Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 171374
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaEn Mar del Plata se procede a firmar digitalmente la presente resolución conforme la acordada 3975/20 de la SCBA.-
REGISTRADA BAJO EL N º Fo.
Expte. N º 171374 Juzgado Civil y Comercial N °2
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “AADI CAPIF ASOCIACIÓN CIVIL RECAUDADORA C/ POLONUER PAOLA ROMINA S/ COBRO SUMARIO DE SUMAS DE DINERO” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 01 de septiembre de 2020?
2 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. La sentencia dictada el 01 de septiembre de 2020 el Sr. Juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial N°2 departamental viene a conocimiento de este Tribunal de Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada el 04/09/2020.
En lo que aquí interesa destacar, el juez hizo lugar a la demanda promovida por AADI CAPIF Asociación Civil Recaudadora contra Paola Romina Polonuer y condenó a esta última a pagarle a la actora $52.560 más intereses y costas.
Para así decidirlo, consideró que la accionante acreditó la difusión de música fonograbada en el comercio “Café Tizhianna”, propiedad de la accionada. Con relación a los períodos reclamados, advirtió que la actora no amplió su demanda en los términos del art. 331 del CPCCBA por lo que su pretensión no puede aprehender períodos posteriores a la traba de la litis y hasta la fecha de la sentencia.
Sobre esa base, admitió la demanda por un total de treinta y seis meses (desde marzo de 2016 a febrero de 2019) calculando el 1% del ingreso bruto de la demandada. Dispuso, finalmente, que los intereses moratorios devengados desde la mora hasta la fecha de notificación de la demanda se capitalicen por única vez.
II. El recurso de la demandada.
La accionada expresó agravios el 07/02/2021, mereciendo la réplica de la contraria el 22/02/2021. Cuestiona que se hayan considerado acreditados los hechos alegados por la actora en su demanda.
Refiere que las actas de constatación fueron negadas en su existencia y autenticidad y carecen de valor probatorio (agrega, además, que las firmas insertas no fueron reconocidas por sus autores). Sobre el informe de SADAIC señala que se trata de una entidad que tiene interés en el resultado del pleito y tiene otro juicio promovido en su contra por hechos similares. Respecto al acta notarial, dice que es de fecha posterior a los períodos que son objeto de reclamo. Argumenta que allí solo puede demostrarse que en esa oportunidad se difundía música pero no habilita a que sea utilizada para presumir difusión con anterioridad o con posterioridad.
Afirma que hubo una valoración absurda de la prueba producida y que la actora no ha logrado demostrar sus alegaciones.
III. Tratamiento de los agravios.
Tiene razón la apelante.
El juez fundó la procedencia del reclamo de la entidad actora sobre la base de tres elementos de prueba: (a) un acta notarial del 30 de enero de 2018 donde se verificó que en el comercio que explota la demandada se difundía música de manera pública; (b) tres “actas” privadas confeccionadas por la actora en fechas 11/01/2018, 13/09/2017 y 09/03/2016 y (c) un informe de SADAIC donde se señala que el comercio “Tizhianna” cuenta con cuenta abierta desde marzo de 2016 hasta la fecha del informe (julio de 2019) y que utiliza grabaciones fonográficas en forma pública. Sobre esa base, hizo lugar al reclamo comprendiendo los aranceles devengados desde el mes de marzo de 2016 a febrero de 2019.
Ahora bien, es cierto que —como alega la recurrente— dicho material probatorio lejos está de ser suficiente para justificar la percepción de la totalidad de los aranceles pretendidos por la actora.
Las mal llamadas "actas" de AADI CAPIF -que, como correctamente señaló el juez, son meros instrumentos privados- no tienen el valor probatorio que se les adjudica en la sentencia. De esos tres instrumentos, el único que posee una firma de una persona ajena a AADI CAPIF es el de fs. 19 (constatación del 11/02/2018) y su autenticidad nunca fue acreditada. Siquiera se llamó como testigo al Sr. Fiscella, supuesto receptor del documento y autor de la rúbrica.
Los restantes instrumentos -la constatación del 13/09/2017 de fs. 20 y la del 09/03/2016 de fs. 21- carecen por completo de firmas o textos atribuibles a la accionada. Son elementos de prueba enteramente auto creados por la propia reclamante, sin la intervención de un agente fedatario y sin intervención de la Sra. Polonuer o de alguno de sus dependientes.
Poco y nada agrega el informe de SADAIC de fs. 89.
Este Tribunal ha destacado el valor probatorio de los pagos que los demandados realizaron en otras entidades de gestión colectiva de derechos de autor, contexto en el cual el informe remitido por una de ellas puede tener un valor probatorio significativo en orden a demostrar una deuda fundada en un hecho similar. El criterio allí fijado es simple: tales erogaciones importan el reconocimiento de la obligación arancelaria y de los presupuestos fácticos que condicionan su devengamiento (entre otros, c. 118.016, sent. del 18/12/2007, c. 136963, sent. del 26/02/2009, c. 158.767, sent. del 13/08/2015).
Pero no es ese el escenario que se presenta en este pleito. El informe remitido por SADAIC indica que la demanda y su comercio tienen “cuenta abierta” y que “registra deuda” desde marzo de 2016. Ninguna constancia ni detalle se adjunta sobre pagos realizados por la demandada —o imputados al comercio que ella explota— ni ningún otro elemento emerge de dicho informe del cual pudiera inferirse alguna forma de reconocimiento de hechos análogos a los que justifican el devengamiento de los aranceles pretendidos por la aquí accionante.
En otra oportunidad —y en un caso similar al que se dirime en este proceso— he dicho que no tienen valor convictivo los informes que se remiten recíprocamente las entidades de gestión colectiva de derechos intelectuales cuando " en ellos solo se indica la existencia de una cuenta a nombre del demandado o incluso se consignan giros genéricos (v.gr. "registra deuda") sin detalle de pagos efectuados que pudieren ser considerados por el juzgador como un reconocimiento de la difusión pública de música para el período comprendido en cada erogación " (c. 166073, sent. del 04/09/2018).
De lo dicho se infiere que la única prueba que tiene valor convictivo es el acta notarial del 30 de enero de 2018. Pero ello no ha de probar más que lo que allí se enuncia: que ese día en el comercio de la demandada se difundía música en forma pública. No hay en esta prueba un elemento de convicción suficiente para juzgar demostrada la difusión de música en los meses anteriores (desde marzo de 2016) y posteriores (hasta febrero de 2019).
Una inferencia de esas características sería sumamente cuestionable: significaría asignarle un valor probatorio retroactivo y ultra activo a una única y aislada evidencia que no tiene la aptitud de demostrar otros sucesos distintos, pasados o futuros, por fuera de aquel al que específicamente refiere. Un razonamiento semejante supondría afirmar que « dado que Polonuer difundió música en enero de 2018, pues entonces debe juzgarse acreditado que también lo hizo en un momento anterior —desde marzo de 2016— y en uno posterior —hasta febrero de 2019—», lo cual es inaceptable.
Sobre este último punto he dicho en otra oportunidad que la aptitud que una cierta prueba tiene para representar un suceso que ocurrió en un tiempo determinado (por caso, que en enero de 2018 se difundió música en los televisores de un comercio de nuestra ciudad) no necesariamente puede —y creo que legalmente no debe— llevar al juzgador a considerar automáticamente acreditado que ese mismo hecho ocurrió de la misma manera en un momento pasado o futuro (e.g., que en ese mismo comercio también se difundió música en los meses anteriores o posteriores a enero de 2018) [mi voto en c. 167577, autos “ S.A.D.A.I.C. ...”, sent. del 21/06/2019).
El artículo 384 del CCPCBA regula el estándar de prueba aplicable a los procesos civiles fijando a tal fin un umbral mínimo de comprobación que el legislador entendió exigible para considerar acreditada una cierta hipótesis de los hechos. Los jueces debemos guardar especial cautela en no perforar esa exigencia mínima o aplicarla con parámetros demasiado laxos que, en un resultado sumamente injusto para el demandado, terminarían por elevar a un nivel indeseable el riego de incurrir en el error de considerar verdaderas proposiciones de hecho que, en rigor, son falsas (o que no tienen la comprobación suficiente para ser consideradas verdaderas y extraer de ellas las consecuencias jurídicas que el actor pretende) [mi voto en causa c. 169486, autos -“ Toloza ...”- del 18/06/2020].
No se trata de exigir a la actora esfuerzos probatorios cuyos costos sean antieconómicos e incompatibles con el objetivo recaudatorio de la entidad: no es necesario que pruebe día a día que se verifica el estado de cosas que motiva el devengamiento del arancel cuyo cobro pretende.
Por el contrario, este Tribunal, refiriéndose a la también compleja prueba de la posesión veinteñal, ha admitido la denominada "prueba por muestreo" donde no se exige acreditar actos posesorios constantes durante todo el plazo prescriptivo sino que “ese hecho extendido en el tiempo se prueba por extrapolación en la medida en que los «segmentos de tiempo» directamente probados permitan defender la duración continuada y completa de la posesión”, (Taruffo, Michele, La prueba de los hechos, Madrid: Editorial Trotta, 2011, pág. 147; mi voto en causa 161.014 -" Cassetta ..."-, del 31/05/2016).
Lo mismo cabe decir sobre la base fáctica que nutre al cobro aquí pretendido: es dable admitir que la accionante presente un muestreo de evidencia convincente que cubra, razonablemente, diversos segmentos de tiempo que aprehendan a los períodos liquidados y cuya percepción persigue en el pleito.
Lo que no puede admitirse es que a una única prueba que versa sobre un segmento de tiempo determinado se les asigne un poder convictivo retroactivo hacia el pasado y otro tanto hacia el futuro y que comprenda un marco temporal sobre el cual no hay ninguna otra evidencia complementaria, o la que ha sido producida no resulta para nada convincente.
Más concretamente: la prueba producida por AADI CAPIF que puede ser suficiente para considerar acreditado que en enero de 2018 el café de la demandada tenía televisores y parlantes que difundían fonogramas en forma pública no es suficiente para inferir —sin más, y en ausencia de otros elementos de convicción serios y convincentes— que ese mismo estado de cosas se verificó en los más de veintidós meses anteriores y en los trece meses posteriores que también fueron incluidos en su demanda (art. 375, 384 del CPCCBA).
Por todo lo dicho, propondré al acuerdo hacer lugar parcialmente al recurso y modificar la sentencia, admitiendo el arancel devengado únicamente en el mes de enero de 2018, el cual se calculará del mismo modo y con los mismos parámetros que los fijados en la sentencia, por tratarse de aspectos que no fueron materia de agravio (arts. 242, 375 y cctes. del CPCCBA).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
Corresponde: I. Hacer lugar parcialmente al recurso de la parte actora y modificar la sentencia, admitiendo el reclamo únicamente por el arancel del mes de enero de 2018; II. Imponer las costas de primera y segunda instancia en un 10% a cargo de la demandada y el 90% restante a la parte actora, en atención al resultado económico obtenido (arts. 68, 71 y 274 del CPCCBA); III. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente:
En Mar del Plata se procede a firmar digitalmente la presente resolución conforme la acordada 3975/20 de la SCBA.-
Firmas
Funcionario Firmante: 30/03/2021 10:00:29 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/03/2021 17:28:45 - LOUSTAUNAU Roberto Jose - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/03/2021 18:16:11 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia