Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Pergamino · Causa 3824
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAcoger parcialmente el recurso de apelación deducido por la parte actora, en punto a la determinación de la deuda y sus intereses a cargo del demandado, la que se hará conforme lo expuesto en los considerandos del presente.-
Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte demandada.-
Confirmar en lo demás la sentencia apelada.-
Imponer las costas a la parte demandada devinta (art. 68 del CPCC y su doctrina).-
Diferir la regulación de honorarios hasta tanto obre en autos liquidación firme.-
Registro N° 187 /2020
Fojas 1193/1197
En la ciudad de Pergamino, el 15 de diciembre de 2020, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 3824-19 caratulados "ROSSINI MIRTA GRACIELA C/ ROSSINI JOSE LUIS S/COBRO SUMARIO ARRENDAMIENTOS", Expte. N° -76062- del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2 Departamental, encontrándose el Dr. Bernardo Louise excusado a fs. 523, se ordenó la integración de este Tribunal y se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Graciela Scaraffia y Roberto Degleue, estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿ Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
II. ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo:
1. El Sr. Juez de la anterior instancia hizo lugar a la demanda entablada por la parte actora Mirta G. Rossini y en consecuencia condenó al demandado José Luis Rossini a abonar a la primera dentro de los diez días de notificada la presente, la suma que se liquidará conforme las bases establecidas. Con más las costas de la presente que se le impusieron al perdidoso ( art. 68 CPC.), a cuyo fin difirió la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes para cuando quede firme la liquidación ( art. 51 de la L.H.).
2. Tal decisorio fue objeto de los recursos de apelación por parte de la actora a fs. 516 y por la demandada a fs. 518, concedidos a fs. 517 y 519 libremente y con efecto suspensivo respectivamente. A fs. 543 se ordenó expresar agravios a la actora, el mismo fue fundado mediante el escrito electrónico de fecha 04/05/2020. Con fecha 07/07/2020 se ordenó expresar agravios a la parte demandada, el que fue fundado mediante el escrito electrónico de fecha 07/07/2020. Con fecha 08/09/2020 se ordenaron los traslados recíprocos, los que fueron evacuados con los escritos electrónicos de fecha 14/09/2020 por la actora y el 20/09/2020 por la demandada. Con fecha 25/09/2020 llamamiento de autos, providencia que firme a la fecha deja la causa en condiciones de ser fallada.
3. Agravios parte actora: La quejosa despliega su crítica sobre la existencia de una obligación de valor motivada en el contrato de arrendamiento acompañado por el mismo demandado del que desprende que el precio del arrendamiento se conviene en la cantidad de valor de 7 quintales de soja por hectárea, en la fecha pactada; señalando que no obstante ello el decisorio no respeta los términos del contrato modificando la ecuación económica concertada entre partes, dice que desconoce el mecanismo correspondiente para la liquidación y pago de las obligaciones de valor, la tacha de injusta en cuanto otorga al deudor beneficios emergentes de su mora y a todo evento la tasa de interés aplicada (pasiva) no logra mínimamente compensar los perjuicios que emanan de la falta de cumplimiento en tiempo y forma.-
Puntualiza que en la clausula cuarta el arrendatario se obligaba a entregar al arrendador el valor de determinados quintales de soja por año, estableciendo el mecanismo de cotización, y que la misma no fue cuestionada.- Señala que el juez con su sentencia modifica el contrato, introduciendo una ecuación económica que la perjudica y que beneficia a la contraria. Se explaya sobre la descripción de la naturaleza de las deudas de valor, con cita de doctrina y fallos.-
Acude al principio de razonabilidad previsto en el art. 3 del CCCN y dice que la conversión del valor debido debe hacerse al momento del pago, sin perjuicio de la aplicación de intereses, achacando un yerro también en las pautas que fija para la liquidación de la deuda pregonando que debe ordenarse la conversión a pesos al momento del pago o más cercano al pago con más la tasa que se determine.-
4. Agravios parte demandada: Se queja de la falta de valoración de determinada prueba, tal como el oficio respondido por la AFIP a fs. 326 donde se desprende que la Sra Grandi presentó declaraciones juradas de ganancias hasta el año 2013, desprendiendo que el informe de AFIP amparado en el secreto fiscal no es completo, señalando que es ilógico que un contribuyente realice aportes y contribuya sobre ganancias que no percibió, de lo que concluye que ciertamente percibía la renta del campo.- Señala que se preste vital importancia a el oficio de fs. 338/343 en el que el Banco informa los movimientos de caja de la Sra Grandi.-
En relación a la "rendición de cuentas" indica que no corresponde por tratarse de un arrendamiento a quintales fijos y el inquilino no es administrador, por lo tanto no existe la obligación de rendirlas.-
Pretende un nuevo oficio a la Afip.-
5. Entrando a resolver las cuestiones planteadas: la pretensión original fue esgrimida por quien en vida fuera María Ilda Grandi, quien perseguía el cobro sumario por arrendamiento contra su hijo José Luis Rossini, reclamando el equivalente a 2291,14 quintales de soja, solicitando se tuviera en cuenta el valor de la misma al momento del pago para determinar el valor de la deuda con más sus intereses desde que cada monto debió pagarse.-La reclamante original alude a la existencia de un derecho real de usufructo sobre 73 hectáreas, que fueron donadas a sus hijos Mirta Graciela y José Luis Rossini, reservándose la primera el derecho de usufructo, que muerto su esposo esas hectáreas fueron laboradas por su hijo a quien achaca no haberle entregado el producido del campo, vencido el ciclo agrícola 2012/2013 le requiere la rendición de cuentas el saldo adeudado, equivalente en pesos a 2291,14 quintales de soja.-
Que denunciada la muerte de la actora a fs 237, se presenta la coheredera e hija de la causante a fs. 240/241 y a fs. 243 se provee favorablemente su intervención para la prosecución del trámite, por lo que el reclamo entonces se determina en el 50% de la cifra original o sea 1145,57 quintales de soja que surgen del arrendamiento de los últimos 5 años (2009 a 2013) con más los 112 quintales que se pretendieron en la ampliación de demanda.-
Conforme surge de las críticas ensayadas por los litigantes no se ha puesto en crisis el fundamento dado por el operador de grado para recibir la demanda, quien evaluara la prueba documental agregada a fs. 1/27, 28/46, 47/48, 49/57 más el reconocimiento en los términos del art. 354 inc 1 relativo al hecho de la donación de la nuda propiedad a sus hijos con reserva de usufructo para los progenitores y culminara en su razonamiento que el demandado no acreditó los pagos invocados, salvo aquellos cuya deducción claramente reseña el magistrado relativos al impuesto a las ganancias cuyo importe determina.-
O sea la postura defensista del demandado no fue recepcionada en la sentencia, la que bien fundada, admite el reclamo, y ese punto no fue motivo de agravio concreto por la parte actora y mucho menos por el demandado, resultando totalmente insuficiente la critica desplegada en su presentación por este último, que no reúne los requisitos indispensables previstos en el ritual para conmover lo decidido, menos aún la pretensión de que libre un nuevo oficio a la Afip .- Tal como esta Alzada ha sostenido en la causa N° 1541-12 en resolución de fecha 26 de Diciembre de 2012, el replanteo de prueba previsto en la norma citada tiene por finalidad reparar los errores en que hubiere incurrido el iudex a-quo en punto a la producción, denegación y sustanciación de las pruebas, en función de la inapelabilidad prevista en el art. 377 del CPCC y su doctrina, pero también ha de aclararse que dicha norma no autoriza a la agregación o producción indiscriminada de pruebas sobre las que se evidencien actuaciones negligentes o hayan sido consentidas en primera instancia, sino que sólo podrán producirse en la Alzada, cuando dichas declaraciones hubieran sido dictadas con error evidente de apreciación (art. 255 inc 2 C.P.C.). ..".-
Y a mayor abundamiento se ha sostenido que ..."La apertura a prueba del juicio en segunda instancia tiene carácter de excepción, pues las situaciones que autoriza dicha apertura son expresadas por la ley de modo taxativo y dentro de las hipótesis planteadas, la procedencia de la medida debe encararse en principio, con criterio estricto, a fin de no habilitar el nacimiento de una segunda instancia. Esto se debe, a que la facultad de replantear en la Alzada prueba no es una vía destinada a subsanar la indolencia en su producción oportuna, sino un medio indirecto de revisar la justicia de la decisión, dada su inapelabilidad, posibilitando su producción en caso de resultar injusta aquella declaración" (CC0001 SM 55499 RSI-61-9 I 1-4-2009, Juez SANCHEZ PONS -JUBA B1952362-) .- Todo ello me lleva sin más a la desestimación de la queja intentada por la parte demandada.- De lo que se sigue que la pretensión de libramiento de un nuevo oficio a la Apif es formalmente inadmisible.-
Entonces, lo que queda a revisión de este Tribunal es el agravio introducido por la actora que refiere concretamente a la existencia de una obligación de valor que el sentenciante no ha recepcionado, a su decir de modo correcto.-
El Código de Vélez Sarsfield no había contemplado expresamente las obligaciones de valor y en el nuevo sistema normativo sólo el art. 772 CCCN indica que "si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico, una vez que el valor es cuantificado en dinero se aplican las disposiciones de esta Sección".-
Si bien normativamente tenemos este panorama, la doctrina y jurisprudencia de larga data han receptado las denominadas obligaciones de valor, que es aquella que permite al acreedor adquirir determinados bienes, recayendo de esta manera sobre un quid (cierto bien o interés del acreedor) antes que un quantum (cantidad de dinero).-Cfr Alterini Anibal -Ameal y Lopez Cabana "Derecho de las obligaciones".-
Entonces, en las deudas de valor, el obligado debe el valor correspondiente y el acreedor tiene derecho de que, cuando reciba el dinero que lo representa, esté en situación de proveerse de los bienes a los que corresponde dicho valor.-
Efectivamente, y conforme lo pactado por las partes el demandado lo que debe es entregar a la arrendadora o, en este caso quien la ha sustituido procesalmente, el valor de los quintales de soja por año pactados.
Los quintales de soja que corresponden a la parte actora son 1.217,61 (que surgen de computar el precio pactado en el contrato y deducirle los gastos efectuados por el deudor y reconocidos, reducido el 50% de acuerdo al derecho sucesorio).- Así fijada y en punto a lo que vino discutido, esto es el modo en que habría de concretarse la liquidación de ese importe, claramente corresponde que esa cantidad de soja debida por el deudor, sea liquidada del siguiente modo: multiplicar la cantidad de soja debida (1.217,61 quintales) por el valor vigente al día del efectivo pago o el inmediato anterior al precio de pizarra de Rosario (Bolsa de Comercio).-
También es cierto que a las deudas de valor le deben ser aplicados un tipo de interés especial, disminuida respecto del interés corriente, ya que debe reducirse la tasa de depreciación (puesto que el capital es reajustado sin mengua de su verdadero poder adquisitivo) y procede únicamente aplicar el interés puro, aquel correspondiente a la renta de capital" cfr Alterini-Ameal y Lopez Cabana ob. citada pág. 479 y 480".-
En tal sentido en el precedente Reg. 46/2019 hemos indicado con mi distinguido colega Roberto Degleue en anterior integración en punto a este tema que "...como regla cuando se dicta una condena sobre la base de valores históricos corresponde fijar una tasa de interés aparente, a fin de resguardar el valor económico de la obligación frente al efecto inflacionario acaecido durante el tiempo que transcurre entre el momento del daño y el momento del dictado de la sentencia judicial. En cambio, cuando se establece el monto de la obligación a valores vigentes al tiempo de la sentencia, la tasa de interés aplicable debería aproximarse a una tasa de interés pura.- Es que en tales circunstancias, resultaría excesivo mandar a pagar una tasa de interés aparente, por cuanto ésta incluye siempre la prima por desvalorización monetaria y dicho concepto ya se encuentra pues reconocido a través de la actualización. De lo contrario el acreedor de la obligación tendría un enriquecimiento injustificado, ya que la adecuación del valor de su obligación se estaría practicando dos veces: por vía de indexación y mediante el pago de la citada tasa de interés aparente.-" Reg. 46/2019 CAP Perg.-
Desde aquí y en el caso que nos ocupa se advierte entonces que el capital de la deuda que se reconoce judicialmente al determinarse en función de la cotización de la soja al día del efectivo pago o el inmediato anterior quedará automáticamente actualizado, y por ende la tasa de interés a aplicarse será una tasa pura del 6 % anual desde la fecha en que se produjo la mora en cada uno de los períodos adeudados y hasta el efectivo pago (Cf. Cám. Nac. Civ., Sala H en causa “Mejalelaty Mario A. c. Rudman de Abraham Marta y otros s/ ejecución hipotecaria” del 27/03/2017 cita online: AR/JUR/6960/2017; Sala I en causa “Poliak Raúl I c. Goldsztein s. ejecución”, del 22/11/2016, cita online: AR/JUR/85843/2016; Sala B en causa “Pérez Marcial c. García María del Pilar s. ejecución hipotecaria” del 12/05/2016 cita online: AR/JUR/23725/2016).
Por las razones dadas, citas legales de referencia y con el alcance indicado,
VOTO POR LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión el señor Juez Roberto Degleue por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.-
A la segunda cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo:
De conformidad al resultado habido al tratarse la cuestión precedente, estimo que el pronunciamiento que corresponde dictar es:
Acoger parcialmente el recurso de apelación deducido por la parte actora, en punto a la determinación de la deuda y sus intereses a cargo del demandado, la que se hará conforme lo expuesto en los considerandos del presente.-
Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte demandada.-
Confirmar en lo demás la sentencia apelada.-
Imponer las costas a la parte demandada devinta (art. 68 del CPCC y su doctrina).-
Diferir la regulación de honorarios hasta tanto obre en autos liquidación firme.-
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión el señor Juez Roberto Degleue por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.-
Con lo que terminó el presente Acuerdo, dictándose la siguiente;
Acoger parcialmente el recurso de apelación deducido por la parte actora, en punto a la determinación de la deuda y sus intereses a cargo del demandado, la que se hará conforme lo expuesto en los considerandos del presente.-
Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte demandada.-
Confirmar en lo demás la sentencia apelada.-
Imponer las costas a la parte demandada devinta (art. 68 del CPCC y su doctrina).-
Diferir la regulación de honorarios hasta tanto obre en autos liquidación firme.-
Regístrese. Notifíquese por Secretaría (Ac. 3845 SCBA) remitiéndose copia digital de la presente sentencia al domicilio electrónico que se detalla a continuación. Devuélvase.-
Fin de la sentencia