Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 172165
Expte. N º 172165 y 168807 - Juzgado Civil y Comercial N °14
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia única en los autos caratulados “MONTERO, GONZALO C/ MAESTROJUAN HÉCTOR MANUEL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” [causa n°168807] y “AMTAR ASOC. MUT DE TRAB ALFAJORES Y REPOST C/ MAESTRO, JUAN HÉCTOR Y OTRO/A S/ COBRO ORDINARIO” [causa n°172165], habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau:
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1 ª) ¿Corresponde declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por los demandados Héctor Manuel y Sergio Gustavo Maestrojuan el 5 de septiembre de 2022 en la causa “ Amtar Asoc. Mut De Trab Alfajores y Repost C/ Maestro, Juan Héctor y otro/a s/ Cobro ordinario ” [n°172165]?
2 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva única dictada el 29 de agosto de 2022?
3 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
En el marco de la causa “ Amtar Asoc. Mut De Trab Alfajores y Repost C/ Maestro, Juan Héctor y otro/a s/ Cobro ordinario ...” [n°172165], los demandados apelaron la sentencia única el 5 de septiembre de 2022 (v. presentación n°68908941).
Los apelantes nunca cumplieron la carga de fundar su recurso, encontrándose a la fecha holgadamente vencido el término para hacerlo (art. 124 del CPCC). Por esta razón, y de conformidad con lo normado en el art. 261 del Código de Procedimientos, corresponde declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por los codemandados (art. cit.).
ASÍ LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. El 29 de agosto de 2022, el magistrado a cargo del Juzgado Civil y Comercial N°4 departamental, Dr. Guillermo Abel Pocatino, dictó sentencia definitiva única en la cual: (i) hizo lugar a la demanda promovida por Gustavo Edgardo Montero y María Gabriela Ibarra -en nombre y representación de Juan Héctor Maestro; el primero de los nombrados también por derecho propio- contra Héctor Manuel y Sergio Gustavo Maestrojuan, condenando a estos últimos -conjuntamente con la citada en garantía Paraná S.A. de Seguros- a pagar a Gustavo Edgardo Montero $20.000 y al Sr. Gonzalo Montero $22.000.000 más intereses y costas. Asimismo, (ii) hizo lugar al reclamo entablado por la Asociación Mutual de Trabajadores de Alfajores y Reposterías y condenó a los mismos demandados y a su aseguradora a pagar al actor $6.956,87 más intereses y costas.
Para así decidirlo, señaló que el codemandado Sergio Gustavo Maestrojuan admitió las circunstancias de tiempo y lugar indicados respecto del hecho ilícito, a la vez que reconoció ser titular registral del automotor y de la licencia de taxi n°0160. Héctor Manuel Maestrojuan reconoció que al momento previo del accidente circulaba por calle Alberti en sentido de la Avenida Champagnat a Avenida Independencia y que al producirse la colisión con el menor Montero, este último estaba cruzando la calle Alberti.
Concluyó que no hubo prueba que permita concluir que el menor hubiera actuado culposamente o que hubiera provocado que el conductor del taxi lo atropellara, cruzando en diagonal, de modo intempestivo, fuera de la senda peatonal o de alguna manera distraído. Por este motivo, rechazó la eximente invocada.
Agregó también que la participación reprochable del peatón en el suceso debe probarse de manera acabada o convincente.
Dijo que “Paraná S.A. de Seguros” debe responder en la medida del seguro contratado, el cual estará dado por el valor de cobertura básica vigente al momento del efectivo pago de la condena según la reglamentación de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Seguidamente, y considerando el progreso de la demanda de la víctima frente al dueño y al guardián del vehículo que lo embistió, estimó procedente el reclamo de repetición incoado por AMTAR por un total de $6.956,87 sobre la base del pacto de subrogación de derechos celebrado entre los padres de Gonzalo Montero y la entidad accionante.
Seguidamente, determinó la procedencia y cuantía de los rubros resarcitorios. En concreto, hizo lugar a los siguientes parciales: (1) Incapacidad sobreviniente, por un total de $20.000.000; (2) gastos médicos y de traslados, por $20.000 a favor del padre de Gonzalo Montero; (3) daño moral, por un total de $2.000.000.
II.1.a El recurso de la citada en garantía en la causa “ Montero ... ”
La citada en garantía apeló el 5 de septiembre de 2022 y fundó su recurso el 5 de julio de 2023, mereciendo la réplica de la actora el 14 de julio de ese mismo año.
Los agravios de “Paraná S.A. de Seguros” son los siguientes:
i) Considera que el juez hizo un análisis ligero y equivocado de la prueba, concluyendo -a su entender, erróneamente- que no se acreditó la ruptura del nexo de causalidad.
Destaca que hubo contradicciones entre el relato de los padres del menor y la narrativa del propio Gonzalo Montero una vez que arribó a la mayoría de edad. En la demanda se dijo que el menor Montero caminaba por la vereda impar de la Avenida Jara con dirección a la Avenida Juan B. Justo. Empero, en la descripción que hace el perito médico, el actor dijo que caminaba por calle Alberti y fue atropellado por un automóvil, sufriendo una lesión en su pierna derecha.
Trascribe los resultados de la sentencia en los que se resume la posición asumida por la parte en la etapa postulatoria y concluye que “no existen dudas respecto a la ocurrencia del hecho y ello lleva a la ruptura del nexo causal y al total rechazo de la demanda”. Entiende que jamás el menor circuló o caminó por Avenida Jara, simplemente porque estando en su domicilio le contó al perito de parte que caminaba por calle Alberti, lo que se corresponde con la versión del conductor del automotor.
Pone en relieve que al absolver posiciones el Sr. Maestrojuan dijo que el actor salió detrás de una camioneta Ducato en diagonal de la vereda impar, hacia la vereda par y lo embistió con la parte derecha del coche, no con la parte izquierda.
Se pregunta por qué no hay testigos si el menor cruzó la calle en la forma en que lo dijo en la demanda o por qué razón no hubo otras personas accidentadas.
Pide, en definitiva, se rechace la demanda o en su caso se considere una ruptura parcial del nexo causal, estimando por mitades la responsabilidad, con costas impuestas en forma también proporcional.
ii) En un segundo punto de disconformidad, cuestiona la relación de causalidad entre las lesiones y el hecho que motiva la controversia, a la vez que discute la calidad técnica y el valor probatorio de la pericia médica.
Refiere que no hay ninguna constancia de que el menor sufriera las lesiones el día del hecho. Tampoco, dice, hay prueba de que el supuesto agravamiento de la lesión obedece al accidente ocurrido varios años antes. Destaca que Gonzalo Montero estudió educación física, luego se recibió y actualmente trabaja de profesor en la materia.
Manifiesta que el perito no conecta la lesión (la fractura de tibia y peroné derecho tercio superior, desplazada, inmovilizada con bota larga de yeso) con el hecho que motiva este litigio.
Enumera los errores del perito, vinculados a la lectura del expediente, de las historias clínicas, a la demora en la presentación del dictamen.
Cuestiona que el juez utilice esa pericia, con los errores enunciados, para fundar la condena por incapacidad sobreviniente. Enfatiza la inconsistencia en decir que no hay documentación que de cuenta de las limitaciones en sus tareas como profesor de educación física o que puede pasar un examen pre ocupacional, pero, a la par, concluya que tiene una incapacidad del 30% sin considerar la excelente evolución que emana de la historia clínica del Hiemi (a la vez que, según su perito de parte, la incapacidad asciende a un 22%).
Pide se rechace el rubro o se reduzca considerando que no tiene incapacidad laboral y que sus proyectos no se vieron frustrados.
iii) Alega que no existe prueba del daño patrimonial por gastos médicos, de farmacia y de traslados. Además, refiere que habrían sido solventados por la obra social.
iv) Niega la procedencia del daño moral, considerando que la pericia psicológica dio cuenta de la ausencia de daño psicológico y que la historia clínica a fs. 200 refiere a una evolución sin dolor. Además, entiende que se viola el principio de congruencia porque en la demanda se solicitaron $24.000.
v) Discute la decisión adoptada en torno al límite de cobertura. Manifiesta que la póliza invocada, y no controvertida por la actora, posee un límite de $10.000.000 por lo que entiende injusto la decisión del juez de que se aplique la cobertura vigente al momento de pago según la reglamentación de la SSN.
Invoca la libertad de contratar, el efecto relativo de los contratos y lo normado en el art. 118 de la Ley de Seguros.
vi) Finalmente, alega que el juez yerra al imponer una tasa de interés del 6% anual desde el hecho sobre rubros cuantificados en forma actualizada. Refiere que el anatocismo está prohibido y genera un enriquecimiento ilícito. Argumenta que “la fijación de un doble interés por parte del juzgador constituye, a todas luces, una violación al principio de congruencia ”.
II.1.b. El recurso de los codemandados en la causa “ Montero ... ”
Los demandados apelaron el 5 de septiembre de 2022 y fundaron su recurso, ahora con letrado propio, el 14 de julio de 2023. La réplica de la actora fue presentada el 9 de agosto de ese mismo año.
Los Sres. Maestrojuan presentaron los siguientes puntos de crítica:
i) Destacan que en el relato de la demanda se indica que el menor caminaba por la vereda de Avenida Jara cuando en realidad caminaba por la calle Alberti, como lo declara -según dicen- el Sr. Gustavo Edgardo Montero al absolver posiciones.
Ponen en relieve que el actor desistió de la prueba informativa mediante la cual se obtendría las actuaciones penales iniciadas a raíz del hecho. Ello hubiera sido útil, refieren, para evaluar la mecánica del accidente y corroborar que el menor nunca cruzó por la senda peatonal y que lo hizo sobre la calle Alberti 20 metros después del cruce con Avenida Jara. Reitera que el menor salió entre medio de vehículos, impidiendo la visión del demandado, siendo imposible evitar el accidente.
ii) Refieren que del dictamen médico privado del Dr. Del Río del 06/08/2010 no surge que las lesiones se condicen con un golpe provocado por un vehículo y que allí se estima una incapacidad del 22% sobre la base de un baremo que “ son porcentajes tablados en líneas generales y es hacer futurología ya que eso es teórico ”.
Destacan que el Sr. Gonzalo Montero estudió profesorado de Educación Física, carrera con gran componente de pruebas físicas, sin que tenga impedimentos para recibirse y desarrollar la actividad.
iii) En cuanto al daño material por gastos médicos y de traslados, señalan que no han sido acreditados y la obra social se subrogó en los derechos para su reclamo.
iv) Cuestionan la procedencia del daño moral, considerando que la pericia psicológica descartó daño psicológico y el hecho de que pudo realizar el profesorado de educación física y trabajar en esa área.
II.2.a El recurso de la citada en garantía en la causa “ Amtar ... ”
La citada en garantía apeló el 5 de septiembre de 2022 y fundó su recurso el 8 de agosto de 2023, mereciendo la réplica de la accionante el 14 de agosto de 2023.
Los agravios postulados por Paraná S.A. de Seguros en este expediente son los mismos que sostienen el recurso en la causa conexa, por lo que -para evitar reiteraciones innecesarias- me remito a lo dicho en párrafos precedentes.
III. Tratamiento de los agravios.
Por razones de orden lógico y claridad expositiva, me abocaré en primer lugar a los agravios que los demandados y la citada en garantía formulan con relación a la estructura causal del hecho y a la procedencia de la eximente de responsabilidad basada en el hecho o culpa de la víctima.
Luego, me detendré en las quejas que refieren a los rubros resarcitorios.
Finalmente, trataré las críticas vinculadas a los intereses moratorios y al límite de la suma asegurada (art. 34.4. del CPCCBA).
III.1. Sobre la responsabilidad y la procedencia de la eximente.
a. Los agravios de los Sres. Maestrojuan y la citada en garantía en lo que respecta a la improcedencia de la eximente de responsabilidad no son fundados.
Llega incontrovertido a esta instancia que el impacto entre el vehículo conducido por el codemandado Héctor Manuel Maestrojuan y el entonces menor de edad Gonzalo Montero se produjo en la intersección de las calles Alberti (por donde circulaba el Peugeot 504, propiedad de Sergio Gustavo Maestrojuan) y el sector de la vereda impar de la Avenida Jara. Es decir, las partes concuerdan que la colisión entre la cosa riesgosa y el peatón lesionado se produjo en la esquina de Alberti y Jara, claramente ilustrada en las fotografías obrantes a fs. 291 y 292 (causa “Montero”) que acompañan el dictamen del perito ingeniero mecánico.
En este contexto, probado el impacto entre la víctima y la cosa riesgosa, son los demandados y su aseguradora quienes tienen la carga de la prueba de la eximente invocada. Esto es, son estos últimos quienes deben demostrar que los hechos ocurrieron como lo indicaron en la contestación de demanda y que de esa narrativa es posible inferir un quiebre, sea total o parcial, del nexo de causalidad que se presume existente entre el riesgo de la cosa y el daño producido (arts. 1113 del CC y 7 del CCyC).
En supuestos de responsabilidad objetiva las eximentes de responsabilidad deben ser fehacientemente demostradas y la prueba que a tal fin se produzca debe ser rigurosamente apreciada (esta Sala, c. 165105 -" Vizgarra , María Celsa ..."- sent. del 05/04/2018; en igual sentido, Cám.Civ.Com. de San Nicolás, c. 9679, autos " González ...", del 05/10/2010, Cám.Civ.Com. de Junín, c. 44004, autos " Di Nesta ..." del 24/08/2010; CNCiv, Sala E, " P., M. O. c. Angeloni, Miguel A, y otro ” , del 21/06/2000, La Ley AR/JUR/3089/2000, del mismo tribunal, autos " Domínguez Miguel c. Trenes de Buenos Aires y Otros ", del 29/12/2009, La Ley, AR/JUR/61202/2009).
Ahora bien, acierta el juez de primera instancia al concluir que esa prueba nunca fue producida y la eximente no ha sido demostrada (art. 375 del CPCCBA).
La citada pone el foco en la aparente contradicción entre el relato de la demanda (donde se dice que el actor caminaba por Jara) y el informe médico de parte (en el que Montero refirió que caminaba por Alberti).
Pero esa supuesta inconsistencia en la narrativa no tiene la virtualidad que el apelante pretende asignarle. El actor alegó en su demanda que el accidente ocurrió cuando intentaba cruzar la intersección de la calle Alberti y la vereda impar de la Avenida Jara; la contraria no negó que el rodado que lo embistió circulaba por Alberti. En este contexto, y dentro de la lógica que propone el relato del accionante, la zona por la que se encontraba caminando momentos antes de ingresar al cruce resulta irrelevante: el impacto se produjo -a su decir- en el cruce peatonal, no antes.
El problema del argumento de la citada no es solo la irrelevancia del dato sobre el cual hace foco, sino las consecuencias que pretende extraer de esa supuesta contradicción. Aun aceptando por hipótesis que Gonzalo Montero caminaba por Alberti, y no por Jara, no se infiere -ni el apelante explica cómo podría inferirse- de esa sola circunstancia que los hechos ocurrieron como los narra la aseguradora.
Y aquí hay otro inconveniente que define la suerte adversa del agravio: el relato de los Sres. Maestrojuan volcado en el lacónico apartado III de la contestación de demanda (fs. 115, causa "Montero") es difícil o directamente imposible de comprender. Más aún: su propia versión de los hechos torna aún más irrelevante el lugar por el que caminaba Gonzalo Montero y la supuesta contradicción a la que me referí en párrafos precedentes.
En efecto, para defenderse de la pretensión, los demandados alegaron que el impacto ocurrió cuando su vehículo, circulando por Alberti, había “ traspasado la Avenida Jara unos 20 metros ” (sic), oportunidad en la que “ en forma repentina y sorpresiva ” se cruza Montero.
Si ello fuere así, debo interpretar que el accidente se produjo bastante más adelante de la senda peatonal y prácticamente en la mitad de la encrucijada de Alberti con Avenida Jara, considerando -al solo efecto de estimar aproximadamente el lugar del impacto, siguiendo la narrativa de los demandados- que un automóvil familiar tiene 4 metros de largo y los accionados dicen que ya habían avanzado cinco veces esa distancia por sobre el inicio del cruce. Si utilizo la aplicación Google Earth (disponible gratuitamente en earth.google.com), puedo corroborar que la Avenida Jara tiene poco menos de 26 metros en total, medido desde la senda peatonal donde el actor dice que fue arrollado, y la senda peatonal de la esquina opuesta.
En otras palabras, la narrativa de los demandados llevaría a pensar que el menor se lanzó a un cruce en el medio de la avenida o prácticamente en la otra esquina, lo cual no guarda ningún tipo de sentido (mucho menos de evidencia que lo corrobore). Ello significaría que Montero corrió hasta la mitad de la encrucijada (en una de las avenidas más grandes de nuestra ciudad) y allí intentó transitar hacia la otra esquina de Alberti. Reitero: es una hipótesis tan insólita como improbable.
Pero tampoco guarda consistencia ese hipotético punto de impacto con la conducta que los accionados le reprochan a Montero. En su contestación de demanda, le endilgaron al entonces menor de edad salir « detrás de un vehículo que se encontraba estacionado “Fiat Ducato” » (sic, fs. 115/vta).
Aquí es directamente imposible comprender el relato de los demandados puesto que, por un lado, ubican el impacto y el cruce sorpresivo en algún punto posterior al inicio del cruce (“ habiendo traspasado la Avda. Jara unos 20 metros ”) pero luego invocan un supuesto cruce de Montero que habría sido lindante a un vehículo estacionado, lo que me lleva a pensar que, en cambio, el accidente se produjo mucho antes del sitio que ellos mismos propusieron. Es que, adviértase, resulta difícil imaginar una Fiat Ducato estacionada en el medio del cruce de la Avenida Jara y Alberti (o en cualquier otro punto ubicado a 20 metros del inicio de la intersección).
El relato de los demandados termina diciendo que Montero cruzó de forma antirreglamentaria y que no lo hizo por la esquina, pero en lugar de señalar concreta y precisamente dónde se supone que cruzó el actor, los accionados se limitaron a afirmar que fue “ un lugar inapropiado para ello ” (sic), ahondando en mi perplejidad a la hora de comprender cómo es que alegan que ocurrió el accidente y cuál habría sido el hecho de la víctima que invocan para fundar su defensa.
Aquella discordancia sobre el lugar desde donde caminaba Gonzalo Montero no solo resulta irrelevante -y, en su caso, como dije, no permite inferir la verdad de
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