Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128478
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Valeria Sabrina Ester Cortez y, en consecuencia, condenó a Security System S.A. a abonar las sumas que especificó en concepto de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral. En cambio, la rechazó, respecto de la coaccionada Bayersegu S.A. (v. pronunciamiento de fecha 7-XII-2021).
Para así decidir, en primer lugar, juzgó acreditada la relación laboral entre la actora y Security System S.A. y justificado el despido indirecto de conformidad con lo dispuesto por el art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Luego, en lo que interesa resaltar, descartó que existiera responsabilidad de la codemandada Bayersegu S.A. en los términos de los arts. 26, 29, 29 bis y 31 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II. Frente a lo así resuelto la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 28-XII-2021), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de 29-XII-2021).
En su impugnación denuncia absurdo en la valoración de la prueba y alteración de la carga probatoria.
En lo sustancial, se agravia, del rechazo de la acción intentada contra Bayersegu S.A., exponiendo las razones por las cuales lo considera solidariamente responsable.
Luego, afirma que el a quo no aplicó el art. 26 de la Ley de Contrato de Trabajo, pues entiende que, en el caso, se debate un supuesto de pluralidad de empleadores.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, corresponde destacar que determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral, y en general, valorar las pruebas producidas, constituye una cuestión reservada -en principio- en forma privativa a los magistrados del trabajo y, por lo tanto, no resulta susceptible de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 121.905, "Herrera", resol. de 7-III-2019; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.302, "Kessler", resol. de 9-XII-2020).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco", resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020), pues no constituye absurdo cualquier error o la apreciación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más, esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 116.954, "Dipiero", sent. de 6-VIII-2014; L. 123.652, "Zalazar", resol. de 6-VII-2020 y L. 125.471, "Chiminelli", resol. de 6-XI-2020).
III.2 En ese orden, el sentenciante de grado entendió probada la existencia de una relación de trabajo dependiente y subordinada, únicamente, entre el actor y Security System S.A.
Respecto de la firma Bayersegu S.A., afirmó que la actora, en su escrito de demanda, responsabilizó a la citada accionada en los términos de los arts. 5, 26, 29, 29 bis, 31, 136 y 225 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo, normas que prevén diversos supuestos, totalmente diferentes y, en algunos casos, contradictorios entre sí, lo que conllevaría a desestimar la pretensión por incumplimiento de lo establecido en el art. 330 Código Procesal Civil y Comercial.
Sin perjuicio de ello, concluyó que no existe responsabilidad de Bayersegu S.A. en los términos del art. 26 de la ley 20.744, habida cuenta de que no resultó probado un vínculo dependiente entre la demandante y la aludida empresa.
Tampoco se han invocado o acreditado los presupuestos fácticos previstos en los art. 29 y 29 bis de la citada ley, los que declaró inaplicables; como así tampoco la existencia de maniobras fraudulentas, ni conducción temeraria que pudieran justificar la extensión de solidaridad en los términos del art. 31 de la mencionada Ley de Contrato de Trabajo. Y si bien, destacó que Bayersegu S.A. compró acciones de Security System S.A. no se probó la transferencia del establecimiento, ni que el vínculo laboral continuara con el sucesor o adquirente.
III.3. Tal conclusión no logra ser conmovida por la impugnante, pues si bien ha denunciado el referido vicio de absurdo, el cuestionamiento expuesto no es hábil para demostrar su existencia, ya que las alegaciones formuladas no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas "Girimonti", resol. de 5-VI-2019; L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020; L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021 y L. 126.986, "Giménez", resol. de 29-XI-2021).
De este modo, la argumentación que formula no exhibe otro sustento más que su disconformidad con la decisión de grado, señalando posibles deficiencias en la evaluación realizada por los sentenciantes, pretendiendo esencialmente hacer prevalecer su opinión sobre la del juzgador en lo que atañe a la facultad de interpretar las probanzas del proceso, método este totalmente inapropiado para evidenciar el absurdo alegado (causas L. 126.316, "Schwindt", resol. de 20-X-2021 y L. 127.628, "Benítez", resol. de 28-XII-2021).
III.4. Por su parte, en lo relativo a la denunciada transgresión a las reglas de la carga de la prueba, el interesado no evidencia que el fallo luzca apartado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 118.218, "Zaffaroni", resol. de 3-XII-2014; L. 118.303, "Bellendier", resol. de 15-IV-2015 y L. 117.225, "Ruiz Díaz", sent. de 22-IV-2015), hipótesis expresamente descartada en el sub lite .
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/08/2022 21:07:24 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/08/2022 09:03:13 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/08/2022 09:49:35 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2022 15:59:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2022 19:20:31 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/09/2022 12:14:49 hs. bajo el número RR-1076-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia