Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 121912
En la ciudad de La Plata, a 26 de diciembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Genoud, Soria, Kogan , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 121.912, "Cos, Guillermo Emilio contra Pasotto Hnos. S.R.L. Cobro de mejoras en predios rurales".
La Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca modificó el fallo anterior que, a su turno, había estimado parcialmente la demanda (v. fs. 3.874/3.888).
Se interpuso, por el actor, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 3.891/3.922 vta.) que, en su momento, fue declarado desierto por dicho Tribunal, en razón de la falta de integración del depósito previo previsto en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 3.972 y vta.).
Haciendo lugar al recurso de queja deducido con motivo de dicha denegatoria, esta Corte tuvo por cumplido el citado recaudo, además de los restantes de admisibilidad, concediendo el remedio extraordinario (v. fs. 4.076/4.078).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Demandó el actor en las presentes el reconocimiento y pago de mejoras realizadas en dos inmuebles rurales de propiedad de la sociedad accionada y una retribución económica por labores realizadas en calidad de mandatario de la misma (v. fs. 233/256 vta.).
En su momento, el juzgador de la fase inicial comenzó por descartar la prejudicialidad aducida por la accionada, en razón de la pendencia de causas penales tramitadas en contra del actor (v. fs. 3.750/3.751).
Despejado ello, precisó el marco contractual correspondiente a la contienda. Y en tal sentido, ponderó que el negocio suscripto en el año 1997 por el actor y los hermanos Luciano Luigi, Ugo y Tullio Pasotto, titulado "Préstamo de uso, acuerdo sobre obligaciones y determinación de propiedad de los frutos" (v. fs. 16/20), no podía relacionarse -como lo pretendía el accionante- con el contrato de "explotación y arrendamiento" celebrado por el mismo con la firma Pasotto Hnos. S.R.L., el día 1 de diciembre de 2004 (v. fs. 10/15). Ambos acuerdos -prosiguió el iudex - gozan de una naturaleza jurídica diferente y fueron signados por distintos sujetos en distintas épocas, amén de haber vencido el préstamo de uso el 15 de enero de 2001 -v. cláusula tercera a fs. 17-. Siendo que los contratos rigen entre las partes, no pudiendo perjudicar a terceros (arts. 1.137, 1.195 y 1.197, Código Civil), puntualizó que este último negocio locativo era el que vinculaba a los intervinientes en el presente proceso, resultando forzada la pretensión de propalar a éste los efectos de aquel otro acuerdo celebrado muchos años antes con otras personas, ya vencidos, y sobre otras parcelas arrendadas (v. fs. 3.751 y vta.).
Luego de caracterizar en general al contrato de arrendamiento rural (v. fs. 3.751 vta.), así como a las mejoras regladas por el digesto velezano (v. fs. 3.752 y vta.), descartó la procedencia de la acción por enriquecimiento ilícito incoada en forma subsidiaria (v. fs. 3.753 y vta.).
Seguidamente, anticipó que en forma simultánea a la explotación agropecuaria llevada a cabo en los predios Cos había cumplido diversas funciones que excedían el rol de mero arrendatario, tornándose en un tácito mandatario de Pasotto Hnos. S.R.L. (v. fs. 3.753 vta.).
Desestimó luego la pretensión de cobro por mejoras -que tuvo por efectivamente realizadas- a tenor de la facturación obrante, toda a nombre de la firma accionada, así como de los informes presentados por distintos proveedores oficiados y de los cheques que, si bien habían sido entregados por el actor, pertenecían a la citada empresa. Apreció, en tal contexto, que el requirente no había demostrado pagos efectuados en su nombre ni acreditado solvencia económica suficiente como para afrontarlos -art. 375, Código Procesal Civil y Comercial- (v. fs. 3.753 vta./3.754 vta.).
Diversamente, y tal como se lo adelantara, estimó que este último se había desempeñado como un hombre de confianza de la familia Pasotto, excediendo así la especial actuación prevista en el apoderamiento de fs. 30/31. Y en consecuencia, toda esa actividad desplegada en beneficio de la sociedad merecía y debía ser resarcida (v. fs. 3.755).
Descartada la prescripción liberatoria opuesta por la contraria contra este segmento de la pretensión (v. fs. 3.755 y vta.) y analizados diversos aspectos de las labores reclamadas como mandatario, con invocación del art. 165 del digesto adjetivo justipreció el renglón en la suma de $200.000 (v. fs. 3.755 vta./3.756 vta.).
En síntesis, rechazó la acción por cobro de mejoras -y la subsidiaria por enriquecimiento sin causa- e hizo lugar al resarcimiento por la mencionada actuación como representante, en el citado importe, con más intereses liquidados, desde la notificación de la demanda hasta su efectivo pago, a la tasa pasiva digital del Banco oficial provincial. Impuso las costas en un 80% al actor y un 20% a la accionada (v. fs. 3.757).
II. Apelado el pronunciamiento por ambas partes, la Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial departamental lo modificó, disponiendo el rechazo total de la demanda, con costas de ambas instancias al actor que resultaba así vencido (v. fs. 3.874/3.888).
Para decidir de tal modo, en lo que aquí interesa, comenzó por desestimar la protesta concerniente a la titularidad de las facturas por compra de materiales y a las labores de desmonte o sistematización de las parcelas, en razón de basarse en la virtualidad normativa de una cláusula de la referida contratación de 1997 que consideró extraña al contrapunto entablado en autos (v. fs. 3.882 vta. y 3.883).
Descartado dicho acuerdo como fuente de las obligaciones reclamadas en estos obrados, analizó la pretensión de cobro de las mejoras desde la perspectiva legal que consideró aplicable al sub lite , esto es, los arts. 1.533 a 1.552, 1.562, 1.565, 1.567, 1.577 y 1.618 a 1.621 del Código Civil vigente al tiempo de anudarse el arrendamiento (1 de diciembre de 2004). Y siguiendo este sendero, concluyó en que la pretensión resarcitoria deducida en tal sentido no encontraba sustento legal alguno (v. fs. 3.883/3.884 vta.).
Por otro andarivel, y por diversos motivos, descartó también la existencia de un enriquecimiento sin causa de la accionada que pudiera habilitar el enfoque subsidiario del reclamo (v. fs. 3.884 vta./3.886).
Finalmente, haciendo lugar al planteo llevado por "Pasotto Hnos. S.R.L.", desestimó el crédito que en el fallo anterior se reconociera al actor por su actuación como mandatario "tácito" de la sociedad (v. fs. 3.886/3.887 vta.).
Al respecto, partiendo de lo preceptuado por el art. 1.871 del digesto de aplicación, ponderó la inexistencia entre las partes de un mandato de tipo "oneroso" que correspondiera remunerar, estimando, por el contrario, la gratuidad de las labores eventualmente desempeñadas por el actor (v. fs. 3.886 vta./3.887 vta.).
Corolario de ello resultaba que, no existiendo aquella obligación, no pudo lógicamente comenzar el curso de plazo prescriptivo alguno, motivo por el cual consideró innecesario hacer mérito de la respectiva excepción opuesta en su momento por dicha sociedad (v. fs. 3.887 vta.).
III. Contra este último pronunciamiento se alza Guillermo Emilio Cos mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 1.536 del Código Civil; 171 de la Constitución provincial y 34 inc. 4, 163 inc. 6, y 164 del Código Procesal Civil y Comercial. Aduce, asimismo, la absurda y arbitraria apreciación de la prueba. Formula reserva del caso federal (v. fs. 3.891/3.922 vta.).
IV. Adelanto aquí que la impugnación prospera parcialmente.
IV.1. No asiste razón al quejoso en cuanto denuncia la violación -por inaplicación- del art. 1.536 del Código Civil (v. fs. 3.908 vta./3.912).
En lo concerniente, y conforme se lo reseñara, la Cámara analizó el reclamo por mejoras desde la perspectiva legal habilitada por el Código Civil vigente al tiempo de otorgarse el arrendamiento, concluyendo que al requirente de autos solo le quedaba habilitada una actuación en consonancia con los arts. 1.620 y 1.621, desde que no siendo mejoras a cargo del locador las mismas debían en todo caso reputarse como accesorios de la cosa, no pudiendo separarlas si de ello resultara daño a la cosa arrendada; o si no resultare daño a la cosa, no le resultare provecho a él. Fuera de estos casos -precisó finalmente el a quo - el actor tendría derecho a separar las mejoras con tal de que separándolas restituyera la cosa en el estado a que se obligó, o en el estado en que la recibió. En base a ello, dedujo la falta de respaldo legal de la pretensión actuada (v. fs. 3.884 vta.).
Pues bien, ya en tarea decisoria corresponde decir que no es cierto que el sentenciante omitiera o excluyera en su análisis al mencionado art. 1.536 del código de fondo, desde que expresamente lo incluyó en el elenco de normas sustanciales con vocación de aplicación al sub lite : "...arts. 1533 a 1552..." (fs. 3.883 vta.).
Más allá de esta cita legal, cabe igualmente reparar en que dicho precepto establece una suerte de autorización implícita legal que habilita al locatario de "terrenos incultos" para realizar "cualesquiera mejoras rústicas".
Si bien la Cámara no hizo expreso mérito de esta fuente que confiere al arrendatario tal facultad, lo cierto es que sí lo hizo en relación al art. 1.533, en cuanto habilita igualmente al locatario a realizar mejoras útiles con tal de que no hubiesen sido expresamente prohibidas por el locador (v. fs. 3.883 vta.), prosiguiendo a partir de allí con el análisis de las que la ley pone eventualmente a cargo de este último. En tales condiciones, no se alcanza a avizorar cuál es el agravio que al recurrente causa la supuesta "inaplicación" de un precepto cuyo contenido normativo no ha sido contradicho sino acompañado por el razonamiento seguido en el fallo.
Por si alguna duda quedara: el art. 1.536 del Código Civil autoriza al locatario rural a hacer mejoras rústicas y ello no fue puesto en duda por la Cámara. Pero, a diferencia de lo que aquí se alega (v. fs. 3.910), el precepto en modo alguno establece que aquéllas sean a cargo del arrendador. De allí que no puede compartirse el alegado desplazamiento de los arts. 1.539, 1.543, 1.544, 1.620 y 1.621 de igual digesto que, en la opinión del recurrente, la aplicación de aquél conllevaría.
Tal como lo ponderó el Tribunal de Alzada, es el art. 1.539 el que enumera en seis incisos las hipótesis en las que el locador debe asumir tales erogaciones por su cuenta, y en ninguna de ellas resulta subsumible el supuesto de autos (v. fs. 3.883 vta. y 3.884).
Solo cabe agregar, en relación a este tramo del embate, que la errónea premisa de la que parte la argumentación crítica -reitero: que el art. 1.536 del código de Vélez puso al arrendador a cargo de las mejoras rústicas efectuadas por el arrendatario- desde luego no abastece la subsiguiente y ritual denuncia de vulneración de los arts. 171 de la carta magna y 34 inc. 4 del orden procesal (v. fs. 3.910 vta.).
En resumidas cuentas, sabido es que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que desinterpreta los términos expuestos por la Cámara, parte de premisas erróneas o contrapone argumentos dogmáticos, limitándose a discrepar con las conclusiones del fallo (conf. causas C. 117.573, "Scrimaglia", sent. de 5-III-2014 y C. 117.541, "Scaglia", sent. de 13-VII-2016), tal es lo que aquí acontece y sella la suerte adversa de este tramo del embate.
IV.2. No mejor destino ha de correr la protesta esgrimida por haberse desestimado la subsidiaria pretensión de cobro de las mejoras, basada en el instituto del "enriquecimiento sin causa" (v. fs. 3.912/3.917).
En orden a descartar el supuesto, comenzó la Cámara por poner en duda la antigüedad de las tareas de desmonte que fuera señalada en la pericia agronómica rendida en autos (v. fs. 1.806/1.811 vta.), además de advertir que el mantenimiento de los campos "libres de chañares y malezas" era una obligación contractualmente asumida por el arrendatario -cláusula cuarta a fs. 10- (v. fs. 3.885 vta.).
A renglón seguido y poniendo igualmente en duda su antigüedad de realización, razonó que, si bien las obras de riego valorizaban la tierra, al mismo tiempo la sometían a una mayor valuación fiscal, con el consabido incremento impositivo y de tasas municipales, así como por afectación a riego de CORFO Río Colorado. Agregó que ello solo podía ser considerado beneficioso en la hipótesis de que el predio se destinara a explotación agrícola, mientras que en el supuesto de autos -2.000 cabezas de ganado vacuno, sin pasturas regadas- dichas obras presumiblemente implicaban un encarecimiento de los costos de producción (v. fs. cit.).
En cuanto a los alambrados, destacó la obligación asumida contractualmente por el arrendatario de mantenerlos y, aún admitiendo que una parte del tendido fuese nueva, ante la falta de autorización previa cabía interpretar que lo hizo en interés de su explotación, al igual que la implantación de pasturas (v. fs. 3.886).
Pues bien, no es ocioso recordar que la determinación de los extremos configurativos de un eventual enriquecimiento sin causa conforma, como quiera que se trata de un análisis de circunstancias, una típica cuestión de hecho y prueba, extraña por regla a la competencia revisora de esta Corte, salvo el excepcional supuesto de absurdo (conf. causa C. 109.902, "Frontera", sent. de 27-VI-2012).
Desde tal mirador, estimo que las objeciones opuestas por la recurrente no alcanzan a evidenciar, con la contundencia propia del caso, que el juzgador hubiese recaído en el referido yerro lógico denunciado.
En efecto, la argumentación ensayada contra la descalificación de la pericia agronómica -en lo que hace a la antigüedad del desmonte y de las obras de riego-, no pone en juego más que la simple discrepancia personal del impugnante en relación a típicas cuestiones de hecho y prueba. Nótese que la apelación a la simple "experiencia" personal, sin otra precisión científica, fue el elemento de análisis tenido en cuenta por el juzgador para "descreer" de la antigüedad de las obras sopesadas por la experta. Más allá de resultar opinable, no veo que tal temperamento se encuentre indisputadamente teñido por el absurdo.
Es que el concepto de absurdo remite a la existencia, en la sentencia atacada, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o a una interpretación groseramente errada del material probatorio aportado. Mas no cualquier error, ni la apreciación opinable, ni la posibilidad de otras interpretaciones o supuestos intentos similares, alcanzan para configurar el absurdo. Es necesario, por el contrario, que se demuestre un importante desarreglo desde la base del pensamiento, una anomalía extrema o una falla palmaria en los procesos mentales, de manera que se ponga en evidencia la irracionalidad de las conclusiones a las que se ha arribado. Y ello, por supuesto, debe ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca. En definitiva, para que este Tribunal ingrese a la consideración de cuestiones fácticas al recurrente no le alcanza con argumentar que el hecho, la valoración de la prueba, la relación dialéctica entre los hechos y las normas, pudo ocurrir o hacerse de otra forma, tanto o más aceptable; resultando indispensable demostrar que, de la manera que lo afirma la sentencia, no pudo ser (conf. causas C. 111.814, "M. J., R.", sent. de 27-VI-2012; C. 117.068, "G., N. G.", sent. de 7-IX-2016 y C. 120.490, "Estudio 81 S.A.", sent. de 3-V-2018).
Por otro lado, la conjetura acerca de la inexistencia de un monte inexplotado antes de la celebración del contrato de arrendamiento no fue, conforme se lo alega (v. fs. 3.912 vta. y 3.913), una cuestión no litigiosa resuelta con extralimitación por parte de la Cámara, sino un aspecto inferido de la letra del contrato en cuanto ponía en cabeza del locatario la obligación de "mantener" el predio libre de chañares y malezas, lo cual hacía presumir aquella inexistencia (v. fs. cit.).
En suma, los diversos cuestionamientos desplegados no exhiben más que la discrepancia más o menos opinable del interesado respecto de cuestiones que, sabido es, resultan en principio privativas de los juzgadores de mérito. Y en tal recorrido discursivo no logra el interesado acreditar las referidas notas excepcionales que caracterizan al denunciado instituto pretoriano.
Reiteradamente esta Corte ha expresado que cuando se pretenden impugnar las conclusiones de un pronunciamiento sobre las cuestiones fácticas de la litis no basta con presentar la propia versión sobre el mérito de las mismas, sino que es necesario realizar un juicio crítico de los razonamientos desarrollados por el sentenciante y demostrar cabalmente que padecen de un error grave, trascendente y fundamental (conf. Ac. 82.508, "Schin", sent. de 3-XII-2003; Ac. 87.859, "Caroli", sent. de 20-IV-2005; C. 97.842, "A., G.", sent. de 3-XI-2010 y C. 118.824, "Arias", sent. de 8-III-2017). Por más respetable que pueda ser la opinión del recurrente, ello no autoriza -por sí solo- para que esta Corte sustituya con su criterio al de los jueces de la instancia de apelación (causas Ac. 84.701, "Ipucha", sent. de 18-XI-2003; C. 100.812, "Hidalgo", sent. de 2-III-2011 y C. 117.550, "Rusconi", sent. de 4-III-2015 y C. 120.743, "O., E. J.", sent. de 21-III-2018).
IV.3. Para rechazar la parcela de la pretensión vinculada con el desempeño de un mandato por parte del actor, la sentencia reconoció la intervención de éste "en los distintos negocios de la demandada y su participación en la concreción de mejoras en los establecimientos rurales de Pasotto Hnos. S.R.L." (fs. 3.884 in fine y vta.) pero sostuvo el carácter gratuito de dicha intervención. Hizo pie, para ello, en lo dispuesto por el art. 1.871 del Código Civil, pues así lo presume dicha norma, salvo pacto en contrario o que la tarea encomendada fuera de las asignadas por la ley al mandatario y cuando consista en los trabajos propios de la actividad lucrativa del mandatario o su modo de vivir.
Analizando en concreto el rol del señor Cos, se explicó en el fallo que era de profesión veterinario, dedicado a la explotación agropecuaria mediante el arrendamiento de predios rurales; que no era constructor ni profesional de tal rubro y que su intervención no pasó de la selección de los profesionales idóneos para ello. Asimismo, se agregaron elementos presuncionales consistentes en la relación de amistad existente entre las partes, el provecho que la incorporación de nuevas superficies rurales significó para el propio Cos y la circunstancia de que "un profesional universitario y avezado hombre de negocios (al menos agropecuarios) como dice y demuestra ser el actor, emprenda una actividad sin efectuar previsión documentada alguna y sin reclamo oportuno" (fs. 3.887 y vta.).
De su lado, el recurrente denuncia absurdo y quebrantamiento de lo dispuesto en la última parte del art. 1.871 citado y considero que le asiste razón. Tal como lo indica en el recurso, la propia parte demandada ha reconocido el carácter de administrador que revestía el accionante: "Esta parte explicó detalladamente la mecánica de las obras realizadas en su campo y cuál fue el alcance de la colaboración del señor Cos en tanto administrador y explotador de los establecimientos (ver la contestación de demanda)" (expresión de agravios, fs. 3.795 vta.; el destacado me pertenec
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.