Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123851
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
La Plata, 27 de mayo de 2020.
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la acción promovida por Maria Soledad Irazoqui, y condenó a Consulgroup S.A al pago de la suma que especificó en concepto de diversos rubros derivados del despido, imponiendo las costas a la demandada por las acciones que prosperaron. Por otro lado, la rechazó en tanto procuraba el cobro de la sanción prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744 (v. fs. 253/269 vta.).
Para así decidir, en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, juzgó no acreditada la falta de ingresos de aportes y contribuciones retenidos a la trabajadora con destino a los organismos correspondientes.
II. Frente a dicho pronunciamiento, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 272/283), el que fue concedido por el órgano de grado a fs. 284 y vta.
En su presentación denuncia la transgresión de las normas y de la doctrina legal que identifica.
Cuestiona la decisión en cuanto rechazó la multa fijada en el art. 132 bis de la ley 20.744. Alega que el sentenciante invirtió la carga de la prueba.
Por otro lado, objeta que el a quo limitara la responsabilidad de las costas -a cargo de la demandada- por aplicación de los arts. 730 del Código Civil y Comercial y 277 de la ley 20.744.
III. El recurso no es de recibo.
III.1.a. De modo liminar, corresponde aclarar que, dirigido el primer tramo del embate a censurar aquella parcela del pronunciamiento que rechazó la imposición de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, el importe de la penalidad establecida en la citada norma legal sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor de la trabajadora, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, lo que torna al litigio, a los fines del recurso, como de monto indeterminado (art. 55, ley 11.653; causas L. 115.021, "Mazza", sent. de 27-XI-2013 y L. 117.532, "Norese", resol. de 1-VII-2015).
Sentado ello, es oportuno recordar que determinar -con arreglo a las constancias adunadas en la causa- si se verifican los requisitos a los cuales el citado dispositivo legal subordina la aplicación de la sanción allí prevista, constituye una facultad privativa del tribunal de trabajo, y las conclusiones que al respecto se formulen no son susceptibles de revisión ante la Suprema Corte, salvo el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 106.472, "Frete", sent. de 5-VI-2013 y L. 118.900, "Rojas", resol. de 23-IX-2015).
En el caso bajo estudio, la recurrente omite satisfacer dicho recaudo, toda vez que no invoca la configuración del mentado vicio, por lo que la réplica en este tramo resulta insuficientemente fundada.
En efecto, sabido es que esta Corte reiteradamente ha señalado que resulta técnicamente defectuoso el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que impugna la interpretación efectuada por el tribunal de la instancia ordinaria en función que le compete privativamente, omitiendo la invocación del mencionado yerro sentencial (art. 279, CPCC y su doctrina; causas L. 52.587, "González", sent. de 22-III-1994; L. 80.057, "Fourmentel", sent. de 9-VI-2004; L. 82.788, "Martínez", sent. de 27-XI-2006 y L. 117.843, "Dimenna", resol. de 27-V-2015).
III.2.b. Sin perjuicio de la marcada insuficiencia técnica que presenta la impugnación, cabe señalar que el recurso transita sobre meras apreciaciones personales de la recurrente, inidóneas para conmover lo resuelto en la instancia de origen, en tanto sólo exhibe su disconformidad con la solución allí alcanzada en cuanto rechazó la imposición de la sanción conminatoria establecida en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, toda vez que el juzgador concluyó, en virtud de la prueba analizada (recibos de haberes y pericia contable), que el empleador había cumplido con el depósito total de las sumas retenidas.
En este sentido, reiteradamente ha declarado este Tribunal que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que agota su pretensión en el mero intento de sustituir el criterio de los juzgadores de origen por el propio, porque el vicio de absurdo sólo se configura ante el error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 113.610, "Agustinelli", sent. de 5-III-2014 y L. 118.381, "Pare", resol. de 15-IV-2015), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurarlo (causas L. 112.200, "R., V.E.", sent. de 5-VI-2013; L. 109.926, "Mouriño", sent. de 27-VIII-2014 y L. 117.960, "Acuña", resol. de 8-X-2014).
Por lo demás, dable es recordar, que la selección, jerarquización y valoración del material probatorio constituye una facultad privativa del tribunal de trabajo y las conclusiones que al respecto formule, no son susceptibles de revisión ante la instancia extraordinaria, salvo invocación y demostración del vicio de absurdo (causa L. 105.699, "Hiller S.A.", sent. de 28-VIII-2013; e.o.) que, en el caso, como se anticipó, se omite denunciar.
III.2.c. Por otro lado, la interesada no consigue evidenciar que el fallo luzca apartado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que, conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi, impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 118.218, "Zaffaroni", resol. de 3-XII-2014; L. 118.303, "Bellendier", resol. de 15-IV-2015 y L. 117.225, "Ruiz Díaz", sent. de 22-IV-2015), hipótesis que se encuentra descartada en el presente caso.
III.3. En relación al último cuestionamiento traído, conviene recordar que esta Corte tiene dicho que el ejercicio de una vía recursiva, como toda acción en justicia, no se reconoce sino a aquéllos que justifican un interés que legitime el acceso a la sede judicial de carácter extraordinaria, pues a falta del mismo no hay petición audible ante dicha instancia (causas L. 82.986, "Cesario de Reynoso", sent. de 20-VIII-2003 y L. 101.214, "Chene", sent. de 26-X-2010); como así también que la ausencia de agravio y el consecuente interés para recurrir determinan la insuficiencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causa L. 90.623, "A. G. I.", sent. de 6-V-2009; L. 118.668, "Sosa", resol. de 15-VII-2015 y L. 121.648, "Aguirre", resol. de 11-VII-2018); pues resulta impropio de la judicatura el dictado de pronunciamientos abstractos (causas L. 118.227, "Laterzza", resol. de 12-XI-2014; L. 119.913, "García", resol. de 30-XI-2016 y L. 122.153, "Caparrós,", resol. de 10-IV-2019).
Sentado ello, se exhibe nítida la ausencia de interés de la parte actora para cuestionar la limitación de la responsabilidad por las costas impuestas a la demandada, lo que sella la suerte adversa de la crítica.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
LUIS ESTEBAN GENOUD EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HILDA KOGAN SERGIO GABRIEL TORRES
ANALIA DI TOMMASO
Secretaria
(conf. Acuerdo 3971)
Fin de la sentencia