Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122003
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
PERALTA HECTOR DANIEL C/ BASSINO EMILIO Y OTRO/A S/ COBRO DE SALARIOS.
La Plata, 24 de abril de 2019.
Los señores Jueces doctores Pettigiani, Soria y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la acción promovida por Héctor Daniel Peralta y condenó a Javier Gastón Bassino al pago de la suma que especificó en concepto de diversos rubros derivados del despido. Por otro lado, la rechazó en tanto procuraba el cobro de la sanción prevista en el art. 132 bis de la Ley 20.744 (v. fs. 211/236).
Para así decidir, en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, y sin perjuicio de que consideró incumplida por el actor la intimación requerida por el art. 1 del decreto reglamentario 146/01 para la procedencia de la multa prevista en la referida norma, juzgó no acreditada la falta de ingresos de aportes retenidos al trabajador con destino a los organismos correspondientes.
II. Frente a lo así resuelto, el accionante dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 247/251 vta.), el que fue concedido por el a quo a fs. 252.
En su presentación denuncia la transgresión de las normas y de la doctrina legal que identifica.
Cuestiona la decisión en cuanto rechazó la sanción conminatoria establecida en el art. 132 bis de la ley 20.744. En tal sentido, acusa la omisión de tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del decreto 146/01 formulado por el impugnante en el escrito de inicio, el cual ratifica en el presente remedio.
III. El recurso no es de recibo.
III.1.a. De modo liminar, corresponde aclarar que, dirigido el embate a censurar aquella parcela del pronunciamiento que rechazó la imposición de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, el importe de la penalidad establecida en la citada norma legal sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, lo que torna al litigio, a los fines del recurso, como de monto indeterminado (art. 55, ley 11.653; causas L. 115.021, "Mazza", sent. de 27-XI-2013 y L. 117.532, "Norese", resol. de 1-VII-2015).
III.1.b. Sentado ello, es oportuno recordar que determinar -con arreglo a las constancias adunadas en la causa- si se verifican los requisitos a los cuales el citado dispositivo legal subordina la aplicación de la sanción allí prevista, constituye una facultad privativa del tribunal de trabajo, y las conclusiones que al respecto se formulen no son susceptibles de revisión ante la Suprema Corte, salvo el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 106.472, "Frete", sent. de 5-VI-2013 y L. 118.900, "Rojas", resol. de 23-IX-2015).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 100.946, "Piza", sent. de 2-VII-2010 y L. 86.645, "Barroso", sent. de 21-V-2008), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo (causas L. 109.926, "Mouriño", sent. de 27-VIII-2014; L. 112.200, "R., V.E.", sent. de 5-VI-2013).
III.1.c. En el caso, el recurrente no logra demostrar la anomalía invocada pues la impugnación resulta insuficiente para conmover lo resuelto en la instancia de origen, en tanto sólo exhibe su disconformidad con la solución allí alcanzada en cuanto rechazó la imposición de la sanción conminatoria establecida en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, toda vez que -como se adelantó- el juzgador entendió que más allá de que no se encontraba cumplida la formalidad prevista en el art. 1 del decreto 146/01, cierto es, que el actor no probó el presupuesto esencial para la procedencia de aquella sanción, cual es la ausencia de ingreso de aportes retenidos con destino a los organismos correspondientes, ello pese a haber ofrecido prueba al respecto, la cual, finalmente no fue producida (v. sent., fs. 222 y vta.).
III.1.d. En suma, el agravio traído revela la ausencia de idoneidad para rebatir la decisión adoptada en la instancia de origen, pues no aporta ningún elemento convincente que demuestre que la solución dada al caso sea absurda, o el error en la aplicación de las normas que se denuncian violadas.
Siendo ello así, se impone confirmar lo decidido sobre el punto en la sentencia atacada, toda vez que la retención de aportes, y la consecuente falta de ingreso de ellos a los organismos correspondientes, es el presupuesto fundamental para la procedencia de la sanción conminatoria establecida en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, extremo que -como se dijo- no resultó demostrado en autos.
III.2. En este contexto, permaneciendo firme -por ausencia de idónea réplica- esta esencial conclusión fáctica sobre la que se asienta el pronunciamiento impugnado, deviene abstracto el tratamiento del planteo dirigido a cuestionar la validez constitucional del decreto 146/01.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia