Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 67234
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución apelada de fecha 26-2-21 y, de tal manera, admitir la excepción de pago parcial opuesta por el equivalente a 12,12jus, mandando continuar la ejecución por los restantes 7,88jus (art. 900 y ss., CCCN; arts. 497, 501, 504 inc. 3, 505, 506, CPCC; art. 9, Ley 14.967; SCBA, Ac. 3918/18, del 19-12-18).
2En origen, librar oficio a los restantes procesos que surgen del recibo a fin de dejar constancia de dicha circunstancia (art. 34 inc. 5 ap. “e”, CPCC).
3Con costas de la excepción de pago parcial que procede a cargo del ejecutante, y las de la ejecución que prospera a cargo del ejecutado, en razón de los respectivos vencimientos (arts. 68, 69, 71 y 274, CPCC).
4Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31, Ley 14.967).
Causa nº: 2-67234-2021
"FERIOLI, GUSTAVO JAVIER C/ DIAZ, HUGO NORBERTO S/ COBRO DE HONORARIOS "
JUZGADO DE FAMILIA N° 2 - TANDIL
En la ciudad de Azul, a los treinta y un días del mes de Agosto del año Dos Mil Veintiuno, celebrando Acuerdo Telemático (Acuerdo 3975/2020), los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi y Víctor Mario Peralta Reyes (arts. 47 y 48, Ley 5.827), con la presencia virtual del Secretario, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Ferioli, Gustavo Javier c/. Diaz, Hugo Norberto s/. Cobro de Honorarios" (Causa Nº 67.234), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Peralta Reyes y Dra. Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Procede el recurso de apelación interpuesto por el ejecutado contra la sentencia del 26-2-21?.
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I.1. El doctor Gustavo Javier Ferioli demandó ejecutivamente el pago de la suma de $41.140 o su equivalente a 20jus arancelarios que surgen de la resolución regulatoria del 2-6-20, por la que éste tribunal cuantificó la retribución profesional de sus tareas en favor del ejecutado Hugo Norberto Díaz en autos “Modaffari, Viviana Andrea c/. Díaz, Hugo Norberto s/. Violencia Familiar”, expediente n°21.845 de trámite ante el Juzgado de Familia n° Dos de Tandil.
2. El ejecutado compareció e interpuso excepción de pago parcial. Si bien admitió haber sido patrocinado por el ejecutante en las causas referidas, dijo haberle pagado en forma anticipada $16.000 que instrumentó mediante recibo del 12-2-19 –o sea, con anterioridad a la resolución regulatoria-, en cuya parte pertinente se puede leer: “RECIBÍ LA SUMA DE $16000 EN CONCEPTO DE TRÁMITES POR LOS SIGUIENTES EXPTES: “MODAFFARI VIVIANA A. c/ DÍAZ HUGO s/ DIVORCIO EXPT. 20919. “MODAFFARI VIVIANA c/ DÍAZ HUGO s/ VIOLENCIA EXPTE 21845. IPP. N°2367/18 y DÍAZ HUGO c/ MODAFFARI VIVIANA s/ COMPENSACIÓN ECONÓMICA (A INICIARCE)”. La firma y el sello aclaratorio del letrado cierran el recibo.
3. Si bien reconoció la autoría de esa documental, el ejecutante contraargumentó que no constituye una factura por honorarios sino un recibo que cumple con el art. 19 de la Ley 14.967, y “se debió a la entrega de dinero por el ejecutado a ésta parte para presentación de quien suscribe como letrado patrocinante del Sr. Díaz en las causas consignadas en el mismo”. En base a ello solicitó el rechazo de la excepción y el progreso de la ejecución por el total reclamado.
4. En la sentencia del 26-2-21 se ponderó que el recibo en cuestión no presenta una imputación exclusiva e inequívoca de los honorarios regulados incumpliendo así con el art. 19 de la Ley 14.967, por lo que se rechazó la excepción de pago parcial documentado y se mandó llevar adelante la ejecución, con costas.
5. El ejecutado apeló (3-3-21), siéndole concedido el recurso en relación (15-3-21).
Expresó que el recibo refiere “puntualmente e inequívocamente a los procesos por el cual se intenta ejecutar los honorarios”, y que la falta de recaudos legales en el recibo es imputable al ejecutante y no a él. Pidió se revoque la sentencia y se admita la excepción (23-3-21).
6. El ejecutante contestó el memorial en fecha 30-3-21.
7. Practicado el sorteo de rigor (30-6-21), se está en condiciones de decidir.
II.1. Por resolución del 29-7-20 se imprimió al cobro ejecutivo de los honorarios regulados al letrado actor en carácter de costas el trámite de ejecución de sentencia (art. 58, Ley 14.967; art. 497 y ss., CPCC; Gabriel H. Quadri, “Honorarios…”, ed. Errreius, pág. 354). En dicho marco procedimental la excepción de pago parcial opuesta por el ejecutado sobre la base de un recibo anterior a la resolución ejecutada se enfrenta ab initio con el valladar del art. 504 del ritual (y del art. 505), que no la enumera dentro del reducido elenco de defensas que expresamente admite (cf. Cám. Civ. y Com. Quilmes, sala 2ª, 4649, RSD-142-1 S, 24/8/2001, “Godoy, Luis Alberto s/inc. ejec. de honorarios”, Sumario Juba B2950958, cit. por Luis A. Rodríguez Saiach, “Procesos de Ejecución…”, ed. AbeledoPerrot, págs. 15/16; Palacio, Lino E., “Derecho Procesal…”, ed. Abeledo-Perrot, T. VII, pág. 281). No obstante ello, las peculiares circunstancias del sub-caso aconsejan flexibilizar la norma a fin de alcanzar una decisión justa y razonablemente fundada (cf. Preámbulo Const. Nac.; art. 3, CCCN; SCBA, Ac. 56649, del 7-3-95, “Itoiz…”, BASE JUBA Sum. B23273; Lino Enrique Palacio, “Derecho Procesal Civil, ed. Abeledo-Perrot, T. VII, pág. 282; Enrique M. Falcón, “Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial”, ed. Rubinzal-Culzoni, T. V, pág. 89). En efecto, la defensa se sustenta en la suma de dinero que el cliente entregó a su abogado antes de la resolución regulatoria, y en virtud de la cual éste le otorgó recibo por “trámites” que refirió a cuatro procesos judiciales (uno a iniciarse), según la promiscua e imprecisa mención que surge de su texto.
El escenario descripto impone, en primer lugar, efectuar la distinción entre aquellos supuestos en que se ejecuta la sentencia (en tanto condena principal del proceso), de aquellos otros en que se ejecutan los honorarios regulados en carácter de costas (tal el caso de autos), ya que en la primera hipótesis la excepción sólo procede cuando el pago es total y posterior a la sentencia (sin perjuicio –claro está- de que los desembolsos sean ponderados al momento de la liquidación).
Pero se ha entendido que “no ocurre lo mismo con los honorarios, en que la costumbre es recibir pagos parciales antes y durante el proceso, de los que además usualmente no se da cuenta en el expediente”, motivo por el cual se ha propiciado atender a “los problemas que en la práctica se plantean como consecuencia de recibos de pago anteriores; en particular por pagos a cuenta de honorarios, debidamente documentados y reconocidos, que no pueden ser ignorados. De no ser así … se obligaría al cliente a pagar dos veces –al menos en parte- por el mismo servicio, lo cual es a todas luces inaceptable” (Cám. Nac. Civ., Sala A, 10/9/1990, “M. de K., R. M. c. K., G. M. R.”, LA LEY 1992-C, 280; comentado por Juan Pedro Colerio, “Efecto cancelatorio de los recibos a cuenta anteriores a la sentencia y de pagos hechos en el estudio a persona distinta del abogado frente a la ejecución de honorarios”, LA LEY 1992-C-, 279).
De lo expuesto se sigue que, mientras que el pago opuesto a la ejecución de la pretensión principal de la sentencia debe ser total y anterior a ésta (arts. 504 inc. 3 y 505, CPCC), cuando lo que se persigue es el cobro compulsivo de los honorarios regulados (condena accesoria), es posible hacer valer como fundamento de la defensa los pagos parciales realizados al abogado con anterioridad a la regulación. Considero oportuno citar aquí la solución adoptada en un precedente nacional en cuyo marco los pagos parciales -a cuenta de honorarios- también se habían concretado antes de la regulación. Se dijo: “no se ha debatido en el juicio con efecto de cosa juzgada sobre el pago de los honorarios que se están ejecutando, por lo que la posibilidad de plantear las defensas que pudieren asistirle a los ejecutados ha surgido recién en oportunidad en que fueran citados de venta. En tanto resulta ser práctica común que los abogados perciban pagos parciales a cuenta de tareas encomendadas durante el desarrollo del proceso constituyendo una suerte de acuerdo que se anticipa respecto del costo de la labor profesional que habrá de encararse, de ello no se acostumbra dar cuenta en el expediente. Cuando estos pagos –debidamente documentados- han sido extendidos a cuenta de honorarios, no pueden ser desatendidos, tornando flexible la aplicación estricta que del art. 507 CPCCN, postulan los letrados ejecutantes...La estricta aplicación de la normativa legal del art. 507 CPCCN, podría conducir entonces a un resultado disvalioso para quienes han realizado pagos en concepto de honorarios a los profesionales que los asistieran, pues si existen recibos, éstos no pueden ignorarse si se encuentran debidamente documentados e imputados, más aun cuando han sido reconocidos” (Cám. Nac. Civ, Sala D, 13/6/2001, “Lucino, Jorge A. J. c/. Vallaco, Juan C”, JA 2002-I-4).
Sobre esas bases entiendo que el pago parcial realizado por el ejecutado con anterioridad a la resolución regulatoria cuya ejecución se persigue no puede ser desatendido acudiendo a una automática aplicación de los arts. 504 y 505 del ritual, so riesgo de arribarse a un resultado a todas luces disvalioso y reñido con la realidad de lo efectivamente acontecido.
De esa manera, cuando la ejecución consiste en los honorarios regulados al letrado, en muchos casos es posible y aconsejable interpretar de un modo flexible los arts. 504 y 505 del Código Procesal en punto a considerar los pagos parciales realizados antes de la regulación, tal el desenlace que propicio para el sub-caso.
2. Ahora bien, la solución que hasta aquí he venido propugnando al proponer la admisión -como primera medida- de la defensa de pago parcial exige, además, que se ponderen las irregularidades que presenta el recibo que el abogado extendió a su cliente, toda vez que de dicho documento no surge una imputación clara y precisa del destino de la suma percibida por el profesional.
Cabe destacar que la mencionada falencia documental se advierte no sólo con respecto a los específicos rubros que habrían de saldarse con los $16.000 entregados al letrado (por citar algunos: tasa de justicia, honorarios, gestión de informes, gastos varios, etc.), sino también con relación al modo en que esa suma habría de distribuirse entre los cuatro distintos procesos judiciales a los que fue destinada, incertidumbre que ciertamente no contribuye a despejar la promiscua imputación que el profesional plasmó en el documento, en el que vagamente indicó que percibía el dinero “por trámites” en aquellos pleitos (remito a la transcripción del texto del recibo que realicé en I.2).
No es posible pasar por alto que el abogado que percibe dinero u otros bienes de su cliente debe extender recibo haciendo constar -entre otras enunciaciones calificadas de esenciales-: “…c) Carátula, juzgado y departamento judicial de radicación de la litis, objeto del pago o enunciación del asunto extrajudicial que motivó la intervención del profesional. d) Rubro al que se imputa el pago (honorarios, capital, intereses, gastos de estudio, gastos causídicos, gastos por diligenciamiento extrajudiciales)…” (art. 19, Ley 14.967). Con relación a la norma similar del derogado régimen arancelario, se ha resuelto que “el art. 19 del decreto ley 8904/77, de inexcusable conocimiento para el abogado, establece con indiscutible claridad, los requisitos y enunciaciones que deben contener los recibos de pago otorgados por los profesionales del derecho a sus clientes” (CC0001 LZ RSD-404-7 S 20/11/2007, “Lopresti…”, BASE JUBA, Sumario B2550837).
El art. 19 de la Ley 14.967 establece una clara e inexcusable regla de conducta que el abogado debe observar cuando percibe fondos en el marco de su actuación profesional, a punto tal que se ha señalado que “esta es una de las pocas normas contenidas en la nueva ley que se ocupa de resguardar los derechos e intereses del consumidor de servicios jurídicos, por lo cual –desde nuestro punto de vista- toda infracción a la misma debería redundar en desmedro del profesional sobre quien pesa esta obligación” (Resina Lillo-Giussani-Gómez, “Honorarios Profesionales”, ed. Erreius, director: Quadri, pág. 121; en el mismo sentido, Carlos Fernando Valdez, “Ley de Honorarios…”, ed. Hammurabi, pág. 109; y con relación a su similar de la ley anterior, Hitters-Cairo, ed. LexiNexis, pág. 208).
Prontamente se advierte que la falta de una clara y concreta imputación del recibo extendido por el letrado ejecutante deriva en consecuencias no queridas por la ley, que en el caso se manifiestan en un doble aspecto. En primer lugar, impide advertir a qué rubros puntuales destinó los fondos percibidos (vgr., tasa, honorarios, informes, etc.), falencia que el ejecutante fácilmente podría haber salvado, por ejemplo, individualizando en los expedientes –o bien, acompañando- los comprobantes de pago realizados por él. Y en segundo lugar, impide visualizar la medida en que dichos fondos –de por sí insuficientes- fueron distribuidos entre los cuatro procesos a los que promiscuamente los destinó el abogado, lo que también constituye una infracción a la detallada imputación que exige el art. 19 de la Ley 14.967.
Por ello, junto a la doctrina y jurisprudencia que mencioné más arriba, considero que la regla que emerge de la norma debe interpretarse en desmedro del profesional que la infringió y, en consecuencia, corresponde admitir la concreta imputación al pago de los honorarios ejecutados en autos que realizó el excepcionante, a cuyos fines debe tenerse en cuenta que al 12-2-19 (fecha del pago) los $16.000 equivalían a 12,12 jus arancelarios (art. 900 y ss., CCCN; arts. 497, 501, 504 inc. 3, 505, 506, CPCC; art. 9, Ley 14.967; SCBA, Ac. 3918/18, del 19-12-18; Quadri, op. cit., pág. 122).
Cabe agregar que, toda vez que la suma percibida por el profesional se agota íntegramente en el pago parcial de los honorarios ejecutados en autos -según la imputación ordenada-, en origen deberá oficiarse a los restantes procesos que surgen del recibo a fin de dejar constancia documental de dicha circunstancia, a sus efectos (art. 34 inc. 5 ap. “e”, CPCC).
2. Por lo expuesto, propongo al acuerdo revocar la resolución apelada de fecha 26-2-21 y, de tal manera, admitir la excepción de pago parcial opuesta por el equivalente a 12,12jus, mandando continuar la ejecución por los restantes 7,88jus (art. 900 y ss., CCCN; arts. 497, 501, 504 inc. 3, 505, 506, CPCC; art. 9, Ley 14.967; SCBA, Ac. 3918/18, del 19-12-18).
Las costas de la excepción de pago parcial que procede serán a cargo del ejecutante, en tanto que las de la ejecución que prospera estarán a cargo del ejecutado, en razón de los respectivos vencimientos (arts. 68, 69, 71 y 274, CPCC).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, se resuelve: revocar la resolución apelada de fecha 26-2-21 y, de tal manera, admitir la excepción de pago parcial opuesta por el equivalente a 12,12jus, mandando continuar la ejecución por los restantes 7,88jus (art. 900 y ss., CCCN; arts. 497, 501, 504 inc. 3, 505, 506, CPCC; art. 9, Ley 14.967; SCBA, Ac. 3918/18, del 19-12-18); en origen, librar oficio a los restantes procesos que surgen del recibo a fin de dejar constancia de dicha circunstancia (art. 34 inc. 5 ap. “e”, CPCC); las costas de la excepción de pago parcial que procede serán a cargo del ejecutante, en tanto que las de la ejecución que prospera estarán a cargo del ejecutado, en razón de los respectivos vencimientos (arts. 68, 69, 71 y 274, CPCC); diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31, Ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 31 de Agosto de 2021.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts.266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) revocar la resolución apelada de fecha 26-2-21 y, de tal manera, admitir la excepción de pago parcial opuesta por el equivalente a 12,12jus, mandando continuar la ejecución por los restantes 7,88jus (art. 900 y ss., CCCN; arts. 497, 501, 504 inc. 3, 505, 506, CPCC; art. 9, Ley 14.967; SCBA, Ac. 3918/18, del 19-12-18). 2) en origen, librar oficio a los restantes procesos que surgen del recibo a fin de dejar constancia de dicha circunstancia (art. 34 inc. 5 ap. “e”, CPCC). 3) con costas de la excepción de pago parcial que procede a cargo del ejecutante, y las de la ejecución que prospera a cargo del ejecutado, en razón de los respectivos vencimientos (arts. 68, 69, 71 y 274, CPCC). 4) diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31, Ley 14.967). Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 31/08/2021 09:46:55 - PERALTA REYES Victor Mario - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2021 11:14:14 - LONGOBARDI Maria Ines - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2021 12:45:42 - CAMINO Claudio Marcelo - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 31/08/2021 12:54:17 hs. bajo el número RS-7-2021 por Camino claudio.
Fin de la sentencia