Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125822
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.822, "Martinez, Claudia Lorena contra Hernández, Eduardo Arturo. Cobro de salarios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud, Maidana .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda deducida e impuso las costas del modo que especificó (v. sent., fs. 320/337).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 343/354 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal interviniente hizo lugar a la demanda promovida por la señora Claudia Lorena Martinez contra Eduardo Arturo Hernández, condenándolo al pago de las sumas que estableció en concepto de indemnizaciones por despido y sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido, días trabajados en el mes de febrero de 2011, sueldo anual complementario proporcional, vacaciones no gozadas, multas contempladas en los arts. 2 de ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345) con más la entrega de la certificación de servicios prevista en la disposición precitada.
En cambio, desestimó la pretensión de cobro de diferencias salariales, incremento indemnizatorio del art. 1 de la ley 25.323 y, por mayoría, la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Con relación a este último rubro, motivo de agravio, lo rechazó en tanto -consideró- que mediante los recibos de haberes acompañados por la actora quedó demostrado el presupuesto de la retención de aportes determinado en la norma en cuestión, mas no se acreditó -sostuvo- que efectivamente se hubiese incumplido con el ingreso de aquellos a los organismos de la seguridad social, por lo que entendió que no se dio cumplimiento con los recaudos para la procedencia de dicho reclamo (v. sent., fs. 325 vta./326 vta.).
Con apoyo en la prueba documental y en la pericia contable obrante a fs. 157/161 vta., juzgó probado que la trabajadora prestó servicios a las órdenes del demandado desde el 31 de agosto de 2005 hasta el 23 de febrero de 2011, revistiendo la "categoría 3" del Convenio Colectivo de Trabajo 528/08 con modalidad de contratación "media jornada", siendo su mejor remuneración mensual, normal y habitual la suma de $1.628,12; y que el vínculo se resolvió el día señalado, por despido directo en los términos del art. 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Impuso las costas a la parte demandada por las pretensiones admitidas y a la actora por aquellas rechazadas; esto último, sin perjuicio del beneficio de gratuidad que le asiste a la trabajadora (conf. arts. 19, 22, 63 y concs., ley 11.653; 68 y sigs., CPCC y 20, LCT). En orden a esta temática, por mayoría, limitó la responsabilidad de la accionada con fundamento en los arts. 730 del Código Civil y Comercial; 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, y la doctrina legal del precedente identificado como L. 117.701, "Titos" (sent. de 20-V-2015; v. fs. 331/332).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de las normas y de la doctrina legal que cita (v. fs. 343/354 vta.).
II.1. En primer lugar, manifiesta que el órgano incurrió en error al interpretar la forma de aplicación de las escalas salariales del Convenio Colectivo de Trabajo 526/08, obrantes a fs. 127/135.
Sostiene que el tribunal al tener por acreditado "...Que devengó y percibió las sumas detalladas en el anexo 1 de la pericia contable a fs. 155 y que la mejor remuneración ascendió a $1.628,12..." (fs. 320 vta.), r ealizó una absurda interpretación de la prueba producida, toda vez que -señala- los adicionales identificados como "puntualidad/conducta (mensual) y asistencia perfecta (mensual)" son sumas fijas que no deben ser liquidadas en forma proporcional a las horas efectivamente laboradas por el trabajador. Así, sostiene, el sentenciante debió aplicar de oficio dichas escalas (v. fs. 344 y vta.).
Por ello, solicita se revoque la sentencia en ese aspecto, se fije la remuneración de la trabajadora en base a la correspondiente aplicación de las escalas citadas y se haga lugar al pago de las diferencias salariales reclamadas.
II.2. En segundo lugar, objeta el rechazo de la sanción normada en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Alega que la decisión de grado resulta inválida, puesto que el tribunal de origen incurrió en un error en la apreciación de los antecedentes del caso y en la aplicación de las reglas que rigen el onus probandi (v. fs. 345 y vta.).
En este sentido, afirma que el a quo transgredió la doctrina legal de esta Suprema Corte relativa al art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, porque exigió a la parte actora que demuestre el incumplimiento de la obligación de ingresar las sumas retenidas por la empleadora, extremo que correspondía acreditar a la contraria (v. fs. 346 y vta.).
En base a estas consideraciones, peticiona la revocación parcial de la sentencia recurrida, y -asimismo- que se ordene el pago de la sanción que es materia de agravio.
II.3. En otro orden, plantea la inconstitucionalidad del art. 730 del Código Civil y Comercial y la violación del art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y de la doctrina legal que cita.
Censura la decisión de mérito por haber limitado -de oficio- la responsabilidad por las costas a cargo de la demandada por aplicación de los preceptos citados, con apoyo -aduce el compareciente- en la remisión al precedente de esta Corte registrado como L. 117.701, "Titos" (sent. de 20-V-2015; v. fs. 347).
Alega que el fallo arriba a un resultado disvalioso en tanto, arguye, a raíz de una errónea interpretación del caso citado se atribuye a la actora, vencedera en el litigio, la carga de asumir el pago del saldo sobre los honorarios regulados a su abogado y peritos intervinientes. Ello, en desmedro del patrimonio y de los principios de indemnidad e integridad de las remuneraciones e indemnizaciones del trabajador (v. fs. 347 vta. y 348).
Aduce quebrantados el principio protectorio y el derecho de propiedad de la accionante (art. 17, Const. nac.), puesto que -argumenta- el reclamo de autos tuvo su origen -en forma exclusiva- en la actitud incumplidora de la demandada (v. fs. 349 vta. y 350).
Denuncia violación del derecho de igualdad (art. 16, Const. nac.), por cuanto, en el caso, un profesional acreedor de sus honorarios regulados judicialmente es tratado de un modo diferente al resto de los deudores y acreedores, circunstancia que implica un menoscabo de su trabajo, que se presume oneroso y cuya retribución tiene carácter alimentario (v. fs. 350 y vta.).
Destaca que los arts. 730 del Código Civil y Comercial y 277 de la ley 20.744 (t.o.), conculcan -también- normativa constitucional relativa a la distribución de competencias, en tanto en su redacción el legislador se excedió de los poderes delegados por las provincias al Estado nacional (arts. 5, 121, 122, 123 y concs., Const. nac.; v. rec., fs. cit. y sigs.).
Arguye vulnerados tratados internacionales con jerarquía constitucional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto -sostiene- se obliga en forma compulsiva a la trabajadora a colaborar con la parte vencida para solventar los gastos del proceso, de modo injusto y en detrimento de su patrimonio (v. fs. 351 vta. y sigs.).
Esgrime el perjuicio del profesional que, en ejercicio de su actividad, intervino en la defensa del derecho de la actora, ya que se lo coloca en la situación de reclamarle a su representada vencedora la diferencia de los honorarios regulados o renunciar a parte de estos. Añade que es irrazonable que se prive al abogado de ejecutar al deudor un crédito amparado por el art. 17 de la Constitución nacional y reconocido por una sentencia firme pasada en autoridad de cosa juzgada.
En base a tales consideraciones solicita se declare la inconstitucionalidad de las normas impugnadas y se revoque la sentencia en este aspecto (v. fs. 354).
III. El recurso no prospera.
III.1. Cuestiones de orden metodológico imponen examinar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del remedio, particularmente en lo que respecta al valor del litigio.
III.2. En el caso, los cuestionamientos traídos por la interesada versan sobre pretensiones independientes deducidas en una misma demanda (acumulación objetiva), constatándose que una de ellas -la sanción conminatoria del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo- debe juzgarse como de monto indeterminado (causas L. 123.060, "Font", resol. de 11-III-2020; L. 125.158, "Sangorrin", resol. de 4-III-2021 y L. 126.836, "Fernández", resol. de 26-V-2021).
III.3.a. En cambio, la admisibilidad respecto de los restantes agravios propuestos -representado por la diferencia entre el importe de la condena establecido en la sentencia y el que habría de obtenerse teniendo en cuenta la remuneración pretendida conforme las escalas salariales denunciadas; más la suma que surgiría en materia de costas, sin el límite del 25% impuesto a la parte demandada-, no superan el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (ley 14.141), de modo que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a este respecto, debe ser analizado dentro del marco definido en el art. 55 primer párrafo in fine , de la ley ritual del fuero.
Así, en principio, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
No obstante lo expuesto, atento a que se esgrime la inconstitucionalidad de la aplicación del límite de imposición de costas previsto en los arts. 730 del Código Civil y Comercial y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, es que el tratamiento de dicho agravio, por implicar el análisis de una cuestión federal, no ha de limitarse en los términos recién señalados.
Al respecto, ha declarado esta Suprema Corte que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los mencionados arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que según ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2478 in re "Di Mascio"), es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011; e.o.).
III.3.b.i. Desde tal perspectiva, y en orden al agravio por conducto del cual la compareciente cuestiona la forma de aplicación de las escalas salariales del Convenio Colectivo de Trabajo 526/08 efectuada por el sentenciante de mérito, la exclusión de la excepción contenida en la norma procesal citada se impone nítida desde que el precedente que trae a consideración a fs. 344 y vta. alude a la doctrina legal definitoria del vicio de absurdo, la cual -conforme ha sostenido este Superior Tribunal en reiteradas oportunidades- resulta carente de idoneidad a los fines de abrir la competencia revisora por el estrecho carril antes referido (causas L. 117.361, "López Aguado", sent. de 16-VII-2014 y L. 120.492, "Olmos", resol. de 21-VI-2017).
III.3.b.ii. En ese orden, la doctrina que se denuncia violada a fs. 344 vta. -proveniente de la causa L. 37.100, "Cammarota", sentencia de 26-XII-1986- deviene ineficaz, pues fue elaborada sobre la base de presupuestos fácticos diferentes a los que se ventilan en la presente litis (causas L. 120.736, "Gorosito", sent. de 27-VII-2020; L. 124.183, "Britos", sent. de 9-XII-2020 y L. 123.734, "Peralta", sent. de 18-V-2021; e.o.).
Asimismo, debe descartarse como propuesta de impugnación en el acotado marco de la vía extraordinaria de excepción en tratamiento, la relativa a cuestiones de índole fáctica y probatoria privativas del tribunal de grado, desde que a ello remiten los pretensos agravios fundados en la interpretación y aplicación de un determinado Convenio Colectivo de Trabajo (causas L. 82.429, "Monti", sent. de 7-IX-2005; L. 84.586, "Aguilar", sent. de 8-XI-2006 y L. 89.005, "Baratti", sent. de 31-X-2007; e.o.).
III.4.a. Ahora bien, como anticipé, ningún reparo admite en cuanto a su admisibilidad, el embate dirigido a censurar aquella parcela del pronunciamiento de origen con arreglo a la cual se rechazó la imposición de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, pues el importe de la penalidad establecida en la citada norma legal sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acredite de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, lo que torna el valor del litigio, a los fines del recurso, como de monto indeterminado (art. 55, ley 11.653; causas L. 115.021, "Mazza", sent. de 27-XI-2013; L. 117.532, "Norese", resol. de 1-VII-2015; L. 122.784, "Eguren", resol. de 18-IX-2019 y L. 126.825, "Cherchyk", resol. de 17-VIII-2021).
III.4.b. Sentado ello, es sabido que establecer -con arreglo a la prueba producida- si se verifican, o no, los requisitos a los que la norma subordina la aplicación de la sanción conminatoria establecida en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según art. 43, ley 25.345) constituye una potestad privativa de los jueces de grado. Por ello, las conclusiones que se formulen al respecto en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no son susceptibles de revisión en casación, salvo que se acredite el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 115.021, "Mazza", sent. de 27-XI-2013; L. 116.633, "De Lucca", sent. de 19-IX-2013; L. 119.732, "Cifuentes", sent. de 25-X-2017 y L. 124.724, "Ibarra", sent. de 9-II-2021).
La impugnante no alega que el razonamiento seguido por el juzgador provenga de una absurda valoración de los elementos de juicio analizados en la sentencia. Su reclamo se enfoca en una indebida atribución del onus probandi , en violación del art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial.
Desde la perspectiva propuesta, la crítica no puede tener cabida.
La lectura de la sentencia es clara en cuanto a que en la especie el tribunal de origen no atribuyó a ninguna de las partes la carga de acreditar el extremo en disputa. Por el contrario, dirimió la cuestión litigiosa con arreglo a los elementos de juicio arrimados a la causa, es decir, con apoyo en el principio de adquisición procesal.
Lo hasta aquí señalado deja en evidencia la ineficacia del intento revisor, puesto que, además de basarse en una afirmación carente de correlato con el pronunciamiento en crisis, el interesado no despliega argumentación alguna que permita evidenciar -ante un extremo de índole fáctica- que la conclusión alcanzada sobre el tópico sea absurda.
III.5. Tampoco prospera la objeción planteada en torno a la aplicación del límite previsto en los arts. 730 del Código Civil y Comercial y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, agravio que -conforme lo adelantado- habrá de ser tratado sin ningún reparo en cuanto a su admisibilidad.
III.5.a. Inicialmente cabe destacar que la recurrente, por su condición de trabajadora, se encuentra amparada por el beneficio de gratuidad, cuyos efectos se proyectan de pleno derecho como una eximente de pago hasta que mejore de fortuna (causas L. 101.639, "Palavecino", sent. de 22-XII-2010; L. 101.820, "Palavecino", sent. de 29-VI-2011; L. 103.580, "Sánchez", sent. de 14-XII-2011 y L. 121.598, "Brites", sent. de 4-XII-2019).
De modo que, ceñida la impugnación al particular extremo señalado, no se verifica la existencia de un agravio actual que concite la revisión del planteo por la vía extraordinaria.
III.5.b.i. Sin perjuicio de ello, considero que la impugnante no acredita la violación de la doctrina legal que invoca por parte del órgano jurisdiccional de la instancia. Más aún: lo resuelto en la sentencia recurrida se ajusta a las directrices que en la materia emanan de los pronunciamientos de esta Corte, incluido el precedente L. 117.701, "Titos" (sent. de 20-V-2015) citado por la recurrente (causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002; L. 73.148, "Sciandra", sent. de 12-III-2003; L. 123.109, "Sosa", sent. de 30-VIII-2021 y L. 124.848, "Ventrice", sent. de 1-IV-2022; e.o.).
III.5.b.ii. En efecto, cabe recordar que este Tribunal se ha expedido sobre la validez del límite previsto por la ley 24.432, que modifica el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, receptado en iguales términos por el art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación (causas L. 120.948, "Cano", sent. de 27-VI-2020; L. 121.845, "Romero", sent. de 27-VII-2020 y L. 121.786, "Ortellado", sent. de 4-VIII-2020).
III.5.c. Finalmente, no es ocioso señalar que la cita de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de otros tribunales de justicia efectuada por el interesado a lo largo del desarrollo de su postulación impugnativa no constituyen doctrina legal (causas L. 91.908, "Acuña", sent. de 18-III-2009; L. 117.691, "Giberti", resol. de 5-III-2014 y L. 121.975, "Mansilla", resol. de 5-VI-2019; e.o.).
III.5.d. Por último, debe señalarse que tampoco puede prosperar el agravio vinculado con la situación del letrado de la accionante, atento que su actuación en esta instancia extraordinaria se circunscribe a su calidad de "apoderado de la parte actora", no observándose entonces un interés jurídico que legitime la pretendida revisión (conf. causa L. 96.357, "Pietrangeli", sent. de 9-IX-2009 y L. 118.773, "Fernández", sent. de 4-XII-2017).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por mi distinguido colega doctor Torres en el punto III.2. y en los dos primeros párrafos del punto III.3.a. de su voto.
I.2. Y en el marco de admisibilidad delineado, suscribo lo argumentado por el ponente para desestimar el primer agravio que contiene el medio de impugnación.
I.3. En orden al cuestionamiento vinculado con lo resuelto sobre el reclamo fundado en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, las siguientes razones, centradas en su insuficiencia, me conducen a su desestimación.
El discurso del recurrente parte de la afirmación en la que se asegura que el tribunal de grado incurrió "...en un error en la apreciación de los antecedentes de autos y en la aplicación de la doctrina...".
Sin embargo, en ningún pasaje de este tramo del recurso se encarga el interesado de denunciar la eventual configuración del vicio de absurdo en la ponderación por parte del a quo de los "antecedentes" del caso que refiere, carga que ante tal tipo de planteos es invariabl
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.