Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 124827
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaQue en el precedente acuerdo ha quedado establecido que el decisorio dictado a fs. 10 es justo (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 539, 540, 918, 646 inc. a), 648, 1° parte, del Cód. Civil y Comercial; reglas 3, 7, 8, 24 inc. b y f, 25 de las 100 Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad; 3 de la ley 26.061; 4, 7, última parte, 12 de la ley 13.298; 263, 266, 242, 248, 68 del Cód. Procesal; jurisprudencia citada).
POR ELLO: 1) Se confirma el auto de fs. 10. 2) Se imponen las costas por su orden. 3)
En la ciudad de La Plata, a los 20 días del mes de Diciembre de dos mil dieciocho reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, Sala Tercera, doctores Andrés Antonio Soto y Laura Marta Larumbe, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “AMADEO PABLO SEBASTIAN C/ PICON HILDA S/ COBRO DE HONORARIOS", (causa nº 124827), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término el doctor Soto.
LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justo el apelado decisorio de fs. 10?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, EL DOCTOR SOTO DIJO:
I. Frente al pedido de embargo del Dr. Amadeo, la Sra. Juez de la primera instancia le hizo saber que deberá denunciar lugar de trabajo o, en su caso, bienes susceptibles de esa medida, toda vez que lo solicitado es sobre una cuenta alimentaria judicial (fs. 10).
El Dr. Amadeo interpuso recurso de reposición con apelación subsidiaria (fs. 11/12). La reposición fue rechazada y se concedió la apelación (fs. 13).
II. La crítica a la resolución citada transita por señalar que la cuenta 0014-2050-027-9764018, sobre la que pidió el embargo, no es una cuenta alimentaria ordinaria para cubrir las necesidades actuales del alimentado, sino que en la misma se hallan los depósitos de la cuota suplementaria por alimentos atrasados que el Sr. Acosta debía a la Sra. Picón. Agrega que esa cuenta no tiene el mismo carácter alimentario.
Alega que esa cuota por alimentos atrasados corresponde al progenitor conviviente, quien fue el que solventó las necesidades del menor en ese período, es decir, que esos montos pertenecen a la Sra. Picón.
Y que sus honorarios tienen carácter alimentario.
III. Esta Sala ha establecido con anterior integración que "… la suma que se destina a los alimentos deviene inembargable. Tal carácter deriva de la naturaleza asistencial de la prestación alimentaria y, al estar expresamente consagrado en la norma, se percibe palmariamente la intención del legislador en el sentido de proteger al sujeto alimentado, defendiendo la finalidad de las sumas y bienes destinados a los alimentos por sobre el derecho al cobro que posean los acreedores (art. 374 del Código Civil; BUERES-HIGHTON, "Código Civil", T° I, p. 1353; esta Sala, causa 106.825, RSI 419/08).
Se agregó que la prohibición del artículo 374 del Código Civil "… es consagrada sobre toda suma que se destine a alimentos, sin diferenciación entre cuotas devengadas o a vencer (v. de LAZZARI, "Medidas cautelares", vol. 1, p. 410; esta Sala, causa 106.825 citada).
Tales criterios se mantienen con la sanción del Código Civil y Comercial, cuyo artículo 539 establece que el derecho a reclamar o percibir alimentos no puede "… ser objeto de transacción, renuncia, cesión, gravamen o embargo alguno."
Por su lado, el artículo 540 dispone que las prestaciones alimentarias devengadas y no percibidas pueden compensarse, renunciarse o transmitirse a título oneroso o gratuito.
Respecto de este artículo se ha dicho: "Las cuotas devengadas son susceptibles de ser negociadas libremente por el alimentado, aunque no embargadas por sus acreedores." (Conf. Lorenzetti, Ricardo Luis (Director). "Código Civil y Comercial de la Nación". Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, pág. 412).
IV. Desde otra faz, respecto de la cuota alimentaria por alimentos atrasados -como es la que se pretende embargar aquí- se presume que es el progenitor que convive con el hijo el que soportó los gastos de la manutención de éste, salvo prueba en contra.
Ese progenitor puede efectuar el reclamo de esas sumas por derecho propio, y se ha interpretado que se subroga en la acción que el hijo tenga contra el alimentante que no cumplió con su obligación (conf. Belluscio, Claudio. "Prestación alimentaria". Ed. Universidad, Ciudad de Bs. As., 2006, págs. 384/385).
Tal subrogación implica que se transmiten al progenitor que se hizo cargo de esos gastos todos los derechos y acciones del acreedor (el alimentado), tal como indica el artículo 918 del Código Civil y Comercial. De modo que visto el tema desde ese lado puede concluirse que se mantiene la inembargabilidad.
V. Para finalizar, y desde una tercera faz, debe advertirse el sentido protectorio de las normas referidas a los alimentos.
En ese contexto debe recordarse la obligación alimentaria que pesa sobre ambos progenitores, de modo que si se procediera en el sentido propuesto por el apelante se afectaría el patrimonio de la progenitora para hacer frente a las erogaciones que demande la cobertura de las necesidades de su hijo.
Máxime en este caso, en el que la condición vulnerable del niño -a la que ya se aludió en la etapa precedente (ver fs. 125 vta.)- impone enfatizar la protección frente a todas las incidencias que pudieran afectar el pleno goce de sus derechos. Para decirlo en otros términos: el reconocimiento del derecho alimentario efectivizado a través de distintas resoluciones se vería afectado de modo indirecto a través de la vía del embargo.
Este razonamiento se inscribe en el resguardo de un interés superior, como son los derechos sustanciales que le asisten al niño beneficiario de los alimentos, y compromete la actuación de todos los operadores jurídicos.
VI. Por este orden de razones, corresponde desestimar los agravios traídos (arts. 242, 248 del Cód. Procesal; 539, 540, 918, 646 inc. a), 648, 1° parte, del Cód. Civil y Comercial; reglas 3, 7, 8, 24 inc. b y f, 25 de las 100 Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad; 3 de la ley 26.061; 4, 7, última parte, 12 de la ley 13.298).
VII. Las costas por la intervención en la Alzada, atento a la ausencia de contradicción, se imponen por su orden (art. 68, 2° parte, del Cód. Procesal).
Voto por la AFIRMATIVA
Por los mismos fundamentos la doctora LARUMBE votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA, EL DOCTOR SOTO DIJO:
Obtenido el necesario acuerdo de opiniones al tratar y decidir la cuestión anterior, corresponde: 1) Confirmar el auto de fs. 10. 2) Imponer las costas por su orden..
ASÍ LO VOTO.
La doctora LARUMBE adhirió en un todo al voto que antecede, con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:
La Plata, 20 de Diciembre de 2018
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
Que en el precedente acuerdo ha quedado establecido que el decisorio dictado a fs. 10 es justo (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 539, 540, 918, 646 inc. a), 648, 1° parte, del Cód. Civil y Comercial; reglas 3, 7, 8, 24 inc. b y f, 25 de las 100 Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad; 3 de la ley 26.061; 4, 7, última parte, 12 de la ley 13.298; 263, 266, 242, 248, 68 del Cód. Procesal; jurisprudencia citada).
POR ELLO: 1) Se confirma el auto de fs. 10. 2) Se imponen las costas por su orden. 3) REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.
Fin de la sentencia