Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76795
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Familia Nº4 con asiento en Banfield, perteneciente al Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Por Secretaría y de manera electrónica, se radicarán las actuaciones para que continúe interviniendo en el asunto (crf. art. 7 inc. 1, CCA).
Hacer saber de lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del departamento judicial homónimo.
B.76.795 “ACOSTA STELLA MARIS C/ MINISTERIO DE JUSTICIA S/COBRO DE HONORARIOS (282) - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. Stella Maris Acosta, por derecho propio y en su carácter de Abogada del Niño, promueve la presente demanda por cobro de honorarios contra el hoy Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, con la finalidad de que se haga efectiva la regulación de honorarios que se fijara por su actuación profesional en los autos "NN o S., H. s/Abrigo" (expediente LZ-1669-2014), en vista de la imposibilidad de efectuar el cobro de dichos estipendios, luego de casi dos años, mediante los procedimientos administrativos establecidos en el marco del "Convenio de Pago de Honorarios" suscripto entre el organismo demandado y el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA).
Solicita, a su vez, se declare la inconstitucionalidad del artículo 16 del mencionado Convenio, como sus anexos, por vulnerar distintas disposiciones de orden constitucional (cfr. arts. 14, 14 bis , 16, 19, 28, 31, 33, Const. nac.) y que, en última instancia, atentaría "...contra el derecho alimentario derivado del trabajo".
Es frente a tal panorama que peticiona se decrete el embargo "...hasta cubrir la suma reclamada" sobre las cuentas bancarias que el demandado posea (cfr. documento adjunto de fecha 9-XII-2020).
II. Las actuaciones se iniciaron en el Juzgado de Familia Nº4 con asiento en Banfield, perteneciente al Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Ello, por ser el órgano que había entendido en la causa principal.
Su titular, al tomar intervención en los obrados, con posterioridad a que la actora solicitara el cumplimiento de la medida cautelar, se declaró incompetente por considerar que, en razón de los hechos y derecho plasmados en el escrito inicial como de la naturaleza jurídica del "...legitimado pasivo" -Ministerio de Justicia provincial-, el asunto era propio de la materia contencioso administrativa (cfr. arts. 1 incs. 1 y 2 y 2 incs. 3 y 4, CCA) (véase resol. electrónica de fecha 13-V-2019).
Fue así que el expediente pasó al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del mismo departamento judicial. La titular de este juzgado se rehusó a entender en autos, por entender que en el caso no se estaba en presencia de ejercicio alguno de la función administrativa, siendo que, además y en atención a los artículos 6 inciso 1 y 499 del Código Procesal Civil y Comercial como a la doctrina de esta Corte, corresponde que sea el juez del proceso principal el que, por haber sido quien las determinó, deba decidir "...en las ejecuciones de honorarios" (véase resol. electrónica de fecha 21-VI-2019).
En consecuencia, las actuaciones le fueron devueltas al juzgado preactuante que, manteniendo incólumnes sus fundamentos primigenios, dio por configurada la contienda negativa de competencia, girando, por tanto y a los fines de que aquélla sea resuelta, el expediente a la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial departamental.
A su turno, esta última, dando cuenta de no ser el "...órgano superior común de los magistrados entre los que se había planteado la cuestión", le envió los obrados a la jueza remitente (cfr. resol. electrónica de fecha 13-IX-2019) quien, y a pesar de lo peticionado por la actora en cuanto se eleve el expediente a este Tribunal (cfr. escrito electrónico de fecha 27-IX-2019), decidió remitir los mismos a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata (véase proveído electrónico de fecha 18-X-2019).
Finalmente, este tribunal de alzada, con idénticos argumentos a los de su par preactuante, esto es, no resultar ser "...el órgano superior" a los juzgados en conflicto, y con arreglo a lo previsto en el artículo 161 inciso 2, última parte, de la Constitución provincial, envió las actuaciones a esta Suprema Corte para que dirima el conflicto aquí planteado (cfr. resol. electrónica 27-II-2020).
III. Le asiste razón a la jueza en lo contencioso administrativo.
En primer orden es menester recordar que esta Suprema Corte de Justicia, en varias oportunidades, ha resuelto la competencia del juez del proceso principal para entender en la tramitación y resolución de incidentes promovidos en el mismo (doctr. causas Ac. 37.036, “Murchison SA”, resol. de 2-VI-1987; B. 68.039, “Falabella”, resol. de 6-X-2004; B. 68.099, “Furnari”, resol. de 22-XII-2004; B. 70.615, "Segade", resol. de 2-XII-2009; B. 73.591 "Bodo SRL", resol. de 15-VII-2015; B. 74.484, "Esteves", resol. de 22-VIII-2018 y B. 76.156, "Salazar", resol. de 30-X-2019). Ello se funda tanto en el principio accesorium sequitur principale como, asimismo, en una razón de conexión y economía procesal que aconseja que sea un órgano judicial único quien decida pretensiones vinculadas por elementos comunes (cfr. art. 6 inc. 1, CPCC; doctr. causas B. 70.615, cit.; B. 71.007, "Presa Tapari", resol. de 22-IX-2010; B. 71.903, "Aranda", resol. de 30-V-2012; B. 73.097 "Moleiro", resol. de 10-IX-2014 y B. 74.484, cit., entre otras).
Sobre esa base, cabe destacar que la ley 14.967, en orden a lo dispuesto por su antecesora el decreto ley 8904/77, establece que la regulación judicial firme constituye título ejecutivo contra el condenado en costas y solidariamente contra el beneficiario de las tareas (art. 58). En cuanto a su ejecución, el mismo artículo reza que se sustanciará "...en incidente separado, o a opción del letrado en el mismo juicio en el que se hubieran regulado honorarios".
De allí que, entonces, y toda vez que la ejecución de honorarios judiciales regulados constituye un incidente del proceso donde se han originado, corresponde conocer en ella al juez que los determinó (arts. 6 cit. y 499, CPCC; doct. causas Ac. 93.271, resol. de 1-XII-04; Ac. 94.396, resol. de 30-III-05; Ac. 93.976, resol. de 11-V-05; Ac. 93.887, resol. de 22-VI-05; Ac. 93.664, resol. de 22-VI-05; Ac. 93.664, resol. de 15-X-05; B. 68.859, “Alderete”, resol. de 13-XII-06; B. 69.174, “Torniri”, resol. de 8-VIII-07 y B. 71.636, "Marcos", resol. de 18-IV-2012).
En atención a las premisas expuestas, dado que surge con claridad que la actora optó por promover la ejecución de honorarios por ante el mismo juzgado en el que tramitaron los autos principales y por la vía de la ejecución de la sentencia (véase, en ese orden, el apdo. VIII de la demanda), resulta competente la titular del juzgado de familia Nº4 que intervino en primer término (doctr. causas B. 68.963, “Biglioti”, resol. de 21-II-2007; B. 69.278, "Sorrentino", resol. de 19-IX-2007 y B. 71.636, cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Familia Nº4 con asiento en Banfield, perteneciente al Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Por Secretaría y de manera electrónica, se radicarán las actuaciones para que continúe interviniendo en el asunto (crf. art. 7 inc. 1, CCA).
Hacer saber de lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del departamento judicial homónimo.
Regístrese y ofíciese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/03/2021 10:07:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/03/2021 15:10:52 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2021 13:16:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/03/2021 14:19:26 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/03/2021 16:37:24 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia