Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 124595
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaLa Plata, dieciocho de marzo de 2019.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
Que en el precedente acuerdo ha quedado establecido que la sentencia dictada a fs. 110/115 vta. no es justa (arts. 7, C.C. y C.; 1197, 1198, Código Civil; 217 y 21, Código de Comercio; 220, LS, 68, 274, 330, 354, C, Proc.).
POR ELLO: corresponde: 1) Revocar la sentencia apelada. 2) Admitir la demanda entablada por Daniel Enrique Navas por cobro de sumas de dinero contra BLISS BARILOCHE SA por la suma de U$S 162.500, que deberá ser satisfecha en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de ejecución. La falta de pago en el plazo establecido devengará la tasa interés pasiva más alta (BIP) que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días en dólares, salvo que las reglamentaciones del Banco Central dispongan una distinta (art. 768, inc. c), C. C. y C). 3) Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada. 4) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.
En la ciudad de La Plata, a los dieciocho días del mes de marzo de dos mil diecinueve reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, Sala Tercera, doctores Andrés Antonio Soto y Laura Marta Larumbe, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “NAVAS DANIEL ENRIQUE C/ BLISS BARILOCHE S.A. S/COBRO ORDINARIO DE SUMAS DE DINERO", (causa nº 124595), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término el doctor Soto.
LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justo el apelado decisorio de fs. 110/115 vta.?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, EL DOCTOR SOTO DIJO:
I. En el decisorio cuestionado la Sra. Jueza de la anterior instancia declaró la nulidad del contrato de compraventa de acciones celebrado entre Daniel Enrique Navas y desestimó la demanda por cobro de sumas de dinero por entablada contra BLISS BARILOCHE SA; impuso las costas al accionante y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.
Para así decidir -en lo que importa destacar-, luego de establecer el régimen legal aplicable, y por reconocido el negocio jurídico que da sustento a la demanda, explicitó que el contrato no se ajusta a ninguno de los supuestos excepcionales previstos por el legislador, por lo que la prohibición general contenida del artículo 220 de Ley 19.550.
En esa dirección, estableció que la sociedad demandada carece de capacidad de derecho para ostentar la calidad de compradora del paquete accionario, declarando en consecuencia la nulidad del contrato de compraventa y rechazando la demanda entablada.
II. Contra esa forma de decidir apeló el accionante a fs. 116, expresando agravios a fs. 141/148, con réplica a fs. 159/161.
III. En síntesis que se formula, afirma el recurrente que el contrato de compraventa en virtud del cual la sociedad Bliss Bariloche SA adquiere las acciones de los accionistas Daniel Enrique Navas y de Guillermo Gustavo Graziani, fue celebrado por personas capaces y es plenamente válido.
Analiza seguidamente los supuestos de excepción del artículo 220 de la Ley 19.550 y señala que, en su caso corresponde a la sociedad determinar las razones por las cuales adquiere acciones y no a un ex accionista.
Objeta luego la declaración de nulidad del contrato, afirmando que la Jueza se extralimitó, afectando el principio de congruencia.
Cuestiona la imposición de costas y solicita que se acoja el recurso propuesto.
En su respuesta –expuesto sustancialmente-, la parte demandada señala que el apelante reconoce la plataforma fáctica enunciada por la sentencia, de modo que debió acreditar la existencia de algunas de las excepciones del artículo 220 de la Ley 19.550, y que el control de validez del negocio debió ser previo.
Afirma seguidamente que las nulidades absolutas pueden ser declaradas oficiosamente, citando jurisprudencia en su apoyo.
Solicita que se desestime el recurso propuesto.
IV. La decisión cuestionada examina la ardua cuestión de la adquisición de acciones por parte de la sociedad, supuesto regulado por el artículo 220 de la LS.
Existe coincidencia en la doctrina sobre que el régimen legal vigente es restrictivo, lo que se explica mediante la previsión de tres supuestos de procedencia, enunciados sucesivamente en los incisos de la norma aludida (Horacio Roitman, “Ley de Sociedades Comerciales”, ed. La Ley, año 2006, T III, p. 727; Enrique Máximo Pita –Adolfo A. N. Roullión Director-, “Código de Comercio Comentado y Anotado”, ed. La Ley, año 2006, T III. p. 549; Ricardo A. Nissen, “Ley de Sociedades Comerciales”, ed. Abaco, año 1994, T 3, p. 272).
Sin embargo, esta condición normativa, no importa sin más la justificación de la decisión en crisis, tanto desde el punto de vista de la legislación sustancial como desde las particulares circunstancias del caso, que requieren el análisis del contexto procesal.
En efecto, en la doctrina así como en la jurisprudencia no hay consenso sobre las consecuencias del incumplimiento de los recaudos que deben concurrir para la consecución del negocio jurídico cuyo incumplimiento dio lugar a este juicio.
Es así que se postula también la alternativa de la nulidad relativa, dado que –a diferencia de lo señalado en la instancia precedente-, no se encuentra comprometido el interés público, ni la ley contempla una sanción de carácter absoluto, propuesta que en el caso conduciría a una solución diversa a la adoptada (v. Roitman, págs. 734/35; Pita, p. 550; Nissen, cita 9 al pie p. 280; obs. cit.).
Por otra parte, la sociedad demandada no contestó la demanda entablada, conforme emerge de la providencia de fs. 37.
Como consecuencia de ello, la colega de la precedente instancia estableció, lo que arriba firme a esta instancia decisoria (art. 260, C. Proc.), que: “…la actitud asumida por la demandada al no contestar la demanda incoada en su contra y la ausencia de elementos de convicción en contra, debe tenerse por reconocida la constitución de la sociedad comercial denominada Bliss Bariloche SA por los Sres. Marcelo Jose Aliberti y el Sr. Daniel Enrique Varas, a la sazón actor en estos autos, con domicilio social en la calle 15 A N.° 992 de la localidad de City Bell, Pdo. de La Plata y cuyo capital suscripto ascendía a PESOS DOCE MIL ($12.000), dividido en doce mil 12.000) acciones ordinarias nominativas (…), distribuido de la siguiente forma: 8.350 acciones para el Sr. Aliberti y 3650 acciones para el Sr. Navas (…) Por similares razonamientos, cabe tener por reconocido el contenido del contrato de compraventa de acciones celebrado entre el Sr. Navas y la firma Bliss Bariloche SA (…), así como también el cumplimiento de la prestación a cargo de la actora y el incumplimiento de la que se hallaba en cabeza de la sociedad demandada, esto es, el pago del precio convenido por la participación accionaria transferida…” (v. fs. 112 vta./113).
La conducta asumida por la parte demandada privó al proceso –eventualmente-, de la posibilidad de debatir acerca de la verificación de alguno de los supuestos de excepción que el artículo 220 de la LS admite para la formulación del contrato desavenido (art. 354, inc. 2°, C. Proc.), teniendo en cuenta que por residual, no se trata de una posibilidad excluida en el ordenamiento jurídico y como reflejo de ello el estatuto social de la accionada lo contempla (v. artículo décimo segundo, fs. 22, autos seguidos entre las mismas partes sobre medidas cautelares).
Desde esta perspectiva, no se comparte la inferencia realizada por la Jueza de la instancia de origen acerca de que “…los hechos afirmados por la actora y el tenor del contrato adunado impiden el encuadre del negocio (…) en ninguno de los supuestos…” (v. fs. 114 in fine), dado que el objeto de la pretensión esgrimida es el cobro de sumas de dinero por la falta de cumplimiento del contrato de compraventa de acciones (v. fs. 10 vta., art. 330, inc. 3º, C. Proc.), por lo que la demanda se asienta –naturalmente-, en la validez del negocio, y en su caso, las objeciones que podría exhibir debieron ser introducidas por la parte demandada, toda vez que, como fue señalado, ni la afectación del orden público, ni la consecuente sanción de nulidad absoluta son conceptos que pacíficamente se puedan enclavar en un caso que -esencialmente por decisión de la parte demandada- carece de la información suficiente acerca de las particularidades, justificaciones y derivaciones de la celebración del contrato (arts. 1197, 1198, Código Civil; 217 y 218 Código de Comercio, normas vigentes al tiempo de la celebración y ejecución del contrato, art. 7, C.C. y C.) .
Consecuentemente, propongo al Acuerdo de mi distinguida colega la revocación de la sentencia apelada y la admisión de la demanda por la suma de U$S 162.500, que deberá ser satisfecha en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de ejecución.
La suma es comprensiva de capital e intereses hasta la fecha de esta sentencia, conforme fuera establecido por las cláusulas tercera y cuarta del contrato suscripto (v. fs. 6 y 7, autos sobre medidas cautelares).
La falta de pago en el plazo establecido devengará la tasa interés pasiva más alta (BIP) que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días en dólares, salvo que las reglamentaciones del Banco Central dispongan una distinta (art. 768, inc. c), C. C. y C)
Voto por la NEGATIVA.
La Dra. LARUMBE, por los mismos fundamentos votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA, EL DOCTOR SOTO DIJO:
Obtenido el necesario acuerdo de opiniones al tratar y decidir la cuestión anterior, corresponde: 1) Revocar la sentencia apelada. 2) Admitir la demanda entablada por Daniel Enrique Navas por cobro de sumas de dinero contra BLISS BARILOCHE SA por la suma de U$S 162.500, que deberá ser satisfecha en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de ejecución. La falta de pago en el plazo establecido devengará la tasa interés pasiva más alta (BIP) que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días en dólares, salvo que las reglamentaciones del Banco Central dispongan una distinta (art. 768, inc. c), C. C. y C). 3) Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada (arts. 68 y 274, C. Proc.). 4) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.
ASÍ LO VOTO.
La doctora LARUMBE adhirió en un todo al voto que antecede, con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:
La Plata, dieciocho de marzo de 2019.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
Que en el precedente acuerdo ha quedado establecido que la sentencia dictada a fs. 110/115 vta. no es justa (arts. 7, C.C. y C.; 1197, 1198, Código Civil; 217 y 21, Código de Comercio; 220, LS, 68, 274, 330, 354, C, Proc.).
POR ELLO: corresponde: 1) Revocar la sentencia apelada. 2) Admitir la demanda entablada por Daniel Enrique Navas por cobro de sumas de dinero contra BLISS BARILOCHE SA por la suma de U$S 162.500, que deberá ser satisfecha en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de ejecución. La falta de pago en el plazo establecido devengará la tasa interés pasiva más alta (BIP) que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días en dólares, salvo que las reglamentaciones del Banco Central dispongan una distinta (art. 768, inc. c), C. C. y C). 3) Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada. 4) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad. Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Fin de la sentencia