Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Quilmes, Sala I · Causa QL 31166
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaQue corresponde modificar la sentencia de trance y remate del 5/11/2025 (art. 54 decreto-ley 8.904/77 y ley 14.967).
POR ELLO: Se admite la apelación interpuesta por la letrada ejecutante, Dra. Nancy Cristina Cabañas y, en consecuencia, se modifica la sentencia de trance y remate del 5/11/2025, adicionándose al capital de condena intereses a calcular a la tasa activa más alta que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a treinta días desde la fecha de mora y hasta su efectivo pago. Costas de Alzada en el orden causado atento la ausencia de contradicción (art. 69 del CPCC)
Causa Nº31166.- Jdo.Flia Nº4. Quilmes.
CABAÑAS NANCY CRISTINA C/ ROMERO CESAR LUIS S/ COBRO DE HONORARIOS.-
En la ciudad de Quilmes, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces y la Sra. Jueza de la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, Doctores Gabriel Pablo Zapa, Gerardo Crichigno y Griselda Nora Pastorino, con la presencia de la secretaria del Tribunal, se trajo al despacho para dictar sentencia la causa Nº 31.166, caratulada "CABAÑAS NANCY CRISTINA C/ ROMERO CESAR LUIS S/ COBRO DE HONORARIOS”
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, la Excelentísima Cámara resolvió votar las siguientes
1ª) ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada del 5/11/2025?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley (Art. 263 última parte del C.P.C.) dio el siguiente orden de votación: Doctores Gerardo Crichigno, Gabriel Pablo zapa y la Dra. Griselda Nora Pastorino,
A la primera cuestión, el señor Juez, Dr. Gerardo Crichigno dijo:
1. Vienen los autos a la Alzada a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Dra. Nancy Cristina Cabañas, por derecho propio contra la sentencia de fecha 5/11/2025 en cuanto dispone como tasa de intereses de la ejecución de honorarios la pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días (conf. SCBA., causa A. 71170, autos: "Isla, Sara E. c/Provincia de Bs. As.. Amparo", 10/6/2015, SCBA LP Rc 120660 I 21/12/2016; SCBA, causa LP Rc 120660 I 21/12/2016, autos "Diez, María Eugenia y otro/a contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Incidente de ejecución de honorarios.
En su pieza recursiva de la misma fecha la letrado señala que los honorarios regulados por lo que se inició la presente ejecución, se han desactualizado por la inflación y han perdido su valor real, por lo que solicita que la suma de condena de sentencia sea actualizada y devengue intereses compensatorios conforme la actualización del crédito debiendo agregarse desde la fecha en que los créditos se tornaron exigibles una tasa pura del 6%anual y demás tasas de interés que considere V.S. Todo ello conforme la Jurisprudencia dictada por la SCBA en los autos “BARRIOS” (sic)
2. El recurso prospera con el siguiente alcance.
2.i En primer lugar se impone señalar que, en el caso, la doctrina sentada en el fallo “Barrios” no resulta de aplicación. Y lo fundo (art. 171 de la C.Pcial)
Cierto es que a partir del citado fallo (SCBA., "Barrios, Héctor Francisco y ot. c. Lascano, Sandra Beatriz y ot. s/ daños y perjuicios", 17/4/2024, C 124.096), la Corte provincial brindó una serie de parámetros a evaluar caso por caso para decidir qué mecanismo de protección del capital se utilizará, el cual puede, pero no necesariamente debe ser la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar y el reajuste del crédito (de hecho, y como se vio, este último debe ser la última ratio). Dentro de los parámetros a considerar para adoptar esa elección, el ministro Soria enuncia algunos de naturaleza casuística vinculados a las características de la controversia (considerando "V.17.c") y a una serie de principios y condicionamientos (considerando "V.17.d") que refieren a postulados sustanciales y procesales que pueden gravitar en la decisión, incluyendo la buena fe, el enriquecimiento sin causa, la equivalencia de prestaciones y el principio de congruencia. Esta enunciación tan amplia de postulados generales permite inferir la voluntad de la Corte de que los jueces adopten una decisión específica para cada caso en particular.
La elección del mecanismo de protección del crédito abre tres posibles caminos, dos de ellos preferentes y uno excepcional. Los preferentes son los mecanismos alternativos de preservación del capital (la Corte no dice a cuáles se refiere) y la aplicación de normas analógicas (sobre las que tampoco ejemplifica). El excepcional es la solución institucional más grave: la declaración de inconstitucionalidad de la prohibición de indexar y el reajuste del capital. Aun así, esta última decisión también está condicionada ya que la SCBA exige hacer un estudio comparativo en el que se contrasten los resultados que se obtienen de uno u otro mecanismo de protección, incluyendo el reajuste.
En el considerando "V.16.e" la Corte dice que para resolver si declara o no la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar el juez o tribunal debe contar con los elementos necesarios para evaluar la entidad del gravamen experimentado por el acreedor. Es más, descarta "cualquier análisis meramente conjetural o hipotético", proponiendo que, de no tener información suficiente, se postergue el escrutinio constitucional "a fases ulteriores del proceso".
Es aquí donde fracasa el planteo de la recurrente puesto que no ha formulado ningún estudio comparativo que permita cotejar los resultados que surjan entre las sumas que emergerían de la aplicación al capital de intereses fijados en la instancia de origen con las que arrojaría el reajuste del capital en los términos requeridos por la recurrente. De manera tal de determinar la existencia de una brecha lesiva de los derechos patrimoniales de la accionante que habilite la declaración de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928.
Adviértase al respecto que, al fundar sus disgustos, la apelante ha omitido recurrir a cálculos tendientes a exhibir la afectación de su crédito, limitándose a solicitar la aplicación de la novel doctrina en forma dogmática.
Por lo demás, en el caso la sentencia en embate condena al pago de una suma de dinero con más una tasa bancaria de interés moratorio (o sea, a calcularse desde el tiempo en que el deudor es moroso y hasta el efectivo pago) que llega consentido a esta instancia, por lo que la actualización del capital de condena conforme alguno de los métodos sugeridos en el fallo -u otros-, indefectiblemente sumado a la tasa de interés fijada, implica una doble indexación, ya que las tasas bancarias, activas o pasivas, internalizan la inflación y no deben aplicarse sobre sumas de dinero reajustadas o deudas de valor aun no convertidas a dinero.
Lo dicho alcanza para sellar esta parte del agravio de la quejosa, sin perjuicio de lo que infra se trata acerca de la tasa bancaria de interés fijada.
2.ii Determinado, entonces, la improcedencia de la actualización pretendida, no puede soslayarse que la nueva doctrina “Barrios” obliga a un nuevo análisis vinculado con el tipo de interés aplicable en las ejecuciones de honorarios.
Este Tribunal, a partir del dictado de la resolución en los autos caratulados: “Guiller Diana Eugenia c/ Córdoba Gastón Alejandro s/ Ejecución de Honorarios” (causa Nro. 25.889 del 31 de mayo de 2023), retomó la doctrina sentada por la Corte provincial a partir del fallo “Isla” (causa 71170, sent. del 10 de junio de 2015) y, en consecuencia, estimó aplicable la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires para los intereses aplicables al capital de condena en concepto de honorarios.
En aquella oportunidad, se reparó en que, si bien la doctrina legal de la Suprema Corte no resulta directamente vinculante, lo es en forma "indirecta" a través de los motivos o causales de procedencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad (violación o errónea aplicación de la doctrina legal; art. 279, CPCC), por cuanto la Suprema Corte cuenta con la facultad de casar las sentencias que se aparten de sus pronunciamientos y de dictar una nueva que se ajuste a la ley o doctrina que se declare aplicable (art. 289, CPCC; doct. S.C.B.A. causa C. 118.704, "Chiariello", sent. de 15-07-2015).
2.iii Ahora bien, a partir del dictado del fallo “Barrios” ya comentado, se tuvo en cuenta que los efectos de la depreciación del signo monetario nacional respecto de una indemnización establecida en pesos en marzo del año 2019 producía en la actualidad una merma al crédito de tal magnitud que conducía a resultados desproporcionados, lesivos del derecho de propiedad y garantía de efectividad de la defensa en juicio, reconocidos en los arts. 1ro, 17, 18, 33 y concordantes de la Constitución Nacional; y 1 y 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Se apreció que la brecha entre un sistema de mantenimiento de capital adecuado por medio de su actuación más una tasa de interés puro y el sistema hasta ahora aplicado de capital nominal más intereses a la tasa BIP (de la anterior doctrina legal), arrojaba de manera elocuente una pérdida más que considerable en perjuicio del reclamante. En relación a las pautas a ser aplicadas en controversias similares, se precisó que sería el juez o tribunal interviniente quien establezca el mecanismo específico de preservación del crédito que, conforme a su estimación fundada, fuere el más idóneo para emplearse en el caso, en atención a ciertas pautas sentadas en el pronunciamiento, debiéndose respectar de manera prevalente los siguientes principios y condicionamientos: a) la interdicción del enriquecimiento sin causa; b) la interdicción de conductas que importen un abuso del derecho; c) la buena fe; d) la equidad; e) la equivalencia de las prestaciones; f) la morigeración de los resultados excesivos que arrojare el uso de mecanismos de actualización, variaciones de precios o costos, indexación o repotenciación, cuando sobrepasen el valor actual del daño o de la prestación debida y, si correspondiere, g) en su caso, el esfuerzo compartido. Añadió que, en el plano adjetivo, la decisión relativa al ajuste del crédito ha de observar el principio de congruencia.
Sentado lo expuesto y relativo al caso que nos convoca, al no actualizarse los montos, la simple aplicación de la tasa bancaria pasiva más alta –actualmente negativa en relación a la inflación- arrojaría un resultado desproporcionado, lesivo del derecho de propiedad y de garantía de efectividad de la defensa en juicio (arts. 17 y 18 de la C.N)
En paralelo, se mantiene incólume, claro está, el precepto del artículo 54 tercer párrafo inciso b) del decreto-ley arancelario local -ordenamiento positivo especial donde se halla determinado un interés legal, liquidable según las tasas activas de las operaciones de descuento (art. 622 primer párr. 2ª. parte, Cód. Civil; art. 768 inc. b, Cód. Civil y Comercial)-, habida cuenta que el tópico de los intereses moratorios en general y el cómputo de los mismos conforme a los tipos activos en determinados supuestos, han quedado regidos por nuevas disposiciones insertas en el Código Civil y Comercial, dictado por el Congreso Nacional en el ejercicio de atribuciones que le son propias y exclusivas (art. 75 inc. 12, Constitución Nacional).
Considero, entonces que ello refuerza, en el caso, el cambio de criterio propuesto, y que desde la fecha de mora y hasta el efectivo pago corresponde fijar un mecanismo de conservación del crédito, proponiendo a mis distinguidos colegas que sea la tasa de interés activa más alta que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a treinta días (arg. arts. 7, 552 del Cod. CIv.; arts. 1, 54 del D/L 8904/77 y Ley 14.967)
Por ese andarivel propongo a mis distinguidos colegas, modificar el decisorio en recurso.
En definitiva, por las razones hasta aquí expuestas, VOTO POR LA NEGATIVA.
El Señor Juez, Doctor Gabriel Pablo Zapa y la Dra. Griselda Nora Pastorino, adhirieron al precedente voto por aducir iguales fundamentos.
A la segunda cuestión , el Señor Juez, Doctor Gerardo Crichigno, dijo:
En atención a lo expuesto precedentemente corresponde admitir la apelación interpuesta por la letrada ejecutante, y en consecuencia, modificar la sentencia de trance y remate del 5/11/2025, adicionándose al capital de condena intereses a calcular a la tasa activa más alta que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a treinta días desde la fecha de mora y hasta su efectivo pago. Costas de Alzada en el orden causado atento la ausencia de contradicción (art. 69 del CPCC)
ASI LO VOTO.
El Doctor Gabriel Pablo Zapa y la Dra. Griselda Nora Pastorino , adhirieron al precedente voto por aducir iguales fundamentos con lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:
Que corresponde modificar la sentencia de trance y remate del 5/11/2025 (art. 54 decreto-ley 8.904/77 y ley 14.967).
POR ELLO: Se admite la apelación interpuesta por la letrada ejecutante, Dra. Nancy Cristina Cabañas y, en consecuencia, se modifica la sentencia de trance y remate del 5/11/2025, adicionándose al capital de condena intereses a calcular a la tasa activa más alta que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a treinta días desde la fecha de mora y hasta su efectivo pago. Costas de Alzada en el orden causado atento la ausencia de contradicción (art. 69 del CPCC) REGISTRESE y NOTIFIQUESE a través de la remisión de copia digital de la presente en el domicilio electrónico de las partes, teniéndose por cumplida la notificación el día martes o viernes inmediato posterior –o el siguiente día hábil si alguno de ellos no lo fuese- a aquél en hubiere quedado disponible para sus destinatarios en el sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas (art. 10, SCBA, Ac. 4013, texto ordenado. por Ac. 4039/21). Oportunamente, DEVUELVASE.
Firmas
Funcionario Firmante: 25/06/2026 12:50:49 - CRICHIGNO Gerardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/06/2026 13:41:26 - ZAPA Gabriel Pablo - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/06/2026 18:44:57 - PASTORINO Griselda Nora - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/06/2026 19:06:44 - GONZALEZ Alejandra Veronica - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 25/06/2026 19:06:45 hs. bajo el número RR-363-2026 por Gonzalez Alejandra Veronica.
Fin de la sentencia