Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133616
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por la señora Nadia Soledad Fernández y, en consecuencia, condenó a la empresa Teleco S.A., a pagar la suma que especificó en concepto de liquidación final. Por otro lado, rechazó la acción contra el señor Claudio Caro (v. vered. y sent. de fecha 29-II-2024).
Para así decidir, concluyó que el contrato de trabajo se rescindió por determinación unilateral de la accionante el día 19 de septiembre del 2018. Asimismo, consideró no probado que la mencionada sociedad anónima haya abonado los rubros reclamados.
Finalmente, en lo que resulta materia de agravio, juzgó acreditado que Teleco S.A. incurrió en la conducta que tipifica el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (art. 43, ley 25.345).
II. Contra dicha decisión, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 17-III-2024), que fue concedido por el a quo (v. resol. de 8-X-2024).
En su presentación la compareciente alega absurdo. Denuncia la transgresión de las normas y de la doctrina legal que identifica.
En esencia, la crítica se orienta a cuestionar la decisión del órgano de grado en cuanto admitió la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (art. 43, ley 25.345).
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, corresponde aclarar que, dirigido el embate a censurar aquella parcela del pronunciamiento que acogió la imposición de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, el importe de la penalidad establecida en la citada norma legal sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, lo que torna al litigio, a los fines del recurso, como de monto indeterminado (art. 55, ley 11.653; causas L. 115.021, "Mazza", sent. de 27-XI-2013; L. 117.532, "Norese", resol. de 1-VII-2015; L. 121.376, "Aguirre", sent. del 14-XII-2020 y L. 130.746, "Gallego", resol. de 26-XII-2023).
III.2. Sentado ello, es oportuno recordar que determinar -con arreglo a las constancias adunadas en la causa- si se verifican los requisitos a los cuales el citado dispositivo legal subordina la aplicación de la sanción allí prevista, constituye una facultad privativa del tribunal de trabajo, y las conclusiones que al respecto se formulen no son susceptibles de revisión ante la Suprema Corte, salvo el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 118.900, "Rojas", resol. de 23-IX-2015; L. 119.786, "Gómez Jiménez", sent. de 27-VI-2018; L. 121.936, "Ilzarbe", sent. de 31-VIII-2020; L. 127.398, "Rizzo", resol. de 27-II-2023 y L. 128.299, "Molina", sent. de 30-IV-2024).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.111, "Ferreyra", resol. de 16-VI-2020; L. 127.198, "Nitsch", sent. de 23-XI-2023 y L. 125.135, "Romero", sent. de 15-IV-2024), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurarlo (causas L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021; L. 121.726, "Herrera", resol. de 27-III-2023 y L. 129.594, "Andrada", resol. de 21-VI-2023).
III.3. Partiendo de esa base, el recurso es ineficaz, por insuficiente, toda vez que no alcanza a demostrar que el sentenciante hubiera incurrido en el vicio señalado.
En el caso, el tribunal del trabajo interviniente hizo lugar al reclamo afincado en la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la aludida ley laboral. En tal sentido, juzgó acreditado en virtud del informe elaborado por la AFIP que la demandada omitió depositar en su totalidad los importes retenidos a la trabajadora durante la vigencia del contrato laboral.
Así, las conclusiones expuestas en la sentencia impugnada no logran ser descalificadas por la recurrente. Ello así, puesto que las alegaciones formuladas no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos de aquella tarea llevada a cabo por los magistrados, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas "Girimonti", resol. de 5-VI-2019; L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020; L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021; L. 126.986, "Giménez", resol. de 29-XI-2021 y L. 133.163, "Bugñar", resol. de 2-IX-2025).
En este orden, cabe recordar que esta casación tiene dicho que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la impugnación concreta, directa y eficaz de todas las motivaciones esenciales del fallo objetado, siendo insuficiente el que -como en el caso- deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ella se asienta (causas L. 120.086, "M.A.V.", sent. de 7-III-2022; L. 125.608, "Suluja", sent. de 31-VIII-2022; L. 128.196, "Suárez", sent. de 6-XII-2023 y L. 131.343, "Fratelli", sent. de 15-IV-2025).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/11/2025 12:51:53 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/11/2025 13:00:00 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/11/2025 11:44:58 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2025 16:45:08 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/11/2025 08:49:12 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 26/11/2025 13:25:56 hs. bajo el número RR-1896-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia