Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 127781
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe modifica la apelada sentencia que al capital sobre el cual deberá actualizarse la deuda de $ 5,96 deberá adicionarse el Indice de Precios al Consumidor que proporciona el INDEC desde la fecha de mora (5/11/89) hasta el 31/3/91, más una tasa pura del 6% anual, y de allí la tasa establecida en la sentencia hasta el efectivo pago costas de Alzada se imponen por su orden.
En la ciudad de La Plata, a los 28 días del mes de diciembre de dos mil veintitrés, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "ISRAEL SILICARO, OSVALDO JUAN c/MASTRODICASA, RENZO RENATO s/COBRO DE PESOS" (causa: 127.781), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone .
LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Resulta ajustada a derecho la apelada sentencia de fecha 7/9/2023?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo:
I. Antecedentes y agravios.
1.1. La sentencia de Primera Instancia de fecha 7/9/2023, hace lugar a la demanda promovida por MULTICOMPRAS S.A. contra Mastrodicasa, Renzo Renato, a quien condenó a pagar al actor la suma de $ 5,96, con más los intereses pactados en la Cláusula VI de la "Solicitud de Adhesión al Sistema Multicompras / Reglamento del Sistema Multicompras" acompañada, es decir, tasa máxima que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento, en tantoéstos no excedan los determinados en los artículos 16,18, 19, 20 y 21 de la Ley 25.065, esto es, la tasa de intereses compensatorios aplicable al capital de condena será la pactada, en la medida que no supere en más del 25% al promedio de tasas del sistema para operaciones de préstamos personales publicados del día uno al cinco de cada mes por el Banco Central de la República Argentina y con relación a los punitorios, no podrá superar en más del cincuenta por ciento a la efectivamente aplicada por la institución financiera o bancaria emisora en concepto de interés compensatorio. Los mismos serán calculados desde el 4/8/1998 y sin computar los períodos transcurridos desde los días 24/11/1999 al 10/2/2009; y desde el 7/6/2010 al día 26/4/2019 y hasta el efectivo pago. Se desestimó la actualización monetaria requerida.
Las costas se impusieron al demandado vencido.
1.2. La actora apeló electrónicamente y expresó agravios en la misma forma, los cuales no fueron respondidos por la contraria.
1.3. El recurrente se queja del rechazo de la actualización por desvalorización monetaria, de la fecha de mora y de la suspensión del cómputo de intereses durante cierto lapso de tiempo.
Considera irrazonable el rechazo de la aplicación de la desvalorización monetaria con base en que la fecha de mora es el 5/11/1989, donde la moneda de curso legal era el australes, siendo la deuda de A. 5,96, por lo que corresponde la actualización conforme lo dispuesto por la ley 23.928 (arts. 9 y 10).
Cuestiona la fecha de mora establecida en la sentencia por considerar que lo resuelto no es ajustado a derecho.
Por último critica la suspensión de intereses, con base en lo que considera un exceso en la función judicial.
II. Análisis de los agravios.
2.1. Dando inicio a la tarea revisora, liminarmente señalo que en la cláusula VI de la solicitud de adhesión al sistema de tarjeta de compras Multicompras obrante a fs. 5 se ha convenido que "La falta de pago en término del importe consignado en el resumen de cuenta, producirá la mora de pleno derecho y devengará a favor de MULTICOMPRAS, los recargos e intereses que fije el sistema de acuerdo a la tasa máxima estipulada por el BCRA para este tipo de operaciones, como así también todo tipo de gastos que origine la cobranza del importe adeudado” (suscripto el 9/9/1986).
En la demanda se pidió el importe de $ 5,96, “con más la actualización monetaria y el conjunto de intereses compensatorios y punitorios que a la tasa máxima percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en sus operaciones normales de descuento autorizados por el Banco Central de la República Argentina (cláusula VI del Reglamento de adhesión adjunto), computando desde la mora (5/11/89) y hasta el efectivo pago…” , aclarándose luego que la actualización se peticiona hasta el 31/3/91 atento lo prescripto por la ley 23.928 y a partir de allí la tasa del banco provincia para operaciones de descuento.
El actor actúa en su calidad de cesionario del crédito de Multicompras.
2.2. Dando respuesta al primer agravio, destaco que el austral rigió desde el 15 de junio de 1985 (Dec. PEN 1096/85) y estuvo vigente hasta el 31/12/91, ya que a partir del 1/1/92 rigió el peso (Dec. PEN 2128/91). Se estableció una paridad de un peso ($1) equivalente a diez mil australes (A 10.000).
De la digitalización adjuntada el 10/11/2021, surge que el certificado de deuda es de $ 5,96 teniendo como fecha de emisión 5/11/89.
En cuanto a la aplicación de lo dispuesto por la ley 23.928, le asiste razón, por lo que al monto reclamado corresponde la actualización conforme el índice de precios al consumidor, nivel general, que proporcionaba el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), desde la fecha de mora y hasta el 31/3/91, momento a partir del cual esta prohibido indexar (arts. 7 y 10, ley 23.928). Y ello con mas la adición de una tasa pura del 6% anual (arts. 3 y 622, Código Civil; 163, 164, 260, 261 y 384, C.P.C.C.).
2.3. En la sentencia se dispuso que la fecha de mora es el 4/8/98, oportunidad en que el actor pagó la tasa de justicia, lo cual no tiene base legal, debiéndose estar a la fecha indicada en la demanda (5/11/89), en consonancia con el certificado de deuda acompañado, todo lo cual no ha sido controvertido (arts. 163, 164, 354 inc. 1, 375 y 384, C.P.C.C.; 3, 509 y 622, Código Civil; 7, C.C.C.N.).
2.4. En cuanto a la prohibición de liquidar los intereses por todo el lapso que el expediente estuvo inactivo, que va desde el 24/11/1999 hasta el 10/2/2009 y desde el 7/6/2010 al día 26/4/2019, dispuesta en la instancia de origen con motivo de la paralización y/o inactividad en la causa, cabe señalar -tal como ya se hizo en la causa 132.333, del 7/11/2022- que el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación al legislar sobre el abuso del derecho ha establecido una doble pauta para su identificación, especificando que es ejercicio abusivo de un derecho tanto el que contraría los fines del ordenamiento jurídico como el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Al respecto se ha sostenido que se abusa del proceso cuando éste se usa no para resolver un conflicto real, sino con otros fines (ROLAND ARAZI "Abuso del Derecho: del proceso y en el proceso", en PEYRANO, Jorge W. (director) "Nuevas herramientas procesales - II", Rubinzal Culzoni Editores, 2014, pág. 139). Luego, un acto sería abusivo -más allá de toda injerencia de un proceder doloso o culposo- cuando desvía una norma o instituto procesal del fin que le asigna el ordenamiento, siempre y cuando dicha desviación haya causado un daño procesal. Habitualmente, el acto abusivo redunda en una demora y alongamiento del trámite que ya puede invocarse como perjuicio procesal computable. Detectado el abuso, el abusador no puede, en ningún caso, obtener una ventaja procesal de su conducta abusiva (PEYRANO, Jorge W. "Vademécum de la proscripción del abuso procesal", La Ley 13/11/2018, 1). En consecuencia, cuando los instrumentos procesales son empleados de forma disfuncional, el proceso se resiente, no logra cumplir su finalidad, porque por múltiples manifestaciones se obstruye, altera o dificulta su objetivo de organizar un debate amplio en cuyo marco el órgano jurisdiccional pueda brindar la solución justa (BERIZONCE, Roberto Omar "Abuso del Proceso como insustancialidad de las proposiciones y técnicas de abreviación de trámites, en Revista de Derecho Procesal, 2014-I "Abuso del Proceso", Rubinzal Culzoni Editores, págs. 181 y ss.).
Sin perjuicio de que el legislador ha contemplado el abuso del proceso solo en base a conductas dilatorias por parte del ejecutado (v.gr. art. 549, C.P.C.C.), ello no impide contemplar la situación contraria, esto es la dilación del accionante, lo cual no viola disposición constitucional alguna y hace a las facultades del juez (arts. 1, 16, 17, 18, 28, 31 y 75 inc. 22, Const. Nac.; 1 y 2, C.C.C.N.; 34 inc. 5, 163, 164 y 384, C.P.C.C.). Sentado ello, si la inactividad del proceso revela una demora injustificada en el impulso de esta causa por parte del acreedor, por un lapso de tiempo que excede de lo razonable y podría dar como resultado un provecho en su único interés y paralelamente un agravamiento de la situación patrimonial del deudor -en la medida que exista un recargo o intereses que lo justifiquen-, puede quedar configurada una conducta abusiva que no debe ser amparada por la ley ya que contraría los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres (arts. 1071 y 1198, Código Civil; 9, 10, 11 y 12 del C.C.C.N.; Cám. Civ. y Com. 2da., Sala II, 125.107, 29/5/2019, RSD. 135/2019).
Es que, Si bien el acreedor tiene derecho a percibir lo que le es debido (art. 17 de la Const. Nacional), ese derecho no puede ejercerse de manera abusiva, utilizando el proceso como una herramienta directa de encarecimiento de las deudas, haciendo que por el solo hecho de la inactividad del ejecutante las mismas se tornen desproporcionadas en relación al monto contratado y/o adeudado (Cám. Civ. y Com. 2da., Sala III, causas 123.083, 20/12/2018, RSI. 376/2018; 124.374, RSD. 118/2019, 14/2/2019; Sala II, 125.017, 29/5/2019, RSD. 135/2019; esta Sala, causa 132.333, cit.). Ahora bien, ello requiere que se analice el impacto del tiempo en el importe reclamado en cada caso, ya que lo afirmado es válido en la medida que se de un incremento desproporcionado de la deuda. De lo contrario, se caería en arbitrariedad, al considerar que hubo una situación de abuso del proceso, sin analizar correctamente los hechos de la causa (conf. CSN, 20/11/86, “Paoletti”). En otras palabras -como ya se dijo- un eventual abuso de la parte no puede tener como respuesta institucional un abuso de la jurisdicción (esta Sala y causa, 9/8/2022).
En dicha tarea, cabe destacar que en la demanda se reclama la suma de $ 5,96, en base a un certificado por tal importe. Si se toma la suma de $ 5,96, con el sistema de liquidaciones de COLPROBA, fecha de inicio 5/11/89 y fecha final 31/3/91, mediante la actualización monetaria a través del Indice de Precios al Consumidor, nivel general (30,72), se arriba a la suma de $ 183,07 en concepto de actualización, que con la adición de un 6% de interés anual (511 días), da la suma de $ 198,45, que más la tasa activa en operaciones de descuento a 30 días al 17/12/2023 da un importe de $ 1987,90. De allí, por más que se agregue incremento alguno, no puede afirmarse -al menos con seriedad- que la dilación en el tiempo que provoca este proceso haya generado una situación de abuso del derecho, por lo que cabe revocar lo resuelto, y estar a los intereses establecidos en la sentencia, desde la fecha de mora aquí determinada, y sin suspensión alguna. Aclaro que dicho cálculo es meramente referencial, a los efectos de analizar los efectos del transcurso del tiempo en el crédito reclamado.
Ello, torna abstracto el tratamiento de las demás cuestiones propuestas.
2.5. En consecuencia corresponde modificar el pronunciamiento anterior apelado, dejándose establecido que al capital sobre el cual deberá actualizarse la deuda de $ 5,96 deberá adicionarse el Indice de Precios al Consumidor que proporciona el INDEC desde la fecha de mora (5/11/89) hasta el 31/3/91, más una tasa pura del 6% anual, y de allí la tasa establecida en la sentencia hasta el efectivo pago (art. 18, ley 25.065; 3, 16, 656, 953, 954, 1071 y 1198, Código Civil; 1, 2, 7 y 770 inc. 1, C.C.C.N.; 1, 2, 3 y 65, ley 24.240; 163, 164, 260, 261 y 384, C.P.C.C.).
Consecuentemente, voto por la NEGATIVA.
A la misma primera cuestión, el Dr. López Muro dijo :
Que coincidiendo con la solución propuesta en el voto que antecede, se expide en el mismo sentido, votando también por la NEGATIVA
A la segunda cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo :
Atento el acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo revocar parcialmente la sentencia apelada del 7/9/2023 y disponer que al capital sobre el cual deberá actualizarse la deuda de $ 5,96 deberá adicionarse el Indice de Precios al Consumidor que proporciona el INDEC desde la fecha de mora (5/11/89) hasta el 31/3/91, más una tasa pura del 6% anual, y de allí la tasa establecida en la sentencia hasta el efectivo pago. Postulo que las costas de Alzada sean impuestas al demandado en su condición de vencido (art. 68, C.P.C.C.).
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor LOPEZ MURO dijo que por idénticos motivos votaba en igual sentido que el doctor SOSA AUBONE.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO , y demás fundamentos del Acuerdo que antecede, se modifica la apelada sentencia que al capital sobre el cual deberá actualizarse la deuda de $ 5,96 deberá adicionarse el Indice de Precios al Consumidor que proporciona el INDEC desde la fecha de mora (5/11/89) hasta el 31/3/91, más una tasa pura del 6% anual, y de allí la tasa establecida en la sentencia hasta el efectivo pago costas de Alzada se imponen por su orden. REG. NOT. Comuníquese al Fiscal y DEV.
Fin de la sentencia