Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 170768
REGISTRADA BAJO EL N º Fo.
Expte. N º 170768 Juzgado Civil y Comercial N °6
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CAMBRE, MAURO S/ COBRO SUMARIO” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 3 de marzo de 2020?
2 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. a. La sentencia dictada el 3 de marzo de 2020 por la Jueza titular del Juzgado Civil y Comercial N°6 departamental viene a conocimiento de este Tribunal de Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora el 13/03/2020.
En lo que aquí interesa destacar, la jueza hizo lugar a la demanda por cobro de pesos promovida por el Banco de la Provincia de Buenos Aires contra Mauro Abel Cambre y condenó a este último a abonarle a la actora $22035,50.- más intereses y costas.
Para así decidirlo, afirmó que la accionante acreditó la existencia de la deuda reclamada. Con cita de la pericia contable, indicó que el demandado fue usuario de una tarjeta de crédito VISA -contrato suscripto el 17-4-08- y fue además titular de la cuenta 506619-0 a partir de un negocio celebrado el 20-08-2013. Agregó que las deudas reclamadas se ajustan a las constancias contables que aportó la entidad financiera, sucursal Balcarce.
Sobre esa base, más la absolución de posiciones en rebeldía, concluyó que la demanda debía prosperar por el total reclamado: $22035,50, de los cuales 5012,44 corresponden a un convenio de refinanciación y $17023,06 a un mutuo.
Con relación a los intereses, luego de describir diversas cláusulas del contrato de refinanciación y de mutuo (que refieren a intereses compensatorios, moratorios y punitorios), argumentó que el banco no cumplió el derecho a una información clara y detallada. Dijo que los accesorios fueron fijados con una remisión a un porcentaje que se computa sobre una tasa vigente, a la vez que se incorpora una tasa adicional expresada en una porción de la que se aplica a redescuentos para atender situaciones de liquidez. Expuso que « dichos conceptos resultan ajenos para los consumidores resultando verdaderamente dificultosos para éstos conocer en forma adecuada y veraz las consecuencias de su morosidad» .
Agregó que el sistema de capitalización previsto en el contrato requería una alerta especial al consumidor sobre la “real entidad del cálculo de intereses” lo que tampoco surge de la cláusula enumerada.
Concluyó, sobre la base de lo normado por el art. 37 de la Ley 24.240, que deben tenerse por no escritas las cláusulas 3° y 7° del contrato de refinanciación y las cláusulas 4° y 11° del mutuo.
Por último, fijó la fecha de mora el 8/12/2014 (para la refinanciación) y 01/07/2014 (para el mutuo) y dispuso que los intereses se calculen a la tasa promedio anual difundida por el Banco Central de la República Argentina, vigente a la fecha de la celebración del contrato (art. 36 de la Ley 24240).
II. Agravios de la actora.
El Banco de la Provincia de Buenos Aires fundó su recurso el 26/10/2020, sin merecer réplica de la contraria. Sus puntos de disconformidad pueden sintetizarse del siguiente modo:
(i) Afirma que las cláusulas reprobadas por la jueza se ajustan a lo establecido por los artículos 1378 del CCyC y por el art. 36 de la Ley 24.240. Transcribe las disposiciones negociales y argumenta que se encuentran contemplados 1) el importe a desembolsar inicialmente y el monto financiado; 2) la tasa de interés efectiva anual por cada crédito, 3) el costo financiero total, 4) el sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses y 5) la cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar.
(ii) Dice que las cláusulas no desnaturalizan las obligaciones ni limitan la responsabilidad por daños; tampoco importan renuncia o restricción de los derechos del demandado ni ampliación de los de la actora, o inversiones de la carga probatoria. No hay motivo -refiere- para anular las cláusulas ni para aplicar la tasa prevista en el art. 36 de la Ley 24.240.
(iii) Argumenta que la jurisprudencia de esta Sala ha convalidado este tipo de cláusulas y el modo de pactar las tasas de interés, a la vez que ha considerado improcedente la reducción oficiosa de las alícuotas acordadas en el contrato. Expone, finalmente, que la jueza está autorizada a corregir las eventuales inequidades que pudieran derivarse de la aplicación de las tasas al momento de practicarse la liquidación.
a. El recurso es procedente.
La colega de primera instancia declaró la nulidad parcial de los dos contratos que dan base al reclamo de la entidad financiera (un convenio de refinanciación de deuda y un contrato de mutuo) y dejó sin efecto las cláusulas que regulan los intereses compensatorios, moratorios y punitorios. En su reemplazo, ordenó aplicar la tasa que contempla el art. 36 de la Ley 24.240 (pasiva anual promedio difundida por la autoridad monetaria). Si bien a fs. 138/vta ante último párrafo se dice que las cláusulas declaradas nulas son las que “ determinan los intereses moratorios y punitorios ” lo cierto es que tales disposiciones negociales regulan también los compensatorios (cláusula séptima del convenio y onceava del mutuo), por lo que en lo sucesivo interpretaré que la decisión aprehende a los tres tipos de accesorios
El argumento central que sostiene esa decisión puede resumirse en la siguiente idea: las tasas con las que se calculan los intereses remiten a un porcentaje a computar con respecto a otra tasa, todo lo cual constituye una modalidad dificultosa y ajena para los consumidores (sic, fs. 138) que impide conocer las consecuencias de su morosidad. Tal circunstancia implica el incumplimiento al deber de información.
b. No comparto las premisas que conforman el razonamiento de la colega: ni la premisa fáctica (que exista en el caso una violación al deber de información) ni la premisa normativa (que ello motive una declaración de nulidad oficiosa con fundamento conjunto en los artículos 36 y 37 de la Ley 24.240).
Evaluaré estos puntos por separado.
b.1. Sobre la violación al deber de información.
b.1.i. La nulidad parcial de los contratos que es objeto de recurso no reposa en la omisión de alguno de los puntos mencionados en el art. 36 de la Ley 24.240 sino que se funda en la [supuesta] dificultad en su comprensión . Ello significaría que -a la luz del enfoque que emerge en la sentencia de primera instancia- la nulidad que tiene derecho a demandar el consumidor "cuando el proveedor omitiera incluir alguno de estos datos" (sic, art. 36 LDC) ha sido extendido a aquel supuesto en el que la información está presente, pero no se comprende o es “ajena” al usuario. A su vez, esa dificultad en la comprensión ha sido interpretada -o identificada- como un supuesto de cláusula abusiva que debe ser tenida por no escrita (art. 37 LDC).
Sobre la identificación entre lo confuso , lo omitido y lo abusivo volveré más abajo al evaluar los fundamentos normativos del fallo. Me interesa aquí analizar el presupuesto de hecho que motiva la ineficacia que agravia a la actora.
En este punto tiene razón la recurrente cuando afirma que los contratos que fundan la pretensión del banco accionante cumplen con la información que exige el art. 36 de la Ley 24.240 para este tipo de negocios. Más aún, incluso cuando se admita aquella interpretación (donde lo confuso se identifica con lo omitido y con lo abusivo ), lo cierto es que la nulidad negocial tampoco es procedente.
El hecho de que un contrato bancario fije las tasas de interés con remisión a otras alícuotas o parámetros de referencia externos o internos al vínculo negocial no constituye una modalidad que pueda ser calificada, por esa sola razón, como dificultosa o ajena al consumidor.
Los contratos que dan base a este pleito adoptan un sistema de tasas variables. Las tasas variables, por definición, fluctúan al son de una tasa de mercado que opera como índice o referencia externa. El precio de la financiación (intereses compensatorios) o el costo de la mora (intereses moratorios o punitorios) se establecen mediante la determinación de un porcentaje o porción respecto del índice previsto en el contrato.
No hay posibilidad de celebrar contratos bancarios con tasas variables sin recurrir a una o varias referencias externas que pueden crecer o decrecer según los vaivenes del mercado, las decisiones de la autoridad monetaria y otro complejo entramado de factores que impactan en la tasa índice que se ha escogido. Nada de ello resulta per se dificultoso o ajeno al consumidor ni imposibilita que se evalúe la conveniencia de celebrar la operación en las condiciones que el banco propone (aun en forma predispuesta y mediante contratos formulario).
El propio Banco Central de la República Argentina explica al público en general que utiliza los servicios bancarios que en los contratos que prevén tasas variables el cliente « tiene que conocer cuál será el parámetro para su ajuste » ("10 Recomendaciones sobre como contratar un préstamo personal", Banco Central de la República Argentina, en http://www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/10R_contratar_prestamo_personal.asp).
Los contratos invocados por el banco accionante en este proceso señalan con claridad cuáles son esos parámetros con los cuales establecer la alícuota aplicable a cada período, al margen de explicitar las tasas nominales y efectivas aplicables al primer año.
Es más, algunas formas de financiación a largo plazo expresadas en moneda nacional pueden potencialmente resultar más costosas para el consumidor si el banco se viese obligado a utilizar siempre tasas fijas nominalmente determinadas en los contratos y en las que los intereses compensatorios deben internalizar la expectativa inflacionaria (contexto en el cual un pronóstico que sobreestime la inflación futura redundará en un perjuicio directo para el consumidor).
En resumen: en contratos de crédito con tasas variables (sean compensatorias o moratorias) no solo es admisible sino que es imperativo el uso de tasas testigo o índice que operan como referencias externas para establecer la alícuota aplicable a cada período. Esta modalidad, no solo no es confusa o ajena al consumidor (o al menos no lo es en abstracto , con independencia de alguna otra circunstancia que así permita definirlo y que debió ser alegada y acreditada por la parte interesada) sino que es la única opción posible para operar con tasas móviles.
b.1.ii. Tampoco es correcto afirmar, como se hace en la sentencia, que el pacto de anatocismo requiere que se informe “la real entidad del cálculo de intereses".
Tratándose de una financiación a tasa variable, el consumidor solo puede conocer [pues el banco solo puede informar] cuál será el costo que asumirá para el primer período implicado en la amortización. Luego de ello, la variabilidad de la tasa índice torna también voluble a los intereses pactados, imposibilitando su determinación a priori al momento de contratar.
En ambas cláusulas que cita la colega (la tercera de la refinanciación; la cuarta del mutuo) se indica la tasa efectiva anual, lo que permite inferir que el interés es compuesto. La tasa efectiva , a diferencia de la tasa nominal, incorpora en la expresión numérica el impacto económico de la capitalización, según cuál sea la frecuencia que se haya pactado en el contrato. Dicho de otro modo , el mejor modo de informarle al consumidor el precio de la financiación (incluida la capitalización), es indicarle la tasa efectiva anual; y ese recaudo, en el caso, se encuentra satisfecho.
De hecho, el llamado CFT -costo financiero total- que el Banco Central regula en el punto 3.4.1. de la Reglamentación de las Tasas de Interés en las Operaciones de Crédito (Com. A-7143 y sus precedentes) importa adicionarle a la tasa efectiva anual el efecto de las comisiones y cargos. No solo el banco actor informó la TEA en ambos contratos, sino que también informó el costo financiero total (cláusula cuarta in fine del préstamo; cláusula tercera in fine de la refinanciación).
Por lo demás, la aplicación del estatuto consumeril a los servicios bancarios minoristas no debe redundar en la creación de estándares de cuidado tan bajos que terminen por tutelar aquel que contrata de modo desprevenido o incauto, sin evaluar la información que se le brinda o sopesar concienzudamente el alcance y la extensión de las obligaciones que se propone asumir para acceder al crédito. Estándares que, por su laxitud, terminan por brindar una salida jurisdiccional sencilla a aquel que supo [o pudo saber] qué obligaciones asumía pero que luego no puede o no quiere cumplirlas en tiempo y forma.
El derecho del consumo se inserta en el marco de una legislación civil que establece, con sabio criterio, un postulado general de la buena fe conforme el cual acreedor y deudor deben conducirse con cuidado y previsión (art. 723 del CCyC). La contratación de consumo obliga a aplicar con cautela este principio (lógicamente, sopesando las notorias asimetrías que subyacen a la posición que una y otra parte tienen en el mercado), pero no anula su vigencia ni restringe su aplicación a límites incompatibles con el normal funcionamiento de los negocios.
Por este motivo, reitero, creo que la sentencia se edifica en una premisa fáctica equivocada: las cláusulas negociales declaradas ineficaces no tienen los defectos que la jueza les endilga (dificultoso, confuso, con conceptos ajenos a los consumidores, etcétera) y no se verifica, al menos en este punto, una violación al deber de información y a los recaudos que impone el art. 36 de la LDC.
b.2. Sobre el fundamento normativo de la sentencia.
b.2.i. La premisa normativa del fallo es compleja, no solo por las reglas de derecho que se juzgaron aplicables sino también por la particular forma en que fueron interpretadas.
Inicialmente, la jueza consideró que el caso encuadra en la regla contenida en el art. 36 de la LDC [omisión del proveedor de informar diversos componentes técnicos de los contratos de financiación para consumo o crédito para consumo]. Así lo infiero del fallo cuando pone manifiesto una “violación al deber de información y a las modalidades y exigencias de este tipo de créditos”.
Se señala en el considerando «III» -y cito textual- que « [e]l art. 36 de la Ley 24.240 impone la pena de nulidad para el negocio de crédito si no se informa claramente al consumidor sobre la integración de la cuenta de intereses y su incidencia sobre el precio ». La referencia a la “pena de nulidad” no es menor, dado que esa fue precisamente la decisión adoptada en la parte dispositiva. A su vez, el fallo identifica la información confusa o dificultosa (como la que considera que emerge de las cláusulas impugnadas) con la información omitida, considerando a una y otra indistintamente como presupuestos de hecho que justificaría la “pena” a la que hace referencia con cita del art. 36 de la LDC.
Sin embargo, a párrafo seguido, y luego de afirmar que “tal información obligatoria para el proveedor se encuentra incumplida” (debiendo interpretarse aquí que se refiere al extenso listado de requisitos que el artículo 36 de la LDC exige para este tipo de contratos), la magistrada muda su encuadre legal y cita expresamente el artículo 37 de la Ley 24.240 con resaltado en su inciso “b”, afirmando que la falta de información “incide sobre la abusividad de la cláusula”.
Esto significa que de considerar que el caso trata de una nulidad por falta [o defecto] de información en un contrato de financiación a consumidores (art. 36 LDC) pasó a evaluar el caso como un supuesto de nulidad por cláusula abusiva de aquellas que “importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte” (art. 37.b de la LDC).
Sobre la base de esta última norma (art. 37 LDC) expuso que la “infracción a estas mandas” (ignoro aquí a cuáles se refiere) “es tenerlas por no convenidas”. Acto seguido se abandona nuevamente el sistema de ineficacia regulado en el art. 37 de la LDC y vuelve a la solución específica que regula el artículo 36 de esa misma ley al integrar el contrato y aplicar la tasa pasiva anual promedio difundida por la autoridad monetaria que allí contemplada.
b.2.ii. No comparto este encuadre porque creo que incurre en tres errores fundamentales:
(1) el primero, concebir a la información defectuosa o confusa en un contrato de crédito para consumo o financiación para consumo como un supuesto de “renuncia de derechos del consumidor a favor del proveedor”; es decir, identificar el carácter [supuestamente] confuso de la información contenida en una cláusula con un pacto negocial de carácter abusivo de aquellos que regula el art. 37 de la Ley 24.240;
(2) el segundo, derivado del anterior, aplicar de modo conjunto y amalgamado dos reglas de derecho (arts. 36 y 37 de la LDC) que regulan hipótesis fácticas distintas y que prevén soluciones normativas completamente diversas y
(3) también derivado de lo anterior, se omitió aplicar la regla de derecho que aprehende los conflictos vinculados a la omisión (o al defecto) en la información brindada en contratos financieros de consumo, y que es la contenida en el art. 36 de la LDC (o en su caso, la parte final del artículo 37 que regula del mismo modo la violación al deber de información).
Explicaré estos puntos en los párrafos que siguen.
Tanto el artículo 36 como el artículo 37 de la Ley 24.240 tienen ámbitos de aplicación claramente delimitados. El primero regula una ineficacia negocial derivada de una falta de información en un tipo contractual específico; es una nulidad relativa que reposa en el modo en que la información omitida o incompleta afecta el consentimiento del contratante débil, quien por ese motivo no estará en condiciones de comprender el alcance y la extensión de las obligaciones asumidas.
La consecuencia normativa prescripta por el legislador para este supuesto en particular es muy clara: el consumidor tiene derecho a reclamar la nulidad (relativa) del contrato, sea en su totalidad o en alguna de sus cláusulas. En este último caso el juez debe realizar un proceso de integración que será libre en tanto no verse sobre la materia de intereses, donde la ley impone el uso de una tasa pasiva de referencia publicada por el Banco Central.
El artículo 37, en cambio, tiene un marco de aplicación más amplio y genérico, y contempla supuestos de cláusulas ineficaces por su carácter abusivo. Esta regla prevé potestades judiciales mucho más intensas -ejercitables de oficio- que pueden derivar en ineficacias más graves (nulidades absolutas ), todo lo cual es coherente con el resto de la legislación civil general (art. 10 in fine del CCyC) y especial (arts.988, 1096, 1117 y 1118 del CCyC) en materia de ejercicio abusivo del derecho, prácticas abusivas y situaciones jurídicas abusivas.
Los operadores debemos procurar interpretar las reglas de derecho de modo armonizado y sistemático, asignándoles su verdadero sentido y alcance, delimitando adecuadamente tanto el presupuesto de hecho que cada norma aprehende como la consecuencia normativa que el legislador expresamente previó para cada caso particular.
No abastece esa exigencia de sistematicidad y coherencia aquella decisión que, como se verifica en este caso, se sustenta en un enroque de normas que regulan hipótesis fácticas diversas, donde se entremezclan los presupuestos de aplicación que ellas contemplan y se aglutinan indebidamente tanto la
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