Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130180
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.180, "Samica, Guillaume Giovanni y otros contra Asociación Civil Mar Chiquita Vóley Club y otro/a. Cobro de salarios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Torres , Soria , Budiño .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata, con asiento en dicha ciudad, acogió parcialmente la acción deducida e impuso las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 21-II-2022).
Se interpusieron, por las partes coactora Guillaume Giovanni Samica y codemandada Club Atlético Once Unidos, sendos recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fecha 9-III-2022).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 3-VIII-2023), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto por la codemandada Club Atlético Once Unidos?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley deducido por dicha parte?
En su caso:
3ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad incoado por la coactora Guillaume Giovanni Samica?
En caso negativo:
4ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley articulado por dicha parte?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal interviniente —en lo que resulta relevante— hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Nicolás Uriarte, Guillaume Giovanni Samica y Nicolás Martín Bruno en concepto de haberes adeudados, sueldo anual complementario, vacaciones proporcionales, premios e indemnización del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345). En lo que refiere al coactor Samica, condenó al Club Atlético Once Unidos y a la Asociación Civil Mar Chiquita Vóley Club al pago de la cantidad de dólares estadounidenses que indicó —o la suma en moneda de curso legal que resulte de su conversión a la cotización oficial del Banco de la Nación Argentina al tipo vendedor al momento del depósito— y a la entrega de la certificación prevista en la disposición legal citada.
Para así decidir, tuvo por acreditado que las entidades demandadas participaron de la vinculación contractual con los actores en carácter de empleadores conjuntos —en el marco del art. 26 de la Ley de Contrato de Trabajo— por haber articulado la plataforma fáctica a fin de que aquellos puedan desarrollar sus tareas de jugadores profesionales de vóley en la temporada 2012/2013, poniendo en marcha una organización destinada a dichos fines (v. sent., pág. 6).
Arribó a tal conclusión a partir de la interpretación que efectuó de los escritos constitutivos del proceso y la valoración de las constancias probatorias del expediente.
En este sentido, consideró el informe remitido por la Asociación de Clubes de Liga Argentina de Voleibol (ACLAV), en el cual se señaló que para la temporada 2012/2013 la única institución autorizada para disputar los torneos por ella organizados era el Club Atlético Once Unidos, que contaba en su plantel con los actores, quienes no podían jugar en ese contexto para otro club.
Destacó que lo antedicho no resultaba conmovido por la respuesta al oficio diligenciado a la Federación del Voleibol Argentino, que informó que la única entidad habilitada para la participación en la Liga Argentina A1 durante el período mencionado fue el Club Atlético Mar Chiquita Vóley Club. Ello así, apuntó el juzgador, toda vez que mediante la presentación del día 29 de octubre, dicho organismo acompañó copia del contrato que suscribiera con ACLAV, por el cual le delegó la organización de los torneos.
Ponderó también los testimonios prestados en la audiencia de vista de la causa por los señores Romanutti, Gorosito, Soriano, Gómez López, Bricioli, Solari, Bolgeri y Tadei, y la prueba pericial contable en la cual se indicó que, si bien la Asociación Civil Mar Chiquita Vóley Club era la encargada de abonar los importes en forma operativa, el titular de la plaza de la Liga Nacional era el Club Atlético Once Unidos.
Destacó, también, los dichos de los señores Gorosito y Romanutti, quienes manifestaron que dichas sumas eran abonadas en una oficina del estadio del Club Atlético Once Unidos.
Con base en lo expuesto juzgó que entre las coaccionadas existió una articulación conjunta dirigida a llevar a cabo las competencias aludidas, desempeñándose como empleadoras de los actores en el marco del art. 26 de la Ley de Contrato de Trabajo, en lugar de la figura invocada en el escrito de demanda (art. 29, ley cit.; v. vered., pág. 13).
Luego, con sustento en la referida prueba oral y el oficio contestado por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) tuvo por acreditado que los promotores del pleito son jugadores profesionales de vóley, siendo dicha actividad su medio de vida.
Valoró, asimismo, los convenios de beca deportiva celebrados por los actores en el mes de mayo de 2012 con la Asociación Civil Mar Chiquita Vóley Club, quien no desconoció su celebración y contenido, argumentando que se trató de una locación de servicios.
Con relación a esto último, aseveró que, admitida la prestación de servicios, pero negada la existencia de una relación laboral aduciendo otra de diversa naturaleza por la demandada, incumbía a esta última la carga de acreditar la alegada vinculación en virtud de lo dispuesto por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, y que, no habiéndolo hecho, debe regir la presunción de que las tareas se efectuaron en relación de dependencia.
A partir de la interpretación que efectuó de los referidos acuerdos, estimó verificadas las notas de subordinación propias del contrato de trabajo, por haberse impuesto a los actores obligaciones de asistencia, revisiones médicas, indumentaria, utilización de su imagen, prohibición de participar en torneos oficiales o amistosos, salvo que el club otorgue permisos, entre otras cuestiones.
Tuvo en cuenta también, respecto del actor el señor Samica, la respuesta al oficio remitido por migraciones, del cual surge —señaló el juzgador— que el nombrado solicitó residencia temporaria en el país como trabajador, anexando copia del contrato de locación de servicios firmado con dicha entidad.
A partir del entramado fáctico jurídico relatado, declaró probado que los actores trabajaron bajo las órdenes de los accionados, cumpliendo tareas desde el 1 de mayo de 2012 hasta el 31 de mayo de 2013.
Añadió que en razón de no llevar la Asociación Civil demandada libros laborales, debían cobrar virtualidad las presunciones establecidas en los arts. 55 y 39 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Sobre tal base hizo lugar a la demanda promovida por los actores contra las accionadas de manera solidaria por los conceptos y en las monedas antes indicadas.
Respecto de los intereses, luego de declarar aplicable al caso el Código Civil de Vélez Sarsfield (ley 340), resolvió que debían calcularse respecto de las sumas en moneda extranjera por las que prosperó el reclamo, de acuerdo a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos en dólares a treinta días.
II. Contra dicho pronunciamiento la codemandada Club Atlético Once Unidos interpone recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 9-III-2022).
En sustento del primero, denuncia arbitrariedad y violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial.
Afirma que el órgano de la instancia de grado no cumplió con la exigencia de fundamentación legal prevista en la última disposición citada, ya que, a tal efecto, no resulta suficiente la cita normativa o la remisión a argumentos brindados por otros tribunales, sino que debe existir —señala el compareciente— una motivación más completa.
Entiende vulnerada la garantía del debido proceso, por haber fallado en base a afirmaciones de excesiva generalidad, inobservando los arts. 18 de la Constitución nacional y 15 de la carta local.
Finalmente, alega que el juzgador inobservó el mencionado art. 168 por no verificarse en la causa el voto individual de los magistrados intervinientes, quienes se limitaron a efectuar una simple remisión a las razones expuestas por el colega que les precedió en el orden.
En razón de lo expuesto, solicita la nulidad del fallo en crisis.
III. En línea con lo dictaminado por el señor Procurador General, entiendo que el recurso no puede prosperar.
Por razones de método, alteraré el orden de los agravios ensayados para su tratamiento.
III.1. En primer lugar, el embate fincado en la supuesta carencia de voto individual que el quejoso sustenta en haberse efectuado una "simple remisión" a las razones expuestas por el juez que precedió en el orden de votación, no prospera. Al respecto, esta Corte reiteradamente ha declarado la validez del voto cuyos fundamentos no se expresan en extenso sino por adhesión a uno anterior emitido en el mismo acuerdo (causas Ac. 104.900, "Kozur", resol. de 29-XII-2008; L. 118.047, "Mignone", resol. de 12-XI-2014; L. 120.016, "Mozzi", sent. de 14-VIII-2019 y L. 120.531, "Camiscia", sent. de 9-XI-2020; e.o.).
III.2. El agravio fundado en la denuncia de violación del art. 171 de la Constitución tampoco es de recibo. Ello así, por cuanto el fallo impugnado posee sustento legal, sin que corresponda analizar en el marco del presente carril extraordinario el grado de acierto en su fundamentación (causas L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; L. 118.979, "Márquez", sent. de 21-IX-2016; L. 121.197, "Cevey", sent. de 31-VIII-2020 y L. 120.816; "Experta"; sent. de 30-III-2021; e.o.).
III.3. Por último, cabe señalar que las alegaciones vinculadas a la supuesta arbitrariedad del pronunciamiento, y a la eventual violación de garantías constitucionales, resultan impropias de la vía impugnatoria elegida (conf. causas L. 120.627, "Viñau", sent. de 31-VIII-2021; L. 120.648, "Amaya", sent. de 31-VIII-2021 y L. 121.439, "Escobar", sent. de 31-VIII-2021; e.o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Torres , Soria y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el Club Atlético Once Unidos denuncia absurdo y violación de los arts. 16, 17, 18, 19, 28, 31 y 33 de la Constitución nacional; 10, 15, 31, 57, 168 y 171 de la Constitución provincial; 26 de la Ley de Contrato de Trabajo; 34 inc. 4, 163 inc. 6, 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; y de la doctrina legal que cita.
I.1. Afirma que el tribunal de grado transgredió el principio de congruencia al haber asignado al Club Atlético Once Unidos el carácter de empleador de los actores por aplicación del art. 26 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando —expone— ello no había sido alegado en la demanda, oportunidad en que aquellos se limitaron a atribuirle su hipotética responsabilidad solidaria con sustento en lo normado en el art. 29 de dicho cuerpo normativo. Aduce que el tribunal de origen interpretó de manera absurda el referido escrito constitutivo. Cita doctrina vinculada a dicho postulado.
I.2. Controvierte la decisión de grado por haber atribuido al Club Atlético Once Unidos el carácter de empleador de los actores.
Postula que para arribar a tal conclusión el tribunal incurrió en absurdo en la valoración de las constancias probatorias.
En este orden, refiere que de las declaraciones prestadas en la audiencia de vista de la causa —identifica los testimonios de los señores Soriano, López Gómez, Bricioli, Solari y Tadei— no surge que los actores hayan sido contratados por el Club Atlético Once Unidos; y que no obstante ello el juzgador, por la sola circunstancia de haberse utilizado la afiliación de este último a la Asociación de Clubes Liga Argentina (ACLAV), y sus instalaciones, le enrostró la condición de empleador de los accionantes.
Argumenta que de la referida prueba oral se desprende que la recurrente no tuvo injerencia alguna en el equipo de vóley en el que jugaron los actores: no les daba instrucciones, ni abonaba sumas, viáticos, ni suministraba comidas, transporte, alojamiento; en fin, sostiene que no existió subordinación de ninguna índole; siendo la Provincia de Buenos Aires, a través de la Secretaría de Deportes, quien tenía a su cargo, y era responsable del proyecto de Buenos Aires Unidos.
Añade que de tales declaraciones no surge que la entidad recurrente fuera titular de los pases de los jugadores.
Arguye que el órgano de la instancia de grado descartó prueba decisiva para la resolución de la causa.
En este sentido, individualiza el informe de la Federación del Voleibol Argentino del cual surge —según afirma el quejoso— que la única entidad habilitada para participar en la Liga Argentina A1 durante el período 2012/2103 fue la Asociación Civil Mar Chiquita Vóley Club, resultando la denominación "Buenos Aires Unidos" un nombre de fantasía.
Identifica también la respuesta acompañada por la Dirección Nacional de Migraciones de la cual se desprende —a criterio del impugnante— que el señor Samica ingresó al país el día 6 de agosto de 2012; no obstante lo cual, el tribunal de manera insólita determinó que el nombrado laboró durante un período de trece meses, cuando todavía no se encontraba en territorio nacional.
Aduce que de los convenios de beca deportiva celebrados entre los actores y la Asociación Civil Mar Chiquita Vóley Club, surge que el recurrente nada tuvo que ver con las relaciones laborales invocadas en autos; prueba que entiende desechada por el tribunal.
En suma, alega que en el caso se verifica un notorio desvío de las reglas de la lógica y una grosera desinterpretación de las constancias probatorias obrantes en el expediente, todo lo cual llevó al juzgador a arribar a conclusiones inconciliables con las constancias objetivas de la causa.
II. El recurso no prospera.
II.1. La crítica afincada en la violación del principio de congruencia no resulta de recibo.
Cabe recordar aquí que dicho postulado exige que las decisiones judiciales se ciñan a las alegaciones impetradas por los litigantes, debiendo mediar —como ha declarado esta Corte en reiteradas oportunidades— correspondencia entre la sentencia y el pedimento articulado respecto de las personas, el objeto y la causa (conf. causas L. 66.755, "Juárez", sent. de 17-XI-1998; L. 84.997, "Costa", sent. de 18-IV-2007; L. 118.985, "A., C. D.", sent. de 21-VI-2017; L. 125.509, "Cuello", sent. de 22-XI-2022 y L. 130.724, "Ballesteros", resol. de 4-XII-2023).
En esta línea, también tiene establecido que el principio de congruencia se vulnera cuando el juez introduce, en forma sorpresiva, cuestiones a cuyo respecto las partes no pudieron ejercer su plena y oportuna defensa (causas L. 103.596, "Lamas", sent. de 22-V-2013; L. 105.151, "Navasal", sent. de 24-VI-2015; L. 117.778, "Abadie", sent. de 18-V-2016; L. 123.533, "Leguero", sent. de 30-VIII-2021 y L. 125.509, "Cuello", sent. de 22-II-2022; e.o.), lo que —anticipo— no acontece en la especie.
Ello así, toda vez que, más allá de la normativa invocada por los reclamantes en su escrito liminar para apuntalar la responsabilidad de los demandados, lo cierto es que en aquella oportunidad procesal atribuyeron al Club Atlético Once Unidos el carácter de "verdadero empleador de los actores" (fs. 179 vta.), aspecto este que resultó específicamente rebatido por este último (v. fs. 222), sin que se advierta, por lo tanto, quebrantamiento del contradictorio, ni mucho menos que el juzgador hubiere trastocado los términos en que quedó articulada la relación procesal.
Lo expuesto sella la suerte adversa del embate.
II.2. Zanjado lo anterior, he de examinar aquellos otros agravios dirigidos a controvertir la valoración de las constancias probatorias, a partir de las cuales el juzgador de grado atribuyó al club recurrente la condición de empleador de los actores
II.2.a. Es doctrina inveterada de esta Corte que determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación laboral, así como la calificación del vínculo existente entre las partes, constituyen cuestiones reservadas —en principio— en forma privativa a los magistrados de trabajo y, por lo tanto, no susceptibles de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 95.725, "Arias", sent. de 28-X-2009; L. 118.836, "Chiniellato", resol. de 21-VI-2017; L. 122.177, "Maccari", sent. de 12-II-2021 y L. 122.222, "Novoa", sent. de 4-III-2024).
II.2.b. En ese marco, anticipo que, si bien la impugnante denuncia la presencia de la mencionada anomalía, no logra acreditarla.
Ello así, toda vez que el recurrente transita esa senda impugnando la valoración de los hechos y las pruebas, en tanto considera que —contrariamente a lo decidido— el Club Atlético Once Unidos no tuvo ningún tipo de vinculación con los actores, quien limitó su intervención —manifiesta el quejoso— a ceder y/o alquilar sus instalaciones, no siendo ello suficiente para achacarle la calidad de empleador que le endilgó el órgano de la instancia de grado.
En este cometido, invoca y relata las declaraciones de algunos de los testigos que depusieron en la audiencia de vista de la causa, el contenido de prueba documental e informativa obrante en el expediente y tramos del fallo vinculados al razonamiento seguido por el tribunal de grado.
Sin embargo, los esfuerzos argumentativos desplegados por el compareciente en el recurso se agotan en el mero intento de sustituir el criterio del juzgador por el propio, sin que ello baste para acreditar la existencia del absurdo (causas L. 100.239, "García", sent. de 18-VIII-2010; L. 117.772, "Batista", sent. de 27-V-2015; L. 118.280, "Martín", sent. de 9-XI-2016 y L. 128.793, "Ferreyra", sent. de 26-II-2024).
Ello así, pues, sin controvertir eficazmente la valoración de los hechos y de las constancias que condujeron al juzgador a arribar a la decisión impugnada —esto es, que ambas codemandadas articularon una plataforma fáctica tendiente a que los actores puedan desarrollar sus tareas de juzgadores profesionales de vóley, poniendo en marcha una organización destinada a posicionar el voleibol como práctica deportiva, tendiente al desarrollo social, físico y espiritual de sus deportistas, ello, "en claro fraude a la ley" (sent., pág. 6)— el agraviado propone —insisto— una interpretación diferente de la prueba producida, atribuyéndole virtualidad suficiente para acreditar los hechos en que fincó su postura.
A esta altura, también cabe memorar que devienen inhábiles para la revisión casatoria las alegaciones destinadas a controvertir la valoración de la prueba testimonial atento a que, al apreciar "en conciencia" tales declaraciones —como la normativa procesal aplicable a la época del fallo—, el tribunal de trabajo ejerce una facultad privativa respecto del mérito y la habilidad de los testigos (causas L. 108.255, "Paz", sent. de 27-V-2015; L. 118.004, "Pereyra", sent. de 26-VI-2016; L. 123.818, "García", sent. de 26-V-2021; L. 127.042, "L., M. L.", sent. de 27-VI-2023 y L. 129.798, "Reginald Lee S.A.", sent. de 23-V-2025).
En este aspecto, el interesado no evidencia que la labor axiológica desplegada por el tribunal interviniente resulte absurda, desde que la disímil y parcializada interpretación que formula acerca de los testimonios rendidos (v. rec., págs. 13/15), carece de idoneidad para demostrar el mentado vicio invalidante
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