Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.
2Hacer lugar parcialmente al recurso de la parte demandada, y así revocar la admisión de la multa por temeridad y malicia, modificar la tasa de interés identificada en el fallo, disponer que los intereses se calculen conforme al régimen establecido en el art. 55 de la Ley de Modernización Laboral, es decir, mediante la aplicación de la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina para depósitos a plazo fijo a treinta (30) días, con el límite máximo equivalente al resultado que surgiría de aplicar la variación del IPC más un tres por ciento (3%) anual ni menor al sesenta y siete por ciento (67%) de dicho índice, modificar la jornada laboral admitida, conforme considerandos respectivos; confirmando en las restantes partes la sentencia de grado.
3Mantener la imposición de costas de primera instancia, modificando la regulación de honorarios profesionales del Dr. <PER_4>, que se fijan en el dieciocho por ciento (18%), y para el Dr. <PER_6>, en el diez por ciento (10%), del monto que resulte de la liquidación que se practicará en autos, en todos los casos con más el IVA, de corresponder. En ambos casos deberá tenerse presente al momento de sus conversiones el monto mínimo de veinte (20) JUS establecido en el art. 7 de la Ley XIII N° 4 para los letrados por cada parte. …
000406/2026 En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil veintiséis, se reúne en acuerdo la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial nro. II con asiento en esta ciudad, con la presidencia de la Dra. María Marta Nieto y la vicepresidencia del Dr. Ricardo Rubén Enrique Hayes (Acuerdo Plenario nro. 5394/2025, arts. 1 a 5), para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "<PER_1> c/ <PER_2> s/ Cobro de pesos e indem. de ley", expte. nro. 406/2026, venidos del Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral N° 3 (expte. nro. 231/2024), y atento al resultado del sorteo de fecha 23 de septiembre de 2026 y la integración del Tribunal con la Sra. Jueza de Cámara, Dra. Verónica Daniela Robert el 20 de octubre de 2026 (art. 271 del Código Procesal Civil y Comercial), correspondió el siguiente orden para la votación: Dr. María Marta Nieto, Dr. Ricardo Rubén Enrique Hayes y Dra. Verónica Daniela Robert.
Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la Sentencia nro. 91/2026 de fecha 16 de abril de 2026 y la aclaratoria nro. 104/2026 de fecha 27 de abril de 2026? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión, la Dra. Nieto dijo:
I. Vienen a conocimiento de este tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por las partes actora y su letrado (ID 2323007- ID 2323006) y demandada (ID 2324866) en contra la sentencia definitiva nro. 91/2026. Concedido en la providencia de fecha 27 de abril de 2026, la accionante expresó agravios a través del escrito ID 2336815 y su letrado fundo su recurso respecto a la regulación de honorarios en su escrito de interposición y la demandada en el ID 2333329. Corrido el traslado de ley solamente la parte actora emite su respuesta mediante ID 2349029.
II. Antecedentes.
La Sra. <PER_1> interpuso demanda laboral contra la firma <PER_2> a fin de que se la condene a abonar la suma de $9.451.687,74 conforme liquidación provisoria por los importes resultantes de los créditos laborales que identifica: liquidación final impaga, días trabajados en el mes, salarios adeudados, integración del mes de despido, VNG, aguinaldo, diferencias salariales, horas extraordinarias devengadas e impagas durante la relación laboral, indemnización por el art. 80 de la LCT, arts. 8 y 15 de la Ley N° 24013, arts. 1 y 2 de la Ley 25323, más la doble indemnización instaurada por el DNU N° 34/2019 y sus decretos ampliatorios, con más la aplicación de la tasa de interés que para préstamos personales establece el Banco Chubut SA y en su defecto la tasa más alta aplicable al caso, ello por el periodo que va desde que cada uno de los créditos demandados resulto exigible e incurrió en mora y hasta que su efectivo pago ocurra, con aplicación del art. 770 inc. b) y c) del CCCN.
Asimismo, requirió se declare la conducta de la demandada como temeraria y maliciosa en los términos del art. 9 de la ley 25013 y art. 275 de la LCT, e imponga el máximo de la sanción correspondiente; condene a la demandada a registrar la relación laboral e integrar ante los organismos previsionales, sindicales, Afip, Anses y Obra Social la totalidad de los montos que le debiesen haber depositado a la trabajadora en tiempo y forma, sumas que no han sido depositadas y la obligación de confeccionar (hacer) y entregar (dar) a su parte el certificado de trabajo y constancia documentada del ingreso de aportes y contribuciones con destino a los organismos de la seguridad social y sindicales del art. 80° de la LCT, certificación de servicios y remuneraciones de la ley 24241 (formulario PS. 6.2 del Anses o en el que en el futuro lo reemplace en el que obren toda la antigüedad trabajado y los salarios y aportes devengados), con la totalidad de las costas y costos que se irrogue la causa.
Relató hechos, fundó en derecho, acompañó documental, ofreció prueba y efectuó reserva de caso federal. En tiempo oportuno se presentó la accionada, contestó demanda solicitando su rechazo total con costas. Formuló las negativas de rigor, efectuó su propio relato de los hechos, sostuvo que la actora cumplía funciones laborales a órdenes de su padre Sr. <PER_3> (Tesorero) no de su firma, acompañó documental y desconoció la de la contraria, impugnó la liquidación de la accionante, ofreció prueba y efectuó reserva de caso federal.
En fecha 21/05/2024 se dispuso la radicación de la presente causa el Juzgado laboral N° 3 de Comodoro Rivadavia en atención a su puesta en funcionamiento. Los demás antecedentes de autos han sido debidamente reseñados en la sentencia de grado, por lo que a los mismos me remito y tengo presentes a la hora de resolver.
En lo que aquí interesa, el juez de refuerzo hizo lugar a la demanda de la Sra. <PER_1>, condenando a la firma <PER_2>, a abonarle en el plazo de diez días de consentida o ejecutoriada el fallo la suma de pesos que se determinará en etapa de ejecución de sentencia mediante la liquidación que se apruebe por derecho de los ítems reconocidos: aguinaldos devengados y no percibidos de los meses de junio/2020, diciembre/2020, junio/2021 y diciembre/2021; diferencias salariales entre lo percibido por la facturación y la escala salarial del CCT 122/75 por el periodo no prescripto desde febrero/2020 a julio/2021; indemnizaciones emergentes del despido indirecto; preaviso por 2 periodos + SAC/preaviso; antigüedad por 14 periodos + SAC; vacaciones proporcionales + SAC; VNG + SAC; integración del mes de despido + días trabajados en el mes; SAC proporcional; art. 8 de la Ley 24013 = (176 x $97.497 o Escala Salarial CCT 122/75)/ 4; art. 15 de la Ley 24013; indemnización art 80 LCT + SAC; indem. art. 2 de la Ley 25323: la indemnización por antigüedad, falta de preaviso y la integración de mes se incrementan en un 50%; DNU 413/2021 (Tope DNU N° 39/2021) = $500.000; con más la indexación del capital por IPC y los intereses compensatorios a la tasa del 3% anual del BCRA según el art. 55 de la Ley 27802 y, además, el crédito laboral reconocido a la trabajadora también devenga intereses moratorios a la tasa de interés que fija el BCH SA para sus operaciones de préstamos personales y familiares, desde el momento en que cada monto fue debido.
En ambos casos, (por un lado, IPC + 3% anual y por el otro los intereses moratorios BCH SA) se capitalizarán a la fecha de notificación de la demanda (art. 770 inc. b, del CCC), hasta el efectivo y completo pago. El mecanismo de actualización del nuevo capital sigue siendo el calculador del BCRA (art. 55 de la Ley 27802) y ante el eventual incumplimiento de la demandada y petición de parte actora, corresponderá la capitalización del art. 770 inc. c. del CCCN, (desde la fecha de la notificación de la demanda hasta la eventual nueva mora) para lo cual se reiterará el procedimiento de capitalización mediante el calculador del BCRA como fue indicado, debiendo aplicar, naturalmente, las nuevas fechas y los nuevos montos de producirse el incumplimiento.
Condenó a la demandada a integrar los aportes y contribuciones destinadas a los organismos previsionales, sindicales, Afip, Anses y Obra Social y/o acredite el compromiso de pago con el organismo fiscal (Arca), resultante del contrato de trabajo subordinado regido por la LCT bajo el CCT 122/75, Categoría Administrativo de Primera, relación que los unió desde el 01/11/2007 al 30/07/2021, dentro del plazo de 30 días de quedar firme el fallo,; a la obligación de hacer y dar los certificados de trabajo (art. 80, 89 s/n LCT, certificado de trabajo, constancia Afip de aportes y contribuciones y PS. 6.2 Anses), conforme los hechos reconocidos y las pautas determinadas en la presente sentencia dentro del término de 30 días de quedar firme, en ambos casos bajo apercibimiento de aplicarse sanción conminatoria conforme los arts. 804 CCCN y 37 C.Pr.
Impuso sanción de conducta temeraria y maliciosa a la firma demandada en un monto equivalente al 15% de la liquidación que se apruebe por derecho en la etapa de ejecución de sentencia, sumas que serán abonadas a la Sra. <PER_1> y las costas a cargo de la demandada en su objetivo carácter de vencida. Reguló los honorarios de los profesionales intervinientes: Dr. <PER_4>, en un 19%, Dra. <PER_5> en un 1%, atendiendo a las etapas trabajadas y al resultado obtenido; Dr. <PER_6>, en un 14%, atendiendo a la extensión de trabajo y la complejidad del asunto que ha debido defender, en todos los casos del monto que resulte de la liquidación que se practicará en autos (art. 5, 6, 7, 36 y 46 de las citadas leyes), todo con más IVA, de corresponder, debiéndose tener presente al momento de sus conversiones el monto mínimo establecido en el art. 7 de la Ley XIII – 4 para los letrados por cada parte.
Respecto de los honorarios profesionales del perito informático Licenciado en Sistemas <PER_13> los regulo en un 5%, del perito en documentología Sr. <PER_7>, los regulo en un 5%, y de la perita Contadora <PER_8>, los regulo en un 5%, todos ellos con más IVA si correspondiere, del monto que resulte de la liquidación que se practicará en autos, Ley XIII -4 del DJP, mod. por Ley XIII– 15 DJP, debiendo tenerse presente al momento de su conversión el monto mínimo de 8 JUS establecido en el art. 23 de la Ley XIII - 18 (conf. arts. 11, 22 y 23 Ley XIII - 18).
III. Fundamentos del recurso. Contestación.Tratamiento.
III.1. Agravios de la parte actora.
III.1.a. En primer lugar, se agravia por la tasa de interés moratorio fijado, por entender que la tasa que mejor satisface la mora es la tasa activa para préstamos personales del Banco de la Nación Argentina y procede a efectuar cálculos aritméticos a efectos de sostener su argumento.
Añade que la elección del juez de refuerzo le genera un perjuicio económico por verse disminuido su crédito al no aplicar la mejor tasa disponible.
III.1.b. Luego se queja por el porcentaje de condena por temeridad y malicia. Arguye que el art. 45 del C.Pr. habilita a sancionar por el 30% y antes de la sanción y promulgación de la Ley N° 27802 la conjugación de los arts. 9 de la Ley N° 25013 y 275 de la LCT, permitía una condena a pagar intereses de hasta dos veces y media, ósea, 250% más de intereses, normas que se encontraban vigente al momento en que se produjo la extinción de la relación laboral.
Invoca el art. 7 del CCCN, art. 9 LCT para fundar la inaplicabilidad de la ley 27802 al caso concreto. Realiza cálculos aritméticos y sostiene que la multa determinada es insuficiente; peticiona la revisación y elevación del porcentaje seleccionado por el sentenciante por considerar infundada su determinación en el 15% y se aplique el art. 275 LCT.
III.1.c. En pieza separada el letrado de la parte actora por su propio derecho y en representación de la parte actora, se queja de la regulación de honorarios de los peritos por considerarlos altos y desproporcionados la fijación de cada uno de ellos en un 5% en relación al trabajo realizado y en algunos casos al resultado obtenido, reduciéndolos cuanto menos al mínimo permitido legalmente y en caso de corresponder, incluso prescíndase de este.
Señala que el monto total regulado a los peritos en forma conjunta asciende al 15% del monto del proceso, más IVA si correspondiere, habiendo cuantificado el magistrado de refuerzo en carencia de los principios de razonabilidad y proporcionalidad que rigen en la materia y procede a detallar cada actuación de los peritos. Dice que la regulación de honorarios atacada ocasiona un perjuicio irreparable al suscripto y a su defendida, conforme lo dispuesto por la última parte del art. 730 del CCCN, donde se establece que, si las regulaciones de honorarios que debe abonar la parte condenada en costas superan el 25% del monto del proceso, deben prorratearse disminuyendo sus honorarios, pago que deberá afrontar la actora. Alega que desde hace más de 5 años lleva adelante todo el proceso con diligencia, eficacia y celeridad, contestando todos los traslados en tiempo y forma, asistiendo a todas las audiencias y produciendo toda la prueba ofrecida; en contraprestación, a los peritos, por una única actuación procesal se les reguló un cuarto (1/4) de los honorarios que su labor profesional de 5 años merece.
III.2. Agravios de la parte demandada.
III.2.a. Como primer agravio dice que, fue arbitraria la valoración de la prueba (facturas emitidas por la actora), con la que se concluyó la existencia de una relación laboral subordinada. Detalla que el juez de refuerzo se atribuye la existencia de subordinación sobre la base de referencias genéricas a supuestas “órdenes” impartidas por personas no identificadas dentro de una estructura jerárquica formal, e incluso menciona una vaga dependencia de la “coordinación”, sin precisar su naturaleza, funciones ni facultades, lo que impide tener por acreditado el ejercicio efectivo de poder de dirección propio de una relación laboral.
Señala que las declaraciones testimoniales han sido contradictorias. Insiste en que la Sra. <PER_1> era personal independiente del área de informática, que cumplía tareas a requerimiento de los distintos agentes de <PER_1> no solamente arreglando computadoras en un sentido técnico, sino otras tareas propias de quien conoce el área de desarrollo de su actividad (soporte técnico a usuarios, mantenimiento preventivo/correctivo de equipos, gestión de redes, firewalls, servidores, ciberseguridad, software, copias de seguridad, mantener la infraestructura tecnológica); por un abono mensual por éste tipo de servicios que prestaba y que nunca se acreditó las tareas contables alegadas.
Expone que no se evaluó la facturación que efectuaba la accionante, lo que constituye un indicio objetivo de autonomía económica. Concluye que la ausencia de prueba concreta sobre subordinación jurídica, técnica y económica, la existencia de facturación y a la inconsistencia de la prueba testimonial impide tener por configurado un contrato de trabajo en los términos de los arts. 21, 22 y 23 de la LCT, por lo que la conclusión arribada por el sentenciante es arbitraria y pide su revocación. III.2.b. Critica la validación de la jornada de trabajo de 08 a 16 hs. pretendida en valoración de la prueba testimonial contradictoria. Pone de resalto que la accionante en su pretensión inicial denuncio que su horario laboral era de 08 hs a 14 hs.
de lunes a viernes, en contradicción con lo resuelto en el fallo, donde se omitió su tratamiento, construyendo artificialmente una jornada laboral, elemento esencial para la configuración de la relación de dependencia.
Peticiona en caso de confirmación total o parcialmente la sentencia de grado, se establezca la jornada declarada por la actora en el escrito de demanda, a efectos de realizar la liquidación de las pretendidas diferencias de haberes, SACs impagos, y/o sumas que deberán surgir de una liquidación, conforme una jornada de 6h. con el CCT 122/75.
III.2.c. Luego se queja por la admisión de aplicación de diferencias salariales ocurridas entre el mes de febrero de 2020 y julio 2021 CCT 122/75 (convenio de sanidad que aplica a clínicas y sanatorios con internación), disponiéndose “$90.000 o la escala salarial del CCT 122/75, lo que resulte más beneficioso” resultando más beneficioso el pago de honorarios que su parte realizó, superando por mucho el salario de “Administrativo de 1°” que entendió aplicable el juez de refuerzo.
Informas que la escala salarial de ATSA para esa categoría establecía un salario básico de $41.310,21 en enero de 2021 y la actora facturó a <PER_2> la suma de $88.474,92 en dicho período. Entiende que debe tomarse como base los pagos efectivamente realizados en el período reclamado y no la suma de $90.000, monto de la última facturación, dado que no hay acreditación de una percepción inferior al CCT. Requiere se dejen sin efecto los rubros accesorios calculados sobre dichas diferencias (SAC y vacaciones), ante la inexistencia de un crédito principal que los sustente, y en el caso de mantenerse la condena solicita en subsidio que se ordene practicar liquidación tomando como base los pagos efectivamente realizados en cada período y no un monto fijo e infundado, a fin de evitar un enriquecimiento sin causa por parte de la accionante.
III.2.d. Como cuarto agravio indica que es improcedente la aplicación las multas de la ley 24013 y el art. 2 de la Ley 25323 por encontrarse derogada por la ley 27742 en desconocimiento deliberadamente de la profunda reforma del ordenamiento jurídico laboral argentino.
Critica que el fallo solo se ajusta a la “modernización” en forma parcial al fallo, efectuando una aplicación selectiva de la ley de orden público, en perjuicio económico de su parte. Pide su revocación. III.2.e. En quinto lugar, critica la fijación del régimen de intereses de conformidad con lo dispuesto en el art. 55 Ley 27802 para los juicios en trámite pendientes de sentencia definitiva, y que manda a actualizar el capital primero (conformando un nuevo capital) y luego a aplicar nuevamente dicha ley, desde que cada suma fue debida y hasta su efectivo pago.
Inicia su exposición alegando violación al principio de congruencia por determinar una indemnización extra petita, al haber requerido la actora en el momento de traba de litis la aplicación de intereses a “la tasa de interés que para préstamos personales establece el Banco Chubut S.A. y/o en su defecto la tasa más alta aplicable al caso”, la aplicación de la nueva norma no debe ser aplicada porque la extinción y consolidación de la relación laboral fue previo a la Ley de Modernización Laboral encontrándose vigente la Ley 23928, cuya inconstitucionalidad no fue requerida, entrándose vedada la indexación y repotenciación de la deuda, menos de oficio por el sentenciante. Añade que lo resuelto violenta el principio de irretroactividad de las leyes y sus derechos adquiridos conforme el art. 17 CN. Invoca el precedente “Espósito” de CSJN.
Luego señala que en la redacción del considerando ha incurrido el juez de refuerzo en una confusión en la metodología de cálculo y la vigencia de la mora, efectuando una capitalización previa a la señalada en la norma sin aplicar la restricción del 67% permitiendo que el cálculo llegue a la fecha de la notificación de la demanda con un interés común que se convierte en capital; y después de haber creado ese "nuevo capital" más grande, aplica el control del 67% del IPC, forzando la capitalización de oficio dispuesta en el art. 770 del CCCN, tornando el decisorio ininteligible y violatorio del principio de determinación del crédito, generando incertidumbre sobre el quantum de condena. Procede a efectuar cálculos aritméticos a fin de demostrar su tesis defensiva, concluyendo que la sentencia lo obliga a abonar un 260% más de lo solicitado con la tasa pedida por la actora; y a un 750% más de lo que le correspondería a una trabajadora en iguales condiciones al día de la fecha por un despido indirecto. Solicita se aplique la tasa de interés para préstamos personales del banco provincial solicitada en el escrito de demanda desde la fecha de exigibilidad del crédito y hasta su efectivo pago.
III.2.f. En igual sentido critica la multa de temeridad y malicia en el 15% del monto del total de la condena por excesiva y arbitraria, y carente de basamento legal, por la eliminación del art. 275 LCT a través de la Ley de Modernización Laboral. Reitera su argumento respecto a la aplicación selectiva de la nueva norma.
Detalla que los fundamentos del magistrado fueron que de la contestación de demanda surgieron extremos acusatorios de ilícitos penales, los que supusieron su reproche y eventual sanción, pero en nada modificaría la consolidación del despido indirecto, ya que este tuvo por causa la no registración de la relación laboral y no las acusaciones sobre la conducta de la Sra. <PER_1>. Explica que la temeridad y malicia deben juzgarse por la conducta obstructiva del proceso, no por el rigor de los argumentos de defensa utilizados en el responde. Destaca que no existieron durante el transcurso de todo el proceso una multiplicidad de instancias recursivas intentadas por esta parte, oposición a prueba o testigos, ni pedidos de nulidades sin sentido que solo buscaran la obstrucción del proceso o el ocultamiento doloso de pruebas, habiendo su parte cumplido con todas las cargas procesales.
Manifiesta que el magistrado de refuerzo flexibilizó su función como intérprete que utilizó el art. 75 de la Ley Provincial Nro. XIV - N°1 por sobre la Ley de Contrato de Trabajo y por sobre la Ley de Modernización Laboral vigente al momento de analizar la procedencia de la multa, remitiéndose al art. 45 del C.Pr. para imponer el 15% del monto del litigio. Es decir, buscó la ley más inferior que pudo encontrar para sancionar a su parte, imponiéndole una multa que el legislador actual ha entendido que no debe proceder a la luz de la norma especial que recientemente sancionó el Congreso y que se encuentra por encima de todo el resto del plexo normativo citado en el fallo.
III.2.g. Como última queja consigna la violación al tope previsto en el art. 730 del CCCN, por exceder las regulaciones de los honorarios profesionales el 25% de la norma, arrojando un total de 35% del monto de la liquidación, habiendo omitido el juzgador el prorrateo de la norma.
Solicita se revoque la sentencia, estableciéndose expresamente que, al momento de practicarse la liquidación final, el monto total por el cual su parte debe responder en concepto de honorarios de la contraparte y de los peritos (costas) se adecue al límite del 25%, procediéndose al prorrateo correspondiente entre los beneficiarios. Efectúa reserva de caso federal.
III.3. Contestación de agravios.
Solamente la parte actora emite réplica del memorial de agravios de la parte demandada, solicitando en primer lugar su deserción por no cumplir con la carga de crítica concreta y razonada que exige el ordenamiento procesal, simultáneamente requiere su rechazo con costas.
III.4. Tratamiento. Solución del caso.
Antes de ingresar a la cuestión de fondo, suelo hacer un señalamiento, a fin de facilitar el alcance de mi resolución: en el estudio y análisis de los agravios he de seguir el rumbo de la Corte y de la buena doctrina interpretativa. En efecto, claro está que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan solo aquellas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi Yáñez, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado, anotado y concordado”, T° I, pág. 825; Fenochietto Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y anotado”, Tº 1, pág. 620).
En sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art.386, in fine, del CPCCN; CSJN, Fallos: 274:113; 280:3201; 144:611).
Antes de iniciar el tratamiento de la queja, como primer defensa la parte actora al dar respuesta al memorial de agravios de la contraria peticionó la deserción de dicho recurso.
Expuse en otras oportunidades que coincido con el criterio de este Cuerpo al que pertenezco en cuanto a que la aplicación de la sanción de deserción prevista en el ordenamiento procesal, en los casos en que existe un escrito de expresión de agravios, debe realizarse con criterio restrictivo y ponderando claramente los efectos de la sanción de deserción que literalmente pone punto final al litigio. Es que debe tenerse en cuenta que la revisión de las resoluciones judiciales, es un mecanismo procesal del que sólo en casos extremos puede privarse a los justiciables.
Por lo sostenido en la doctrina de este Tribunal que íntegro y por la gravedad de las consecuencias que de la declaración de deserción del recurso se derivan, en cuanto al proceso, se impone extremar la cautela en el análisis del escrito de apelación a fin de resguardar el derecho de defensa en juicio.
Este criterio, ha sido impuesto por el Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia que expresamente ha sostenido que cuando existen dudas acerca de si el escrito de expresión de agravios abastece la carga que le impone la ley procesal respecto a rebatir adecuadamente las motivaciones de la sentencia recurrida, debe optarse por tenerla por satisfecha (cf. autos “G. Vda. de F., E”, del 31-05-99; idéntico sentido autos “T.R.J., S.N. s/ Divorcio Vincular”, del 22-03- 00, nro. SAIJ00150014 y “P., R. c/ M. s/ diferencias salariales”, del 23-0301, SAIJ01150056, entre otros). Aplicado ello al caso, advierto de la simple lectura de ambos memoriales y su cotejo con las constancias de la causa –antes detalladas-, que existen reiteraciones de las defensas y argumentos expuestos en los respectivos escritos iniciales, como asimismo que sus fundamentos pretenden en esta instancia mejorar sus posturas y en algunos casos aparecen como meras discrepancias con la sentencia que cuestionan; sin embargo, en el caso en particular y compartiendo el precepto de ponderación amplio antes expuesto, habré de dar tratamiento a la queja, analizando el cumplimento de la carga en cada caso en particular, en cada agravio expuesto por ambas recurrentes, a fin de no afectar el derecho de revisión de la sentencia de grado.
En atención a como han quedado formulado los recursos de las partes, daré tratamiento en primer lugar a las quejas de la parte demandada, procediendo a dar tratamiento conjunto al agravio relativo a la tasa de interés, art. 730 CCCN y temeridad y malicia, concluyendo con los relativos a la regulación de honorarios.
III.4.a. En su primer agravio la demandada se queja por la admisión de la relación laboral de forma dependiente que existió entre las partes, tal como reclamó la parte actora, en desconocimiento de la totalidad del plexo probatorio, del que alega se puede valorar que la relación fue de autonomía, careciendo de una dependencia técnica, económica y jurídica. En su escueta presentación el recurrente señala que las declaraciones testimoniales han sido contradictorias y poco precisas respecto a las funciones, tareas y jornada laboral que la Sra. <PER_1> desarrollaba en la obra social, no pudiendo acreditar lo sostenido en su escrito de demanda.
Es sabido que le incumbe al actor la carga de la prueba de los hechos constitutivos del derecho que pretende le asiste y le corresponde al demandado probar los hechos impeditivos, modificatorios y extintivos en los que basa su defensa. Dice Palacio que por prueba debe entenderse “la actividad procesal, realizada con el auxilio de los medios establecidos por la ley y tendiente a crear la convicción judicial sobre la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por las partes como fundamento de sus pretensiones o defensas” (Palacio, Lino Enrique (2003); “Manual de derecho procesal civil”; Decimoséptima edición; Ed. Abeledo Perrot; Buenos Aires).
Entonces, probar es demostrar de algún modo la certeza de un hecho o la verdad de una afirmación y en caso de duda, juega el principio pro operario contenido en el art. 9 de la LCT que impone que si hubiere duda sobre la aplicación de las normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador y si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley o en la interpretación de la prueba, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador.
La libre apreciación de la prueba debe ser razonada, crítica, basada en las reglas de la lógica, la experiencia, la psicología y no arbitraria, requisitos que no es necesario exigirlos expresamente, y ese proceso de convicción debe explicarse en la motivación del fallo, para cumplir con los requisitos de publicidad y contradicción, que forman parte de los principios constitucionales del debido proceso y del derecho de defensa (Hernando Devis Echandía. Compendio de la prueba judicial. Tomo I, pág. 68, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 2000).
De manera preliminar debe recordarse, con relación a la valoración de la prueba en general el art. 390 del CPCC establece que, salvo disposición en contrario, los jueces formarán su convicción respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de la sana crítica. Esto implica que la prueba ofrecida por las partes con la intención de procurar el convencimiento del sentenciador, es analizada por éste desde un punto de vista lógico, mediante un examen crítico que lo coloca en una situación activa y no ya de mera contemplación: el juez no “acepta” la prueba; todo lo contrario, debe valorarla como jurisperito, como un técnico en el conocimiento del derecho. Ello supone que el tribunal no actúa completamente libre en sus apreciaciones, pues se encuentra sometido a determinadas reglas legales, a fin de otorgar garantía a los justiciables.
Nace así la necesidad de fundar el análisis de la sentencia, que permitirá el control a las partes y al tribunal de apelación. La libre apreciación de las pruebas reconoce en nuestro ordenamiento el marco legal de la “sana crítica”, expresión que comprende la necesidad de valorar los distintos medios, explicando las razones que ha tenido el juez para formar su convicción al ponderar con un sentido crítico la variedad de pruebas; imperativo legal de carácter general, reiterado en relación a los distintos medios de prueba. La sana crítica se sintetiza en el examen lógico de los distintos medios, la naturaleza de la causa y las “máximas de experiencia”, es decir, el “conocimiento de la vida y de los hombres” que posee el juez; simples directivas, indicaciones o consejos dirigidos al sentenciador y respecto de los cuales éste es soberano en su interpretación y aplicación (conf. Fenochietto-Arazi: “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado”, Ed. Astrea, 1993, T° 2, págs. 341/342).
De un estudio integral del colecto probatorio, observo que el juez de refuerzo ha hecho un análisis integral y razonado, arribando a una solución justa respecto a la naturaleza laboral que existió entre las partes. Es que de la totalidad de declaraciones testimoniales surge que la Sra. <PER_1> concurría a una jornada laboral sostenida a la dependencia de la demandada desde el 1/11/2007 al 30/07/2021, contaba con una cuenta de la firma, era conocida por sus compañeros de trabajo, desarrollando funciones en el área de informática. Si bien al declarar el Sr. <PER_9> reconoció ser quien liquidaba sueldos y afirmó que la actora no se desempeñaba en relación de dependencia con la firma demandada, sino que prestaba funciones para su padre, siendo esta la única declaración que es contraria a las demás respecto a la naturaleza laboral que unió a las partes, de la misma destaco que por el solo hecho de que la Sra. <PER_1> facturaba, dicho hecho no permite en sí mismo descartar la tesis de la relación de dependencia. El reconocimiento de más de más de 10 años de facturación consecutiva y mensual casi en exclusividad a un único cliente, tal como se desprende de la prueba agregada a la causa, genera presunciones en favor de la reclamante de que la relación laboral existió con las características que ella describió. A ello aduno que, la prueba pericial caligráfica que validó la firma del Sr. <PER_10> en el certificado de fecha 11/11/2011, el cual si bien la Sra. <PER_11> fue quien lo refrendó, en su declaración testimonial no lo reconoció solamente por el motivo de no recordarlo. Entiendo que la actora ha acreditado la relación de dependencia denunciada, que el juez ha efectuado una correcta interpretación y valoración de las normas laborales. Por ello, propongo al acuerdo el rechazo del agravio y la confirmación de la relación laboral de la Sra. <PER_1> para la firma <PER_2>, en contrato de trabajo subordinado, regido por los arts. 21, 22, 23 y 91 de la LCT, en desarrollo de tareas generales de informática y mantenimiento informático, CCT 122/75, categoría “Admisnitrativo de primera” desde el 01/11/2007 al 30/07/2021.
III.4.b. Luego se queja por la jornada laboral admitida en el fallo. Adelanto que le asiste razón, y la misma debe ser corregida en esta oportunidad. Agrego a ello que el CCT determinado por el sentenciante arriba firme a esta instancia.
Si bien de las declaraciones testimoniales surge la habitualidad de la concurrencia al establecimiento de la demandada por parte de la accionante, los testigos no han sido unánimes en el horario de concurrencia. Ante la validación de la relación de dependencia y frente a esta falta de certeza corresponde validar la jornada laboral que la propia parte denunció en su escrito inicial “desempeñándose desde su ingreso en una jornada laboral de 6:00 hs. diarias, laborando desde las 08:00 hs. hasta las 14:00 hs., de lunes a viernes,”, la que es inferior a la señalada en la resolución.
En el proceso laboral existen reglas de juego que ponen a las partes en un mismo pie de igualdad y con prescindencia de su rol de empleador o empleado no les impiden acreditar los hechos constitutivos, impeditivos o extintivos de sus respectivos créditos y obligaciones de acuerdo con las normas que establecen al efecto la ley de fondo o la ley adjetiva.
Es decir, la carga de la prueba debe repartirse entre los litigantes con el fin de producir convicción en el juez acerca de la verdad de lo que dicen, sin importar la posición asumida por las partes en el proceso. La actividad probatoria es un imperativo del propio interés de cada parte, pues quien no acredita los hechos que invoca como fundamento de su derecho pierde el pleito. (Falco, Guillermo Juan vs. Totalgaz Argentina S.A. s. Cobro de pesos laborales / Cám. Lab. Sala I, Santa Fe, Santa Fe; 04/06/2004; Rubinzal Online; RC J 3324/04).
Tal regla no cede en materia laboral, excepto en materia salarial o de ingreso a la relación, la inversión probatoria tiene basamento normativo, dado que ante la ausencia de libros laborales surge la presunción del art. 55 LCT, que debe ser desactivada por el empleador, bajo riesgo de tener por cierto el salario denunciado por el trabajador.
Concluyo que el agravio es procedente y propongo al acuerdo la rectificación de la jornada laboral, debiéndose valorar por el profesional contable al momento de efectuar la liquidación.
III.4.c. En tercer lugar, la demandada se agravia por la consideración en el fallo de MRNH de la actora: “… en la etapa de ejecución de sentencia, para lo cual se deberá determinar la MRNH de la actora, conforme a la escala salarial del CCT 122/75 para la Categoría Administrativo de Primera a la fecha 30/07/2021 o en caso de resultar más beneficioso la suma pactada de $90.000 (Factura haberes junio/2021) + SAC = $97.497, debiendo aplicarse los parámetros del precedente de la CSJN “Vizotti” en caso de superar el tope del art. 245 de la LCT, equivalente a 3 veces el sueldo promedio convenio…”, disponiendo seguidamente la admisión de todos los rubros indemnizatorios requeridos.
Señala que es más beneficioso lo que su parte pagó, ejemplificando con el monto que hubiere percibido conforme el CCT señalado en el período de enero de 2021 y se queja porque expone que la base de cálculo para las diferencias salariales se debe tomar como base el pago efectivamente realizado en el período febrero 2020 a julio 2021.
Aquí me permito señalar cuestiones pertinentes para desentrañar la queja del apelante. En primer lugar, conforme fuera resuelto en primera instancia, el sentenciante consigna dos opciones, debiéndose tomar la que fuere más beneficiosa para la trabajadora y en eso coincido. El error radica en que al no existir una liquidación que traduzca lo resuelto en cálculos reales que materialicen lo dispuesto conlleva a conjeturas estimativas. Al momento de ordenarse la pericial contable, se le requirió a la parte demandada que acompañe la documental, habiendo manifestado su imposibilidad por no contar con la misma aduciendo que la parte actora la sustrajo de su dependencia. De la causa solo surge una sola factura y un detalle de cobros que la perito identificó en su escrito ID 1178313. Entiendo que ante la comparativa de la única factura que existe en la causa donde la demandada consigna que es superior a la escala del CCT en ese caso se ha verificado que es superior lo facturado a lo que hubiese percibido la actora del salario indicado por el convenio colectivo, y existiendo acuerdo entre las partes confirmo que dicha suma es la MRNH de la Sra. <PER_1>. Ahora bien, como se sabe para el cálculo de los demás rubros admitidos deberá efectuarse la comparativa de lo facturado con el salario de la CCT tomando el que resulte mayor. Ante la dificultad que se vislumbró en la causa cuando la perito requirió la documental, me permito recordar que la obligación de guardar la documental contable pesa sobre ambas partes, y existiendo facturación, la misma también debe ser informada a diversos organismos de fiscalización. Recuerdo esto, porque a los efectos de brindar mayor certeza, ambas partes deberán colaborar a los fines de lograr una liquidación precisa y conforme las pautas establecidas en el fallo, y en caso de ausencia de la información se deberá aplicar la información contenida en el CCT 122/75.
Es sabido que, dentro de los presupuestos requeridos para la existencia del agravio, es que el mismo sea personal del recurrente y actual al momento de su resolución. En consecuencia, conforme los antecedentes expuestos, el tratamiento del agravio deviene extemporáneo por prematuro, por ausencia actual de perjuicio, ante la carencia de información contable necesaria que permita verificar la existencia o no de las diferencias salariales admitidas en la sentencia, el cual gozará de certeza en la etapa ejecutiva. III.4.d. Seguidamente la obra social se agravió por la admisión de la condena del agravamiento indemnizatorio del 50% conforme el art. 2 de la Ley 25323, y las multas de los arts. 8 y 15 Ley 24013. Comenzaré el desarrollo de los agravios debatidos indicando que ya he expuesto con claridad mi postura respecto a la derogación de las multas efectuadas por la Ley 27742, aplicación de la ley, naturaleza jurídica de dichas multas y calidad constitutiva de la sentencia que las pronuncia, aunque la misma represente a la minoría de esta segunda instancia que integro. Tengo pleno conocimiento que en el caso “Marcelina” dictado en el mes de agosto del corriente año por la CSJN el Dr. Rosenkrantz ha resuelto “… En definitiva, sin perjuicio de que el suscripto sostiene la opinión expuesta en “Levinas”, las razones antes expresadas aconsejan, en tanto se mantengan las actuales circunstancias, intervenir en el presente caso. Una conclusión distinta importaría en este expediente —y en todos aquellos que en lo sucesivo se sometan al conocimiento de esta Corte Suprema por vía de recurso extraordinario federal contra sentencias definitivas de las cámaras nacionales o del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en las que haya actuado como órgano de revisión de decisiones de las cámaras nacionales— el apartamiento de uno de los miembros de este Tribunal, juez natural de la causa (artículo 18 de la Constitución Nacional) quien debería ser reemplazado en una gran cantidad de procesos por distintos conjueces (Fallos: 340:1510), con afectación de la economía procesal, la seguridad jurídica y la correcta administración de justicia…”. Donde el magistrado sin cambiar el criterio que expuso en el fallo Levinas, resolvió en el nuevo expediente a los efectos de no afectar garantías constitucionales, especialmente teniendo en cuenta que la integración actual de la Corte es de tres jueces, lo que importaría una sucesión de designaciones de conjueces.
Valorado ello, teniendo presente las actuaciones de la causa y el colecto probatorio generado por las partes no encuentro motivos suficientes de convicción que me hagan considerar adoptar un nuevo criterio al ya sostenido, o modificar el mismo para el caso en concreto, sin caer en contradicciones en el razonamiento jurídico e interpretación de la ley. En la sentencia definitiva N° 98/25 L, con primer voto del Dr. Nahuelanca, al que he adherido, hemos resuelto que debe aplicarse al caso la ley vigente al momento de resolver, coincidiendo el presente, con el marco jurídico y fáctico allí expuesto. En dicho precedente, el Dr. Nahuelanca ha sostenido que al momento de dictarse la sentencia recurrida, regía la Ley 27742 desde el 9 de julio de 2024, que había derogado, entre otros, la Ley 25323, con lo que se trataba de derecho vigente a partir de dicha fecha y en curso la aplicación de normas incididas por dicha derogación, puso en evaluación, como lo señala la sentencia y conforme con el art. 7 del CCCN, las premisas fundamentales, por una parte que a partir de su entrada en vigencia, la nueva ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y por la otra, que no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, entendido dentro de la proyección de las relaciones jurídicas existentes, su aplicación a las consecuencias no agotadas de dichas relaciones existentes. (sic)
Con cita del Dr. Guillermo A. Borda, en opinión que comparto, el Camarista concluye que a su entrada en vigencia las leyes se aplican aún a las relaciones jurídicas existentes lo que no importa efecto retroactivo; por cuanto debe aplicarse a las consecuencias jurídicas de dichas relaciones.
Concluyendo que el examen de la procedencia de la multa, en ese caso art. 2 de la Ley 25323 -aun denegando la aplicación de la indemnización- T se encontraba vedado por aplicación de la Ley 27742 y el art. 7 del CCCN, no existiendo agravio constitucional o afectación de las garantías del mismo rango de la accionante, pues no existe afectación de los derechos provenientes de la relación laboral, por cuanto no existía un derecho adquirido en el trabajador.
A tales argumentos adherí oportunamente, conformando la mayoría y no encuentro motivos para apartarme en el presente. Señalaba en dicha oportunidad que en la reciente jurisprudencia nacional, se han emitido distintos fallos, algunos haciendo lugar a su aplicación inmediata, aún respecto a situaciones jurídicas consolidadas bajo la legislación que dicha norma deroga, otras, que, en atención al principio de irretroactividad de las leyes, la tutela judicial eficiente, han rechazado la aplicación inmediata. Advierto que, a la fecha de emisión del presente pronunciamiento, mediante SD 172/25 L dictada en el Expte. N° 92/2025 de la Sala 1, de esta Cámara de Apelaciones, el Dr. Nahuelanca, varió el criterio antes sustentado, en el entendimiento que la interpretación resultada minoritaria, y que no es dable el mantenimiento de un criterio que ha de comportar un dispendio jurisdiccional para la integración mayoritaria y aumento del cúmulo al incesante del quehacer de las Salas del Tribunal. En consecuencia, revisando su pronunciamiento –al que adhiriera la suscripta- con la interpretación que prevé el art. 9 de la LCT, los invocados principios constitucionales de la defensa y consecuentes de la materia laboral en favor del trabajador, se expidió por la confirmación del criterio de la sentencia.
Aun teniendo en cuenta tal modificación de criterio, inclusive lo dispuesto por nuestro STJ en el caso “<PER_12>” Expte. N° 26046/2024, advierto que ambas posturas, se diferencian al determinar la naturaleza jurídica de las multas, ahora derogadas, no encontrando fundamentos jurídicos que me aparten de sostener que la naturaleza pretendida por el legislador, conforme las leyes que las contienen, los debates parlamentarios y exposiciones de motivos, no son agravamientos indemnizatorios, es naturaleza sancionatoria y, en consecuencia, la sentencia es constitutiva de las mismas, debiéndose aplicar el derecho vigente al momento de su condena.
El punto de partida, en los casos “Cordini”, “Romero”, parece centrarse en 1) si las multas ahora derogadas ingresaron o no al patrimonio del trabajador por ser de situación jurídica consolidada bajo la anterior legislación, y en consecuencia 2) si tales multas tienen naturaleza reparatoria o punitiva, y 3) si la sentencia laboral es declarativa o constitutiva, a fin de resolver conforme el derecho aplicable. En el caso “Cordini” la CNAT de CABA Sala 2, ha resuelto que no corresponde aplicar la ley 27742 por cuanto “el derecho al cobro de las indemnizaciones y agravamientos indemnizatorios reclamados en función de las Leyes 25323 y 25345 (esta último modificatoria del art. 80 LCT), ha quedado perfeccionado con notoria anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva normativa, por lo que siendo la sentencia emitida al respecto declarativa y no constitutiva de derechos, se ha aplicado la normativa vigente al tiempo de sucederse los hechos sometidos a juzgamiento.” (el subrayado es propio. Sentencia 08/08/24 Id SAIJ: FA24040130). Luego, el caso “Carbajal” la Sala VI de la CNAT reafirmó que las normas jurídicas tienen efecto prospectivo y no pueden aplicarse retroactivamente. El intento de aplicar retroactivamente la nueva normativa implicaría una violación a la seguridad jurídica, dado que el trabajador litigante tenía expectativas legítimas del reconocimiento de sus derechos ya adquiridos antes de la reforma; todo pues la sentencia tiene carácter declarativo (el subrayado es propio).
En sentido contrario, y en postura que comparto, en el fallo “Romero” se decide revocar la sentencia de primera instancia en la parte que condena al demandado a abonar la multa prevista por el art. 8 de la ley 24013. Ello así, —sostiene el Tribunal—, en función de que dicho rubro fue suprimido por el art. 99 de la ley 27742. De la misma manera, en cuanto a la procedencia de la multa prevista por el art. 80 de la LCT, resuelve la Cámara que corresponde asignar a este planteo la misma solución que a lo relativo al art. 8 de la ley 24.013 (Sentencia 07/08/24, CACCyL de Rafaela, Santa Fe. Sala 01 Id SAIJ: FA24099003) el fundamento...” toda vez que la decisión legislativa expresada por la derogación de dichas normas deja sin efecto agravamientos indemnizatorios/multas derivadas -en términos generales- de defectos o inexistencia de registración de las relaciones de trabajo. En palabras del art 7 del CCC, se trata de consecuencias no agotadas de relaciones y situaciones jurídicas existentes, motivo por el cual la aplicación de la normativa derogatoria es inmediata, ello es así por no quedar involucrados elementos constitutivos de la relación jurídica sino consecuencias impuestas por el legislador con una finalidad sancionatoria, tendiente a erradicar el trabajo no registrado”.
Establecido sucintamente los fundamentos de ambas posturas, considero que el juez debe dictar su pronunciamiento conforme el derecho vigente al momento de tal acto jurisdiccional, que los supuestos previstos en las multas no han ingresado al patrimonio de la actora, por tratarse de consecuencias jurídicas. Ya he sostenido en anteriores pronunciamientos, que las multas dispuestas en el art. 2 ley 25323 y arts. 8 y 15 Ley 24013, tienen carácter sancionatorio (no resulta un agravamiento indemnizatorio), en el entendimiento que el legislador ha querido sancionar y desalentar una conducta del empleador que perjudica al trabajador, el no pago de la indemnización en tiempo oportuno (art. 2 ley 25323), falta de registración formal (Ley 24013). Así, aun siendo mi criterio de minoría, sostengo que las multas bajo examen tienen carácter punitivo y la sentencia que las condena carácter constitutivo de ellas. La sentencia es declarativa del derecho del trabajador que ha sido despedido y resulta acreedor de las indemnizaciones de ley (situación jurídica consolidada), y constitutiva de las sanciones por conductas en que hubiere incurrido el empleador en el marco de tal distracto (consecuencia jurídica), por ello debe aplicarse el derecho vigente al momento del dictado de la sentencia, a las consecuencias jurídicas de situaciones consolidadas bajo una anterior legislación. En consecuencia, propondré al acuerdo hacer lugar al agravio correspondiente a la revocación de las multas del art. 2 Ley 25323 y arts. 8 y 15 Ley 24013. III.4.e.- Ambas partes presentan quejas respecto al régimen de intereses determinados en el fallo. Advierto desde ya que si bien es correcto que el juez aplique el derecho actual vigente (Ley 27802 art. 55) ha efectuado una interpretación errónea y desvirtuada, incurriendo en una resolución aclaratoria por demás confusa que debe ser corregida en esta instancia, más aún por ser queja de ambas partes.
He dicho en reiteradas oportunidades que la Ley de Modernización Laboral Nro. 27802, vigente a la fecha de este pronunciamiento, en materia de cálculo de intereses de los créditos laborales, conforme art. 276 de la LCT y la aplicación del nuevo régimen previsto en el art. 55 de la citada ley ha dispuesto que los créditos derivados de relaciones individuales de trabajo — inclusive en procesos en trámite— deben devengar intereses moratorios calculados conforme a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina para depósitos a plazo fijo a 30 días. Asimismo, la norma establece un parámetro de control según el cual el resultado de la liquidación no puede superar el que se obtendría aplicando la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un interés del 3% anual ni menor al 67% de dicho índice.
Aplicación legal, que ha sido ya confirmada con fecha 6 de marzo de 2026 por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo con votos del Dr. Alejandro H. Perugini quien sostuvo en su voto que, a partir de la entrada en vigencia de la nueva legislación, corresponde aplicar el régimen específico de intereses previsto por el art. 55 de la ley 27702, norma que resulta aplicable incluso en procesos en trámite y del Dr. Mario S. Fera adhirió al criterio expuesto por el Dr. Perugini, conformando así la mayoría del tribunal.
Sin perjuicio de que, en el caso la actora pretende en esta instancia mejorar su postura pretensional aumentando su crédito y la demandada a su turno se queja de su aplicación invocando una arbitrariedad por la aplicación de la nueva norma, por violación al principio de congruencia, retroactividad y orden público, en ambos casos devienen en meras disconformidades.
La norma es clara, es aplicable a las causas en trámites, con lo cual no hay violación alguna al orden público, principio de congruencia. Su aplicación se corresponde a derecho y debe ser efectuada, pero como ya señalé en el caso, solamente debe aplicarse el art. 55 de la Ley 27802 en su integralidad, más no con las señalamientos e interpretaciones erróneas emitidas por el juez de refuerzo. Por ello propongo al acuerdo, admitir parcialmente el agravio de la parte demandada y rechazar el de la parte actora.
III.4.f. Respecto a la queja por la admisión de la multa de temeridad y malicia efectuada por ambas partes, adelanto que prospera el agravio de la parte demandada y en consecuencia se rechaza el de la parte accionante. El agravio de la parte actora es insostenible al pretender en esta instancia a través de aplicar una norma derogada incrementar el valorar de la multa admitida por el magistrado en el fallo, introduciendo cuestiones no requeridas en su demanda en violación al principio de congruencia. Adelanto desde ya que, pretender en esta instancia forzar la aplicación del art. 275 LCT resulta a todas luces improcedente, cuestión que ha sido desarrollada por el magistrado actuante y por su similitud aplicó la multa del art. 45 del C.Pr.
El art. 45 del C.Pr. es claro en su redacción y admite la sanción por la conducta asumida en el pleito por quien perdiere total o parcialmente. Tal como ha señalado la obra social demandada su parte se limitó a efectuar manifestaciones en su escrito postulatorio, pero ninguna conducta obstructiva se observó a lo largo del litigio. A lo que aduno que he expuesto en reiteradas oportunidades que el criterio de admisibilidad de la conducta temeraria y maliciosa es restrictivo. Si bien la norma no define qué debe entenderse por conducta temeraria y maliciosa, lo cierto que la jurisprudencia es coincidente en afirmar que la misma refiere a ejercer y desenvolver con desaprensión el poder económico, social, cultural o político con el objeto de dañar al trabajador y dificultarle el ejercicio pleno de sus derechos.
Esta Cámara que integro ha dicho, en resolución a la que adhiero: “Así, los jueces deben ser sumamente cautelosos y prudentes en la apreciación de esta circunstancia, pues no cualquier supuesto de falta de razón es indicio de temeridad. Una aplicación laxa del instituto haría que la promoción de demandas o la oposición de defensas pudiera verse comprometida, con lesión del derecho de defensa, si el justiciable se ve coaccionado por la posibilidad de la aplicación de graves sanciones. En lo que hace a la malicia, a mi juicio va aún más allá, desde que la conducta maliciosa en el proceso consiste en la utilización del mismo como instrumento para causar perjuicio a un tercero. Es una de las formas del dolo procesal y se contrapone a un deber de conducta; es el proceder de mala fe, con un propósito avieso disimulado en el trámite del juicio”. Así, se ha dicho –con criterio que comparto- que “las sanciones solo son aplicables en casos extremos y cuando la actuación resulta un proceder malicioso y temerario, el que debe quedar debidamente configurado y dejar en el ánimo de quien debe aplicarlas, el convencimiento absoluto de que se ha actuado con dolo o culpa grave en grado sumo. No se debe olvidar que la iudicatura debe ser moderada en todos sus juicios, cuando ingresa en el ámbito de las sanciones que pueden afectar un principio constitucional -el de defensa en juicio- que la obliga a actuar con suma prudencia” (CNTrab. Sala I, “Hevia Graciela Carmen c/ Gallo Vicente Aldo s/ despido”, SD 87096 del 20/10/11).
No se observa de modo alguno que la demandada hubiera actuado en autos con dolo o culpa grave, obstruccionista o ánimo dilatorio. Tampoco existen elementos que permitan afirmar que la accionada actuó de mala fe o que utilizó indebidamente un proceso judicial para un propósito mañoso o desleal. Es decir, la conciencia de la propia sinrazón es lo que condiciona la temeridad, lo cual debe ser analizado con carácter restrictivo dado que, en este concepto, está en juego la garantía constitucional del debido derecho de defensa en juicio (art. 18 de la CN), entiendo que ello no surge de estas actuaciones judiciales ni del caso y por ello propondré al acuerdo su revocación.
III.4.g. Ambas partes se quejan por el art. 730 del CCCN. Conforme he propuesto resolver los recursos introducidos por las partes, corresponde la readecuación de las costas conforme lo prescripto por el art. 282 del C.Pr.
IV. Costas y honorarios.
En atención al resultando de la acción reconociéndose la relación subordinada de la Sra. <PER_1> con la obra social demandada, entiendo que corresponder mantener la imposición de costas de primera instancia. Pero atento las actuaciones efectuadas en la causa, el resultado obtenido, corresponde la readecuación de los honorarios regulados a los profesionales intervinientes, especialmente a los peritos de los que remarco la actuación del Sr. <PER_7> quien aportó prueba relevante a la causa que contribuyó a la admisión de la acción.
Atento ello regúlense los honorarios del letrado apoderado de la actora Dr. <PER_4>, en un 18%, del monto que resulte de la liquidación que se practicará en autos, atendiendo a las etapas trabajadas y al resultado obtenido -arts. 5, 6, 7, 36 y 46 de la Ley XIII- 4 del DJP, mod. por Ley XIII - 15 DJP. En tanto que para el letrado apoderado de la parte demandada Dr. <PER_6>, regulo sus honorarios en un 10%, de igual monto, atendiendo a la extensión de trabajo y la complejidad del asunto que ha debido defender (art. 5, 6, 7, 36 y 46 de las citadas leyes), todo con más IVA, de corresponder. En ambos casos deberá tenerse presente al momento de sus conversiones el monto mínimo de 20 JUS establecido en el art. 7 de la Ley XIII – 4 para los letrados por cada parte. Respecto de los honorarios profesionales del perito informático Licenciado en Sistemas <PER_13>, quien no ha podido realizar su pericia por la eliminación de la cuenta de correo, los regulo en un 1%, los del perito en documentología Sr. <PER_7>, los regulo en un 3%, y los de la Perito Contadora <PER_8>, por su análisis de la documental señalada en su dictamen los regulo en un 2%, en todos los casos más IVA si correspondiere, del monto que resulte de la liquidación que se practicará en autos, Ley XIII - 4 del DJP, mod. por Ley XIII – 15 DJP. Los honorarios deberán abonarse en el término de diez (10) días. (art. 49 Ley XIII - 4 DJPCh).
En atención a cómo propongo resolver el recurso, no modificándose la calidad de vencido de la parte demandada, se imponen las costas de esta instancia a la ex empleadora quien sostiene su calidad de perdidosa (art. 69 C.Pr.).
Regúlense los honorarios por los trabajos efectuados en esta instancia, del Dr. <PER_4>, en el 25% y los de la Dra. <PER_14> en el 27%, en ambos casos del monto regulado en primera instancia, más el IVA si correspondiera.
A la segunda cuestión, la Dra. Nieto dijo:
Por tales razones, voto 1° Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.
2. Hacer lugar parcialmente al recurso de la parte demandada, revocando la admisión de la multa art. 2 Ley 25323, arts. 8 y 15 Ley 24013 y por temeridad y malicia art. 45 C.Pr., modificar la tasa de interés identificada en el fallo, disponer que los intereses se calculen conforme al régimen establecido en el art. 55 de la Ley de Modernización Laboral, es decir, mediante la aplicación de la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina para depósitos a plazo fijo a 30 días, con el límite máximo equivalente al resultado que surgiría de aplicar la variación del IPC más un 3% anual ni menor al 67% de dicho índice, modificar la jornada laboral admitida, conforme considerandos respectivos; confirmando en las restantes partes la sentencia definitiva nro. 91/2026.
3. Mantener la imposición de costas de primera instancia, modificando la regulación de honorarios del letrado apoderado de la actora Dr. <PER_4>, en un 18%, del monto que resulte de la liquidación que se practicará en autos, atendiendo a las etapas trabajadas y al resultado obtenido -arts. 5, 6, 7, 36 y 46 de la Ley XIII -4 del DJP, mod. por Ley XIII- 15 DJP. En tanto que para el letrado apoderado de la parte demandada Dr. <PER_6>, regulo sus honorarios en un 10%, de igual monto, atendiendo a la extensión de trabajo y la complejidad del asunto que ha debido defender (art. 5, 6, 7, 36 y 46 de las citadas leyes), todo con más IVA, de corresponder. En ambos casos deberá tenerse presente al momento de sus conversiones el monto mínimo de 20 JUS establecido en el art. 7 de la Ley XIII – 4 para los letrados por cada parte. Respecto de los honorarios profesionales del perito informático Licenciado en Sistemas <PER_13>, quien no ha podido realizar su pericia por la eliminación de la cuenta de correo, los regulo en un 1%, los del perito en documentología Sr. <PER_7>, los regulo en un 3%, y los de la perito contadora <PER_8>, por su análisis de la documental señalada en su dictamen los regulo en un 2%, en todos los casos más IVA si correspondiere, del monto que resulte de la liquidación que se practicará en autos, Ley XIII - 4 del DJP, mod. por Ley XIII N° 15 DJP. Los honorarios deberán abonarse en el término de diez (10) días. (art. 49 Ley XIII N° 4 DJPCh).
4. Imponer las costas de esta instancia a la parte demandada vencida, conforme principio imperante de la derrota (art. 69 C.Pr.).
5. Regular los honorarios profesionales por los trabajos efectuados en esta instancia, del Dr. <PER_4>, en el 25% y los de la Dra. <PER_14> en el 27%, en ambos casos del monto regulado en primera instancia, más el IVA si correspondiera.
6. Tener presente la reserva de caso federal de la parte demandada.
A la primera cuestión, el Dr. Hayes dijo:
Vienen estos autos a mi conocimiento en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora (ID 2323006, ID 2323007, agravios ID 2336815) y por la parte demandada (ID 2324866, agravios ID 2333329). Corrido el traslado de ley, recibió respuesta oportuna de la actora (ID 2349029).
I. Análisis de los agravios. Solución.
Así, y adentrándome en el tratamiento de la cuestión traída a mi estudio, destaco ante todo que tiene dicho nuestro máximo tribunal que “los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las constancias de la causa, sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones (Fallos, 311:571) y para la correcta solución del litigio (311:836), y tampoco están obligados a tratar todas las cuestiones propuestas por las partes ni analizar los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (301:970 y 311:1191).
Pongo de manifiesto asimismo que, atendiendo a la letra de la Ley V N° 203 DJP, la que reglamenta los alcances de la fundamentación individual de las resoluciones judiciales dictadas por órganos colegiados, conforme lo establecido por el art. 169 de la Constitución provincial; y toda vez que en el marco del voto precedente se ha efectuado la reseña de los antecedentes, de los hechos de la causa, como asimismo de los agravios que fueran expresados por las partes apelantes, me remitiré expresamente a lo ya expuesto sobre aquellos puntos, en resguardo de los principios de celeridad, economía procesal y tutela judicial efectiva.
Luego, habiendo efectuado un análisis detallado del caso y de la queja de los recurrentes, a fin de expedirme sobre las cuestiones materia de agravios, dejo expresa constancia que comparto los fundamentos de la solución dada a los mismos en los puntos III.4.a. – carácter de la relación laboral-, III.4.b. –extensión jornada laboral -, III.4.c. –determinación MSNH-, III.4.e. - intereses-, III.4.f. –sanción art. 275 LCT- y III.4.g. cuestionamiento costas y honorarios, así como en el punto y IV. – fijación costas y honorarios, Sin embargo, me permitiré respetuosamente disentir de manera parcial con lo resuelto por mi distinguida colega en el punto III.4.d. –indemnización art. 2° Ley 25323- Ley 24013-. Ello, en atención a los argumentos que expondré a continuación. Aclaro que mantendré igual numeración del punto del primer voto a efectos de su fácil identificación.
III.4.d. No desconozco la diferencia de criterio que no solo se vislumbra en esta Sala, sino, tal como se lo refleja en el voto precedente, en diversos tribunales nacionales, en relación con la aplicación de la ley 27742 en el marco de las sentencias que han de dictarse con posterioridad a su entrada en vigencia, pero en referencia a cuestiones vinculadas a relaciones laborales culminadas antes de dicho momento. Como bien lo expresa mi distinguida colega, y con su honrosa y única excepción, los integrantes de esta Cámara hemos sostenido que no corresponde se la aplique a las relaciones laborales anteriores a la entrada en vigencia de la norma.
Así, y del detallado estudio de los antecedentes de estos actuados, surge que, frente a las discordancias de las partes, la sentencia de grado concluyó en que la relación laboral finalizó el día 30/07/2021 (punto III. considerandos), por despido indirecto de la trabajadora. Es decir, la totalidad de la relación laboral tuvo vigencia con anterioridad a la sanción de la ley 27742. Adviértase, al respecto, que el art. 237 de la ley 27742 establece: "Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, salvo en los capítulos o títulos en donde se señala lo contrario". Dado que la ley citada fue publicada en el Boletín Oficial con fecha 8 de julio de 2024, la misma comenzó a regir el 9 de julio de 2024.
En esa línea, como se dijo en el precedente Tarchini, y en opinión que comparto “las sentencias judiciales no tienen en este ámbito salvo excepciones muy específicas-, carácter constitutivo de un derecho personal, sino declarativo, limitándose a reconocer un derecho preexistente y a brindar las herramientas ejecutorias para hacerlo valer. El fallo que aquí se dicta no crea una sanción al empleador, sino que reconoce o declara la pertinencia de créditos devengados mucho antes de la vigencia de la ley 27742. Desde esos momentos, los créditos -aunque no fueren “líquidos”-, quedaron incorporados al patrimonio del trabajador, y extraerlo de ese seno implicaría una violación flagrante de su derecho de propiedad tutelado en el art.17 CN, con un paralelo enriquecimiento sin causa de los deudores, que verían mejorar su patrimonio por la desaparición de un pasivo imputable a incumplimientos normativos anteriores.
Este Tribunal rechaza la naturaleza penal de las sanciones, al decir que “Los rubros en análisis son, como dije antes, tarifas indemnizatorias que reparan, de manera presupuesta y -como es regla general en esta materia-, daños concretos, cuya demostración no resulta necesaria, aunque tengan un paralelo componente sancionatorio o conminatorio…”. (Cámara del Trabajo de Córdoba, Sala I, “Tarchini Silvana Alejandra c/ Red de Asistencia Global SRL y otros s/ordinario-despido” Expte. 6456745).
Las denominadas “multas laborales” del derogado art. 45 de la Ley 25345, de los arts. 1 y 2 de la ley 25323, y de los arts. 8, 9, 10 y 15 de la ley 24.013, entre otras, son indemnizaciones tasadas, persiguiendo una finalidad tanto resarcitoria como disuasoria. Se trata de una suma fija dispuesta por el legislador que no solo busca resarcir al trabajador con un monto ya tasado, evitando así la acreditación y cuantificación del daño ocasionado por el incumplimiento, sino disuadir la reiteración de una conducta antijurídica, tornándola antieconómica. Es una decisión de política legislativa que en todo caso puede discutirse desde el punto de vista de su eficacia, pero que no puede eliminarse en forma retroactiva, afectando el derecho de propiedad del acreedor. (Rossi, Jorge O., “La ley 27742 y las “multas laborales” derogadas: El derecho a la disuasión y la aplicación temporal de las leyes” 2207-2025).
En dicha senda es que se ha expedido también la CNAT en reciente jurisprudencia afirmando “En vista de la entrada en vigencia (parcial) de la Ley 27742, se debe señalar que el derecho al cobro de las indemnizaciones y agravamientos indemnizatorios reclamados en función de las Leyes 25323 y 25345 -esta último modificatoria del art. 80, LCT-, ha quedado perfeccionado en el caso con notoria anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva normativa, por lo que siendo la sentencia emitida al respecto declarativa y no constitutiva de derechos, corresponde aplicar al presente la normativa vigente al tiempo de sucederse los hechos sometidos a juzgamiento” (Cordini Juncos, Martín Alejandro y otros vs. Comisión Nacional de Regulación del Transporte s. Despido - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala II, 08/08/2024; RC J 8198/24). Por último, es dable asimismo adunar a lo expuesto que ese ha sido el criterio sentado por nuestro Superior Tribunal provincial (autos “<PER_12> c/ <PER_15> s/ Cobro de Haberes e Indem. de Ley” Expte. N° 26046/24).
Por ello, es claro que las reformas contenidas por la ley 27742 solo podrían invocarse para las relaciones jurídicas engendradas a partir del 9 de julio de 2024, pues aquellas que resultan anteriores se rigen por la ley vigente al momento de ser constituidas.
Entonces, respecto del agravio vinculado a la admisión del incremento indemnizatorio previsto en el art. 2° Ley 25323, pongo de especial resalto que la cuestión ha sido motivo de reiterados pronunciamientos anteriores en procesos de idéntica naturaleza, por lo que entiendo resulta procedente me remita sin más a lo que expresara unánimemente en aquellos.
Recuerdo aquí que la norma citada establece que “Cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la Ley 20744 (texto ordenado en 1976) y los artículos 6° y 7° de la Ley 25013, o las que en el futuro las reemplacen, y consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, éstas serán incrementadas en un 50%. Si hubieran existido causas que justificaren la conducta del empleador, los jueces, mediante resolución fundada, podrán reducir prudencialmente el incremento indemnizatorio dispuesto por el presente artículo hasta la eximición de su pago.”
Tengo dicho aquí en las oportunidades señaladas antes que surge aquí -entre quienes ostentan posiciones diversas- una primera disquisición en torno a la letra de la norma. Destaco que el objetivo perseguido por la misma “es compeler al empleador a abonar en tiempo y forma las indemnizaciones por despido y evitar litigios. La sanción no se vincula con la causa del despido: se castiga la conducta dilatoria que genera gastos y pérdidas de tiempo.” (Grisolía, Julio Armando “Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, t. II, pág. 1105). Y lo destaco, “la conducta dilatoria”.
Aun así, algunos sostienen que si se pagó no corresponde la aplicación de la multa, otros que, si se pagó, pero deficientemente debe afrontársela. En una posición intermedia se sitúan aquellos que, en éste último caso, optan por morigerar su monto, tal la facultad que otorga la parte final de la norma. Reiteradamente he sostenido que, a mi juicio, el criterio a aplicar debe ser acorde al caso específico, resultando por tanto improcedente fijar una posición absoluta sobre la cuestión.
Se ha expresado “Ahora, el artículo 2 de la Ley 25323, tiende a resarcir daños distintos e independientes de la cesantía en sí, ya que busca indemnizar los perjuicios que sufre el trabajador, como consecuencia de la falta de pago en tiempo oportuno de las reparaciones consagradas por la LCT y por la Ley 24013. Esto es que pretende que el acreedor laboral sea satisfecho de modo inmediato, en atención al carácter alimentario de sus créditos, sin tener que padecer la pérdida de tiempo y los mayores gastos que implica el inicio de un proceso administrativo o judicial. En este caso observo que la demandada abonó la liquidación final, pero en forma parcial, tal como lo manifestara el magistrado de primera instancia. Luego, considero que la reparación debe ser integral, y no limitada, pues los mismos perjuicios le ocasiona al actor, tener que reclamar por una diferencia salarial, que por el total de la indemnización, ya que no habiendo obtenido una respuesta satisfactoria a sus intimaciones, tuvo que iniciar la presente acción (de la misma que lo hubiera iniciado por el todo), a fin de cobrar las sumas reclamadas. En consecuencia, corresponde confirmar el agravamiento en cuestión.” (CNac. Apel. Trabajo, Sala III, autos “Saraza, Victor Hugo c/ Siat S.A. y otro s/ despido”). Se confirma la multa y se rechaza el agravio de la accionada.
Entonces, resulta a mi juicio que el trabajador intimó correctamente, conforme manda la ley, (TCL CD 137862430 – 29/07/2021), y el empleador no pagó, y de hecho aquí estamos con un proceso incoado en el año 2022 – hace más de cuatro años-, por lo que huelga aclarar que el litigio no solo no se evitó, sino que sin lugar a dudas la conducta dilatoria del empleador generó gastos y pérdidas de tiempo, razón por la que no me cabe duda alguna de que si la multa que está prevista en la norma ha de aplicarse, pues debe hacérselo en caso como el presente, sin que se adviertan además razones que lleven a morigerar la multa impuesta. Aduno a lo expresado que idéntica solución debe adoptarse en relación con la aplicación al caso de la Ley 24013 – arts. 8 y 15- toda vez que responden a los mismos fundamentos, habiéndose probado en el particular la ausencia de registración por la empleadora y el reclamo en tiempo oportuno. En consecuencia, propondré rechazar el agravio de la demandada y confirmar la sentencia de grado en el punto.
A la segunda cuestión, el Dr. Hayes dijo:
Por lo expuesto, propongo al Acuerdo la siguiente fórmula postulatoria:
1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.
2. Hacer lugar parcialmente al recurso de la parte demandada, y así revocar la admisión de la multa por temeridad y malicia, modificar la tasa de interés identificada en el fallo, disponer que los intereses se calculen conforme al régimen establecido en el art. 55 de la Ley de Modernización Laboral, es decir, mediante la aplicación de la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina para depósitos a plazo fijo a 30 días, con el límite máximo equivalente al resultado que surgiría de aplicar la variación del IPC más un 3% anual ni menor al 67% de dicho índice, modificar la jornada laboral admitida, conforme considerandos respectivos; confirmando en las restantes partes la sentencia de grado.
3. Mantener la imposición de costas de primera instancia, modificando la regulación de honorarios profesionales del Dr. <PER_4>, que se fijan en el 18% y para el Dr. <PER_6>, en el 10%, del monto que resulte de la liquidación que se practicará en autos, en todos los casos con más el IVA, de corresponder. En ambos casos deberá tenerse presente al momento de sus conversiones el monto mínimo de 20 JUS establecido en el art. 7 de la Ley XIII N° 4 para los letrados por cada parte. Respecto de los honorarios profesionales del perito informático Licenciado en Sistemas <PER_13>, se fijan en el 1%, los del perito en documentología Sr. <PER_7>, en el 3%, y los de la perita contadora <PER_8>, en el 2%, en todos los casos más IVA de correspondiere, del monto que resulte de la liquidación que se practicará en autos. Los honorarios deberán abonarse en el término de diez (10) días. (art. 49 Ley XIII - 4 DJPCH).
4. Imponer las costas de la Alzada a la parte demandada vencida, por el principio objetivo de la derrota (art. 69 CPCCCh).
5. Regular los honorarios profesionales por los trabajos efectuados en la Alzada, para el Dr. <PER_4>, en el 25%, y para la Dra. <PER_14>, en el 27%, en ambos casos a calcular sobre el monto correspondiente a la primera instancia, y con más el IVA, de corresponder.
6. Tener presente la reserva de caso federal de la parte demandada.
A la primera cuestión, la Dra. Robert dijo:
La actora recurrente postuló los siguientes agravios: a) Interés moratorio; b) Temeridad y malicia; c) Regulación de honorarios de peritos, art. 730 CCCN. La demandada recurrente, por su parte, planteó los siguientes agravios: a) Admisión de la relación de dependencia. Arbitraria valoración de la prueba. Desconocimiento del vínculo autónomo; b) Inexistencia de prueba cierta de la jornada laboral denunciada; c) Errónea determinación de la remuneración y supuestas diferencias salariales; d) Multas Ley 24013 y art. 2 Ley 25323; e) Arbitrariedad en la fijación del régimen de intereses; f) Multa por temeridad y malicia; g) Violación del tope art. 730 CCCN, costas.
Luego de exponer sus fundamentos y votar, se advierte que los colegas discrepan en la aplicación de las indemnizaciones previstas en la Ley 24013 y art. 2 de la Ley 25323.
Así reseñadas las soluciones brindadas al caso por parte de mis colegas prevotantes, mi participación en tercer voto, se circunscribirá a determinar en estos aspectos antes señalados como discrepantes, la coincidencia o disidencia con los mismos a los efectos legales (art.274 C.Pr.).
Teniendo en cuenta la reciente sanción de la Ley V N° 203, que reglamenta el art. 169 de la Constitución Provincial, siendo que los antecedentes del caso y el contenido de las expresiones de agravios de las partes, han sido reseñados en el primer voto, a tales constancias remito con el fin de evitar repeticiones innecesarias. Asimismo, y en lo que fuera pertinente, analizaré la posibilidad de adhesión a los votos precedentes que la norma prevé (arts. 3 a 5).
Ya en la solución, y respecto del agravio tratado en el pto. III.4.d. sobre indemnizaciones, art. 2 de la Ley 25323 y a su turno, arts. 8 y 15, coincidiré con los fundamentos y solución dada por el Dr. Hayes, en tanto conforman también el criterio sostenido en la materia, por la suscripta.
En efecto, en cuanto a los agravamientos indemnizatorios, me he expedido anteriormente sobre la no aplicación retroactiva de la Ley 27742 que deroga tales sanciones y entiendo la queja del accionante deberá admitirse, con fundamento en la aplicación al caso del art. 7 del CCCN que impide la aplicación retroactiva de las normas. En efecto, tal como lo expresó el segundo votante, repasadas las constancias de la causa, surge que la relación laboral finalizó el día 30/7/21. Por tanto, el vínculo jurídico que dio origen a los presentes y al derecho a percibir la acreencia que se reclama, se inició, desarrolló y agotó en vigencia de la norma anterior, y en lo que aquí atañe, la falta de abono y el requerimiento de pago de los créditos laborales previstos para la procedencia del art. 2 de la Ley 25.323, resultan anteriores a la entrada en vigencia de la modificación normativa dispuesta. Por otra parte y como vengo sosteniendo, la cuestión sobre la aplicación de la normativa que se debate, ha sido resuelta en sentido coincidente con otros antecedentes de esta Cámara –Expte.1164/26;
Expte.103/26 por mencionar algunos-, y en fallo de nuestro Superior Tribunal de Justicia, -en los que se cuestionaba la aplicación de la indemnización prevista en el art.80 LCT-, en autos: “<PER_12> c/ <PER_15> s/ Cobro de Haberes e Indem. de Ley (Expte. N°26046-Año 2024), y sus fundamentos aplican también para el incremento indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25323, tanto más cuando nada puede reprocharse al trabajador, respecto al cumplimiento de las intimaciones formales que las citadas normas exigen para su aplicación, las que en el caso resultaron acreditadas a tenor de las constancias epistolares de la causa que fueran reseñadas también por mi colega en segundo voto. Lo mismo puede decirse de la aplicación al subexamine de la Ley 24013 y específicamente de las indemnizaciones previstas en los arts. 8 y 15 en tanto su operatividad responde a los mismos fundamentos que respecto a las anteriores precitadas, en cuanto se comprobaron los requisitos de su procedencia, en orden a las características del caso y constancias probatorias de autos, que demuestran la falta de registración laboral de la trabajadora reclamante en debido tiempo y forma.
A la segunda cuestión, la Dra. Robert dijo:
Por coincidir con los fundamentos y la solución, adhiero a la fórmula propuesta por el Dr. Ricardo Rubén Enrique Hayes respecto a los agravios aquí en tratamiento. Así lo voto.
Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente, con la disidencia parcial de la Dra. María Marta Nieto,
1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.
2. Hacer lugar parcialmente al recurso de la parte demandada, y así revocar la admisión de la multa por temeridad y malicia, modificar la tasa de interés identificada en el fallo, disponer que los intereses se calculen conforme al régimen establecido en el art. 55 de la Ley de Modernización Laboral, es decir, mediante la aplicación de la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina para depósitos a plazo fijo a treinta (30) días, con el límite máximo equivalente al resultado que surgiría de aplicar la variación del IPC más un tres por ciento (3%) anual ni menor al sesenta y siete por ciento (67%) de dicho índice, modificar la jornada laboral admitida, conforme considerandos respectivos; confirmando en las restantes partes la sentencia de grado.
3. Mantener la imposición de costas de primera instancia, modificando la regulación de honorarios profesionales del Dr. <PER_4>, que se fijan en el dieciocho por ciento (18%), y para el Dr. <PER_6>, en el diez por ciento (10%), del monto que resulte de la liquidación que se practicará en autos, en todos los casos con más el IVA, de corresponder. En ambos casos deberá tenerse presente al momento de sus conversiones el monto mínimo de veinte (20) JUS establecido en el art. 7 de la Ley XIII N° 4 para los letrados por cada parte. Respecto de los honorarios profesionales del perito informático Licenciado en Sistemas <PER_13>, se fijan en el uno por ciento (1%), los del perito en documentología Sr. <PER_7>, en el tres por ciento (3%), y los de la perita contadora <PER_8>, en el dos por ciento (2%), en todos los casos más IVA de correspondiere, del monto que resulte de la liquidación que se practicará en autos. Los honorarios deberán abonarse en el término de diez (10) días. (art. 49 Ley XIII N° 4 DJPCh).
4. Imponer las costas de la Alzada a la parte demandada vencida, por el principio objetivo de la derrota (art. 69 CPCCCh).
5. Regular los honorarios profesionales por los trabajos efectuados en la Alzada, para el Dr. <PER_4>, en el veinticinco por ciento (25%) y para la Dra. <PER_14>, en el veintisiete por ciento (27%), en ambos casos a calcular sobre el monto correspondiente a la primera instancia, y con más el IVA, de corresponder.
6. Tener presente la reserva de caso federal de la parte demandada.
7. Regístrese, notifíquese y devuélvase.
REGISTRADA BAJO EL nro 150 DEL AÑO 2026 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS "L"
Fin de la sentencia