Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 173507
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar al recurso de apelación deducido por el Dr. P. el 06-07-2021 y revocar la sentencia dictada el 01-07-2021, mandando a llevar adelante la ejecución hasta tanto el ejecutado pague al acreedor la suma que al momento de la practicarse la liquidación (arts. 549 y 557 del C.P.C.C.; art. 772 del C.C.C) equivalga a la cantidad de cincuenta y dos jus arancelarios (52 jus), cuyo valor de cotización individual será el que informe la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires a ese momento (arg. art. 165 del C.P.C.C.), con más los intereses calculados a una tasa del 12% anual (art. 53 inc. “a” ley 14.967) II. Imponer las costas de Alzada en el orden causado por no mediar controversia (arts. 68 a contrario y 274 del C.P.C.C.). III. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 ley 14.967).
Expte. N° 173.507 Juzgado de Familia N° 2
En la ciudad de Mar del Plata reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “P. A. P. C7 K. W. D. S/ COBRO DE HONORARIOS” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es justa la sentencia dictada el 1 de julio de 2021?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I.a. La sentencia dictada el 1 de julio de 2021 por la Jueza titular del Juzgado de Familia N° 2 departamental, viene a conocimiento de este Tribunal de Alzada con motivo del recurso de apelación deducido por el ejecutante mediante la presentación electrónica del 6-7-2021.
En lo que aquí interesa destacar, la magistrada mandó llevar adelante la ejecución por la suma de $ 75.504 ($ 68.640 correspondiente a honorarios y $ 6.864 a aportes previsionales).
Para decidir de ese modo, tuvo en consideración el estado de las actuaciones, el cumplimiento de la citación oportunamente dispuesta y la falta de oposición de excepciones por parte del ejecutado, no obstante encontrase debidamente notificado (arts. 36 inc.1°, 116, 503, 504 y 506 CPCC).
II. El recurso del ejecutante.
El accionante fundó su embate en el escrito del 25-9-2021; no mereció réplica (v. proveido del 17-5-2021).
(i) Reprochó que se mandara llevar adelante la ejecución por la suma de $ 75.504, cuando en la demanda se consignó expresamente que el reclamo era por 52 Jus.
(ii) Respecto de la tasa de interés, alegó que si bien en la demanda solicitó que se aplicaran intereses a la tasa activa promedio que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a treinta días, debieron haberse morigerado. De conformidad con lo autorizado por el art. 54 inc. "a" de la ley 14.967 que autoriza al letrado a reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria jus –conforme así lo hiciera- pero con más un interés del 12% anual.
Sostuvo que carece de fuente normativa entender que por el hecho de haber peticionado intereses a la tasa activa promedio, ello implique la aplicación del inc. b del art. 54 de la ley referida.
III. La solución del caso.
El embate prospera.
III.1.a. No cabe duda que el espíritu de la nueva ley arancelaria es el de proteger el honorario profesional y evitar su depreciación con el trascurso del tiempo.
De la actual redacción del art. 15 de la ley 14.967 se observa que la intención del legislador fue la de profundizar los recaudos que debe contener toda regulación de honorarios, bajo pena de nulidad.
El inciso "d" del referido artículo dispone que el monto de la regulación deberá estar expresado en la unidad arancelaria jus , cuyo valor definitivo se establecerá al momento de hacerse efectivo el pago.
A su vez, el art. 24 estatuye que la regulación de honorarios se efectuará en su equivalente a la medida jus, debiendo así mantenerse hasta el momento del pago.
III.1.b. La interpretación armónica de estas disposiciones evidencia que la ley 14.967 reconoce a la deuda de honorarios como una deuda de valor. Es decir, la utilidad, valor o quid debido está constituido por una determinada cantidad de jus arancelarios.
En cuanto al momento que corresponde tomar para la evaluación de la deuda (art. 772 del CCyC), la ley 14.967 sienta como principio general en de su efectivo pago (arts. 9 inc. d, 24, 54 inc. a), previéndose como excepción su conversión a la fecha de mora (art. 54 inc. b).
Es lógico que el valor definitivo sea establecido al momento de hacerse efectivo el pago, dado que allí realmente toma trascendencia la regulación en jus , toda vez que al gozar de movilidad del nivel remunerativo de los jueces, dicho patrón arancelario encontrará en el momento del pago su nivel más elevado (Quadri, Gabriel Hernán, "Honorarios profesionales. Abogados, procuradores y auxiliares de justicia. Ley 14.967" 1° edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Erreius, 2018, p. 96; esta Sala, en autos “Fay, Estela Margarita c/ Grupo Idear S.A. y otros s/ Daños y perj. Resp. Profesional (excluido Estado)”, expte. 162.169, sentencia del 2-3-2022).
III.1.c. En el caso, no resultó acertado que la jueza cuantificara los jus regulados en los autos conexos (52 en total), al valor de la fecha en que proveyera la demanda, esto es, al 1-2-2019 y en la suma de $75.504 ($ 68.640 correspondientes a honorarios y $ 6.864 a aportes previsionales; v. fs. 8vta. y 11; Ac. SCBA 3918 del 15-12-2018: valor del jus $ 1.320).
Es que, teniendo en cuenta los fundamentos expuestos de modo precedente, no puede considerarse que la suma deba quedar cristalizada en moneda de curso legal al dictarse la providencia ejecutiva, pues debe ocurrir recién al momento de su efectivo pago (arts. 772 CCyC; 9 inc. d, 24, 54 inc. “a” de la ley 14.967).
El art. 549 del C.P.C.C. dispone que la sentencia de remate sólo podrá determinar que se lleve la ejecución adelante, en todo o en parte, o su rechazo.
Para ello resulta fundamental determinar cómo queda trabada la litis entre las partes, pues habiéndose tramitado un proceso, otorgado debida posibilidad al accionado de ser escuchado y a ambas partes el derecho de probar y producir la prueba, se culmina con el dictado de una sentencia congruente con las peticiones formuladas y probadas por las partes.
En otras palabras, la decisión que se adopta en la parte dispositiva no hace más que sintetizar las conclusiones a las que arriba la jueza en función a las cuestiones involucradas en la pretensión o pretensiones del actor y en la oposición u oposiciones del demandado (arg. art. 163 incs. 3 y 6 del C.P.C.C, esta Sala c. 171.085).
En el escrito liminar el ejecutante reclamó el pago de la suma de dinero equivalente a 52 jus arancelarios (de acuerdo a lo normado por el art. 54 de la ley arancelaria), que fueron cotizados en la demanda a la fecha de su interposición ($50.544) al sólo fin de dar cumplimiento con lo previsto en el art. 330 segundo párrafo del código de rito.
En el embate se resalta que se reclamó en unidad de valor y no en moneda de curso legal, pese a lo cual la jueza la analizó en un contexto nominalista como una mera obligación de dar sumas de dinero sin dar mayores explicaciones al respecto, ocasionando un perjuicio económico al patrimonio del accionante. Máxime cuando no se ha arribado aún a la oportunidad de la definitiva cuantificación en dinero (art. cit.)
Por lo tanto, asiste razón al Dr. P. al sostener que la ejecución de los honorarios debió proveerse en jus arancelarios y no en el monto consignado en pesos (arts. 15, 24, 54 inc. “a” ley 14.967).
III.1.d. Una situación similar aconteció con respecto a la tasa de interés aplicable y en ello fundamenta su segundo agravio el apelante.
La normativa arancelaria dispone, en su art. 54, que el acreedor puede optar entre reclamar la ejecución de sus honorarios en jus arancelarios con una tasa del 12% anual (art. 54 inc. “b”) o exigirlos convertidos a moneda de curso legal al momento de la mora con más el interés previsto en el art. 552 del CCyC, esto es la tasa más alta que los bancos cobran a sus clientes (art. 54 inc. “b”).
Dicho esto, cuadra apuntar que el ejecutante ha ejercido la opción indicada en el inciso a) del artículo 54 de la ley 14.967 (v. punto I del escrito de demanda). Consecuentemente el interés que debe fijarse es del 12% anual.
No resulta correcto pesificar la deuda y aplicarle la tasa de interés correspondiente al inciso b) del mencionado artículo si esta no ha sido la voluntad del acreedor al momento de ejercer la opción que le concede la normativa arancelaria.
Es que, precisamente, como el jus arancelario representa una unidad de valor se encuentra sujeto a una tasa de interés “pura” (SCBA in re "Nidera" C. 121.134 ). Por ello, mal puede la sentencia que mande llevar adelante la ejecución ordenarla en unidad de valor y, a su vez, consignar una tasa de actualización que no es la contemplada para ese tipo de obligaciones.
Por todo lo hasta aquí expuesto es que, propondré al acuerdo que el recurso del ejecutante sea receptado y, como consecuencia, la resolución apelada sea revocada con costas en el orden causado atento la ausencia de controversia (arts. 24, 54 incs. “a” y “b” ley 14.967, arts. 68 a contrario, 69, 330 y ccdtes. del CPCC).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
Corresponde hacer lugar al recurso de apelación deducido por el Dr. P. el 06-07-2021 y revocar la sentencia dictada el 01-07-2021, mandando a llevar adelante la ejecución hasta tanto el ejecutado pague al acreedor la suma que al momento de la practicarse la liquidación (arts. 549 y 557 del C.P.C.C.; art. 772 del C.C.C) equivalga a la cantidad de cincuenta y dos jus arancelarios (52 jus), cuyo valor de cotización individual será el que informe la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires a ese momento (arg. art. 165 del C.P.C.C.), con más los intereses calculados a una tasa del 12% anual (art. 53 inc. “a” ley 14.967) e imponiendo las costas de Alzada en el orden causado por no mediar controversia (arts. 68 a contrario y 274 del C.P.C.C.). A su vez, corresponde diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 ley 14.967).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I. Hacer lugar al recurso de apelación deducido por el Dr. P. el 06-07-2021 y revocar la sentencia dictada el 01-07-2021, mandando a llevar adelante la ejecución hasta tanto el ejecutado pague al acreedor la suma que al momento de la practicarse la liquidación (arts. 549 y 557 del C.P.C.C.; art. 772 del C.C.C) equivalga a la cantidad de cincuenta y dos jus arancelarios (52 jus), cuyo valor de cotización individual será el que informe la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires a ese momento (arg. art. 165 del C.P.C.C.), con más los intereses calculados a una tasa del 12% anual (art. 53 inc. “a” ley 14.967) II. Imponer las costas de Alzada en el orden causado por no mediar controversia (arts. 68 a contrario y 274 del C.P.C.C.). III. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 ley 14.967). REGISTRESE. Notifíquese a través del sistema automatizado (Anexo I Ac SCBA 4039). Oportunamente, devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 04/08/2022 11:13:01 - LOUSTAUNAU Roberto José - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/08/2022 12:32:15 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/08/2022 13:17:09 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 04/08/2022 13:55:31 hs. bajo el número RS-199-2022 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia