Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126220
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído a fs. 669/673 y se revoca la sentencia impugnada de conformidad con lo establecido en el punto III.4. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, con diferente integración y previa renovación -en su caso- de los actos procesales pertinentes, dicte nuevo pronunciamiento con los alcances indicados.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.220, "Báez, Víctor Reinaldo contra Municipalidad del partido de General Pueyrredón. Cobro de salarios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Pettigiani, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 621/644).
Se interpusieron, por ambas partes, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (la actora, a fs. 659/668 vta. y la Municipalidad del partido de General Pueyrredón, a fs. 669/673).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a fs. 669/673?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del interpuesto a fs. 659/668 vta.?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de trabajo hizo lugar a la demanda deducida por Víctor Reinaldo Báez contra Municipalidad del partido de General Pueyrredón, en cuanto procuraba el cobro de haberes adeudados, indemnizaciones derivadas del despido, resarcimientos contemplados en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y la entrega de "la certificación de servicios" (v. fs. 621/644).
Así decidió por entender que mediante la prueba producida en la causa resultó demostrado que el actor se vinculó a la accionada mediante un contrato de trabajo por tiempo indeterminado (art. 90, LCT) iniciado el 7 de mayo de 1990, cumpliendo tareas de casero, en la escuela municipal n° 9 (v. fs. 625 vta.).
Con sustento en el juramento prestado por el peticionario en los términos del art. 39 segunda parte de la ley 11.653, y la falta de exhibición de los libros laborales de la empleadora, tuvo por acreditada la remuneración devengada durante los períodos reclamados y definió la relación que unió a las partes como una de empleo no registrado (v. fs. 625 vta. y 626).
Consideró asimismo demostrado que ese vínculo se extinguió el día 3 de enero de 2017, por despido indirecto del trabajador fundado en justa causa (v. fs. 629 vta. y 630).
En ese sentido, juzgó que el incumplimiento por parte de la accionada de su deber de registrar el contrato de trabajo y de pagar las remuneraciones reclamadas, así como el desalojo del actor de la vivienda que habitaba, configuraron injuria grave en los términos del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. cit.).
Finalmente, impuso las costas a la accionada, con aplicación de la limitación que respecto de las mismas prevén los arts. 730 del Código Civil y Comercial y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 643/644).
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 2, 18, 80, 90, 103, 104, 132 bis, 150, 155, 156, 231, 232, 233, 242, 245 y 246 de la Ley de Contrato de Trabajo; 39 de la ley 11.653; 1 y 2 de la ley 25.323; 1.765 del Código Civil y Comercial y de la doctrina legal que cita (v. fs. 669/673).
II.1 En lo sustancial, se agravia porque la responsabilidad del municipio (que también discute) fue definida y mesurada por el a quo conforme lo disponen la Ley de Contrato de Trabajo y otras normas laborales, y no de acuerdo con las disposiciones de derecho administrativo local (leyes 11.557 y 14.656).
En ese sentido argumenta que la ley laboral es de aplicación en aquellos casos en que la administración pública se haya sometido por un acto expreso a la ley laboral privada, o cuando rija respecto de sus dependientes un convenio colectivo de trabajo (v. fs. 671).
Aduce que ausentes en la especie los supuestos de excepción previstos en el art. 2 inc. "a" de la ley 20.744, no es posible responsabilizar a la administración pública municipal en el ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. cit.).
Añade que el reclamante -en oportunidad de responder el segundo traslado- no cuestionó la afirmación de su parte, consistente en que el vínculo entre las partes, de haber existido, debió regirse por las leyes 11.757 y 14.656, extremo que, por lo tanto, a criterio del impugnante, no se encuentra controvertido (v. fs. cit.).
De lo expuesto, colige que, atento no resultar aplicables las disposiciones que rigen el trabajo subordinado privado, es errada la conclusión del tribunal de mérito, en orden a que la conducta del municipio implicó una injuria grave en los términos del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 671).
Puntualiza que, como consecuencia de lo anterior, debe revocarse la sentencia en cuanto condenó a la accionada a abonarle al actor las indemnizaciones establecidas en las leyes 20.744 y 25.323; y a entregarle el certificado previsto en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 671 vta.), a la vez que tampoco es de aplicación el art. 39 segunda parte de la ley 11.653, por lo que, de considerarse que existió un vínculo de empleo con la accionada, era carga del actor demostrar los montos remuneratorios correspondientes a los períodos reclamados (v. fs. cit.).
II.2. Con denuncia de absurdo se agravia de la sentencia de grado en cuando allí se afirmó que la Municipalidad no exhibió al experto contable los registros pertinentes. Contrariamente a ello, aduce que del informe presentado surge que sí le fueron mostrados, constatando el perito que el actor no tenía legajo (v. fs. 672).
II.3. Destaca que, si bien el tribunal tuvo en cuenta la sentencia dictada el 14 de diciembre de 1993, en los autos "Báez, Víctor Reinaldo c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ salarios e indemnizaciones" (expte. 36.165), omitió mencionar que en dicha causa el reclamante tuvo por disuelta la relación laboral, siéndole abonados la totalidad de los rubros indemnizatorios, como así también los salarios caídos entre el 31 de abril de 1991 y el 20 de enero de 1992 (v. fs. 672).
De ello deriva, de un lado, que la relación entre las partes se extinguió en la fecha consignada en el citado decisorio; y por el otro -de no considerarse así- que el actor cobró la indemnización por despido correspondiente a dicho período, el que no puede ser computado en el caso de autos (v. fs. 672).
II.4. Refuta la conclusión a la que arribó el a quo en orden a que la finalización del contrato se produjo por despido indirecto del trabajador, fundado en justa causa.
Señala sobre el punto, que el tribunal omitió ponderar que conforme surge del expediente administrativo n° 8988-8-2012 (v. fs. 473), el día 17 de diciembre de 2012 se dictó el decreto municipal n° 2.711 cuya constancia de notificación, aduce, obra a fs. 35 de dichas actuaciones, por conducto del cual se intimó al señor Báez a la restitución del inmueble a la Municipalidad, debiendo estarse, por lo tanto, a la requisitoria cursada como fecha de cese (v. fs. 672 vta.).
Por los motivos reseñados, entiende que existen motivos de suficiente entidad y gravedad que tornan aplicable el remedio procesal intentado.
III. El recurso prospera.
III.1. La recurrente se agravia -entre otras- por la violación del art. 2 inc. "a" de la Ley de Contrato de Trabajo y de doctrina legal que identifica. En lo sustancial afirma que no pudo el tribunal de origen condenar a su parte por aplicación de las leyes laborales cuando el vínculo entre las contendientes está regido por las leyes de derecho administrativo local, toda vez que no se probó en autos la existencia de un acto expreso de inclusión de los trabajadores municipales en el ámbito personal de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo. En palabras de la peticionaria, "...no es posible responsabilizar conforme a la legislación laboral a la Administración Pública como empleador del sr. Báez ya que no concurrieron los supuestos de excepción que exige el art. 2 de la Ley de Contrato de Trabajo para incluirlos en el ámbito del derecho laboral", cuestiones que -señala- no fueron tenidas en cuenta por los jueces sentenciantes.
III.1.a. Vistas las actuaciones, se observa que la cuestión de debate fue introducida por la accionada en la primera oportunidad procesal pertinente. De ello da cuenta el tribunal anterior al resolver la acumulación de tres expedientes que entre las mismas partes y con el mismo objeto se sustanciaron en la instancia ordinaria y el rechazo de la excepción de incompetencia por razón de la materia opuesta por el municipio. En esa ocasión el a quo dispuso, sin perjuicio de lo que en la definitiva se resolviera sobre los derechos invocados, que en virtud de que las sucesivas demandas del actor habían sido fundadas en normas laborales y que en el expediente 36.765 -tramitado entre las mismas partes y por igual motivo- el tribunal de trabajo n° 1 de la misma ciudad, había decidido (en diciembre de 1993) que las actuaciones siguieran ante el fuero laboral, a fin de evitar contradicciones y sin desconocer la doctrina legal de esta Corte sentada, entre otras, en las causas L. 80.133, "Paoletti", sentencia de 8-XI-2006; L. 90.779, "Alzaga", sentencia de 11-II-2009; L. 96.821, "Coronel", sentencia de 16-IX-2009; L. 90.633, "Varela", sentencia de 10-III-2010 y L. 101.038, "R., M. A", sentencia de 10-XI-2010, correspondía declarar su competencia para entender en la especie.
III.2. Sentado lo anterior, con relación a la crítica dirigida a controvertir la aplicación al caso de autos de la Ley de Contrato de Trabajo, considero que asiste razón a la impugnante pues no cabe duda que en la especie no concurre ninguno de los supuestos de excepción identificados en el inc. "a" del art. 2 de esa ley, por lo que su aplicación en la especie constituye una clara violación de esa norma y de la doctrina legal que esta Corte ha elaborado en torno a ella en las causas acertadamente identificadas por la peticionaria, cuales son, causas L. 81.786, "Allaf", sentencia de 30-IV-2003; L. 80.133; L. 90.779; L. 96.821; L. 90.633 y L. 101.038, cits. En efecto, como lo denuncia el agraviado, en la totalidad de las actuaciones citadas, este Tribunal ha expresado que en virtud de lo dispuesto por el art. 2 inc. "a" de la Ley de Contrato de Trabajo, sólo se abre la posibilidad de su aplicación a los dependientes del Estado nacional, provincial o municipal, cuando por acto expreso se incluya a dichos trabajadores en la misma o en el régimen de convenciones colectivas del trabajo, por lo que, no encontrándose configurado en autos ese presupuesto de aplicación de la norma, el recurso debe ser acogido en este tramo.
III.3. Por lógica consecuencia y tal como también lo solicita el municipio impugnante, debe quedar sin efecto lo decidido en la instancia anterior respecto del despido indirecto del actor (art. 242, LCT) así como las indemnizaciones contempladas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323, a la par que la aplicación en la especie del art. 39 de la ley 11.653 y la condena a entregar el certificado previsto en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya inaplicación a la especie fue más arriba definida.
III.4. En razón de lo expuesto, si mi propuesta fuera compartida, la sentencia de grado debe ser dejada sin efecto en su totalidad, toda vez que la decisión se basó en normas cuya aplicación a la especie no corresponde. Los autos deben volver al tribunal de origen para que, con nueva integración y renovación de los actos que se estimen pertinentes, se resuelva la contienda de acuerdo con lo que aquí se dispone y atendiendo las pretensiones y defensas de las contendientes.
IV. Por lo expuesto, corresponde acoger el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a la solución que propone mi distinguido colega doctor Genoud, desde que no se ha demostrado en autos que en la especie concurriera alguno de los supuestos de excepción a los que el art. 2 inc. "a" de la Ley de Contrato de Trabajo supedita la aplicación de la ley sustantiva laboral a los dependientes de la administración pública.
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Atento el modo como ha sido resuelta la primera cuestión, no corresponde abordar el agravio relativo a la limitación de las costas.
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído a fs. 669/673 y se revoca la sentencia impugnada de conformidad con lo establecido en el punto III.4. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, con diferente integración y previa renovación -en su caso- de los actos procesales pertinentes, dicte nuevo pronunciamiento con los alcances indicados.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/03/2021 20:54:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/03/2021 15:48:06 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/03/2021 17:11:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/03/2021 19:09:21 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/03/2021 08:48:01 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia