Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76961
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mar del Plata para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA).
B.76.961 “P., S. C/ IOMA S/ COBRO ORDINARIO DE SUMAS DE DINERO -CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. S.P. promovió, por derecho propio y dada su condición de afiliada adherente, una acción por cobro de sumas de dinero e indemnización de daños y perjuicios contra el Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires (IOMA), a los efectos de repetir lo pagado con más sus intereses por el tratamiento que, a raíz del cuadro de anorexia nerviosa de tipo restrictiva que la aqueja desde el año 2016, sus padres debieron afrontar.
Explica que por auto de fecha 30 de agosto de 2019, el Juzgado de Garantías del Joven N°1 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la acción de amparo que dedujo en su momento, en el que se ordenó al IOMA a brindar la cobertura total del tratamiento.
Denuncia que la autoridad administrativa demandada no cumplió con el referido mandato, ni siquiera luego de haber recaído sentencia definitiva en el proceso, hecho que motiva la interposición de la presente acción y, con ella, el resarcimiento por daño moral, daño directo y punitivo, estos últimos con arreglo a lo prescripto por los artículos 40 bis y 52 bis de la ley 24.240 (véase demanda electrónica de fecha 30-XI-2020).
II. La causa fue iniciada en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Mar del Plata.
Poniendo de resalto la naturaleza del sujeto demandado y las disposiciones normativas que prevé el código adjetivo en supuestos de responsabilidad patrimonial estatal (arts. 2 inc. 4, 12 inc. 3 y 50 incs. 6, CCA), su juez se declaró incompetente para resolver en el asunto, por entender que se trataba de un caso propio del fuero contencioso administrativo.
Agraviada por esto último, la actora interpuso un recurso de revocatoria en virtud de la índole de los preceptos que sustentaban su reclamo, afirmando haberse hallado en una relación de consumo con la obra social.
Al carecer de la rúbrica de la parte interesada, dicho requerimiento fue desestimado por el juzgado de origen, el cual, a los efectos de que el expediente prosiguiera su curso procesal, lo remitió al fuero especializado.
De esta forma fue desinsaculado el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 de aquel departamento judicial, cuyo titular no aceptó la declinatoria formulada. Para decidir así, tuvo en consideración que la pretensión se ceñía al cobro de sumas de dinero, lo cual estaba estrechamente ligado a la ejecución de la sentencia que recayó con motivo de la acción de amparo previamente deducida en la que IOMA fue condenado a cumplir con la totalidad de la prestación requerida por la demandante.
Consecuentemente, en tal entendimiento, planteó la contienda negativa de competencia que giró a este Tribunal con el objeto de que sea resuelta de acuerdo a lo preceptuado por el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.001- (cfr. resol. electrónica de fecha 22-III-2021).
III. Cabe adelantar que la competencia para decidir en autos es exclusiva del juez en lo contencioso administrativo, por los motivos que se explican a continuación:
III.1. En lo tocante a la indemnización en concepto de daño moral, daño directo y daño punitivo, por no ser pretensiones que se relacionan con la condena impuesta al IOMA en la primigenia acción de amparo, le es inaplicable el trámite incidental de la ejecución de sentencias, cuyas reglas de competencia consagradas en los arts. 6 inc. 1 y 499 del Código Procesal Civil y Comercial la establecen en favor del magistrado que intervino en el proceso principal.
En esta inteligencia, por tratarse esencialmente de una controversia originada en la acción u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de un ente descentralizado, en la que se persigue hacer efectiva su responsabilidad patrimonial regida por normas de derecho público -aún cuando para su solución se deba recurrir al método de integración analógica con normas de derecho privado-, la misma pertenece a la competencia del fuero especializado (arts. 166, in fine , Const. prov.; 1, 2 inc. 4 y 12 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; doctr. causas B. 64.553, "Gaineddu", resol. de 23-IV-2003; B. 65.489, "Mazzei", resol. de 4-VI-2003; B. 67.408, "Mancuso", resol. de 19-V-2004; B. 68.001, "Mozcuzza" y B. 68.005, "Carrizo", ambas resol. de 8-IX-2004; B. 68.052, "Echaire", resol. de 20-X-2004; B. 68.386, "Sanchez", resol. de 1-III-2006).
III.2. Más arduo puede resultar determinar la naturaleza de la repetición de lo pagado por los progenitores de la actora para proveerse el tratamiento ante la inactividad de la autoridad demandada, por cuanto esta pretensión bien podría guardar relación con la sentencia dictada el 30 de agosto de 2019 por el Juzgado de Garantías del Joven N°1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, en oportunidad de resolver el amparo.
La respuesta afirmativa implicaría, en virtud de las normas invocadas con anterioridad, la competencia de este último para entender en el sub examine, tal y como lo requiere la actora en el acápite VIII de la demanda. Sin embargo, en autos no es posible arribar a esta conclusión.
En efecto, de la sentencia que se adjunta en el escrito de inicio (véanse los primeros dos documentos aunados a aquél), no se advierte que la condena haya consistido en la restitución a la actora de las sumas abonadas mientras se sustanció el proceso, sino que dispone que el IOMA "...arbitre los medios para garantizar la cobertura al 100% tratamiento por trastornos alimenticios en la 'Clínica de Familia', el cual podrá variar ello teniendo en cuenta el desarrollo y la evolución de la patología que padece la actora".
Con este alcance -aunque en base al título que pudiera conferirle a la demandante dicha sentencia-, el cobro de estas sumas de dinero escapa de la esfera de competencia del juez que intervino en el proceso principal y, al igual que las otras pretensiones, subsume en los términos de la cláusula general que define la materia contencioso administrativa, en particular, en la regla de atribución fijada en el art. 2 inc. 4 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
Siendo así, todo el proceso deberá continuar su trámite por ante el órgano que intervino en segundo lugar (doctr. causa B. 72.966, "Mujica", resol. de 4-VI-2014).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mar del Plata para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA).
Hágase saber de lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del mencionado departamento judicial.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/05/2021 19:19:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2021 19:10:45 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/05/2021 20:41:00 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2021 13:45:34 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2021 16:43:22 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia