Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 15411
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSE DECLARAN DESIERTOS los recursos de apelación interpuestos, salvo en lo que respecta al rubro daño moral y a los intereses, aspectos del fallo que SE CONFIRMAN .
Costas de alzada , a las apelantes (art. 68 del CPCC).
Causa Nº MO-15411-2015
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ NIETO ENRIQUETA DEL VALLE C/ CARUSO COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. Y OTRO/A S/COBRO ORDINARIO DE SUMAS DE DINERO ” Causa Nº MO-15411-2015 habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO-GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO, dijo:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 3 Departamental con fecha 28 de Febrero de 2023 dictó sentencia, haciendo lugar a la demanda.
Apelaron ambas co demandadas y los recursos fueron concedidos en forma libre.
El de la co demandada Banco Supervielle S.A. fue fundada con el escrito de fecha 21 de Marzo de 2023.
El de la co demandada lo fue con el escrito del 17 de Abril de 2023.
El 11 de Mayo de 2023 la actora contestó los agravios.
A los términos de cada una de esas presentaciones cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Con fecha 1 de Junio de 2023 se llamaron "AUTOS PARA SENTENCIA" , procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
2. A fin de dar respuesta a las cuestiones traídas en los agravios, he de efectuar alguna precisión liminar pues, a mi juicio, los fundamentos recursivos, en gran parte, incumplen las exigencias del art. 260 del CPCC.
Veamos.
Esta Sala ha sustentado reiteradamente que es imprescindible, a los efectos de abrir la posibilidad revisora de los Tribunales de Alzada, que el apelante exponga claramente las razones que a su juicio tornarían injusta la solución adoptada por el Juzgador de la instancia anterior, a cuyo fin debe proveer a la instancia revisora de argumentos contrapuestos a los invocados por el Juzgador, para poder cotejarlos y así ponderar el error de juzgamiento, que -en el caso concreto- se atribuye al sentenciante (conf. Causas nros. 24.783, R.S. 178/90; 27.537, R.S. 74/92; 31.702, R.S. 147/94, entre otras).
El embate contra la sentencia de Primera Instancia llevado a cabo por medio del memorial -o expresión de agravios, en su caso- debe ser concreto, preciso y claro; en una palabra, suficiente, dado que en el sistema dispositivo que nos rige, esta pieza procesal se erige como cuña que tiende a romper el fallo atacado, pero, para ello hace falta que el quejoso ponga de manifiesto los errores de la resolución impugnada.
Si este embate no se cumple, o se lleva a cabo en forma deficitaria, el decisorio deviene firme, ya que es el atacante quien a través de su expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, la que no está facultada constitucionalmente para suplir los déficit argumentales, ni para ocuparse de las quejas que éste no dedujo (Causa nº 22.242, R.S. 44/89).
La apuntada carga procesal supone la demostración del agravio, no correspondiendo al Juzgador suplir en esa tarea al justiciable, por ser un imperativo del propio interés del peticionario en un asunto que es de su exclusiva incumbencia.
Para tener por satisfechos los fines legales de dicho escrito, deben concretarse punto por punto los déficit fundamentales que se atribuyen al fallo atacado, ya sea en la aplicación del derecho o, en su caso, en la apreciación de los hechos y su prueba (conf. Hitters en "Técnica de los Recursos Ordinarios", págs. 442/446).
Se exige al apelante una exposición sistemática, tanto en la interpretación del fallo recaído -en cuanto juzgado erróneo- como en las impugnaciones de las consideraciones decisivas. Deben precisarse parte por parte los errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo recurrido, especificándose con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, sin que las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general -dentro de las que se hallan las meras citas doctrinarias o jurisprudenciales- puedan llegar a reunir los requisitos mínimos indispensables para desvirtuar la solución realmente dotada de congruencia (conf. Causa nº 22.549, R.S. 89/89).
La ley requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del Magistrado aquel argumento que constituya estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Efectuada esa labor de comprensión, incumbe luego a la parte la tarea de señalar cual punto del desarrollo argumental mismo ha incurrido en una errata a sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica, que llevara al desacierto ulterior concretado en la sentencia (Cám. Nac. Com., Sala D, 24/4/84, L.L. 1.985, v. A, p. 309; esta Sala, Causa nº 31.349, R.S. 52/94).
Es que la función de la Cámara es revisora, pues no se trata de un nuevo juicio, y aquélla encuentra su límite en la existencia y extensión de los agravios, que deben constituir la crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo de Primera Instancia con lo que se disconforma, demostrando cuales son los errores en él incurridos, pues, de lo contrario, la insuficiencia de la queja conlleva a la deserción del recurso, y si bien es cierto que la corriente general de la jurisprudencia es que basta un mínimo de crítica, ello no significa que pueda el órgano jurisdiccional sustituir o subsidiar la actividad propia del recurrente (arts. 260, 261, 34, inc. 5º, pto. c), del Cód. Procesal; Causa nº 32.277, R.S. 228/94).
Trasladando estos conceptos al caso de autos, vemos que la argumentación de las quejosas, con relación al progreso de la demanda, en modo alguno llega a satisfacer los recaudos técnicos enunciados.
Ni aun aplicando un criterio de suma elasticidad, en resguardo a ultranza del derecho de defensa de las partes (arts. 18 Const. Nac., 15 Const. Pcial.), sortean el umbral de técnica recursiva que posibilita la apertura de la segunda instancia.
Es que una cosa es que en caso de duda nos inclinemos por considerar técnicamente suficiente la argumentación recursiva y otra, bien diversa , es que sustituyamos la actividad de la parte e ingresemos en el análisis de cuestiones acerca de las cuales no existe ni siquiera un mínimo de crítica técnicamente computable.
En tales casos no solo arrasaríamos con las normas procesales de los arts. 260 y 261 del C.P.C.C. sino que también, al asumir incumbencias propias de las partes (y fundamentalmente de su asistencia técnica, arts. 56 C.P.C.C.) , quebraríamos el trato isonómico e igualitario que debemos dispensar a ambos litigantes (art. 34 inc. 5º ap. c C.P.C.C.) por mandato constitucional (arts. 16 Const. Nac., 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás normas concordantes).
Doy mis razones.
En un meduloso análisis, la Sra. Jueza de la instancia previa considera aplicable la ley de defensa al consumidor, considera que ambas co demandadas son responsables y están legitimadas pasivamente, mencionando -muy claramente- la necesidad de contar con autorización administrativa para este tipo de contrataciones y la evidente relación entre ambas co demandadas, por lo que rechaza la excepción de falta de legitimación.
Por lo demás, en lo que hace a la procedencia de la demanda, efectúa el encuadre jurídico del caso, deteniéndose específicamente en sus circunstancias, apoyándose en el hecho de que el difunto era un adulto mayor, con problemas de salud, haciendo alusión a las previsiones de la ley 24.241, habla de la evidencia de la situación del Sr. Chaparro e incluso profundiza en diversas circunstancias relativas a la documentación que suscribió (tipo de letra, condición de la firma, etc.).
Pues bien, ninguno de estos postulados son eficientemente rebatidos por las quejosas .
En efecto: nos ofrecen una argumentación extensa pero muy genérica, que -inadvertida o deliberadamente- soslaya las específicas circunstancias del caso y la condición del co contratante (jubilado, adulto mayor, con problemas de salud, que resultaban evidentes).
Circunstancia que -insisto- es dirimente en la construcción argumental de la sentencia apelada y que, desde ya, no pudo pasarles inadvertidas a quienes vienen a sostener, en segunda instancia, que la decisión no se ajusta a derecho.
A esta altura llama la atención que, en el discurso argumental de las quejosas no digan absolutamente nada en cuanto a la condición de su contratante y las distintas irregularidades que la sentenciante pone de manifiesto en relación a la documentación labrada en sede del banco; o que tampoco digan absolutamente nada en cuanto a la aplicación al caso de las normas vinculadas con la cuestión previsional.
Solo se capitaliza la situación de salud del Sr. Chaparro para argumentar sobre la reticencia, pero soslayándola a la hora de valorar las condiciones de contratación y formulación de la declaración de salud, tema sobre el que profundiza la decisión en crisis.
Insisto, las quejosas han escrito bastante en sus agravios, pero eso no es sinónimo de suficiencia argumental si, al así hacerlo, se dejan irrebatidos postulados esenciales de la decisión.
A lo que, agregamos, sobre la aplicación al caso de la Ley de Defensa al consumidor, ya se ha expedido esta Sala en esta misma causa (resolución del 7 de Junio de 2018, que hoy se encuentra firme) por lo que, aunque se argumente mucho, la cuestión está precluida.
En tal contexto, entiendo que ambas argumentaciones recursivas -en lo que hace a la procedencia de la demanda- caen en insolvencia, por soslayar las específicas (y muy claras) razones que dio la sentenciante de la instancia previa, para resolver como lo hizo.
Lo propio ocurre con los agravios de la aseguradora relativos al monto por el que prospera el reclamo.
La sentenciante fue clara al dar las razones por las cuales decidió como lo hizo al fijar el monto respectivo y la quejosa no les dedica siquiera una palabra.
Sus quejas son, entonces, mera discrepancia subjetiva de criterio.
Lo propio sucede con el rubro daño psíquico: ambas apelantes lo cuestionan, pero la realidad es que no se hacen cargo de las pruebas colectadas en el proceso y de la valoración que de ellas hizo la sentenciante.
En relación a las costas, tema que también introduce la aseguradora, su argumentación es igualmente insuficiente: no basta sostener, unilateralmente, que pudo creerse con derecho a actuar como lo hizo y remitir a lo ya sostenido, cuando la sentencia explicitó múltiples razones para concluir la irregularidad de su accionar.
Los recursos devienen, entonces, desiertos en todos estos puntos.
En los dos únicos aspectos en los cuales las fundamentaciones recursivas sortean la valla del art. 260 del CPCC -si bien muy ajustadamente- es en lo atinente al daño moral (por la propia etiología del rubro) y en lo relativo a los intereses.
Abordo, entonces, esas quejas.
Al respecto he dicho que se entiende por daño moral, la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria. Su traducción en dinero se debe a que no es más que el medio de enjugar, de un modo imperfecto pero entendido subjetivamente como eficaz por el reclamante, un detrimento que de otro modo quedaría sin resarcir. Siendo eso así, de lo que se trata es de reconocer una compensación pecuniaria que haga asequibles algunas satisfacciones equivalentes al dolor moral sufrido.
El daño moral es de carácter resarcitorio y no de naturaleza punitiva, es decir, no se trata de reprochar la conducta del ofensor, sino de resarcir económicamente a la víctima, que no debe guardar necesaria relación con el daño de carácter patrimonial.
Tiene entendido nuestro Superior Tribunal que el reconocimiento y resarcimiento del daño moral depende -en principio- del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que haya existido, sin que sea necesaria otra precisión y no requiere prueba específica alguna cuando ha de tenérselo por demostrado por el sólo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa- (conf. entre otros: S.C.B.A., Ac. y Sent., 1992, t. I., pág. 99; 1974, t. I., pág. 315; 1975, pág. 187; Ac.51.179 del 02/11/93).
Pues bien, desde esta perspectiva, vamos al caso.
La actora es una adulta mayor (72 años al momento del fallecimiento), cuyo cónyuge (de toda la vida) ha fallecido.
Se trataba de dos jubilados.
Su cónyuge abonaba un seguro, y se le cobraban las distintas cuotas.
Sucede que, al momento de fallecer y cuando se debía cumplir la prestación, ello le fue negado, viéndose sumida en una serie de reclamos que, aún hoy, se siguen discutiendo.
Es evidente que, cuando se contrata un seguro como el que aquí se discutió, se lo hace en previsión de lo que suceda en momentos difíciles par obtener cierta tranquilidad económica en circunstancias, insisto, de intenso dolor.
Por ello entiendo que, dada la naturaleza de la prestación y la condición subjetiva de la accionante (el carácter de adulto mayor puede ser computado, incluso, como indicio de mayor padecimiento -esta Sala en causa nro. 49.001 R.S. 31/04-), la situación descripta genera una situación que, objetivamente, autoriza a presumir un padecimiento en este sentido, incluso si tenemos en cuenta que la actora ingresa dentro de una categoría etárea que amerita una mayor protección estatal.
En efecto: llegada a cierta edad, las personas no deberían estar transitando situaciones como esta.
Y si esto sucede, derivado de situaciones antijurídicas (bien concluidas por la sentenciante) no hace falta demasiado esfuerzo para colegir la situación de intranquilidad, molestia, angustia o padecimiento que, incluso y como se ha concluido (y las quejosas no llegaron a refutar), le ha generado padecimientos en su esfera psicológica.
En tal contexto, el reclamo por daño moral es plenamente atendible y el monto fijado ($2.000.000) lo considero acorde a la entidad del perjuicio, derivado de las molestias, angustias e intranquilidades que la situación razonablemente puede haberle generado.
Ello así, promoveré su confirmación.
Me queda abordar lo atinente a los intereses.
Los intereses que deben abonarse derivan de la morosidad en el pago de la prestación debida (arts. 508, 509 y ccdtes. C. Civil) y proceden aunque la suma fijada lo haya sido a valores actuales, como lo ha sido en la sentencia.
A ello agregamos que la sentenciante ha hecho correcta aplicación de la jurisprudencia de la SCBA al momento de fijar la tasa.
Por lo demás, en cuanto al inicio del cómputo, la entidad bancaria pretende, argumentando mas que nada en base a jurisprudencia, que lo sean a partir de la notificación del traslado de demanda, pero no tiene en cuenta las cláusulas del contrato y, especialmente, la existencia de un intercambio epistolar, que ya configuraría la situación de morosidad en el pago si se lo contextualiza con los argumentos que se esgrimieron para no cumplir y que luego se concluyeron inatendibles a lo largo de este proceso judicial.
De este modo, las quejas en el punto tampoco son de recibo.
3. Luego, y por tales razones, deberán declararse desiertos ambos recursos, salvo en lo que respecta al rubro daño moral y a los intereses, aspectos del fallo que habrán de confirmarse.
Todo ello con costas de Alzada a las apelantes (art. 68 del CPCC).
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Doctor CUNTO .
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE DECLARAN DESIERTOS los recursos de apelación interpuestos, salvo en lo que respecta al rubro daño moral y a los intereses, aspectos del fallo que SE CONFIRMAN .
Costas de alzada , a las apelantes (art. 68 del CPCC).
NOTIFIQUESE en los términos del Ac. 4013 de la S.C.J.B.A.,mediante resolución autonotificable, a los domicilios electrónicos constituídos por las partes.
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE
Firmas
Funcionario Firmante: 22/08/2023 10:59:15 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/08/2023 11:13:23 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/08/2023 11:14:15 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 22/08/2023 11:14:16 hs. bajo el número RS-315-2023 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia