Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 119818
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
"IAROSKY VALENTIN ADOLFO C/ GIUFFRIDA CARLOS GUSTAVO S/ COBRO HONORARIOS CONVENIDOS"
La Plata, 23 de Octubre de 2019.
I. El demandado deduce recurso extraordinario federal contra la sentencia de esta Corte que, por un lado, rechazó el de nulidad interpuesto y, por el otro, desestimó el de inaplicabilidad de ley articulado (arts. 289 y 298 in fine , CPCC; v. fs. 883/900 y 874/879, respectivamente).
En el caso, y en lo que interesa destacar, la Cámara interviniente revocó el fallo del juez de primera instancia que, a su turno, había aprobado la liquidación practicada por el actor -en dólares estadounidenses-. En consecuencia, convirtió a pesos el capital reclamado, conforme con las pautas que estableció (v. fs. 408/410 y 664/677).
II. En la vía ahora intentada, el recurrente funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de debido proceso, igualdad ante la ley y razonabilidad y de las leyes 25.561 y 25.820 (arts. 16, 17, 18, 28, 31 y 75 inc. 22, de la Const. nac.; 1, 8 inc. 1 y 24, CADH; XVIII, DADDH; 2 inc. 1, 7 y 10, DUDH; v. fs. 884 vta., 886 y vta., 889/890 vta., 892 vta./893 y 898 vta.).
II.1. Sostiene que esta Corte se apartó de las constancias de la causa y desestimó los recursos locales al ponderar -dogmáticamente y con exceso ritual- que la cuestión relativa a la mora del deudor no había sido propuesta ante el a quo y se encontraba preclusa. Y cuestiona, que los precedentes que sustentaron dicha postura difieren del caso de autos, en tanto aquellas se refieren a supuestos de derecho común y no de emergencia o de orden público como en el sub examine y contradicen la doctrina del Máximo Tribunal nacional sobre el tema en los fallos que cita (v. fs. 886 vta./888 vta., 890/891 vta., 896 vta./900).
En tal sentido, expone que el tópico de la mora y la fecha de su configuración nunca fueron específicamente debatidos por las partes, sino que fue fruto de una decisión -oficiosa, según su modo de ver- cuando aún estaban discutidas y pendientes de decisión la validez del convenio y la aplicación de la normativa de emergencia (v. fs. 887).
Y arguye, que la sentencia en crisis no resulta razonable -según su modo de ver- dado que, el sub lite , no se trata de una obligación dineraria cuyo capital aumenta o disminuye por cuestiones incidentales, sino de una nueva obligación que surge con la aplicación de la ley de emergencia por parte el Tribunal de Alzada. En consecuencia, entiende que resulta imposible que la nueva obligación pueda estar incumplida y en mora antes de nacer. Y cita, en ese sentido, fallos de la Corte Suprema nacional que estima aplicables al caso (v. fs. 887 vta./888, 889 vta./890).
II.2. Asevera, finalmente, que en el presente se plantea una cuestión federal suficiente. Ello por cuanto, la sentencia en crisis desconoció -sin motivación suficiente- el acceso a las leyes de emergencia 25.561 y 25.820 y sus decretos reglamentarios, vulnerando, así, la normativa Constitucional que cita (v. fs. 889 y vta.).
III. Ordenado el traslado establecido por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 901), el mismo no fue contestado.
IV.1. Corresponde recordar -de manera liminar- que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el sub lite , el análisis de las circunstancias fáctico-probatorias efectuado por la Cámara, la suficiencia de los remedios locales para atacar esa decisión y la autoridad de cosa juzgada), no justifican -por regla y naturaleza- la habilitación de la competencia federal (arts. 14 y 15, ley 48; CSJN, Fallos: 248:408; 300:83; 301:836; 302:539; 307:2429 y 329:206; entre otros).
En estos casos, se torna particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; CSJN, Fallos: 310:750; 311:1337 y 1556; 312:1458; 315:2689; 316:238; 317:1684; 318:862; 319:3395 y 322:1426; entre otros), circunstancia que no se advierte en el presente, toda vez que las razones del impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la instancia federal (doctr. art. 15, cit.).
IV.2. Por otro lado, se advierte que si bien las materias vinculadas con la interpretación y aplicación de las normas de emergencia económica pueden involucrar prima facie cuestiones de orden federal susceptibles de examen en la instancia del art. 14 de la ley 48 (CSJN, Fallos: 308:249; 317:1447; v. también 327:516 y 2905, 328:3739; 330:2800 y 3593; 331:1040), lo cierto es que para resolver este pleito se ha adoptado el criterio establecido por la Corte nacional, seguido por este Tribunal en el precedente citado en el pronunciamiento en crisis (v. fs. 878 y vta. causa C. 99.357, "Aparain", sent. de 2-VII-2010). De allí que, conforme lo decidido por el Tribunal federal, habiendo jurisprudencia consolidada respecto de las cuestiones debatidas -que ha sido aplicada en el caso- los agravios planteados al respecto devienen insustanciales (CSJN, Fallos: 330:4101 y causas: C.1048.XLIII sent. de 30-X-2007 y B.1000.XLIII, sent. de 1-IV-2008).
IV.3. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de dogmatismo, falta de fundamentación suficiente, exceso ritual manifiesto y apartamiento de las constancias de la causa y de solución normativa aplicable al caso, tampoco se observan argumentos que - prima facie ponderados- resulten suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15 cit.).
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (CSJN Fallos: 313:493; 323:4028; 329:2206 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (CSJN Fallos: 311:100 y 313:493, entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes fundamentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, extremos que -como se anticipara- no se encuentren satisfechos en la especie.
IV.4. Resta decir, que la mera denuncia de la violación de normas constitucionales y convencionales (derechos de debido proceso, igualdad ante la ley y razonabilidad; arts. 16, 17, 18, 28, 31 y 75 inc. 22, de la Const. nac.; 1, 8 inc. 1 y 24, CADH; XVIII, DADDH; 2 inc. 1, 7 y 10, DUDH; v. fs. 884 vta., 886 y vta., 889/890 vta., 892 vta./893 y 898 vta.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el medio de impugnación formulado, puesto que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 31-V-2017; C. 121.760, "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 122.575, "Álvarez", resol. de 19-XII-2018; C. 122.884, "Silva", resol. de 26-VI-2019; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
CARLOS ENRIQUE CAMPS
DC
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia