Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124428
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.428, "Varela Quipildor, Ernesto Alejandro contra Ministerio de Producción - Astillero Rio Santiago. Cobro de salarios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Budiño, Kohan.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. vered. y sent. de fecha 29-IV-2022 y aclaratoria de fecha 7-VII-2022).
Se dedujeron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escritos electrónicos de fechas 23-V-2022 y 8-VIII-2022 respectivamente), habiendo sido concedido por el tribunal de grado únicamente este último (v. pronunciamiento de fecha 6-IX-2022).
Asimismo, se interpusieron por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de los días 26-V-2022 y 4-VIII-2022), los que fueron concedidos por el a quo (v. resol. de fecha 18-VIII-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Son fundados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley deducidos por la Fiscalía de Estado?
2ª) ¿En su caso, qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal del trabajo interviniente hizo lugar a la acción promovida por el señor Ernesto Alejandro Varela Quipildor y condenó al Ente Administrador del Astillero Río Santiago a mantener sus condiciones laborales, en particular —dijo— el pago íntegro de los haberes devengados desde septiembre de 2018 a diciembre de 2019, incluyendo el rubro premio por eficiencia desde que dejó de abonarse —en agosto de 2018— y el reintegro de lo descontado en concepto de vacaciones en el mes de julio de 2018 (v. sent. de fecha 29-IV-2022).
Para así decidir, en el veredicto consideró no controvertida la condición de trabajador dependiente del actor respecto de la accionada, tampoco, su cargo de concejal en el municipio de Ensenada desde el mes de diciembre de 2015 y el día 10 de diciembre de 2019.
Dijo que la accionada reconoció que "desde la asunción de las funciones como Concejal (10/12/2015), y en el marco de la licencia establecida por su representación política conforme lo dispone el art. 215 de la L.C.T., el accionante continuó percibiendo sus haberes mensuales de modo íntegro, por su condición de empleado del Ente Administrador del Astillero Rio Santiago" (sent., pág. 2); también que "a partir del mes de octubre de 2018, la empleadora dejó de abonar los salarios" en el curso de la licencia referida (v. sent., págs. 2/3). Señaló que, producto de la medida cautelar dispuesta en las actuaciones, el ente empleador retomó el pago de los salarios hasta el final del mandato político del actor, aunque solo abonando el básico y la antigüedad.
Tuvo por acreditado que desde su ingreso el accionante percibió el denominado "premio por eficiencia", cuya naturaleza salarial —afirmó— no fue controvertida. Añadió que en el mes de julio del año 2018 el rubro dejó de liquidarse por voluntad unilateral del empleador, según dijo la accionada, con el fundamento del ejercicio de sus facultades de dirección y organización.
Finalmente, en virtud de la prueba que detalló, tuvo por cierto que en el mes de agosto de 2018 al actor se le descontaron, sin mayores fundamentos, los montos abonados en enero de 2018 en concepto de vacaciones.
Ya en la sentencia, estimó procedente la pretensión tocante al "premio por eficiencia" regulado en el art. 28 inc. 2 del Convenio Colectivo de Trabajo 91/75. Consideró que dicho adicional integra el contrato individual de trabajo desde el inicio de la relación y que en tanto se desarrolló como condición más beneficiosa para el actor "constituye una condición contractual que debe ser respetada al haber quedado incorporada al patrimonio del trabajador" (sent., pág. 13). Valoró, además, que la alteración de la remuneración por parte de la patronal en detrimento del accionante, excedió el ámbito del ius variandi. Agregó, que igualmente ninguna reducción salarial resultaba válida, bajo los principios de irrenunciabilidad, progresividad e indemnidad. A su vez, reflexionó que, aunque la medida adoptada por la empresa fue de "carácter general", ello no la torna por sí lícita, pues —reiteró— excedió las facultades otorgadas por el art. 66 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En cuanto al reclamo referido al pago de los salarios durante la licencia por representación política, juzgó que también resultaban conducentes aquellos argumentos expuestos para admitir el "ius variandi abusivo" desarrollados en torno al premio por eficiencia. Sostuvo que la decisión de la demandada de mantener la percepción de los salarios durante el goce de la licencia establecida en el art. 215 de la Ley de Contrato de Trabajo por casi tres años, se transformó en una condición del contrato de trabajo. Indicó que en tanto el vínculo se mantuvo vigente, no resultaba un argumento convincente "la suspensión de las tareas", tampoco la ausencia de norma que obligue el pago de haberes en tal supuesto, en tanto —afirmó— la voluntad individual es fuente del derecho en el referido vínculo, que se regula por la Ley de Contrato de Trabajo y no por normas que rigen el empleo público.
Consecuentemente, acogió el reclamo por los rubros salariales reclamados e indicó —luego de declarar la inconstitucionalidad de la ley 14.399— que devengarían intereses a la "tasa pasiva digital" del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días desde que cada suma debió ser abonada hasta la fecha de su efectiva cancelación, citó aquí el art. 768 del Código Civil y Comercial y doctrina de este Tribunal. Seguidamente, estableció que, a partir de que la liquidación correspondiente quedase firme y hasta su efectivo pago, se aplicaría la tasa activa de la referida entidad bancaria en sus operaciones corrientes de descuentos comerciales a treinta días con aplicación de lo dispuesto en el art. 770 inc. "c" del citado cuerpo normativo.
Ahora bien, en su posterior resolución, aquella de fecha 7 de julio de 2022 en la que hizo lugar a la aclaratoria interpuesta por la parte actora (v. escrito de 10-V-2022), el tribunal de origen juzgó aplicable al caso lo dispuesto por el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación y ordenó que se practicase liquidación con capitalización de los intereses según las pautas que allí delineó.
II. La parte demandada deduce sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley.
II.1. En el primero, dirigido contra la sentencia de fecha 29 de abril de 2022, denuncia violación y errónea aplicación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 20, 31, 75 incs. 12, 22 y 23, 99 inc. 3 segundo párrafo, 116, 121 y 126 de la Constitución nacional; 39 y 53 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 1, 8, 11, 12, 16, 21, 37, 57, 62, 65, 66, 84, 103 y 215 de la ley 20.744; 18, 44 inc. "d", 47, 50, 63 y concordantes de la ley 11.653 y 34 inc. 4, 68, 163 incs. 5 y 6, 195, 198, 202, 230, 232, 266 in fine y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 1, 2 y 3 del Código Civil y Comercial de la Nación y Convenio Colectivo de Trabajo 91/75 (v. escrito electrónico de fecha 26-V-2022).
II.1.a. Controvierte lo decidido en torno a los salarios liquidados al actor durante su licencia política, pues alega que en su análisis el a quo incurrió en un enfoque fragmentado de los hechos y en el vicio de absurdo.
En concreto, objeta las conclusiones del tribunal que refieren que "el actor continuó percibiendo sus haberes mensuales de modo íntegro, por su condición de empleado del EAARS" y que "a partir del mes de octubre de 2018, la empleadora dejó de abonar salarios que, en el transcurso de la licencia referida, le venía abonando".
Al respecto, alega que el juzgador no contempló la versión plasmada en la contestación de demanda en cuanto a que no se le había otorgado al actor una licencia en los términos del art. 215 de la ley 20.744; y que soslayó analizar tanto el intercambio epistolar que daría cuenta de un sumario interno iniciado al detectarse que el accionante percibía haberes sin una contraprestación efectiva de tareas y que revestía el cargo de concejal, como la prueba documental adjunta a la presentación del día 24 de junio de 2019 que —manifiesta— demostraría que el demandante dos meses antes de iniciar la acción se encontraba afiliado al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) a cargo de la Municipalidad de Ensenada, de lo que "se deduce que percibía su salario como concejal".
Concluye que las referidas pruebas demuestran que el caso no se enmarca en las previsiones del art. 66 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II.1.b. Expresa que el reclamo referido al "premio por eficiencia" y "plus por vacaciones" no debe ser evaluado en forma independiente de la irregular liquidación de salarios efectuada durante el desempeño de la función electiva del accionante. Afirma que el vicio que rodeó a la liquidación de las remuneraciones durante el período de diciembre de 2015 a octubre de 2018, sella la suerte adversa del reclamo.
II.1.c. Critica el razonamiento seguido por el a quo para juzgar procedente la acción de restablecimiento de las condiciones alteradas.
Dice que el juzgador de grado ha avalado la tesis ensayada por el actor en punto a la aplicación consuetudinaria del art. 15 inc. "e" del Convenio Colectivo 91/75 para los casos regidos por el art. 215 de la Ley de Contrato de Trabajo, sin mediar ninguna prueba que valide esa conclusión.
Destaca que en su análisis, el sentenciante soslayó considerar que las intimaciones efectuadas por el trabajador en procura del pago de sus salarios fueron debidamente contestadas; que conforme lo informado por el IOMA el actor figuraba a cargo de la Municipalidad de Ensenada; y que, tal como se denunció en la contestación de demanda, el cese del pago de los haberes obedeció a una investigación interna y general llevada a cabo a mediados del año 2018, en donde se detectaron errores en la integración de los salarios del personal y que se le habían abonado remuneraciones al accionante mientras se encontraba en uso de una licencia política, condición que solo le otorgaba el derecho a una reserva de cargo y al cómputo de la antigüedad durante ese periodo.
En razón de ello, cuestiona, denunciando violación y errónea aplicación del citado art. 215 de la ley laboral, que el juzgador interpretara que la "reserva de empleo" que consagra la norma implicase el derecho al cobro de haberes. Acude aquí a la doctrina de los autores para apuntalar su discurso.
Alega que, equivocadamente, el tribunal de origen sostiene que el contrato de trabajo se encontraba vigente al margen de la suspensión de tareas y que las condiciones del contrato pueden ser mejoradas por las partes, dejando entrever que la costumbre puede superar la aplicación de normativas.
Agrega, "a todo evento", que el a quo no reparó en lo establecido en el art. 15 inc. "f" del convenio colectivo de trabajo ya mencionado, por cuanto entiende que luce evidente que el actor no concurría a trabajar porque mediaba una incompatibilidad que le impedía prestar funciones para dos empleadores.
Postula que no puede convalidarse el error en el que incurriera el empleador al abonar salarios durante la suspensión de las tareas por parte del actor por estar en uso de una licencia política, con sustento en que ello mejoró las condiciones del contrato de trabajo, como si hubiera mediado un convenio expreso a ese respecto.
Argumenta que el desacierto del tribunal consistió en considerar que el otorgamiento de una licencia por cargo electivo municipal se trataba de una situación no reglada legalmente, cuando expresamente lo estipula el art. 215 de la ley 20.744 y fue pactada en el Convenio Colectivo de Trabajo 91/75 (art. 15 inc. "f").
De igual modo, asevera que no cabría invocar en sustento de la legitimidad de esos actos a la costumbre, puesto que no se acreditó que existiera un antecedente de conducta del empleador que permita convalidar la situación irregular del accionante.
II.2. En el restante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la accionada denuncia que en la resolución aclaratoria de fecha 7 de julio de 2022 el sentenciante excedió los límites fijados por el art. 166 inc. 2 del Código Procesal Civil y Comercial, pues las modificaciones allí efectuadas alteran una cuestión sustancial abordada en el primitivo fallo.
Postula, en esencia, a que el a quo ya se había pronunciado en la sentencia de fecha 29 de abril de 2022 en torno a que los intereses debían aplicarse conforme lo dispuesto por los arts. 768 y 770 inc. "c" del Código Civil y Comercial, por lo que, al hacer lugar al pedido de aclaratoria efectuado por la parte actora y ordenar la aplicación del art. 770 inc. "b" del mismo cuerpo legal, excedió su jurisdicción, "traduciéndose en una resolución absurda y arbitraria".
III.1. Inicialmente, cabe advertir que la resolución que acoge parcialmente la aclaratoria interpuesta respecto de la sentencia, la integra y forma con ella un todo orgánico y lógico que debe computarse como una pieza única, por lo que cabe analizar conjuntamente los recursos deducidos por la accionada (conf. causas L. 107.497, "Guzmán", sent. de 5-III-2014; L. 105.939, "Verdie", sent. de 15-VII-2015; L. 124.361, "Bonaudi", sent. de 13-VII-2022 y L. 129.911, "Bravo", sent. de 29-VII-2024).
III.2. No son de recibo los reproches formulados en el medio de impugnación de fecha 26 de mayo de 2022.
III.2.a. Los cuestionamientos referidos a las conclusiones arribadas en el veredicto en torno a los salarios liquidados al actor durante su licencia política, como aquellos que se vinculan ya a la declarada procedencia de la acción en orden al mantenimiento de las condiciones de trabajo, deben ser desestimados a mérito de su insuficiencia.
Aun cuando el impugnante denuncia en el fallo la presencia del absurdo, ninguna manifestación porta la impugnación con aptitud para evidenciar la posible configuración del mentado y excepcional vicio valorativo.
Por conducto de su subjetiva opinión, el interesado no consigue desvirtuar la estructura argumental que el tribunal elaboró a partir de la interpretación de los escritos constitutivos de la litis y de las pruebas producidas, y que al cabo, dio cuenta de que el actor gozaba de una licencia política al haber sido designado concejal en el municipio de Ensenada y que, en el marco de esa licencia continuó percibiendo sus haberes durante treinta y cinco meses, lo que —según hubo de apreciar— se transformó en una condición del contrato de trabajo que unió a las partes; de allí que, estimó que al dejar de abonar los salarios a partir del mes de octubre de 2018 el Astilleros adoptó "una medida irrazonable y arbitraria que encuadra en lo dispuesto en el art. 66 de la L.C.T.".
La crítica es ineficaz, pues es sabido que es requisito ineludible del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la impugnación directa y pormenorizada de las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que esta se asienta, concretando tan solo un reproche parcial y discrepante (causas L. 124.850, "Rodríguez", sent. de 13-X-2021; L. 126.767, "Avalos", sent. de 5-XII-2022 y L. 126.006, "Guzmán Cerna", sent. de 22-VIII-2023). También lo es, que para que se configure el vicio de absurdo no basta con que la solución adoptada por el tribunal de grado pueda resultar opinable, discutible, o pasible de otras interpretaciones; se requiere algo más: es necesario que se configure un desarreglo en la base del pensamiento, una falla palmaria del raciocinio, es decir, un error extremo (causas L. 120.37, "Lazcano", sent. de 7-VIII-2019; L. 119.962, "Laurenzo", sent. de 27-VI-2023 y L. 127.416, "Seillant", sent. de 7-IX-2023); hipótesis que en la especie —se insiste— no se acredita.
III.2.b. Debiendo permanecer incólume la definición del juzgador relativa a que la percepción de los salarios durante el goce de la referida licencia por casi tres años "se transformó en una condición del contrato de trabajo que unió a las partes", lo sostenido por el impugnante con sustento en diversos extractos o síntesis de doctrina de los autores, no logra evidenciar una errónea aplicación del art. 215 de la Ley de Contrato de Trabajo que justifique la revisión de lo decidido en la instancia.
III.2.c. Tampoco apuntala la crítica aquellas expresiones del recurrente que indican que el juzgador de grado habría avalado en la sentencia "la aplicación consuetudinaria del art. 15 inc. 'e' del CCT 91/75 para los casos regidos por el art. 215 de la L.C.T.", puesto que tal conclusión —se advierte— en modo alguno se corresponde con el texto del pronunciamiento impugnado, que —en rigor— no se fundó en aquella norma convencional. Y es sabido que en la jurisprudencia de esta Corte el recurso es insuficiente si la argumentación que expone parte de una premisa errónea, transitando por carriles propios y desentendiéndose de las razones proporcionadas por el sentenciante (causas L. 121.253, "Portillo", sent. de 19-II-2020; L. 123.299, "Galimberti Betancur", sent. de 9-XI-2021; L. 126.106, "Juárez", sent. de 27-X-2022; e.o.).
Otro tanto puede decirse de la suscita objeción traída ad eventum al amparo del art. 15 inc. "f" del Convenio Colectivo de Trabajo 91/75 E, toda vez que en el caso, partiendo primordialmente de las circunstancias que tuvo por probadas, el a quo situó la controversia en los lindes del art. 215 de la Ley de Contrato de Trabajo, en consideraciones que el impugnante no ha logrado rebatir, y —como se ha advertido— también logradas por conducto de la aplicación del plexo normativo de aquella esencial ley laboral.
III.2.d. Finalmente, en este contexto cabe agregar, que carece de aptitud para modificar lo resuelto en el fallo en relación al reclamo por la detracción del premio por eficiencia y plus vacacional, el lacónico párrafo donde el impugnante postula que "el vicio que rodeó a la liquidación de las remuneraciones durante el período de diciembre 2015/octubre de 2018 sella la suerte adversa de este aspecto del reclamo", puesto que, tal afirmación, nuevamente se desentiende de los fundamentos que dotan de sustento al pronunciamiento atacado.
III.3. Distinta suerte ha de correr la crítica dirigida a cuestionar la resolución aclaratoria de fecha 7 de julio de 2022.
III.3.a. Al dictar la sentencia, el tribunal dispuso que los rubros salariales de condena devengarían intereses a la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires desde que cada suma es debida y hasta la fecha de la sentencia conforme lo indicado por el art. 768 del Código Civil y Comercial, y firme la liquidación, se emplearía la tasa activa de la referida entidad bancaria en sus operaciones corrientes de descuentos comerciales a treinta días con aplicación de lo dispuesto en el art. 770 inc. "c" del citado cuerpo normativo (v. pronunciamiento de fecha 29-IV-2022).
Posteriormente, al resolver el pedido de aclaratoria introducido por la parte actora, juzgó ahora aplicable al caso lo dispuesto por el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación y ordenó la capitalización de los intereses conforme las nuevas pautas que detalló (v. resol. de fecha 7-VII-2022).
III.3.b. Esta última decisión ha infringido el art. 166 inc. 2 del Código Procesal Civil y Comerci
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