Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 174555
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar -parcialmente- al recurso de apelación deducido el 25-2-2022 por el ejecutante y, en consecuencia, modificar la sentencia impugnada en el sentido de mandar a llevar adelante la ejecución hasta tanto el ejecutado haga efectivo el pago al acreedor de los siguientes conceptos: $7.188 por los honorarios regulados por su actuación hasta el 8 de noviembre de 2017 y 7 jus arancelarios calculados al momento de su efectivo pago por su labor desarrollada con posterioridad a esa fecha. Establecer que los intereses moratorios sobre dichos conceptos se regirán por las tasas previstas en los arts. 54 inc. "b" del decreto-ley 8904/77 (art. 552 del CCyC) y 54 inc. "a" de la ley 14.967, respectivamente (arts. 242, 246, 270, 498 inc. 3ro., 506 y conc. del C.P.C.C.; art. 772 del CCyC; arts. 1, 15, 24, 41, 54 y conc, de la ley 14.967).
II. Sin costas por no mediar controversia y por tratarse del ejercicio de un derecho propio (art. 68 a contrario del C.P.C.C.; art. 12 de la ley 14.697).
EXPEDIENTE N ° 174.555. JUZGADO DE FAMILIA N° 4.
En la ciudad de Mar del Plata reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "CESPEDES WALTER OMAR C/ ACTIS GROSSO CRISTIAN DANIEL S/ COBRO DE HONORARIOS" , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la sentencia de fecha 17-2-2022?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. En el pronunciamiento atacado la jueza mandó a llevar adelante la ejecución hasta tanto el ejecutado Cristian D. Actis Grosso hiciera efectivo pago al acreedor Walter O. Céspedes de la suma de $28.157,80, comprensivo de $25.598,00 en concepto de honorarios y $2.559,80 de aportes sobre ellos, con más los intereses y costas de la ejecución.
Dispuso que al capital de condena correspondía aplicar la tasa de interés que percibía el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento denominada "tasa activa en pesos para restantes operaciones", vigente en cada período correspondiente y desde la constitución en mora, la que se determinó a los diez días de quedar firme el auto regulatorio.
II. El ejecutante apeló el 25-2-2022 y presentó el memorial el 15-3-2022. No medió réplica de la contraria.
Sus quejas giraron en torno a tres cuestiones: a) el capital de condena, b) la tasa de interés y c) la fecha de la mora.
II.1. Alegó, respecto del capital, que de los términos de la demanda (17-5-2021) y de su modificación (11-10-2021) el capital reclamado estaba constituido por $7.188 en concepto de honorarios por lo actuado hasta el 8 de noviembre de 2017 y 7 jus arancelarios por la labor desarrollada con posterioridad en función de su valor al momento del pago.
II.2. Manifestó que debía adoptarse como fecha de la mora para el cálculo de los accesorios el día en que fue dictado el auto regulatorio (29-4-2021), ya que una vez que el condenado en costas incurrió en mora, nace para el acreedor el derecho de percibir los honorarios regulados actualizados en función de la desvalorización de la moneda desde el momento de la regulación.
II.3. Sostuvo, finalmente, que los intereses debían calcularse desde la fecha del auto regulatorio, sobre el capital de honorarios regulados en $7.188,00 a la tasa prevista en el art. 54 letra "b" del decreto-ley 8904/77 y a la tasa prevista en el art. 54 letra "a" de la ley 14.967 sobre el capital restante (7 jus ).
III. Abordaré el análisis de las quejas en el mismo orden en que fueron reseñadas.
III.1. Capital:
El art. 506 del ritual prevé que si una vez vencido el plazo de cinco días el ejecutado no opuso ninguna excepción, debe mandarse a continuar la ejecución.
Para ello resulta fundamental determinar cómo queda trabada la litis entre las partes, pues habiéndose tramitado un proceso dando debida posibilidad al accionado de ser escuchado y a ambas partes el derecho de probar y producir la prueba, se culmina con el dictado de una sentencia congruente con las peticiones formuladas y probadas por las partes.
En otras palabras, la decisión que se adopta en la parte dispositiva no hace más que sintetizar las conclusiones a las que arriba la jueza en función a las cuestiones involucradas en la pretensión o pretensiones del actor y en la oposición u oposiciones del demandado si las hubiera (arg. arts. 163 incs. 3 y 6, 498 inc. 3, 504, 506 y conc. del C.P.C.C.).
En el caso, el simple cotejo entre el objeto de la demanda (pretensión) el 17-5-2021, su modificación el 11-10-2021 y los términos y alcances de la parte dispositiva de la sentencia en crisis, permite advertir que el juzgador mandó a llevar adelante la ejecución por la suma de $28.157,80, sin reparar en que parte del reclamo estaba determinado en jus arancelarios.
En el escrito liminar el ejecutante reclamó el pago $28.157,80, de los cuales $25.598 correspondían a honorarios y $2.559,80 a los aportes previsionales. Sin embargo, con anterioridad a la citación de venta (26-11-2021), ello fue modificado 11-10-2021 cuando el ejecutante puso de manifiesto que su acreencia debía distinguirse no sólo por el hecho que estaba conformada por pesos ($7.188) y jus (7), tal como se desprendía de auto regulatorio del 29-4-2021 en los autos principales; sino también porque correspondía discriminar la tasa de interés aplicable para cada uno de ellos en función de la normativa en juego: art. 54 inc. "b" del decreto-ley 8904/77 y art. 54 inc. "a" de la ley 14.967, respectivamente.
Por ello es que el 10-2-2022 al solicitar el dictado de la sentencia requirió que se condenara al ejecutado a abonar el íntegro pago del capital reclamado: $7.188,00 en concepto de honorarios por lo actuado
hasta el 8 de noviembre de 2017 y 7 jus arancelarios por la labor desarrollada con posterioridad, que a esa fecha representaban $24.878 (conf. Ac. 4047/21), haciendo un parcial de $32.066, sin perjuicio del ajuste que correspondiera efectuar al valor que tuviera el jus en el momento del pago, con más los aportes previsionales por $3.206,60, lo que hacía un total de $35.272,60.
Pese a que parte del crédito constituye una deuda de valor conforme el art. 772 del CCyC, la jueza lo analizó en un contexto nominalista como una mera obligación de dar sumas de dinero sin dar mayores explicaciones al respecto, ocasionando un perjuicio económico al patrimonio del accionante. Máxime cuando no se ha arribado aún a la oportunidad de la definitiva cuantificación en dinero (art. cit.).
No cabe duda que el espíritu de la nueva ley arancelaria es el de proteger el honorario profesional y evitar su depreciación con el trascurso del tiempo (esta Sala, causa nro. 162.169, RR 48 del 3-3-2022).
De la nueva redacción del art. 15 de la ley 14.967 se observa que la intención del legislador es la de profundizar los recaudos que debe contener toda regulación de honorarios, bajo pena de nulidad.
El inciso "d" del referido artículo dispone que el monto de la regulación deberá estar expresado en la unidad arancelaria jus , cuyo valor definitivo se establecerá al momento de hacerse efectivo el pago.
Ello, a su vez, está en armonía con el art. 24 que estatuye que la regulación de honorarios se efectuará en su equivalente a la medida jus , debiendo así mantenerse hasta el momento del efectivo pago.
De allí que corresponde receptar el agravio en el sentido de fijar como capital de condena las sumas de $7.188,00 en concepto de honorarios por lo actuado hasta el 8 de noviembre de 2017 y 7 jus arancelarios por la labor desarrollada con posterioridad, cuya determinación se difiere para el momento del efectivo pago (arts. 242, 246, 270, 498 inc. 3, 504, 506 y conc. del C.P.C.C.; art. 772 del CCyC y arts. arts. 9 inc. d, 24, 54 inc. "a" de la ley 14.967).
III.2. Mora:
Tanto de los términos del art. 54 tanto del decreto-ley 8.904/77 como de su homólogo de la ley 14.967, se desprende que tratándose de honorarios regulados judicialmente los intereses se devengan desde la fecha de la constitución en mora y ésta se produce al vencimiento del plazo de 10 días corridos posteriores a la firmeza de la regulación.
De las constancias de los autos principales cotejadas por medio de la mesa de entradas virtual de la S.C.J.B.A. encuentro que el auto regulatorio del 29-4-2021 fue notificado al aquí ejecutado (Cristian D. Actis Grosso) el 3-5-2021 con motivo de la cédula electrónica remitida a su casillero electrónico.
El plazo para apelar feneció el 11-5-2021 sin que mediara la interposición de recurso alguno, por lo que el plazo de diez días corridos para cancelar los honorarios acaeció el 21-5-2021 y, en consecuencia, al no mediar el pago la constitución en mora del deudor se configuró el 22-5-2021, por lo que este agravio no debe prosperar (art. 54 de la ley 14.967; art. 886 del CCyC; arts. 242, 246, 270 y conc. del C.P.C.C.; esta Sala en causas nro. 142.589 RSI 151 del 31-3-2010; nro. 144.160 RSI 833 del 15-9-2009; entre otras).
III.3. Intereses:
La Suprema corte provincial ha sostenido que " En atención a que la remuneración por la labor de los abogados en los juicios se determina teniendo en cuenta las etapas cumplidas en las que el proceso se divide, resulta necesario, ante la entrada en vigor de un nuevo ordenamiento arancelario, discriminar aquellas pasadas durante la vigencia del régimen anterior de las que se hicieron a partir de la operatividad del nuevo sistema. Tal es el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del precedente que se registra en Fallos 319:1915 (mantenido en Fallos:320:31; 2349 y 2756; 321:146; 330, 532 y 1757; 325:2250), frente a una norma arancelaria que –como la recientemente sancionada- no contenía normas de derecho transitorio; y que ha sido igualmente aplicado aún en la hipótesis en que la ley en cuestión dispusiera su aplicación a las acciones judiciales iniciadas con anterioridad a su entrada en vigencia " (en causa "Morcillo" del 08-11-2017).
En el caso no se encuentra discutido el modo en que tuvo lugar la regulación de los honorarios (parte en pesos y parte en jus ), sino que los intereses -cuya mora se produjo durante la vigencia de la nueva ley arancelaria- deban calcularse tomando los parámetros de uno u otro cuerpo normativo.
Al respecto debe tenerse en cuenta que el art. 7 del CCyC, dispone que las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas a partir de su entrada en vigencia.
Es que " de conformidad con el artículo 7 de dicho cuerpo legal, se debe aplicar en forma inmediata a las consecuencias de las situaciones jurídicas existentes, es decir las que se encuentran en curso de desarrollo al tiempo de su sanción, aún cuando se hubiese dictado sentencia de primera instancia bajo el imperio del antiguo Código Civil. Es que, en lo que respecta a las disposiciones adjetivas, éstas mayoritariamente se aplican en forma inmediata a las causas pendientes, siempre sin privar de validez a los actos procesales cumplidos, ni que se deje sin efecto lo actuado de conformidad a las leyes anteriores " (CC0201 LP en c. 119778 RSD 17/16 del 22-02-2016).
Al respecto, calificada doctrina autoral ha explicado que “ La noción de consumo que subyace en el art. 7 fue tomada por Borda de la obra de Roubier, quien distingue entre leyes que gobiernan la constitución y la extinción de una situación jurídica, y leyes que gobiernan el contenido y las consecuencias. Cada fase se rige por la ley vigente al momento de esa etapa; el consumo o el agotamiento debe analizarse según cada una de esas etapas, en concreto , para cada tipo de situaciones, siendo imposible una formulación en abstracto, para todo tipo de cuestiones.” (Kemelmajer de Carlucci, Aída “El artículo 7 del Código Civil y Comercial y los expedientes en trámite en los que no existe sentencia firme” publicado en La Ley. Buenos Aires Argentina 22/04/2015, el subrayado nos pertenece).
Por lo tanto, al tener en cuenta que la mora se produjo encontrándose plenamente vigente la ley 14.967, de acuerdo a lo señalado en relación a la aplicación inmediata de las normas procesales, correspondería revocar el auto atacado y adoptar las tasas de interés previstas en el art. 54 de la ley 14.967: 12% anual para los 7 jus (inc. "a") y la más alta que cobran los bancos a sus clientes según las reglamentaciones del B.C.R.A., con más la que adicione el juez según las circunstancias, para los $7.188 (inc. "b").
Sin embargo ello importaría violentar el principio de congruencia y haría pasible a este pronunciamiento de ser anulado por resolver ultra petitae (arts. 34 inc. 4to., 296, 297 y conc. del C.P.C.C.; arts. 149, 158 y 171 de la Const. Prov.).
Repárese que el apelante pretende que sobre el capital de honorarios regulados en $7.188,00 se aplique la tasa prevista en el art. 54 letra "b" del decreto-ley 8904/77 (el interés que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires en operaciones de descuento), y ello resulta de una entidad económica menor a la tasa prevista en el art. 552 del CCyC que es a la que se remite el inciso "b" del art. 54 de la ley 14.967.
En suma, corresponde receptar parcialmente la queja de manera que al importe de condena en pesos ($7.188) se apliquen los accesorios previstos en el art. 54 inc. "b" del decreto-ley 8904/77 (art. 552 del CCyC) y el fijado en la unidad de valor arancelaria (7 jus ) los previstos en el art. 54 inc. "a" de la ley 14.967 (arts. 242, 246, 270 y conc. del C.P.C.C.; 54 inc. "b" del decreto-ley 8904/77; 54 inc. "a" de la ley 14.967).
Por las razones expuestas VOTO POR LA NEGATIVA.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
Corresponde hacer lugar -parcialmente- al recurso de apelación deducido el 25-2-2022 por el ejecutante, sin costas por no mediar controversia y tratarse del ejercicio de un derecho propio y, en consecuencia, modificar la sentencia impugnada en el sentido de mandar a llevar adelante la ejecución hasta tanto el ejecutado haga efectivo el pago al acreedor de los siguientes conceptos: $7.188 por los honorarios regulados por su actuación hasta el 8 de noviembre de 2017 y 7 jus arancelarios calculados al momento de su efectivo pago por su labor desarrollada con posterioridad a esa fecha. Establecer que los intereses moratorios sobre dichos conceptos se regirán por las tasas previstas en los arts. 54 inc. "b" del decreto-ley 8904/77 (art. 552 del CCyC) y 54 inc. "a" de la ley 14.967, respectivamente (arts. 68 a contrario, 242, 246, 270, 498 inc. 3ro., 506 y conc. del C.P.C.C.; art. 772 del CCyC; arts. 1, 15, 24, 41, 54 y conc, de la ley 14.967).
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) hacer lugar -parcialmente- al recurso de apelación deducido el 25-2-2022 por el ejecutante y, en consecuencia, modificar la sentencia impugnada en el sentido de mandar a llevar adelante la ejecución hasta tanto el ejecutado haga efectivo el pago al acreedor de los siguientes conceptos: $7.188 por los honorarios regulados por su actuación hasta el 8 de noviembre de 2017 y 7 jus arancelarios calculados al momento de su efectivo pago por su labor desarrollada con posterioridad a esa fecha. Establecer que los intereses moratorios sobre dichos conceptos se regirán por las tasas previstas en los arts. 54 inc. "b" del decreto-ley 8904/77 (art. 552 del CCyC) y 54 inc. "a" de la ley 14.967, respectivamente (arts. 242, 246, 270, 498 inc. 3ro., 506 y conc. del C.P.C.C.; art. 772 del CCyC; arts. 1, 15, 24, 41, 54 y conc, de la ley 14.967). II) Sin costas por no mediar controversia y por tratarse del ejercicio de un derecho propio (art. 68 a contrario del C.P.C.C.; art. 12 de la ley 14.697). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE (Ac. 4103). DEVU ÉLVASE.
Firmas
Funcionario Firmante: 05/07/2022 09:30:32 - LOUSTAUNAU Roberto José - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/07/2022 13:24:20 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/07/2022 13:28:22 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 06/07/2022 07:54:37 hs. bajo el número RS-160-2022 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia