Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124519
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 2 de junio de 2020 y 2) denegar el recurso extraordinario federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 3, inc. "d" Ac. cit.; 14 y 15, ley 48).
C. 124.519 "BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ MORRONE ROSARIO Y OTRO/A S/ COBRO ORDINARIO DE SUMAS DE DINERO"
I. Con la presentación electrónica de fecha 9 de junio de 2021, téngase por cumplida en término la intimación dispuesta el 2 de junio del corriente año.
II. La apoderada de la entidad bancaria deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que rechazó el de inaplicabilidad de ley interpuesto con base en la falta de fundamentación suficiente -respecto de la imposición de costas-, la inexistencia de un agravio federal que suscite la apertura de la instancia y la irrecurribilidad del cuestionamiento referido a la base regulatoria (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC; v. resol. de 19-IV-2021, trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 5-V-2021 y su archivo adjunto identificado como "Escrito REF Morrone.pdf").
En el caso, en el marco de un cobro ordinario de sumas de dinero, la Cámara interviniente confirmó el fallo de primera instancia en cuanto impuso las costas al Banco de la Provincia de Buenos Aires y lo modificó en lo que atañe a la base arancelaria. En consecuencia, dejó sin efecto la regulación de honorarios practicada y ordenó que el Juzgado de origen realice una nueva, teniendo en consideración los parámetros que estableció (v. sents. de 21-VII-2020 y 15-X-2020).
III.1. En la vía ahora intentada, la impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, propiedad, defensa en juicio, debido proceso, razonabilidad y congruencia (arts. 14, 16, 17, 18, 19, 31, 33, 116 y 117, Const. nac.; v. págs. 6, 8/11, 16/17 y 19/23, adjunto cit.).
III.2. Sostiene que el pronunciamiento en crisis resulta arbitrario y debe ser descalificado como acto judicial válido. Ello, por cuanto esta Corte, apartándose de las circunstancias objetivas de la causa y de la normativa que rige al caso, rechazó el remedio local al ponderar -erróneamente- que había sido insuficientemente fundado, vulnerando -de esta manera- las garantías constitucionales mencionadas.
En tal sentido, aduce que la decisión en crisis carece de fundamentación suficiente en tanto omitió tratar debidamente los planteos esgrimidos en la vía local -que ahora reproduce- referidos a la imposición de costas en contra de su mandante -que califica de irrazonable- y a la deficiente aplicación de la ley 14.967. Y asevera que dichos argumentos resultaban suficientes para refutar las razones dadas por el a quo .
Además, alega que, contrariamente a lo expuesto, de su simple observancia surge que el fallo del Tribunal de Alzada realizó un estudio parcializado de las constancias de la causa y resolvió de modo arbitrario los asuntos dirimentes de la causa (v. págs. 10/11 y 15/22, adjunto cit.).
III.3. Finalmente, reconoce que la imposición de costas y las cuestiones de honorarios no son, en principio, revisables en la instancia extraordinaria pero ello debe ceder cuando, como en el caso, lo resuelto implica un exceso ritual que conduce una restricción sustancial de la vía adecuada sin fundamentación idónea y suficiente, que importa un menoscabo de garantías constitucionales. Y cita -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 268:266; 299:344; 291:245; 250:152; 302:1112; y causas "Promenade SRL", "Castelar SA", "Pluspetrol SA" "SALuppi Hnos." y "Waroquiers"; v. págs. 10/11 y 22/25, adjunto cit.).
IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de 12-V-2021), el mismo fue contestado por la apoderada de la parte demandada (v. escrito electrónico de fecha 9-VI-2021).
V.1. Respecto del remedio intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones referidas a la interpretación y aplicación del derecho procesal local (en el caso, la imposición de las costas por los órganos de grado y la suficiencia del remedio de inaplicabilidad de ley para revertir esa conclusión) no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530; 295:54; 329:5424; 330:133:4770; entre otros).
En el presente, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan tales extremos, desde que las razones de la impugnante no constituyen más que una discrepancia con el criterio sustentado por este Tribunal, insuficiente -como tal- para acceder a la instancia federal (v. págs. 10/11 y 15/25, adjunto cit.; doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
V.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de exceso ritual, falta de fundamentación, apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable y omisión de cuestiones conducentes, tampoco se observan argumentos que - prima facie ponderados- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que la impugnante se limita -en rigor- a denunciar la arbitrariedad del fallo en crisis -y de las instancias de grado- y a disentir con el criterio fijado por este Tribunal para descartar el recurso intentado, reiterando cuestionamientos expuestos en el remedio local, que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 15/25, adjunto cit. y resol. en crisis cit.).
Y en dicha tarea soslaya rebatir -debidamente y conforme con el deber impuesto por el inc. "d" del art. 3 de la Acordada 4/2007- los particulares argumentos de la resolución impugnada, que destacan no sólo la falta de fundamentación suficiente del cuestionamiento referido a la imposición de costas, sino también la inexistencia de una cuestión federal que suscite la apertura de la instancia y la irrecurribilidad del agravio relacionado con la fijación de la base regulatoria (v. resol. recurrida, cit.; art. 3, inc. "d", Ac. 4/2007, cit.).
V.3. Asimismo, cabe indicar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (derecho de igualdad ante la ley, propiedad, defensa en juicio, debido proceso, razonabilidad y congruencia; arts. 14, 16, 17, 18, 19, 31, 33, 116 y 117, Const. nac.; v. págs. 6, 8/11, 16/17 y 19/23, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal nacional que cita, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 122.682, "Terminales Y Servicios S.A.", resol. de 18-IX-2019; C. 123.121, "Ribero Ravera", resol. de 26-II-2020; C. 123.818, "Metalurgica Wolodarsky S.A.", resol. de 23-IX-2020; C. 123.632, "Aveldaño", resol. de 23-X-2020; "Cabrera", resol. de 25-XI-2020; C. 123.976, "J.O.P. S.R.L.", resol. de 10-III-2021; C. 124.097, "Jockey Club Mar Del Plata", resol. de 29-VI-2021; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 2 de junio de 2020 y 2) denegar el recurso extraordinario federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 3, inc. "d" Ac. cit.; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/09/2021 16:26:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/09/2021 08:41:37 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/09/2021 16:04:01 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/10/2021 11:26:31 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/11/2021 10:17:47 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 08/11/2021 10:12:38 hs. bajo el número RR-792-2021 por LASCANO MARIA CECILIA.
Fin de la sentencia