Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 123498
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaLa Plata, dieciséis de Agosto de 2018
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
Que en el precedente acuerdo ha quedado establecido que el decisorio dictado a fs.100/103 es justo (arts. 42 de la Constitución Nacional; 38, 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 3, 3986, 3987 del C. Civil; 847 del Cód.Comercial; 1, 3, 4, 52 y 65 de la ley 24240 y 1, 2, 7, 1834 inc. a, 1100 y cc. del CCCN; jurisprudencia citada).
POR ELLO: corresponde: I) Confirmar en todo lo que ha sido materia de recurso y agravio el decisorio de fs. 100/103. II) Imponer las costas de la Alzada al recurrente, difiriéndose la regulación de honorarios para una vez que se regulen los de la instancia anterior.
LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justo el apelado decisorio de fs. 100/103?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, LA DOCTORA LARUMBE DIJO:
I. En el aludido decisorio la Sra. Juez a quo declaró prescripta la deuda reclamada, rechazando en su mérito, la demanda incoada por Juan Israel Silicaro contra Miriam Graciela Santillán imponiendo las costas al actor vencido y difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad.
Frente a dicho pronunciamiento se alzó el actor (ver fs. 103) quien expresó agravios a fs, 114/117 vta., los que no merecieron réplica de la contraria; glosándose a fs. 120 el dictamen del Sr. Fiscal de Cámaras.
II. Los Agravios:
En prieta síntesis el actor se agravia del decisorio en crisis por cuanto la sentenciante de la anterior instancia, a pesar de haber destacado los principios que regulan el instituto de la prescripción y de sostener que la demanda interrumpe el plazo por todo el tiempo que perdure el proceso, circunstancia que obra zanjada, según su criterio con el nuevo código civil y comercial en sus arts. 2546, 2547 y 2554, que transcribe y cita jurisprudencia en torno a ellos, resolvió en su sentencia quebrantar la garantía constitucional de imparcialidad, realizando una interpretación absolutamente irrazonable y arbitraria, declarando prescripta una deuda que se encuentra vigente.
Pide en definitiva, en función de los arts. 2546 y 2547 del CCCN revoque el decisorio, haga lugar a la demanda, todo ello con expresa imposición en costas.
A su turno el Fiscal de Cámaras del Departamento Judicial de La Plata, luego de entender que el caso encuadraba nítidamente dentro de las previsiones de la ley 24.240 y que el a quo aplicó de manera adecuada los preceptos que la conforman, en particular el art. 42 de la Constitución Nacional, 38 de la Constitución provincial, los arts. 1, 3, 4, 52 y 65 de la ley 24240 y 1, 2, 7, 1834 inc.a, 1100 y cc. del CCCN, aconsejó confirmar el resolutorio cuestionado.
III. Tratamiento de los Agravios:
Abordando la tarea revisora, dando en consecuencia las necesarias razones del caso (artículos 171, Constitución Provincial y 3, Código Civil y Comercial), principio por señalar que ya habiendo entrado en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, desde el 1 de agosto del año 2015 -art. 7, ley 26.994, conf.artículo 1 ley 27077-, habrá que aclarar si corresponde juzgar este litigio con el marco legal con el cual nació -el Código Civil anterior- o con el nuevo. Tal disquisición deberá disiparse desde lo dispuesto por el artículo 7 de la ley ahora en vigor, el cual señala que: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo".
El caso de autos comprende a una deuda por tarjeta de crédito consumada durante la vigencia de la ley anterior (arts. 3, Código Civil; 7 y concs., C.C. y C., ley 26.994). Consecuentemente, la decisión que se propondrá se compadece con la ley 24.240 y los códigos civil y comercial vigentes al momento del hecho en las circunstancias aludidas (esta Sala, causas 118.698, RSD 124/15; 118.850, RSD 142/15).
Sentado ello, adelanto que el recurso no ha de merecer favorable acogida, en la medida que, tal como se verá en lo que sigue, los agravios expuestos a fs. 114/117 vta., no logran conmover los sólidos fundamentos que sustentan el fallo atacado.
En efecto, la iudex a quo para decidir en la forma que lo hizo, sostuvo que, aún cuando la sola interposición de la demanda bastaba para interrumpir la prescripción de la acción y que dicho efecto se mantenía durante todo el trámite del juicio, también precisó que, si el deudor no era anoticiado de la interposición de la demanda, no estaba en condiciones de requerir la caducidad de instancia, por lo que las acciones se tornaban imprescriptibles a voluntad del acreedor (ver fs. 101 y vta.).
En otras palabras, en la ínsita relación entre el instituto de la prescripción y la caducidad de instancia, con el régimen legal anterior a la reforma de la ley 12.357, este modo de terminación del proceso era procedente con el solo planteo de la parte “antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal posterior al vencimiento del plazo legal” o incluso de oficio por el Juez. En cambio, después de las modificaciones a los arts. 315 y 316 del CPCC, al ser necesario una previa intimación, para que se manifieste su intención de continuar con la acción y produzca actividad procesal útil -que quien no ha sido anoticiado de su interposición no está en condiciones de efectuar y cuando puede, ya no puede porque el proceso ha sido impulsado-; dicha intimación previa ocasiona una situación que mal podría reputarse como querida por el legislador provincial, ya que convierte a las acciones que han sido objeto de demanda judicial en sometidas al plazo de prescripción que quiera otorgarles la voluntad de su titular o, como bien lo señalan Calatrava y García Pulles, en imprescriptibles (Conf. Calatrava Daniel-García Pulles Fernando, “Una reforma inconstitucional al Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. El fin del instituto de la caducidad de instancia”, ED, To.186 año 2000 págs. 1308 a 1310, citado por la Cámara de Apelaciones de Junín, en las causas nº 41790, LS 47 nº441 del 26/12/2006 y en la nº 42031, LS 48, nº 159 del 05/06/2007).
Ahora bien, si se tiene en cuenta que las normas procesales deben limitarse a crear las vías para actuar y hacer efectivos los derechos e instituciones establecidos por las leyes sustanciales, deviene imperioso que los jueces las interpreten de manera tal que no las desvirtúen y, así, considero acertada aquella postura que propicia interpretar el art. 3986 del Cód. Civil en el sentido que, la demanda judicial acarrea la interrupción de la prescripción, en cuanto implica ejercitar judicialmente el derecho con el propósito de obtener una sentencia y conseguir la satisfacción del mismo. A la inversa, la presentación de una demanda con el sólo propósito de interrumpir la prescripción que se cierne sobre la acción, y sin que sea continuada con los trámites necesarios para arribar a una sentencia –tal lo que pretende el recurrente en autos-, comporta un ejercicio irregular de los derechos que el intérprete no puede tolerar (Conf. TS de Córdoba, Sala Civil y Com. 2002/08/14, La Ley, Córdoba 2002, pág.1166, voto de la Dra. Kaller de Orchansky).
Fue precisamente ese ejercicio irregular del derecho del actor y el origen del crédito reclamado -contrato de consumo- supuesto en el que existe la obligación de hacer prevalecer el carácter protectorio innato del régimen consumeril, el marco en el cual la iudex a quo, destacó que si bien la demanda judicial acarreaba la interrupción de la prescripción, "...también es verdad que la idea de que si el letrado omite notificar la demanda la acción jamás comienza a prescribir, importa un "verdadero despropósito", pues con tal idea se desconoce el (…) fin mismo de la institución de la prescripción, ergo, la negligencia del acreedor no puede tener como resultado la imposibilidad de la prescripción, sino al revés. La omisión, la tardanza injustificada, la renuencia a dar los pasos necesarios para el cobro, son el fundamento, y no el obstáculo para que corra la prescripción..."(ver fs. 102) y por ello entendió que la interrupción de la prescripción producida por la demanda, causaba sus efectos mientras la misma sea mantenida, “…por lo que su término reiniciará su curso desde que haya paralización del juicio imputable al abandono del proceso en que haya incurrido el actor con anterioridad al dictado de la sentencia. Así, se impide que el acreedor disponga irrazonablemente de su acción, puesto que si omite impulsar el proceso por un lapso igual o superior al de prescripción de la acción –en el caso, de cuatro años (art. 847, Cód.Com)-, acontecerá en tal caso, la extinción de la misma, con independencia de la conclusión del proceso por caducidad de la instancia que paralela y alternativamente pudiera declararse (…) caso contrario, se estaría avalando un ejercicio irregular de los derechos que la suscripta no puede considerar justo por importar un verdadero abuso procesal…” ( ver fs. 102 in fine y vta.).
Así y tras evaluar que en el caso de autos, habían transcurrido más de dieciséis años entre la última actividad útil llevada a cabo por la actora y el nuevo impulso del proceso concretado a fs. 38/39 –hoy 30/31- (ver fs. 102 vta.), lapso temporal, que coincido plenamente con la a quo, superaba en exceso aquél de prescripción previsto para la acción entablada -4 años- (art. 847 del Cód. de Comercio, aplicable en el particular) declaró prescripta la acción interpuesta.
Dicha conclusión lejos se encuentra de ser irrazonable y/o absurda, pues, mal que le pese al recurrente, si el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires no hubiera sido reformado, en el particular, el proceso que nos ocupa hubiera concluido por caducidad de instancia decretada de oficio por el juzgado interviniente tras la feria judicial del mes de Julio de 2000 o, a lo sumo, transcurrida aquella correspondiente al mes de enero del 2001 (arts. 310, 314, 315 del CPCC). Pero, frente a la ley 12.357, solamente quedaba la alternativa de que el propio órgano jurisdiccional evitara la paralización de la causa, supuesto que, tal como claramente emerge de aquello dispuesto a fs. 29 vta., no aconteció en el particular.
Dicha circunstancia desvanece los intentos recursivos del actor, puesto que, aún colocándonos en la postura más favorable a su parte, esto es que la causa no hubiera sido destruida en el año 2010 –tal la posibilidad que preveía el auto de fs. 29 vta.- ninguna duda cabe que, al tiempo en que la misma fue nuevamente remitida del archivo civil (ver fs. 30), la pretensión que contenía se hallaba prescripta, pues, si la demanda incoada el 12/5/97 (ver fs. 10) había interrumpido el plazo de 4 años previsto en el art. 847 del Cod.de Com., dicha causa de interrupción cesó a partir de la inactividad procesal del actor, dando inicio al nuevo cómputo de la totalidad del plazo previsto en la citada norma, el que se hubiera interrumpido nuevamente con cada acto de impulso. De modo que, si como acontece en autos, el acreedor no activó el proceso durante el plazo previsto para la ocurrencia de la prescripción, resulta lógico y de toda justicia, que se decrete la extinción de su acción por esta causa (ver autores Calatrava y García Pulles en el trabajo citado; arts. 310 inc. 3 del CPCC; 847 del C.Com.).
Siendo ello así, vislumbrándose en la especie un ejercicio abusivo del derecho por parte del actor que el órgano jurisdiccional no puede tolerar, corresponde y así lo propicio, desestimar los agravios del quejoso, confirmándose en un todo la sentencia apelada (arts. 34, 163, 164, 260, 261, 266, 272, 310, 315 y ccds. del CPCC; 847 del Cód.Comercial; 1, 3, 4, 52 y 65 de la ley 24240; 3, 3986, 3987 del C. Civil y 1, 2, 7, CCCN).
Por las razones expuestas doy mi voto por la AFIRMATIVA.
Por los mismos fundamentos, el doctor SOTO votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA LA DOCTORA LARUMBE DIJO:
Logrado el necesario acuerdo de opiniones al votar y decidir la cuestión que antecede corresponde confirmar la sentencia de fs. 100/103, con costas al recurrente en su carácter de vencido (art. 68, C. Proc.), difiriéndose la regulación de honorarios para la oportunidad en la que obren regulados los de primera instancia.
ASÍ LO VOTO.
El doctor Soto adhirió en un todo al voto que antecede, con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:
La Plata, dieciséis de Agosto de 2018
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
Que en el precedente acuerdo ha quedado establecido que el decisorio dictado a fs.100/103 es justo (arts. 42 de la Constitución Nacional; 38, 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 3, 3986, 3987 del C. Civil; 847 del Cód.Comercial; 1, 3, 4, 52 y 65 de la ley 24240 y 1, 2, 7, 1834 inc. a, 1100 y cc. del CCCN; jurisprudencia citada).
POR ELLO: corresponde: I) Confirmar en todo lo que ha sido materia de recurso y agravio el decisorio de fs. 100/103. II) Imponer las costas de la Alzada al recurrente, difiriéndose la regulación de honorarios para una vez que se regulen los de la instancia anterior. REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.
Fin de la sentencia