utilizado por la magistrada de grado anterior al resolver.
Concluyó, apreciando las características de la garantía hipotecaria al momento de ser constituida, que ambas partes habían sido contestes en cuanto a la aplicación del esfuerzo compartido; y evaluando el pronunciamiento emitido por la Corte federal en la causa "Longobardi" (sent. de 18-XII-2007), así como por este Tribunal cimero provincial en la causa C. 89.562, "Quiroga" (sent. de 29-XII-2008), resultaba aplicable al caso de autos lo dispuesto para casos análogos, en los que se había establecido la conversión del capital reclamado en moneda extranjera a razón de un peso por cada dólar estadounidense, más el 50% de la brecha existente entre un peso y la cotización de la mencionada divisa extranjera, en el mercado libre de cambio -tipo vendedor- del día que correspondiera efectuar el pago, salvo que la utilización del coeficiente de actualización (CER) previsto en las normas de emergencia económica arrojara un resultado superior, con más una tasa de interés del 7,5% anual, no capitalizable entre moratorios y punitorios, desde la fecha en que se produjo la mora y hasta la del efectivo pago.
Luego, señaló que no podía perderse de vista que en la oportunidad en que la Corte emitiera opinión existía un mercado libre de cambio, circunstancia que había variado sustancialmente, evidenciándose en la actualidad un mercado restringido en el que coexistían diversos tipos de cambio.
Dispuso, entonces, que en razón de la realidad económica y financiera operante en la que se desenvolvían los negocios, la equivalencia de las prestaciones, el valor real y concreto de la divisa extranjera, así como las particularidades que el caso planteaba, a los fines de determinar el 50% de la brecha existente entre un peso y la cotización de la mencionada divisa extranjera debía observarse la cotización del dólar MEP o dólar "bolsa" en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires del día en el que correspondiera efectuar el pago.
II. Se agravió la recurrente denunciando la errónea aplicación de las leyes de emergencia económica.
II.1. Recordó que la Cámara, en su resolución de fecha 7 de octubre de 2021, había ordenado a la señora jueza de grado anterior que determinara los accesorios de la deuda pesificada que había quedado establecida en la suma de USD 19.243,45 con fecha de mora en el día 13 de noviembre de 1997.
Afirmó que debe aplicarse al caso lo que esta Corte sentenció en la causa C. 94.032, "Rechou, Diego c/ Czyzyk, Norma Lidia. Ejecución Hipotecaria" (sent. de 29-XII-2008), al remitirse a la causa "Rinaldi" (sent. de 15-III-2007) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la que se había expedido respecto de una causa como la de autos, donde se aplicó la denominada doctrina del esfuerzo compartido -receptada en las previsiones del art. 6 de la ley 26.167- que postulaba la distribución proporcional entre las partes de la carga patrimonial originada en la variación cambiaria, con el fin de arribar a una solución que resguardara los derechos constitucionales de las partes y lograra una recomposición justa y razonable para restablecer el equilibrio de las prestaciones.
Indicó que el Máximo Tribunal destacó, en ese fallo, que correspondía realizar el control de la razonabilidad de las medidas adoptadas respecto de los mutuos hipotecarios celebrados entre particulares cuyo monto originario fuese inferior a la suma de $100.000 o su equivalente en moneda extranjera, en los que se encontraba comprometida la vivienda familiar del deudor.
Citó la causa de esta Corte provincial "Voliakovsky, Reinaldo César u otro c/ Sancibieri, Susana Luisa s/ ejecución hipotecaria" (sent. de 21-IX-2021), y afirmó que se debe convertir a pesos el capital en moneda extranjera a razón de un peso por dólar estadounidense, más el 30% de la brecha existente entre un peso y la cotización de la mencionada divisa extranjera en el mercado libre de cambio -tipo vendedor- a la fecha en que se practique la liquidación, con más una tasa de interés del 2,5% anual -por todo concepto- desde la fecha en que se produjo la mora y hasta la del efectivo pago, de conformidad con el art. 6 de ley 26.167.
Refirió que le causa agravio que por la sentencia del día 18 de noviembre de 2021 la Cámara haya denegado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad por la falta de definitividad, a pesar de que en su sentencia del día 16 de junio de 2022 los mismos jueces aseveraron que la sentencia del 7 de octubre de 2021 tenía el carácter de definitiva y que esa denegación constituye una arbitrariedad manifiesta y que por ello se encuentra en trámite la queja ante esta Corte.
Se agravió, también, de que la Cámara haya modificado la sentencia del día 7 de octubre de 2021 al mismo tiempo que afirmaba su carácter definitivo y establecía exclusivamente el CER, sin que mediara solicitud alguna de los actores sobre el punto, por lo que la decisión es manifiestamente arbitraria.
Entiende que es agraviante la negación, tanto en el memorial de la actora como en el pronunciamiento de la Cámara, del carácter de vivienda única, familiar y de ocupación permanente del inmueble hipotecado cuando hay reconocimiento expreso de los acreedores en la cláusula décimo quinta (15ta.) del instrumento público de mutuo de que el bien está afectado al régimen de bien de familia de la ley 14.394 antes de la hipoteca y con posterioridad a la ley provincial 14.432 que la había declarado inembargable e inejecutable. Señaló que ambas normativas han sido desconocidas por la Cámara como también el principio de no regresividad. Cita los tratados internacionales que -sostiene- han sido violados.
Marcó que en el caso "Longobardi" (sent. 18-XII-2017) de la Corte federal el mutuo no había sido entre particulares, el monto había consistido en trescientos noventa y dos mil dólares estadounidense (USD 392.000), el objeto había sido una inversión productiva y la garantía no se había constituido sobre la vivienda única, familiar y de ocupación permanente.
II.2. También se agravió de que la Cámara dispusiera que para determinar la brecha se tuviera en cuenta la cotización del dólar MEP para convertir el capital adeudado en moneda extranjera. Indicó que esa forma de decidir ha violado la ley 19.359 "Régimen Penal Cambiario" y, con cita de doctrinarios, explicó la potestad de los Estados de intervenir en el mercado cambiario, como ocurrió en nuestro país a través del Mercado Único y Libre de Cambios.
Reforzó su postura indicando que, sin importar la política cambiaria vigente, en la República Argentina todas las operaciones de cambio en monedas foráneas se realizan en el mercado oficial. Hace mención al decreto 260/02, a las leyes 18.924 y "27.444" (sic) y a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y su Comunicación "A" 7490.
Puso de relieve que el denominado dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) o dólar "bolsa" consiste en la compra de un activo financiero en pesos y su posterior venta en dólares y viceversa, resultando de ese ardid un supuesto tipo de cambio implícito, paralelo e ilegal por valerse de una referencia distinta del MULC y establecer un supuesto tipo de cambio, cuando no se intercambian directamente pesos por dólares. Afirmó que la supuesta cotización del dólar MEP no es brindada por ninguna institución autorizada por la normativa vigente, por lo que comparte la opacidad del dólar ilegal, también denominado dólar "blue". Concluyó que la Cámara al disponer la cotización al dólar MEP viola la ley del Régimen Penal Cambiario n° 19.359, lo que considera es una aberración jurídica que nunca puede ser convalidada a través de una sentencia judicial.
Por último, señaló que el Tribunal de Alzada decidió una "redolarización" al modificar el tipo de cambio, violando de esta manera las leyes 25.561 y 26.167, el caso "Rinaldi" de la Corte federal y la causa "Voliakosvky" de este Tribunal provincial.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. En principio corresponde aclarar que los agravios vertidos por la recurrente con relación a la queja en trámite ante esta Corte -por habérsele denegado en Cámara el recurso extraordinario de inconstitucionalidad- deben ser desestimados, en razón de que no cumplen con la exigencia del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, sin perjuicio de resaltar que dicho remedio extraordinario le fue denegado con fecha 18 de agosto de 2022 (causa C. 125.386), es decir con posterioridad a la presentación del recurso extraordinario que aquí se debate (23-VI-2022).
III.2. Corresponde el tratamiento prioritario de las presentes actuaciones en atención al tiempo transcurrido desde el inicio de las presente causa (año 1999) y a los efectos de que el trámite resulte respetuoso de lo dispuesto por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (conf. arts. 1, 2 inc. "n", 4 inc. "b" y 31, Convención cit. y 34 inc. 5, CPCC; ley 27.700; arts. 15 y 36 inc. 6, Const. prov.; 31 y 75 incs. 22 y 23, Const. nac. y 1, 2, 8 inc. 1 y 25, CADH).
Ingresando, entonces, al estudio y solución del recurso interpuesto, en el que la recurrente inicia su impugnación cuestionando la aplicación del fallo de la Corte federal "Longobardi" (sent. de 18-XII-2007), que fue receptado por este cimero Tribunal provincial en la causa C. 89.562, "Quiroga" (sent. de 29-XII-2008), adelanto mi opinión desfavorable a su pretensión.
Esta Corte tiene dicho que, en la vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior (conf. doctr. causas C. 123.136, "Bonino", sent. de 10-VI-2022 y C. 123.959, "Iantorno", sent. de 29-IX-2023).
Encuentro que la recurrente no se hace cargo de lo resuelto por la Cámara cuando dijo que "…no puede perderse de vista que con fecha 7 de octubre de 2021 este Tribunal ya se ha expedido respecto al carácter de vivienda única que la ejecutada pretendió asignar al bien, encontrándose precluido el tratamiento de cuestiones ya resueltas. Consecuentemente, la resolución en crisis que ha tomado en consideración el recaudo de vivienda única y familiar, no se ajusta a derecho, deviniendo inaplicable al caso de autos el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso 'Rinaldi' y que fuera citado en la resolución en crisis".
En efecto, en la actuación a la que hace referencia el Tribunal de Alzada en el párrafo anterior sostuvo que "...se ordenó la adecuación de las sentencias dictadas en autos a lo dispuesto por la ley 25.561 y el Dec. 214/02, sin que dicho decisorio mereciera cuestionamiento alguno, no obstante lo cual, la accionada pretende, en esta instancia, introducir la inaplicabilidad de dicho decreto a estos autos alegando que el bien en cuestión reviste el carácter de vivienda única, familiar y de ocupación permanente del deudor y de sus hijos por lo que resulta aplicable al caso de autos lo dispuesto por el Dec. 762/2002", y agregó que "…el principio de preclusión no sólo opera la extinción de las facultades no ejercidas en tiempo propio, sino que también gobierna la actividad del órgano jurisdiccional..." para concluir que "...el fundamento del recurso [de la demandada, de fecha 5-VIII-2021] vinculado al carácter de vivienda única que se le pretende asignar al bien, constituye una cuestión que recién se introduce en oportunidad de fundar el agravio, lo cual lo torna en inaudible, ya que esta Alzada se encuentra impedida de resolver sobre capítulos no propuestos al Juez de la instancia anterior (art. 272 del C.P.C.C.)".
Debe tenerse presente que esta Corte tiene dicho que la preclusión procesal es un instituto que garantiza uno de los principios que debe primar en toda causa judicial, esto es, la seguridad y consiste en la pérdida de una facultad procesal por haberse llegado a los límites fijados por la ley para su ejercicio (conf. doctr. causas C. 119.441, "Marcotullio", sent. de 29-III-2017 y C. 110.618, "Cooperativa", sent. de 20-IX-2017), lo que ha acontecido en la especie.
Entonces, de lo anteriormente relatado se desprende que la recurrente no se ha hecho cargo de la preclusión que ha operado en esa cuestión, como lo ha dicho el Tribunal de Alzada y que la llevó a establecer, por aplicación de las normas de emergencia económica, que el caso quedaba alcanzado por el fallo "Longobardi" de la Corte federal, lo que provoca la insuficiencia de su embate (doctr. art. 279, CPCC).
III.3. Sin embargo, le asiste razón en la forma en que la Cámara determinó la conversión a pesos de los dólares estadounidenses adeudados.
El Tribunal de Alzada dispuso en esa parcela del fallo: "…teniendo en consideración la realidad económica y financiera actual en la que se desenvuelven los negocios, la equivalencia de las prestaciones, el valor real y concreto de la divisa extranjera, así como las particularidades que el caso plantea, a los fines de determinar el 50% de la brecha existente entre un peso y la cotización de la mencionada divisa extranjera, conforme lo ya resuelto por este Tribunal, deberá tomarse en consideración la cotización del dólar MEP, o dólar 'bolsa' en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, del día que corresponda efectuar el pago".
Cabe señalar que al determinar esta Suprema Corte que para convertir a pesos el capital reclamado en dólares estadounidenses debía estarse a la cotización de la mencionada divisa extranjera en el mercado libre de cambio -tipo vendedor-, lo allí consignado remite necesariamente a la cotización del Banco de la Nación Argentina
Ello es así pues no corresponde confundir la operación de cambio de monedas (Comunicaciones del BCRA "A" 3471, 4285, sus mods. y compl.), que es la que refleja
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.