Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124364
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda instaurada por Paola Yanina Benavidez, y en consecuencia, condenó solidariamente a Adecco Argentina S.A. y a Juan Gianelli S.A.C.I.F. al pago de la suma que especificó en concepto de distintos rubros salariales. En cambio, rechazó la acción en cuanto perseguía el cobro de la sanción del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 233/251).
Para así resolver, juzgó -en lo que interesa destacar- no acreditada la falta de ingresos de aportes retenidos al trabajador con destino a los organismos correspondientes.
II. Frente a dicho pronunciamiento, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 30-VI-2018), el que fue concedido por el órgano de grado a fs. 256 y vta.
En su presentación denuncia la transgresión de las normas y de la doctrina legal que identifica.
Se agravia -en primer lugar- del rechazo de la pretensión tendiente al cobro de la multa prevista en el citado art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, alegando que la demandada no probó haber ingresado los aportes sindicales retenidos.
Por otro lado, cuestiona que el a quo limitara la responsabilidad de las costas -a cargo de la demandada- por aplicación de los arts. 730 del Código Civil y Comercial y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III. El recurso no es de recibo.
III.1.a. En lo concerniente al planteo dirigido a objetar el rechazo de la multa prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cabe destacar que esta Corte ha declarado que establecer -con arreglo a la prueba producida en la causa- si se verifican los requisitos a los que la referida norma subordina la aplicación de la sanción conminatoria mensual allí prevista constituye una facultad privativa del tribunal de trabajo y sus conclusiones no son revisables en la instancia extraordinaria, salvo el supuesto de absurdo (causas L. 106.472, "Frete", sent. de 5-VI-2013; L. 118.900, "Rojas", resol. de 23-IX-2015 y L. 122.784, "Eguren", resol. de 18-IX-2019), vicio invalidante que la accionante omite denunciar, sin que tal falencia pueda ser oficiosamente enmendada por esta Corte (causas L. 100.286, "Pusterla", sent. de 26-V-2010; L. 115.278, "Rodríguez", sent. de 15-VII-2015 y L. 120.634, "Christiansen", resol. de 20-IX-2017), lo que sella la suerte adversa de la crítica.
En efecto, reiteradamente ha señalado este Tribunal que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite invocar la existencia del vicio de absurdo cuando se pretende -como en el caso- la apertura de la instancia extraordinaria a la revisión de cuestiones fácticas y probatorias, propias del análisis de los jueces de los tribunales de trabajo en ejercicio de facultades privativas (causas L. 103.508, "Rodríguez Blanco", sent. de 24-IV-2013; L. 118.078, "Hruby", sent. de 9-XII-2015 y L. 118.388, "Astudillo", sent. de 29-III-2017).
III.1.b. Sin perjuicio de la deficiencia técnica apuntada, cabe señalar que no se constata la mentada anomalía que, sabido es, requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa, pues no cualquier equívoco o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente constituye el mentado yerro sentencial, sino que se requiere algo más; esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 103.003, "Tristani Cárdenas", sent. de 3-XI-2010; L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014 y L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019).
En efecto, ninguna de las lacónicas manifestaciones vertidas en el recurso resultan eficaces para desmerecer la interpretación que de las particulares circunstancias de la causa, efectuó el juzgador de origen al desestimar la procedencia de la sanción prevista en el art. 132 bis de la ley Riesgo de Trabajo no aportando la crítica, por lo demás, argumentos hábiles para demostrar que las definiciones brindadas por los magistrados de grado desnaturalicen el objetivo del dispositivo legal en cuestión.
III.1.c. Cabe agregar que no resulta idónea para modificar lo resuelto la denuncia de violación de la doctrina legal citada, toda vez que tales precedentes no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, o bien no refieren a situaciones similares, atento a su distinto contenido fáctico (causas L. 105.607, "Sánchez", sent. de 28-III-2012; L. 117.648, "Serantes", sent. de 15-VII-2015 y L. 119.830, "Vega", resol. de 4-V-2016).
III.1.d. Resta señalar que la interesada no consigue evidenciar que el fallo luzca apartado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que, conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 118.218, "Zaffaroni", resol. de 3-XII-2014; L. 118.303, "Bellendier", resol. de 15-IV-2015 y L. 117.225, "Ruiz Díaz", sent. de 22-IV-2015), hipótesis que se encuentra descartada en el presente caso.
III.2. En cuanto al restante agravio traído, conviene recordar que esta Corte tiene dicho que el ejercicio de una vía recursiva, como toda acción en justicia, no se reconoce sino a aquéllos que justifican un interés que legitime el acceso a la sede judicial de carácter extraordinaria, pues a falta del mismo no hay petición audible ante dicha instancia (causas L. 82.986, "Cesario de Reynoso", sent. de 20-VIII-2003 y L. 101.214, "Chene", sent. de 26-X-2010); como así también que la ausencia de agravio y el consecuente interés para recurrir determinan la insuficiencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causa L. 90.623, "A. G. I.", sent. de 6-V-2009; L. 118.668, "Sosa", resol. de 15-VII-2015 y L. 121.648, "Aguirre", resol. de 11-VII-2018); pues resulta impropio de la judicatura el dictado de pronunciamientos abstractos (causas L. 118.227, "Laterzza", resol. de 12-XI-2014; L. 119.913, "García", resol. de 30-XI-2016 y L. 122.153, "Caparrós,", resol. de 10-IV-2019).
Sentado ello, se exhibe nítida la ausencia de interés de la parte actora para cuestionar la limitación de la responsabilidad por las costas impuestas en su totalidad a la demandada, lo que sella la suerte adversa de la crítica.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/06/2020 18:53:48 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 26/06/2020 08:44:10 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 26/06/2020 11:01:31 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 26/06/2020 16:01:24 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 26/06/2020 18:00:01 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 29/06/2020 09:01:43 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia