Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 48794
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios.
Costas de Alzada al apelante vencido (art. 68 del C.P.C.C.).
Causa N ° MO-48794-2017
Y VISTO : El recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la resolución del 11 de Noviembre de 2022, el cual fue concedido en relación y se fundó con el memorial del 30 del mismo mes y año, que mereció la réplica del 13 de diciembre de 2022; y
Que de la compulsa de estos obrados se puede ver que la tramitación de los mismos ha sido por demás engorrosa en atención a los múltiples planteos efectuados en relación a las liquidaciones e impugnaciones que se han ido suscitando en el proceso;
Que el día 21 de Octubre de 2022 el juez hábil que entiende en la causa, en base a las constancias que surgen de las mismas y dando ciertos parámetros, ordenó que por un perito contador se efectúe una nueva liquidación en autos teniendo en cuenta lo resuelto del día 10 de agosto de 2020 y las manifestaciones plasmadas en relación a la tasa de interés en la mencionada sentencia del 21 de octubre de 2022;
Así las cosas el auxiliar de justicia efectuó la liquidación pertinente (ver escrito del 25 de octubre de 2022) la cual fue impugnada por la demandada el 9 de noviembre del corriente año
Que al dictarse la resolución hoy en crisis, por la cual el sentenciante aprobó la liquidación efectuada por el perito, el demandado esgrime una serie de fundamentos que deberían haberse interpuesto cuando el juez ha dado las pautas que el experto debía seguir al realizar su labor.
Es decir, el perito no hizo ni mas ni menos lo que ha ordenado el juez en resolución que se encuentra firme y consentida y en la cual -reitero- ha dado las pautas concretas para realizar la pertinente liquidación.
En relación a ello y en cuanto al valor del dictamen pericial esta sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), ha señalado que en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones. Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes.
Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "... El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en su conocimiento personal, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen , como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros. Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurdas o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa .
Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).
Además, que esta Sala ha puesto de manifiesto -reiteradamente- que "tratándose de una cuestión fáctica de orden técnico o científico es prudente atenerse al dictamen del perito, si no resulta contradicho por otras probanzas, máxime cuando no existe duda razonable de su eficacia probatoria" (causa nro. 31.794 R.S. 18/95; en igual línea de pensamiento véase esta Sala en causa nro. 35.173, R.S. 114/96, entre otras) y que las discrepancias técnicas de las partes con las conclusiones del experto designado no son -por si solas- elementos suficientes para apartarse de lo dicho por el experto (arts. 384 y 474 del C.P.C.C.; esta Sala en causa nro. 48.539, R.S. 472/05, entre otras).
En base a estos parámetros y teniendo en cuenta que emana de un experto y que su trabajo ha sido correctamente fundado, sumándose a ello que l as pautas que tuvo en cuenta han sido especificadas por el juez de grado en la referida resolución del 21 de octubre de 2022 que, reitero una vez mas, no ha sido cuestionada por la aquí recurrente , no existen motivo alguno para apartarse de la liquidación efectuada por el perito Aguirre el día 25 de octubre de 2022.
Ello sumado a que el memorial de agravios reedita cuestiones que ya han sido planteadas por el quejoso a lo largo de estos cinco años, como ser la tasa de interés aplicada, trayendo nuevamente una liquidación que ha sido resuelta.
Por ultimo, adentrándose a los dichos del recurrente en relación a la arbitrariedad, reiteradamente se dijo que aquella se configura cuando no constituye una derivación razonada del derecho aplicable.
En este sentido para que la sentencia -o resolución- sea descalificable por arbitraria debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la misma, que en ella se exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas, no siendo suficientes las meras discrepancias subjetivas (Conf. ésta Sala II en causas N° 45.015, R.S. 542/01; 46.349, R.S. 608/01; 33.982, R.S. 146/04; 50.647, R.S. 15/06).
Frente a tales conceptos no cabe otra cosa que proponer la desestimación del agravio. Ello por cuanto la Sra. Juez de grado ha sustentado su resolución y ha desarrollado su argumento en base a los elementos que se han acercado a la causa. En efecto: sus fundamentos están dados por los artículos relativos al instituto en estudio como así también a las disposiciones relativas a la valoración de la prueba -en este caso la pericial contable-.
En cuanto a la queja relativa a la imposición de costas a cargo del recurrente, se señala que esta Sala tiene dicho en numerosas causas que: "La Suprema Corte de Justicia Provincial siguiendo el pensamiento chiovendano consagra la teoría objetiva de la condena en costas, atribuyendo a estas el carácter de una indemnización debida a quien se ha visto obligado a litigar, para obtener el reconocimiento de su pretensión jurídica (Chiovenda, La condena en costas, Madrid, 1928, p. 232; La Ley v. 66, p 202).
En otras palabras, las costas son las erogaciones que necesariamente deben hacer los sujetos del proceso, para obtener la actuación de la ley mediante la resolución judicial que pretenden siendo principio general en la materia que el objetivamente derrotado debe resarcir íntegramente las mismas al vencedor (Podetti, Tratado de los actos procesales, p. 111, nº 30).-
Este principio general prescinde de toda idea subjetiva de buena o mala fe, la condena en costas al vencido es la regla, pues quien hace necesaria la intervención del Tribunal por su conducta debe cargar con los gastos efectuados por quien ha debido iniciar una demanda justa, o defenderse de una injusta, para obtener el reconocimiento de su derecho.
Por su parte, la facultad judicial para eximir de costas al vencido reviste carácter excepcional y no está condicionada por la temeridad, mala fe o culpa del litigante, sino inspirada en razones de equidad ajustables a cada caso..." (esta Sala en Causa nº 27.140, R.S. 219/92, sent. del 29-11-1992, entre muchas otras).-
Entonces, conforme lo dispuesto por el principio objetivo de la derrota referido "ut supra", concretamente establecido por los arts. 68, primer párrafo, y 69, primer párrafo, del C.P.C.C. y de acuerdo a la forma en que se ha resuelto la cuestión, corresponde confirmar la imposición de costas al quejoso.
De esta manera también se rechazan los agravios del letrado recurrente en este sentido.-
Por todos los fundamentos dados a lo largo de esta resolución este Tribunal
CONFIRMAR la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios.
Costas de Alzada al apelante vencido (art. 68 del C.P.C.C.).
REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del Acuerdo 4013/21 de la S.C.J.B.A., mediante resolución autonotificable, a los siguientes domicilios electrónicos:
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE AL JUZGADO DE ORIGEN
Firmas
Funcionario Firmante: 14/03/2023 12:19:06 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/03/2023 12:43:34 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/03/2023 12:53:07 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 14/03/2023 12:53:08 hs. bajo el número RR-29-2023 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia