Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124484
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (arts. 278 y 292 cits. y Acordada 1.790);
2Intimar al recurrente para que en el plazo de cinco días -a contar desde la notificación de la apertura de la cuenta judicial- acredite ante esta sede en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial, el depósito a la orden de la Cámara que dictó la decisión impugnada, de la suma de ciento ochenta y siete mil pesos ($ 187.000), bajo apercibimiento de declarar desierto el recurso interpuesto (cuarto párrafo, art. 280 cit.; Acordada 3.972/2020). En tal sentido, se oficiará a dicha cámara remitiendo copia de la presente y requiriéndole que arbitre los medios para la apertura de la cuenta judicial y la notificación al impugnante de la referida apertura. A dichos fines, se hace saber al tribunal que, a tenor de lo dispuesto en el Acuerdo 2.579/1993, no es necesario contar con el expediente para realizar dicho trámite, bastando con la carátula del mismo -dato que surge de la MEV-.
C. 124.484 "GUTIERREZ ANDRES C/ ALVIRA FACUNDO S/ COBRO DE HONORARIOS"
I. La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Trenque Lauquen, en el marco de un cobro de honorarios iniciado por el doctor Andrés Gutiérrez contra el señor Facundo Alvira, rechazó la apelación intentada por la parte demandada y, en consecuencia, confirmó lo resuelto por el juez de grado quien, a su turno, desestimara la impugnación de la liquidación presentada por la actora -que incluía intereses a la tasa activa para restantes operaciones, invocando el art. 54 apdo. "b" de la ley 14.967-, así como también el planteo de inconstitucionalidad de la citada norma de la ley arancelaria formulado. Consideró el Tribunal de Alzada por un lado que, en cuanto al pedido de resolver la cuestión por aplicación de la doctrina legal construida en torno al art. 54."b" del dec. ley 8.904, que no se trataba de casos análogos porque se trataba de diferentes normas y que en el caso la verdadera tensión era entre normas nacionales: las del Código Civil y Comercial (arts. 768.2 y 552, que "envuelven" al art. 54 de la ley 14.967) y las de la ley 23.928; siendo aquellas posteriores en el tiempo y más específicas. Finalmente, señaló que no se había explicado en los agravios, ni se advertía de modo manifiesto, que la tasa de interés del art. 54. "b" de la ley 14.967 viole el derecho de propiedad del obligado al pago de honorarios (v. resoluciones de fechas 11-VIII-2020 y 24-IX-2020).
Frente a dicho pronunciamiento, el apoderado del demandado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 4-X-2020), el que fue denegado con sustento en la insuficiencia de la cuantía del agravio (v. resolución de 5-XI-2020). Ello motivó la articulación de la presente queja ante esta sede (art. 292, CPCC; v. presentación de 11-XI-2020).
II. Radicados los autos principales y pasando a revisar la concurrencia de tal recaudo de admisibilidad, cabe señalar que el mismo está representado para el recurrente por la diferencia de los importes resultantes de calcular la tasa de interés que surge del criterio del fallo confirmatorio impugnado -activa- y la que estima debiera establecerse conforme la normativa que considera aplicable -pasiva-, sobre los honorarios regulados (conf. doctr. causas C. 107.702, "Arriaga", resol. de 6-VI-2011; C. 117.277 "Pájaro", resol. de 21-XII-2016), suma que, tal como surge de los argumentos desplegados por el impugnante, no alcanza el mínimo regulado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141 y Acordada 3.972/2020) para acceder a su revisión por el medio articulado.
Sin embargo, sustentándose el planteo traído en la impugnación en el apartamiento y violación de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 de la ley 25.561, alegando el quebrantamiento de garantías constitucionales y la doctrina legal en la materia y en atención a la facultad prevista en el art. 31 bis último párrafo de la ley 5.827 -texto según ley 13.812-, se declara admisible el recurso extraordinario articulado (conf. C. 107.702, cit.; C. 120.233, "Musotto", resol. de 2-XI-2016; C. 118.771 "Compagnucci de Caso", resol. de 21-XII-2016; 121.040 "Caja de Previsión Social para Abogados Pcia. Bs. As.", resol. de 5-IV-2017; C. 121.811, "Varela", resol. de 5-IX-2018; C. 123.564, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 26-II-2020).
Así, pasando a considerar la carga prevista en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial, en relación al planteo de inconstitucionalidad de tal exigencia, cabe observar que este Tribunal tiene dicho, reiteradamente, que la misma no conculca derechos o garantías constitucionales pues, de acuerdo con el art. 161 inc. 3 "a" de la Constitución de la Provincia, la Corte conoce de este recurso con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas Ac. 98.938, "Morena", resol. de 8-VII-2008; Ac. 105.470, "Banco Patagonia Sudameris", resol. de 10-XII-2008; C. 119.022, "U., N. A.", resol. de 6-IV-2016; C. 120.941, "Mihanovich", resol. de 26-X-2016; C. 121.498, "Dos As Servicios Agropecuarios S.A.", resol. de 28-VI-2017 y C. 123.625, "De los Santos", resol. de 11-III-2020).
Asimismo, también se ha resuelto que tal carga económica no vulnera las garantías de defensa en juicio, ni de la igualdad ante la ley (conf. doctr. "Acuerdos y Sentencias", 1957-II-182; 1957-IV-254; 1958-II-435 y 1959-I-526; Ac. 98.938, Ac. 105.470, C. 119.022; C. 120.941 y C. 123.625, cits.).
En tal sentido se ha juzgado que el mencionado recaudo no impide en modo alguno la libre defensa en juicio, ni crea prerrogativa que pudiera considerarse contraria a la Constitución, pues se impone de igual modo a todos quienes se encuentran en las mismas condiciones (conf. doctr. "Acuerdos y Sentencias", 1959-III-198; 1960-IV-489; Ac. 92.929, resol. de 20-IV-2005; Ac. 98.938; C. 120.941 y C. 123.625, cits.).
Además, el derecho de defensa sólo exige que se oiga a las partes en la forma y oportunidad prescriptas por la ley y su ejercicio puede ser reglamentado por las normas de procedimiento a fin de hacerlo compatible con el análogo de los demás litigantes y con el interés social de obtener una garantía eficaz (conf. doctr. "Acuerdos y Sentencias", 1964-I-389; Ac. 98.938, Ac. 105.470, C. 119.022; C. 120.941 y C. 123.625, cits.).
Por lo demás, y en atención a los términos del planteo sobre la eximición solicitada, deviene pertinente recordar que esta Corte ha sostenido que aún en ciertos casos en que se dispuso que el recaudo establecido en el art. 278 del ordenamiento procesal local debía ceder por haber invocado la apelante agravios de carácter federal que prima facie guardaban relación directa con la cuestión litigiosa, en los términos a que se refieren en los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada", "Di Mascio", "Christou" (CSJN, Fallos: 308:490; 311:2478 y 310:324), ello no obstó a que, seguidamente, se exigiera el cumplimiento de la carga prevista en el art. 280 del Código citado (causas Ac. 90.134, "Banco de La Pampa", resol. de 16-VI-2004; C. 98.784, "Seguro de Depósitos SA", resol. de 28-V-2010; C. 119.610, "Montezanti", resol. de 19-X-2016; C. 121.407, "Consorcio de Copropietarios Club Atlético Los Andes", resol. de 13-IX-2017).
Sentado ello, se observa que en el caso dicha carga se encuentra ausente, por lo que cabe intimar a su efectivización por el importe mínimo legal vigente a la fecha de interposición de la impugnación (párrafo cuarto, art. 280 cit., texto según ley 14.141 y Acordada 3.972/2020; doctr. causas C. 120.182, "Kociancich", resol. de 14-XII-2016 y C. 121.139, "Caja de Previsión Social Abogados", resol. de 28-VI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (arts. 278 y 292 cits. y Acordada 1.790); 2) intimar al recurrente para que en el plazo de cinco días -a contar desde la notificación de la apertura de la cuenta judicial- acredite ante esta sede en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial, el depósito a la orden de la Cámara que dictó la decisión impugnada, de la suma de ciento ochenta y siete mil pesos ($ 187.000), bajo apercibimiento de declarar desierto el recurso interpuesto (cuarto párrafo, art. 280 cit.; Acordada 3.972/2020). En tal sentido, se oficiará a dicha cámara remitiendo copia de la presente y requiriéndole que arbitre los medios para la apertura de la cuenta judicial y la notificación al impugnante de la referida apertura. A dichos fines, se hace saber al tribunal que, a tenor de lo dispuesto en el Acuerdo 2.579/1993, no es necesario contar con el expediente para realizar dicho trámite, bastando con la carátula del mismo -dato que surge de la MEV-.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y ofíciese a los fines indicados en el punto 2 de la presente.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/12/2021 14:00:52 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/12/2021 10:25:57 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/12/2021 12:42:51 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/12/2021 17:39:10 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/12/2021 14:14:42 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/12/2021 10:41:23 hs. bajo el número RR-931-2021 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia