Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124047
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnte la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
C. 124.047 "BCO. DE LA PCIA. DE BS. AS. C/ PESQUERA ROMU SRL S/ COBRO ORDINARIO DE SUMAS DE DINERO"
I. La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Dolores confirmó el fallo de origen que -a su turno- rechazara la acción de daños y perjuicios incoada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires contra la firma Pesquera Romnu S.R.L., al no encontrar reunidos los extremos legales para su progreso (v. sentencias electrónicas de fechas 27-VIII-2019 y 21-IV-2020).
II. Frente a ello, la letrada apoderada del accionante vencido interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que aduce infracción a los arts. 944 y 1071 del Código Civil; 259, 281, 1061 y 1794 del Código Civil y Comercial; 375, 456, 473, 474 y concs. del Código Procesal Civil y Comercial; 17 y 18 de la Constitución nacional y 15 y 31 de su par local. Asimismo, se agravia de la imposición de las costas (v. escrito electrónico de fecha 19-V-2020).
III. El remedio no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
III.1. Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015; C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Compañy (Argentina) SA", resol. de 23-V-2017; entre otras), tal como se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En efecto, el Tribunal de Alzada -a la luz de las pruebas colectadas- para confirmar el pronunciamiento de primer grado, sostuvo que "... en el caso no se dan los presupuestos necesarios para la procedencia de la acción, sin que quepa afirmar con ligereza la ausencia de una causa lícita necesaria para considerar procedente la devolución del dinero transferido. Tampoco encuentro acreditada la absoluta desconexión invocada por la actora respecto de entidades bancarias extranjeras; así como tampoco que en el caso se encuentre habilitado el camino para conjeturar sobre cuestiones que harían a la relación contractual habida entre la demandada y una empresa extranjera, por no ser el ámbito procesal idóneo." (v. págs. 24/25 de la sentencia electrónica de fecha 21-IV-2020).
Tal fundamento, que se erige en el pilar jurídico del pronunciamiento en crisis, no logra ser conmovido por los reproches expuestos en las págs. 5/15 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (vinculados con el objeto de autos, la ponderación de la prueba y la aplicación normativa) se han limitado a reiterar lo expuesto ante el órgano anterior que ha sido tratado y desechado, omitiendo atacarse de modo directo y eficiente las afirmaciones y conclusiones vertidas por la Cámara. Con tal proceder, la impugnante ha desinterpretado el contenido de lo resuelto sin realizar un ataque hábil sobre los pilares jurídicos que lo fundamentan (v. escrito electrónico de fecha 1-XI-2019; conf. art. 279, cit. y doctr. causas C. 118.323, "Gaetan", resol. de 4-III-2015; C. 120.474, "Botta", resol. de 24-II-2016; C. 121.700, "Galli", resol. de 20-IX-2017; e. o.).
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el iter lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
Lo dicho, basta para repeler esta parcela revisora y permite descartar las infracciones normativas indicadas en las pág. 4 del recurso (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. El mismo déficit porta la transgresión a las garantías constitucionales citadas a lo largo del escrito electrónico, ya que no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo de la interesada -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.725, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 1-VI-2016; C. 121.691, "Medina", resol. de 6-IX-2017 y C. 122.504, "Carrizo", resol. de 26-IX-2018).
III.3. Tampoco cabe atender el achaque referido a la imposición de los gastos causídicos (v. pág. 19 del embate), puesto que constituyendo esta temática una típica cuestión de hecho propia de las instancias de mérito y exenta, como tal, de censura en casación, salvo absurdo, esto es, que se haya alterado burdamente el carácter de vencido o exista iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (conf. doctr. causas C. 119.237, "Giorgini", resol. de 3-VI-2015; C. 119.933, "Martinetti", resol. de 26-X-2016 y C. 121.805, "Conciencia Ciudadana Mejorar Asociación Civil", resol. de 13-IX-2017), al no haberse acreditado ninguna de estas situaciones, no queda otro camino que su repulsa (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/09/2020 13:54:00 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/09/2020 14:11:56 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/09/2020 16:57:13 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/09/2020 19:36:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/09/2020 13:59:32 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/09/2020 11:48:12 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia