Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 123083
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso de apelación deducido a fs. 225 y se confirma la resolución de fs. 224 y vta. Costas por su orden.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
I. Que llegan estos autos a fin de resolver el recurso de apelación deducido a fs. 225 contra la providencia de fs. 224 y vta. que, previo a dar traslado de la liquidación presentada por la ejecutante, delimitó el plazo por el cual habrían de computarse los intereses.
Para así decidir, el aquo consideró que el hecho de haberse iniciado el proceso el 22/10/1997 y dejado inactivo en el lapso que va de noviembre de 1999 a agosto de 2016 implicó una conducta disvaliosa, por lo que el cómputo de intereses durante el lapso de 17 años resulta injusto, arbitrario y contrario a la ley que proscribe el abuso del derecho. Entendió que tal inactividad inexcusable del reclamante no puede transformarse en una fuente generadora de recursos que agrave aún mas la situación del deudor. En definitiva, con aval de las normas que regulan el ejercicio regular de los derechos, determinó que los intereses debían computarse desde la fecha de mora (4/03/1990) hasta el 26 de noviembre de 1999 y desde el 19 de agosto de 2016 hasta su efectivo pago.
Contra dicha decisión se agravia la parte actora, quien presentó su memorial a fs. 227/232. Allí expuso que se han violado los derechos emanados de la cosa juzgada y del principio de preclusión procesal, afectando el derecho de propiedad del acreedor. Que, asimismo, se viola la doctrina de los propios actos, toda vez que -según el recurrente- la Sra. Jueza ha cambiado sorpresivamente de criterio, con posterioridad al dictado de la sentencia. Finalmente, efectuó aportes sobre la tasa de interés referida a intereses compensatorios y punitorios -que entiende conculcada- y respecto de la capitalización de intereses.
A fs. 237/238 se agregó dictamen del Fiscal de Cámaras, quien propició la confirmación de la resolución apelada.
II. Ha de valorarse entonces si en el particular caso de autos puede presentarse el supuesto de ejercicio abusivo de los derechos, configurando a su vez su especie, el abuso del proceso, para si, en caso afirmativo, determinar su colisión o no con los derechos sobre los cuales se sustentan los agravios del recurrente (preclusión/cosa juzgada); eventualmente, si corresponde prevalezcanéstos sobre aquél.
Se ha sostenido que se abusa del proceso cuando éste se usa no para resolver un conflicto real, sino con otros fines (ROLAND ARAZI "Abuso del Derecho: del proceso y en el proceso", en PEYRANO, Jorge W. (director) "Nuevas herramientas procesales - II", Rubinzal Culzoni Editores, 2014, pág. 139).
Que existe una relación de género a especie entre el principio de moralidad y el abuso del proceso, pues mientras el primero apunta a lo genérico y tiende a proteger la correcta administración de la justicia en su conjunto, estableciendo sanciones generales que no implican una desventaja procesal para los sujetos procesales, el segundo alude a lo específico, tipificando conductas particulares en un determinado proceso que entraña un desborde o desviación. Son elementos constitutivos del abuso del proceso: la existencia y ejercicio de una conducta permitida por una disposición legal expresa; contrariedad con los fines de la norma o las reglas de la moral, la buena fe o las buenas costumbres; la existencia de un perjuicio o daño procesal e imputabilidad (MASCIOTRA, Mario "La conducta procesal de las partes y el abuso del proceso", en Revista de Derecho Procesal, 2014-I "Abuso del Proceso", Rubinzal Culzoni Editores, págs. 171, 174 y ss.).
Como consecuencia de ello, es decir, cuando los instrumentos procesales son empleados de forma disfuncional, el proceso se resiente, no logra cumplir su finalidad, porque por múltiples manifestaciones se obstruye, altera o dificulta su objetivo de organizar un debate amplio en cuyo marco el órgano jurisdiccional pueda brindar la solución justa (BERIZONCE, Roberto Omar "Abuso del Proceso como insustancialidad de las proposiciones y técnicas de abreviación de trámites, en Revista de Derecho Procesal, 2014-I "Abuso del Proceso", Rubinzal Culzoni Editores, págs. 181 y ss.).
Enseña Peyrano que un acto sería abusivo -más allá de toda injerencia de un proceder doloso o culposo- cuando desvía una norma o instituto procesal del fin que le asigna el ordenamiento, siempre y cuando dicha desviación haya causado un daño procesal. Habitualmente, el acto abusivo redunda en una demora y alongamiento del trámite que ya puede invocarse como perjuicio procesal computable. Detectado el abuso, el abusador no puede, en ningún caso, obtener una ventaja procesal de su conducta abusiva (PEYRANO, Jorge W. "Vademécum de la proscripción del abuso procesal", La Ley 13/11/2018, 1).
Debe tenerse en cuenta finalmente que el art. 10 del Código Civil y Comercial, al legislar sobre el abuso de los derechos, ha establecido una doble pauta para su identificación. Es ejercicio abusivo tanto el que contraría los fines que el ordenamiento jurídico como el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres.
III. Del presente se advierte que el resumen de cuenta expedido por Multicompras SA (originario acreedor) y que dio origen al presente tuvo fecha de vencimiento el 3/03/1990, que la acción se promovió el 22/10/1997, ampliándose la misma el 21/12/1998. Que desde el denunciado cese del mandato del Dr. Benegas, efectuado el 23/11/1999 -que diera lugar al auto de fs. 21- y hasta el 19/08/2016, es decir durante 17 años, el proceso se mantuvo inactivo. Según obra a fs. 47/48 vta. el traslado de la acción se notificó al demandado Hugo Díaz el 7/11/2016, esto es, 19 años luego de su inicio y transcurridos nada menos que 26 años desde el vencimiento del título base de la ejecución. Que según la sentencia dictada a fs. 60/62 vta., punto 1° del Fallo y sin perjuicio de la limitación contenida en el Considerando IV, los intereses debían computarse desde la fecha de mora (establecida el 4/03/1990) y se devengarían hasta su efectivo pago.
No surge de la presente causa motivo aparente que justifique el alongado tiempo transcurrido (el cual se pone de manifiesto en el relato que antecede.
Prosiguiendo, el ejecutado peticionó expresamente a fs. 77/78 se suspendan los intereses, a propósito de la valoración de la conducta procesal asumida por la contraria. Petición que mereció el rechazo del aquo, tal como consta a fs. 79, quinto párrafo.
Esta Sala, al decidir el recurso contra la sentencia definitiva (ver fs. 114/121) y resolver cuestiones distintas a las ahora controvertidas -pues ni la fecha de mora ni la suspensión de intereses conformaron los agravios oportunamente planteados-, ha dejado trascender que el crédito actualizado no podría serlo con un interés que sobrepase los límites de la moral y las buenas costumbres, ello teniendo en consideración la extensión de la mora, que superaba los 25 años.
A fs. 224 y vta. la Sra. Jueza no pasó por alto el factor tiempo, toda vez que el ejecutante presenta ahora (5/09/2018) una liquidación que abarca intereses transcurridos durante 28 años.
Los argumentos que se han puesto de manifiesto al comienzo, resultan aplicables en concreto a la especie, habida cuenta la injustificada inacción del acreedor, por un lapso por demás de exagerado, que ofrece como resultado un provecho únicamente para su parte, en desmedro de los de la contraria.
Bien al tratar un tema un tema diverso, pero comparable al presente por sus consecuencias, la Corte de Nación había avalado la reducción de las tasas de interés cuando la aplicación del anatocismo condujera a un resultado irrazonable y prescindente de la realidad económica que se tuvo en mira al considerarla, cuando no exista relación entre el monto reclamado y el quantum de la liquidación practicada por la acreedora (CSJN, Fallos 317:54).
IV. La nueva ley civil y comercial no solo ha querido vedar el ejercicio abusivo de los derechos (art. 10) -de ahí su tratamiento al comienzo, en el "modo de ejercicio de los derechos"-, sino también proclamar su ejercicio de buena fe (art. 9). Dicho principio se encuentra presente, mas de una vez, en las relaciones entre acreedor y deudor (arts. 729, 961, 1061).
Es sabido que deben resguardarse los derechos de propiedad, como así también cualquier otro derecho adquirido que emane de la sentencia dictada en el proceso contradictorio; pero como cualquier otro, y mas allá de la protección que se deba (art. 17 Constitución Nacional), su ejercicio no debe desnaturalizarse ni contrariar el fin que el ordenamiento jurídico le confiere. Es decir, el derecho del acreedor a percibir lo debido, si bien integra su derecho de propiedad, no puede ejercerse de manera abusiva, menos aún utilizando al proceso como una herramienta indirecta de encarecimiento de las deudas, que por el solo hecho de la inactividad del ejecutante, se tornen en desproporcionadas en relación al monto originariamente contratado y/o adeudado.
Como ha de verse entonces, la resolución del aquo se encuentra respaldada por la normativa vigente; ha de considerarse que la preclusión tampoco se encuentra avasallada en la medida que no se trata de reeditar cuestiones ya resueltas, sino en el ámbito de la liquidación presentada, especificar cuales serán los períodos a contemplar, los que a priori -sin perjuicio de las impugnaciones y final aprobación o no de aquella- debieran integrar la suma por la que el reclamante podrá llevar adelante la ejecución.
Que asimismo, los jueces cuentan con facultades para intervenir en las relaciones entre acreedor y deudor, para recomponer la justicia del vínculo y evitar abusos de uno sobre otro (conf. arts. 771, 960, 1122 del Código Civil y Comercial).
Tampoco puede pasarse por alto las reflexiones aportadas por el Fiscal de Cámaras, en torno a la aplicación al caso de la normativa protectoria del consumidor. Desde el origen de la presente deuda, con los derogados arts. 953 y 1071 del Código de Vélez, pasando por la normativa consumeril imperante a partir del año 1993 -ley 24.240-, la reforma constitucional del año siguiente, incorporando al plexo constitucional de la Nación los derechos de usuarios y consumidores (art. 42), en igual sentido el art. 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; para culminar en la sanción del reciente Código Civil y Comercial que se encarga de regular especialmente las relaciones entre proveedores y consumidores (arts. 1092 y ss., normas de orden público y que devienen de aplicación inmediata conforme art. 7 del mismo cuerpo) en aras de evitar situaciones abusivas y advergonzantes, que limiten sus derechos o incrementen desproporcionadamente los de aquél.
V. En relación a los agravios sustentados en los intereses compensatorios y punitorios pactados a la tasa del banco Nación y capitalización de intereses, siendo materia resuelta a fs. 60/62 y vta. y fs. 114/121, corresponde estarse a lo allí decidido.
Consecuentemente y por los fundamentos que se han expuesto en lo que precede, la resolución apelada habrá de confirmarse.
VI. Las costas se imponen por su orden ante la falta de sustanciación (art. 68 del CPCC).
La regulación de honorarios quedará diferida para su oportunidad.
POR ELLO, se rechaza el recurso de apelación deducido a fs. 225 y se confirma la resolución de fs. 224 y vta. Costas por su orden.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Fin de la sentencia