Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 175151
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el ejecutado el día 30-6-2022 y, en consecuencia, revocar la sentencia de fecha 27-6-2022, mandando a llevar adelante la ejecución hasta tanto Mauro De Luise haga íntegro pago a la Dra. Jacqueline Hoffstetter de 16,59 jus arancelarios de acuerdo a su valor a la fecha del efectivo pago (arts. 246, 270, 274, 504 inc. 3 y conc. del C.P.C.C.).
II. Imponer las costas de alzada a la ejecutante vencida y respecto a las de primera instancia cabe distinguir: por el progreso de la acción principal al ejecutado y por la procedencia de la excepción de pago parcial a la ejecutante (arts. 68, 69 y 274 del C.P.C.C.).
III. Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31, ley 14.967).
EXPEDIENTE N° 175151 JUZGADO N° 6
En la ciudad de Mar del Plata reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "HOFFSTETTER, JACQUELINE C/ DE LUISE, MAURO S/ COBRO DE HONORARIOS", habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la sentencia dictada el día 27-6-2022?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. En el fallo cuestionado la Sra. Jueza rechazó la excepción de pago parcial opuesta por el Sr. De Luise y mandó a llevar adelante la ejecución por la suma reclamada en la demanda.
Para decidir de ese modo consideró que las constancias de depósitos acompañadas no reúnen las condiciones necesarias en cuanto a la imputación de pago pertinente para admitir la defensa intentada.
II. El ejecutado apeló y fundó el día 30-6-2022.
Alegó que la jueza no consideró lo manifestado por la letrada ejecutante en la presentación de fecha 20-4-2022.
Afirmó que los depósitos realizados en la cuenta bancaria del marido de la ejecutante fueron imputados a los honorarios del expediente “Barone y De Luise s. Divorcio por presentación conjunta” (exp. n° 25818-2020) y no al convenio privado al que alude la letrada.
Sostuvo que los pagos fueron realizados mediante transferencia bancaria a la cuenta referida por un tema impositivo de la propia actora sin que se le extienda el correspondiente recibo de pago, situación que, además de irregular, lo llevó a oponer la presente defensa y la correspondiente denuncia ante la AFIP.
Manifestó que el proceder de la letrada es contrario a lo normado por el art. 19 de la ley arancelaria.
Solicitó que se revoque la sentencia y se admita la excepción de pago parcial opuesta.
III. La Dra. Hoffstetter -por propio derecho- contestó el memorial mediante el escrito de fecha 12-7-2022.
Expresó que el ejecutado no realizó una crítica concreta y razonada del fallo apelado.
Luego manifestó que su parte reconoció los pagos realizados por el Sr. De Luise mediante los depósitos en la cuenta bancaria aludida, pero no la imputación pretendida.
Pidió que se confirme la sentencia con costas.
IV. El recurso prospera.
IV.1. Los problemas que se suscitan entre acreedor y deudor cuando existen varias obligaciones de la misma naturaleza pendientes de cumplimiento y tiene lugar un pago que no alcanza a satisfacerlas a todas se soluciona a través del sistema de imputación del pago, en tanto conjunto de reglas y principios que procuran echar luz en la materia (Pizarro- Vallespinos, "Obligaciones", Hammurabi, Buenos Aires, 1999, tomo 2, p. 182).
El Código Civil y Comercial consagra que es el deudor quien tiene, en primer lugar, la facultad de elegir cuál es la deuda que pretende pagar (art. 900), de no hacerlo esa aptitud se traslada al acreedor (art. 901), pero en uno u otro caso la elección está sujeta a una limitación, pues debe conferirse prioridad a las deudas líquidas y exigibles. Finalmente, de no mediar dicho ejercicio por ninguno de ellos se configura la imputación legal (art. 902).
Se mantiene el mismo sistema que preveía el código velezano, por el que se sigue con la tradición romanista de resguardar el principio del favor debitoris, lo que es destacado por la doctrina autoral por considerarla natural, lógica y práctica ya que si el deudor es quien debe realizar la actividad solutoria, debe ser también él quien determine cuál es la obligación que cumple y la que no cumple (Albaladejo, Cristóbal y Montes, en Pizarro- Vallespinos, ob. cit., p. 183).
Por otra parte, el art. 19 de la ley arancelaria local (14.967) contempla de manera expresa que cada vez que el profesional reciba en forma directa dinero u otros bienes, que deban ser imputados a honorarios o cualquier otro concepto por parte de su cliente, debe extender recibo de acuerdo a las formalidades exigidas por los organismos de recaudación tributaria y conforme a una serie de enunciaciones esenciales a lo largo de varios incisos, entre los que destaco los siguientes: "(...) c) Carátula, juzgado y departamento judicial de radicación de la litis, objeto del pago o enunciación del asunto extrajudicial que motivó la intervención del profesional; d) Rubro al que se imputa el pago (honorarios, capital, intereses, gastos de estudio, gastos causídicos, gastos por diligenciamiento extrajudiciales) y e) Fecha y monto del pago con aclaración de si es parcial o total y si debe imputarse al cumplimiento de un pacto sobre honorarios o de cuota litis".
La norma establece una clara e inexcusable regla de conducta que el abogado debe observar cuando percibe fondos en el marco de su actuación profesional. Tal exigencia ha sido puesta en miras a la seriedad y seguridad y se sustenta en las reglas de ética profesional, tal como surge de la Exposición de Motivos del proyecto del Colegio de Abogados (esta Sala, causa n° 115.716 RSD 654 del 11-12-2008; Hitters- Cairo, "Honorarios de Abogados y Procuradores", Lexis Nexis, Buenos Aires, 2007, p. 208)
Con acierto se ha resuelto que resulta cuando menos poco serio que cuando el actor ejecutante resulta un profesional del derecho, entregue -por sí o por medio de un tercero en su nombre- un recibo de pago cuya deficiente instrumentación viene luego a ser invocada por el propio otorgante para relativizar la bondad probatoria de éste y sus alcances (Cám. Apel. Civ. y Com., La Plata, causa nro. 91.683, RSD 177 del 14-9-1999).
De allí que resulte un panorama todavía menos auspicioso para el abogado cuando, como en el caso, reconoce que recibió pagos parciales de su cliente sin extender recibo alguno.
En este sentido la doctrina autoral ha enfatizado que "es una de las pocas normas contenidas en la nueva ley que se ocupa de resguardar los derechos e intereses del consumidor de servicios jurídicos, por lo cual (...) toda infracción a la misma debería redundar en desmedro del profesional sobre quien pesa esta obligación" (Resina Lillo-Giussani-Gómez, "Honorarios Profesionales", Errejus, 2018, pág. 121; en el mismo sentido, Carlos Fernando Valdez, "Ley de Honorarios", Hammurabi, pág. 109).
IV.2. En el caso, se ejecutan los honorarios regulados los días 28-12-2020 (aclaratoria del 1-2-2021) y 29-3-2021 en la causa “Barone y De Luise s. Divorcio por presentación conjunta” de trámite ante el Juzgado de Familia n° 6 deptal. por la suma total de 87 jus (102 jus menos el pago denunciado en la demanda de 15 jus, v. escrito de fecha 21-10-2021).
El excepcionante opuso el pago parcial alegando que realizó los siguientes depósitos: el día 1-12-2020 la suma de $50.000 (21,67 jus), el 22-1-2021 $58.000 (25,14 jus), el 26-3-2021 $10.000 (3,80 jus), el 26-3-2021 $10.000 (3,80 jus), el 26-3-2021 $30.000 (11,40 jus), el 26-4-2021 $35.000 (13,30 jus) y el 26-5-2021 $30.000 (11,40 jus). Todo ello hace un total de $223.000 equivalentes a 90,51 jus (v. escrito de fecha 21-3-2022)
La ejecutante afirmó que las sumas de los dos primeros depósitos (fechas 1-12-2020 por $50.000 y 22-1-2021 por $58.000) no deben imputarse al pago de los honorarios aquí ejecutados sino a cuenta de los que se habrían devengado en su favor por el convenio privado extrajudicial celebrado entre los cónyuges que tenía por objeto el acuerdo de partición, liquidación y atribución de régimen de comunidad conyugal y compensación económica.
Respecto al resto de los depósitos manifestó que constituían pagos que fueron denunciados en la demanda y descontados del monto total que en concepto de honorarios se le habían regulado (v. escrito de fecha 20-4-2022).
Explicó que los dos depósitos controvertidos fueron realizados en la cuenta de su marido por una cuestión impositiva, ya que su categoría de monotributista le impedía excederse mensualmente de cierto monto en la percepción de honorarios a través de su cuenta bancaria personal (art. 335 del CCyC).
El ejecutado, por su parte, negó el alcance pretendido por la acreedora al sostener que mal podría haber realizado pagos a cuenta de un convenio respecto del cual nunca se le habría informado a cuánto ascenderían los honorarios, que no estaba homologado a la fecha de los desembolsos ni, por ende, regulados los emolumentos (art. 900 del CCyC).
A su vez, estimó que el reconocimiento de los depósitos por parte de la contraria (15 jus) asciende a una suma mayor en jus arancelarios de acuerdo a las fechas en que se hicieron cada uno de aquéllos (90,51).
IV.3. El reconocimiento que la letrada realiza en relación a los pagos parciales de $50.000 y $58.000 (que a las fechas de las transferencias representan 21,67 y 25,14 jus respectivamente) desencadena que éstos cuenten con aptitud cancelatoria en sintonía con lo pretendido por el apelante.
En primer lugar, porque la imputación a cuenta de su pretenso crédito derivado 8del laboreo en la redacción de un convenio privado (que tenía por objeto la partición, liquidación y atribución de la sociedad conyugal), deviene improcedente al no tratarse de una deuda líquida ni exigible (art. 901 inc. "a" del CCyC), pues la propia ejecutante reconoce que a la fecha de los depósitos controvertidos tal documento no estaba siquiera presentado judicialmente para su homologación, lo que recién ocurrió mas de un año después.
En segundo lugar, porque la omisión en la que incurrió la abogada ejecutante ante la falta de entrega de los recibos en cada una de las oportunidades en que consintió los depósitos de su cliente a cuenta de sus honorarios no puede, ante las ulteriores discrepancias acaecidas (como en el caso en relación a la imputación), más que redundar en contra de quien tiene el imperativo legal de consignarlas, es decir, la propia abogada en su carácter de acreedora y profesional del derecho (Hitters-Cairo, ob. cit., p. 208).
La regla que emerge de la norma debe interpretarse en desmedro del profesional que la infringió y, en consecuencia, corresponde admitir la concreta imputación al pago parcial de los honorarios ejecutados en autos que realizó el excepcionante (arts. 900 y ss., CCyC; 497, 501, 504 inc. 3, 505, 506 del CPCC; 19 de la ley 14.967; S.C.J.B.A., Ac. 3918/18, del 19-12-18; Quadri, "Honorarios profesionales", Erreius, Buenos Aires, 2018, pág. 122).
IV.4. No escapa al suscripto que las fechas de los depósitos sean anteriores a la notificación de las regulaciones, pues ello no es óbice para arribar a la conclusión antedicha.
En este sentido la jurisprudencia ha tenido oportunidad de resolver que "Cuando lo que se persigue es el cobro compulsivo de los honorarios regulados, es posible hacer valer como fundamento de la defensa los pagos parciales realizados al abogado con anterioridad a la regulación (...) En tanto resulta ser práctica común que los abogados perciban pagos parciales a cuenta de tareas encomendadas durante el desarrollo del proceso constituyendo una suerte de acuerdo que se anticipa respecto del costo de la labor profesional que habrá de encararse..." (Cám. Nac. Civ, Sala D, 13/6/2001, "Lucino, Jorge A. J. c/. Vallaco, Juan C", JA 2002-I-4; Cám. Apel. Civ. y Com., Azul, causa nro. 67.234, RS 7 del 31/08/2021).
Por ello, aunque se trate de pagos parciales realizados por el ejecutado con anterioridad a la resolución regulatoria cuya ejecución se persigue deben ser atendidos, sobre todo en el caso en que la abogada percibió en plena etapa litigiosa las referidas sumas de dinero y no media consenso con su cliente respecto a la imputación que corresponde realizar por las tareas desarrolladas (art. 19 de la ley 14.967).
IV.5. En virtud de lo anterior, corresponde hacer lugar al recurso de apelación y, en consecuencia, admitir la excepción de pago parcial opuesta por el equivalente a 90,51 jus arancelarios, por ser ese valor al que se arriba luego de convertir los distintos montos depositados a la unidad arancelaria en las fechas en que tuvieron lugar (arts. 865, 869, 900 y conc. del CCyC; 504 inc. 3 del C.P.C.C.; 1, 9, 15, 19 y conc. de la ley 14.967).
En atención a que la pretensión objeto de autos gira en torno a la regulación de los honorarios realizada en el juicio de divorcio por presentación conjunta por 102 jus arancelarios (40 jus del divorcio + 15 jus del plan de parentalidad y 47 jus de los alimentos), más los aportes previsionales correspondientes (5% por tratarse de un juicio voluntario, art. 12 inc. "a" de la ley 6716), ello hace un total de 107,10 jus arancelarios (102 + 5,10).
En suma, la ejecución debe prosperar por 16,59 jus arancelarios (107,10 - 90,51)
Por las razones expuestas VOTO POR LA NEGATIVA.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
En orden a la votación precedente corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el ejecutado el día 30-6-2022 y, en consecuencia, revocar la sentencia de fecha 27-6-2022, mandando a llevar adelante la ejecución hasta tanto Mauro De Luise haga íntegro pago a la Dra. Jacqueline Hoffstetter de 16,59 jus arancelarios de acuerdo a su valor a la fecha del efectivo pago. Las costas de alzada se imponen a la ejecutante vencida, en tanto que las de primera instancia cabe distinguir: por el progreso de la acción principal al ejecutado y por la procedencia de la excepción de pago parcial a la ejecutante (arts. 68, 69, 246, 270, 274, 504 inc. 3 y conc. del C.P.C.C.).
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el ejecutado el día 30-6-2022 y, en consecuencia, revocar la sentencia de fecha 27-6-2022, mandando a llevar adelante la ejecución hasta tanto Mauro De Luise haga íntegro pago a la Dra. Jacqueline Hoffstetter de 16,59 jus arancelarios de acuerdo a su valor a la fecha del efectivo pago (arts. 246, 270, 274, 504 inc. 3 y conc. del C.P.C.C.). II) Imponer las costas de alzada a la ejecutante vencida y respecto a las de primera instancia cabe distinguir: por el progreso de la acción principal al ejecutado y por la procedencia de la excepción de pago parcial a la ejecutante (arts. 68, 69 y 274 del C.P.C.C.). III) Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31, ley 14.967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE (Ac. 4103). DEVUÉLVASE.
Firmas
Funcionario Firmante: 20/09/2022 11:09:14 - LOUSTAUNAU Roberto José - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2022 11:13:54 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2022 11:29:05 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 20/09/2022 12:11:17 hs. bajo el número RS-250-2022 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia