Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131011
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declaran nulos de oficio el veredicto y la sentencia de fecha 12 de junio de 2023 y se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, con diferente integración, renueve los actos procesales necesarios y dicte nuevo pronunciamiento.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.011, "Lauro, Christopher Andrew contra Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina. Cobro de salarios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la demanda promovida, con costas a cargo de la accionada (v. sent. de fecha 12-VI-2023).
Se dedujeron, por esta última, recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 29-VI-2023).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen del día 5-II-2024), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Corresponde anular de oficio el veredicto y la sentencia de fecha 12 de junio de 2023?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
3ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de origen declaró la nulidad del despido del señor Christopher Andrew Lauro y condenó a Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina a reincorporarlo en su puesto de trabajo en las mismas condiciones laborales existentes al día 1 de enero de 2020, bajo apercibimiento de fijar astreintes por cada día de demora; y a pagarle una indemnización en concepto de daño material y moral (v. sent. de fecha 12-VI-2023).
Para así decidir, en el veredicto —luego de referirse a lo postulado en los escritos constitutivos de la litis , a lo resuelto oportunamente en torno a la excepción de litispendencia planteada por la demandada y a la prueba documental, informativa, pericial contable y oral producida en la causa— juzgó acreditado que el actor fue designado delegado regional de la entidad sindical, como colaborador directo del Secretario de Interior y Delegaciones en sus respectivas zonas de actuación por resolución de fecha 6 de junio de 2014 del Secretario General (Ángel Alberto García) y del Secretario de Interior y Delegaciones (Miguel Ángel Arena), lo que —a su entender— implicó la existencia de una relación laboral por tiempo indeterminado con la demandada (v. vered., pág. 10).
Luego, señaló que en diciembre del año 2017 la entidad accionada fue intervenida por el Ministerio de Trabajo de la Nación en razón de encontrarse el Secretario General con mandato vencido. Refirió que fue designado en un primer momento un delegado normalizador (Patricio Lombilla) que —mediante resoluciones de fecha 21 de julio de 2018 con validez temporal hasta el 25 de agosto de 2018, reafirmada por resolución de 27 de agosto de 2018 hasta el 25 de octubre de 2018— confirmó al actor como delegado regional para General Pueyrredón, Pinamar, Cariló, Villa Gesell, Mar Azul, Mar de Cobo y Santa Clara del Mar y, posteriormente, un nuevo delegado normalizador (Rodolfo Emilio Alonso) hizo lo propio —según resolución de 15 de enero de 2019—, renovando la función del accionante el 10 de mayo de 2019 por un plazo de cien días desde el nombramiento.
Seguidamente, indicó que el 20 de octubre de 2019 se llevaron a cabo elecciones para cubrir cargos de la comisión directiva, Secretario de Prensa y Relaciones Públicas, obteniendo el triunfo la Lista Naranja n° 2 (v. vered., pág.11). Agregó que el acto electoral fue suspendido cautelarmente mediante incidente interlocutorio que dejó sin efecto lo actuado por el Ministerio de Trabajo con posterioridad al 26 de diciembre de 2018, extendiéndose las consecuencias a la designación del delegado normalizador Alonso y sus resoluciones (v. vered., pág. cit.).
Señaló, por otro lado, que en los autos "García Ángel Alberto c/Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/Ley de Asociaciones Sindicales" —expediente número 53.147/2017— el anterior Secretario General García, obtuvo —mediante decisión de asamblea general extraordinaria— la prórroga de los mandatos, ordenando a la autoridad de aplicación otorgar certificación provisoria de autoridades, la que fue recurrida ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aún sin resolución firme.
En tal contexto, afirmó que el señor García retomó la conducción del gremio en forma provisoria en enero de 2020, no reconoció el carácter de "Delegado Regional" detentado por el señor Lauro, le dejó de abonar salarios y de otorgar tareas acordes a su categoría profesional, desconociendo la existencia de vínculo laboral alguno.
Concluyó así que "el trabajador goza de tutela sindical desde el día de su designación 06/06/2014 y que la misma, aún no ha cesado en tanto se han cuestionado posteriores actos eleccionarios -sin decisión judicial firme a la fecha- y que, por la última resolución habida se ha ratificado provisoriamente al Secretario General Sr. García en su cargo, quien fue el que designó al Sr. Lauro oportunamente (art. 50 Ley 23.551); que tal representante, al retomar la conducción del gremio en enero de 2020, no reconoció al actor como Delegado Regional [...] que no se ha producido la ruptura de la relación de trabajo claramente acreditada [...] se le dejaron de otorgar tareas acordes a su categoría profesional desconociéndosele vínculo laboral alguno y de abonar salarios, en clara violación a lo dispuesto por la Ley de Asociaciones Sindicales, resultando ello un acto discriminatorio por motivos sindicales, todo lo que tengo por cierto y probado..." (vered., pág. 12).
Luego, tuvo por probado el salario del actor denunciado en el escrito de inicio, ante la falta de exhibición de la demandada de los libros de sueldos y jornales (conf. arts. 52, 55 y 56 de la Ley de Contrato de Trabajo y 39 de la ley 11.653 aplicable al caso).
Destacó finalmente que es el trabajador quien tiene la carga de aportar un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental. En tal sentido, configurado el cuadro indiciario, recae sobre el empleador la carga de acreditar que su actuación tiene causas reales absolutamente extrañas a la invocada vulneración de derechos fundamentales (v. vered., pág. 13). Citó en apoyo, lo resuelto por esta Corte en la causa L. 120.395, "Laterza" (sent. de 29-VI-2020).
Ya en la sentencia, conforme los extremos fácticos probados, valoró que la accionada actuó en clara violación de los arts. 50, 51, 52 y concordantes de la ley 23.551, de las directivas emergentes de la Ley de Contrato de Trabajo, de la Constitución nacional y provincial y de los tratados internacionales que condenan la discriminación y garantizan la protección y libre ejercicio de sindicalización, por lo que consideró que la acción entablada debía prosperar por "encontrarnos frente a actos discriminatorios por motivos gremiales" (pronunciamiento, págs. 14 y 15).
Bajo este razonamiento, declaró nulo "tal comportamiento" y ordenó reestablecer las cosas al estado anterior a que ello ocurriera, reinstalando al trabajador en su puesto de trabajo. En ese marco, estableció que la mentada nulidad acarrea la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, por lo que ordenó el consecuente pago de las remuneraciones no abonadas y su incidencia en el Sueldo Anual Complementario (SAC), por todo el período desde la fecha del impedimento (1 de enero de 2020) y hasta la de la efectiva reincorporación —lo que provisoriamente liquidó hasta la sentencia—, con más el cobro de una reparación en concepto de daño moral que estableció en doce salarios. Al monto así determinado, adicionó los intereses devengados del modo que especificó (v. pronunciamiento, págs. 15 y sigs.).
II. Corresponde responder afirmativamente al primer interrogante planteado.
III.1. La anulación oficiosa de los pronunciamientos judiciales constituye una facultad exclusiva y excluyente de esta Suprema Corte (causas L. 121.034, "Pinto", sent. de 14-VIII-2019; L. 121.446, "Mañas", sent. de 23-II-2021 y L. 125.138, "Montes de Oca", sent. de 3-VI-2023), que debe ser ejercida en casos extremos.
Entre ellos, cuando —como aquí se advierte— los defectos de los cuales resulta portador el pronunciamiento impiden a esta Corte conocer cabalmente de su legalidad, en tanto no proporciona los parámetros necesarios para resolver las cuestiones litigiosas ni expone conclusiones sobre cuestiones esenciales (causas L. 96.701, "Cascallana", sent. de 5-VI-2013; L. 120.348, "Díaz", sent. de 21-XI-2018; L. 126.865, "Ifran", sent. de 6-XII-2023; e.o.).
III.2. Sentado lo anterior, considero que —en efecto— concurren en el caso las especiales circunstancias que habilitan a acudir a la excepcional solución anunciada.
A tal fin, formularé brevemente una reseña de los antecedentes que considero relevantes para concluir en el sentido expuesto.
III.2.a. El actor en su demanda accionó con fundamento en lo previsto por la ley 23.592 con el objeto de "hacer cesar el comportamiento discriminatorio y arbitrario" de la demandada, consistente en el desconocimiento del vínculo laboral denunciado por "evidentes motivos gremiales" que obedecen a su participación en las elecciones llevadas a cabo el día 20 de noviembre de 2019, y ocurrido —según lo alegado— a partir de que el señor García retomó la conducción provisoria del gremio en el mes de enero de 2020 (v. presentación electrónica de fecha 10-XII-2021).
La accionada, a su turno, negó los hechos invocados y, en lo que aquí interesa destacar, dijo que el cargo de delegado regional no se encuentra amparado por las garantías previstas por la ley 23.551. Asimismo, cuestionó la validez de las mencionadas elecciones del mes de noviembre de 2019.
Alegó, por otro lado, que el vínculo con el demandante se extinguió por la voluntad concurrente de las partes conforme lo prevé el tercer párrafo del art. 241 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. presentación electrónica de fecha 9-II-2022).
En el veredicto, el sentenciante tuvo por acreditado que el actor fue designado delegado regional de la entidad sindical por resolución de fecha 6 de junio de 2014, como colaborador directo del Secretario de Interior y Delegaciones en sus respectivas zonas de actuación, lo que implicó con la demandada "una relación laboral por tiempo indeterminado" (vered. pág. 10).
Afirmó, luego de referirse a la intervención de la accionada efectuada por el Ministerio de Trabajo de la Nación y los posteriores hechos acontecidos —reseñados anteriormente—, "que el trabajador goza de tutela sindical desde el día de su designación" —en referencia al 6 de junio de 2014—, citando como fundamento jurídico el art. 50 de la ley 23.551. Concluyó, en tal contexto, que el desconocimiento del vínculo laboral, la falta de asignación de tareas y de pago de salarios al actor "resultó un acto discriminatorio por motivos sindicales" (vered., pág. 12).
Ya en la sentencia, en la primera cuestión tratada resolvió hacer lugar a la demanda por "actos discriminatorios por motivos gremiales" citando, entre otras normas, los arts. 50, 51, 52 y concordantes de la ley 23.551 (v. pronunciamiento, pág. 14 y 15). Seguidamente, al responder el segundo interrogante planteado —al igual que en la parte dispositiva del fallo—, declaró "nulo el despido" y ordenó la reinstalación del trabajador en su puesto de trabajo conforme las condiciones laborales que revistaba al 1 de enero de 2020 (v. pronunciamiento, págs. 19 y sigs.).
III.2.b. En el escenario planteado, tal y como adelanté, esta Corte se halla impedida de revisar la legalidad del pronunciamiento cuestionado por las vías extraordinarias articuladas. Nótese que el órgano jurisdiccional interviniente resolvió hacer lugar a la acción entablada por "actos discriminatorios" con sustento en las normas de la Ley de Asociaciones Sindicales referidas, de forma dogmática, sin indicar cómo arribó a la conclusión medular que postula que el actor goza de tutela sindical en los términos del art. 50 de la ley citada.
Se advierte que el juzgador de origen no ha brindado las razones por las que considera que el cargo de delegado regional detentado por el accionante es un cargo de representación gremial amparado por la referida norma y, a su vez, tampoco ha reparado —siquiera mencionado— en la circunstancia invocada en el escrito de inicio referida a la postulación del señor Lauro como candidato a Secretario de Prensa y Relaciones Públicas en las elecciones llevadas a cabo el día 20 de noviembre de 2019, situación que condujo al actor a atribuir a la demandada una conducta discriminatoria (v. demanda, en especial apartado IV titulado "Fundamentos jurídicos").
Luego, al indicar que el trabajador tiene la carga de aportar un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental, no explicó cuál es el cuadro indiciario que estimó configurado para invertir la carga probatoria (v. vered., pág. 13), a la par que, tampoco arribó a una conclusión vinculada a la prueba que atribuyó al empleador.
Finalmente, emerge con claridad de la sentencia que, en ocasión de brindar respuesta al segundo interrogante planteado, la magistrada que abrió el acuerdo —que concitó la adhesión, en lo que aquí interesa, de las que siguieron en el orden de votación— propuso declarar "nulo el despido" (pronunciamiento, págs. 14 y 15). Ello denota una manifiesta contradicción con lo resuelto anteriormente en el fallo de los hechos, ya que allí, sin perjuicio de lo argumentado por la demandada —en tanto planteó, como indiqué, que el vínculo laboral se extinguió por la voluntad concurrente de las partes en los términos del art. 241 de la Ley de Contrato de Trabajo— estimó comprobado que no se produjo la ruptura de la relación laboral que juzgó acreditada entre las partes (v. vered. pág. 12).
III.2.c De este modo, las graves contradicciones argumentativas que exhibe el fallo conducen a que este Superior Tribunal deba acudir al ejercicio de su excepcional potestad de anular oficiosamente, pues no permiten que pueda conocer en los recursos extraordinarios deducidos.
Recuérdese, a esta altura, que nada exime a esta Suprema Corte de la responsabilidad que le incumbe por la estricta observancia de las formas instituidas en procura de la mejor administración de justicia (causas L. 118.248, "Díaz", sent. de 14-X-2015; L. 119.517, "Salomón", sent. de 21-VI-2017 y L. 125.473, "Escudero", sent. de 3-V-2023).
IV. Por lo expuesto, corresponde declarar de oficio la nulidad del veredicto y la sentencia de fecha 12 de junio de 2023, debiendo remitirse la causa al órgano de origen a fin de que, integrado con otros jueces, renueve los actos procesales necesarios y dicte el pronunciamiento que corresponda.
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Torres y Soria , y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
En atención a la forma en que ha quedado resuelta la cuestión anterior, no corresponde ingresar al tratamiento de la presente.
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Torres y Soria y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
A la tercera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
En atención a la forma en que ha quedado resuelta la primera cuestión, no corresponde ingresar al tratamiento de la presente.
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Torres y Soria y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la tercera cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se declaran nulos de oficio el veredicto y la sentencia de fecha 12 de junio de 2023 y se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, con diferente integración, renueve los actos procesales necesarios y dicte nuevo pronunciamiento.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia