Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 123353
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca el apelado decisorio de fs. 409/411, que se deja sin efecto. Con costas de ambas instancias a la parte actora vencida (arts. 68, 274 del C.P.C.C.).
L. de Sentencias INTERLOCUTORIAS N° LXXV
Causa N° 123353; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº19 - LA PLATA
MILLAN HUGO HORACIOC/ SODA EL PROGRESO S.R.L. S/COBRO SUMARIO ALQUILERES
REG. INT.: Sala II - FOLIO:
La Plata, 14 de Mayo de 2019.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
I. Vienen las presentes actuaciones a fin de tratar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada el día 6 de febrero de 2019 (presentación electrónica, v. fs. 415) contra el resolutorio de fs. 409/411 (copia, dictado el día 17 de diciembre de 2018) en cuanto desestima la impugnación formulada por esa parte y aprueba la liquidación practicada por la actora en base a los valores que se informaron en la pericia respectiva en relación al valor locativo del bien inmueble materia de autos.
El recurso se sustentó mediante el memorial presentado a fs. 417/420 vta., contestado por la contraria en la presentación electrónica del día 8 de marzo de 2019.
II. Se trata en la especie de la liquidación de la deuda que debe dar cuenta la condena decida en autos.
Sabido es que la ejecución de la sentencia debe ser incoada dentro de los límites de la cosa juzgada y de los parámetros establecidos en el fallo que puso fin a la contienda (arts. 498, 500, 501 y conc. del CPCC).
Así, la sentencia dictada en autos condena a la firma “Soda El Progreso S.R.L.” a abonar a la parte actora un cuarto (1/4) del canon mensual sobre el inmueble de calle 71 n° 522 entre 5 y 6 de La Plata, generados a partir del 22 de marzo de 2013, los cuales debían ser establecidos en la etapa de ejecución de sentencia, de conformidad a la pericia que debería cumplir el Martillero en la especialidad de fijación de valores de mercado de bienes inmuebles, indicando sobre cada uno de los meses los valores históricos; y que a dichas sumas mensuales que fuera establecidas, se le aplicarían los intereses a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (v. fallo de fs. 348/354 vta., confirmado por la Alzada sentencia electrónica del día 13 de junio de 2018).
Se derivó la fijación del canon locativo para la etapa de ejecución de sentencia, pues consideró la señora Juez de grado que los valores acompañados en la etapa de prueba no acreditaban concretamente ese valor, ya que debía ser establecido sólo sobre el local comercial bien materia de autos y no sobre la totalidad del inmueble en el que el mismo se asienta.
Así, se dijo textualmente en la sentencia de mérito:
“…III) Resuelto lo anterior corresponde avanzar en cuanto al monto mensual debido.”
“En autos existe una tasación del 16 de septiembre de 2015, acompañada por la letrada de la parte actora a fs. 210, que da cuenta de un valor locativo de $ 3.600.-.”
“También se produjo prueba pericial por parte del Martillero Favio René Ocampo a fs. 246 que establece un canon locativo de $ 20.000.-. El apoderado de la actora impugna la pericia a fs. 254. Aclara el Martillero a fs. 285 que la realizó sobre la esquina de 5 y 71 donde funciona la fábrica de soda y ratifica su dictamen a fs. 296.”
“Estimo que la impugnación es procedente, más allá de las aclaraciones realizada por el Martillero. De la lectura de la tasación de fs. 246 surge que sin duda se refiere a una extensión mayor (depósito, local y fábrica de soda) y no al inmueble -local comercial- objeto de este proceso (arts. 384, 473 y 474 del C.P.C.C.).”
“En consecuencia, sin perjuicio de encontramos frente a un supuesto de daño cierto, en esta instancia no se cuenta con los elementos que permitan su cabal cuantificación por exceder aquellas máximas de la experiencia universal y la necesidad de su abastecimiento por un juicio técnico (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales ...", T. II-C, pág. 228). Se trata en la especie de un supuesto comprendido en el art. 165 del C.P.C.C. en el que corresponde diferir para la ejecución de la presente sentencia el establecimiento del monto por el que deberá responder la demandada. Bien se ha dicho que cuando "... la cuantía no puede calcularse en forma exacta para conceder una indemnización inmediatamente, los jueces establecerán la obligación de indemnizar, dejando la determinación del monto para una decisión ulterior -vía incidental en la ejecución de sentencia-, si ello atiende a mejorar la pretensión de justiciaínsita en toda demanda judicial" (Morello ya citado, págs. 228 y ss. y jurisprudencia allí consignada).”
“Nuestro Máximo Tribunal Provincial ha dicho que "los jueces se hallan facultados para fijar el quantum indemnizatorio, tanto a la fecha del hecho como al momento de dictar sentencia y aún diferirlo a las resultas del procedimiento que considere pertinente -art. 165, C.P.C.C.-, todo a fin de lograr una mejor reparación del daño causado" (SCBA LP C 117926).”
“Por lo tanto, en la etapa de ejecución de sentencia, deberá el Perito Martillero interviniente establecer el valor de locación que corresponde al inmueble objeto de este proceso, en valores históricos mensuales desde el 22 de marzo de 2013 y hasta la fecha su dictamen.”
“Establecidos ellos, al 25% mensual que cada uno de ellos arroje -en función de la titularidad del accionante- se le aplicarán los intereses, que en atención a la doctrina que se deriva de lo actuado por la Suprema Corte de Justicia, en la causa C. 119.176, "Cabrera, Pablo David contra Ferrari, Adrián Rubén sobre Daños y perjuicios", deberán liquidarse según la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 161 de la Constitución Provincial; 622 y 623, Código Civil de Vélez Sarsfield; 7 y 768, inc. "c", Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).” (v. fs. 351 vta/352 vta).
III. Efectuada la pericia, ya en la etapa de ejecución de sentencia (art. 165 del CPCC), se advierte de lo actuado que si bien la demandada no hubo impugnado los informes del experto, fueron requeridas explicaciones por la propia actora ante las dudas que los mismos le generaron, incluso indicando en alguna oportunidad que de considerarse oportuno debía convocarse al perito y a esa parte a fin de brindar y fijar las instrucciones que sean necesarias para la realización del informe pericial, conforme las pautas ordenadas por S.S. en la sentencia del día 18 de diciembre de 2017 (v. fs. 376 y explicaciones de fs. 381 y 390; v. escrito de fs. 384 del 20/9/2018).
En ese orden, el perito martillero brindó sus aclaraciones y la actora solicitó luego autorización para practicar la liquidación de la deuda conforme los valores indicados por el auxiliar de la justicia.
IV. Ahora bien, es cierto que el cuestionamiento que llega a esta Alzada es el decisorio atacado que aprueba la liquidación efectuada por la accionante, mas se advierte que al haberse diferido la fijación del capital de condena a la etapa de la ejecución de sentencia en los términos del artículo 165 del C.P.C.C., debió la señora Juez de grado dictar un resolutorio que establezca, justamente, la deuda concreta de los cánones locativos adeudados. Es decir, no se advierte la existencia de una sentencia que pase en autoridad de cosa juzgada, que deje definitivamente fijados los valores que no pudieron ser establecidos en el fallo de origen.
No es la pericia la que fija los valores y adquiere ejecutividad, sino es el decisorio que aprobando la misma –previo análisis de la fuerza probatoria del dictamen- el que deja establecido definitivamente el monto de la condena (arts. 165, 474 y conc. del C.P.C.C.), por lo que la falta de impugnación de aquélla no deja firme y consentido el informe como para tenerlo como aprobado por sí, como pareciera afirmar la parte apelada al contestar sus agravios.
Conforme lo expuesto, la liquidación presentada por la parte actora lo ha sido en forma prematura y su aprobación carece de sustento procesal pues no existe decisorio firme que fije los valores de los períodos locativos que deben ser abonados por el condenado, conforme las pautas de la sentencia obrante a fs. 348/354 (arts. 163, 165, 497, 498, 500 segundo párrafo, 501 y conc. del C.P.C.C.).
V. Es en virtud de estas exclusivas consideraciones que la resolución recurrida debe ser revocada y dejada sin efecto. Las costas de ambas instancias han de imponerse a la parte actora en calidad de vencida (arts. 68, 274 y conc. del C.P.C.C.).
POR ELLO, en virtud de las razones brindadas en el presente, se revoca el apelado decisorio de fs. 409/411, que se deja sin efecto. Con costas de ambas instancias a la parte actora vencida (arts. 68, 274 del C.P.C.C.). REGISTRESE. NOTIFIQUESE en el domicilio electrónico constituído a las partes de autos (arg. art. 143, CPCC. según ley 14.142; art. 1 del Anexo I del Reglamento para la notificación por medios electrónicos). DEVUELVASE.
Fin de la sentencia